CASO ARONA, SIGUE QUE TE SIGUE

11 julio, 2013 at 9:43 Deja un comentario

  • Según artículo escrito por Noé Ramón en Canarias Ahora el 6 de junio de 2013 bajo el título “Con González Reverón a la cabeza. La Audiencia confirma las imputaciones del caso Arona”:

Un auto determina que hay indicios suficientes de que en el municipio se urdió “una trama delictiva” integrada por concejales y funcionarios

La Audiencia Provincial ha ratificado las imputaciones de la Comisión de Gobierno de Arona entre los años 2003 y 2007, encabezado por el ya exalcalde José Alberto González Reverón y el resto de sus siete concejales de CC. Además, mantiene las de la subinspectora de la Policía Local Hortensia García García y de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo Roberto de Luis Jiménez, Eliseo de la Rosa González y de Zenón Rodríguez.

En este último caso se le considera supuestamente responsable de haber actuado como intermediario para exigir a un empresario el pago de 300.000 euros por permitirle construir en Costa del Silencio. Precisamente, la denuncia de este promotor dio lugar a que los técnicos y Rodríguez fueran encarcelados durante meses y se intervinieran los teléfonos de los después imputados. Sin embargo, se le retiran los cargos a once personas, entre ellos el exconsejero del Cabildo por el PSOE José Luis Delgado.

El grueso del conocido como caso Arona-1 se refiere a la concesión de más de doscientas licencias de construcción con los informes técnicos y jurídicos en contra y cerca de 80 adjudicaciones llevadas a cabo sin supuestamente seguir el procedimiento legalmente establecido. La Audiencia considera que de las escuchas telefónicas y de las investigaciones desarrolladas se puede determinar la existencia de “una trama delictiva llevada a cabo por funcionarios y concejales”.

En el auto ahora emitido y que tendrá continuación con el escrito de la Fiscalía en la que se recogerán la petición de penas, se considera que los miembros de la Comisión de Gobierno deben mantener la condición de imputados. El auto refleja que existen indicios que denotan la posible comisión por su parte, “cuando menos de un delito contra la ordenación del territorio en su vertiente de prevaricación urbanística”, en cuanto a la concesión de licencias de forma arbitraria y contrarias a la normativa en vigor.

En el caso de los técnicos que estuvieron encarcelados se aprecia también indicios de cohecho. A Antonio Sosa, concejal entonces de Urbanismo, se le considera supuestamente responsable de haber hecho la vista gorda con las irregularidades en el Mare Nostrum Resort que supusieron que el Ayuntamiento dejara de ingresar tres millones en tasas. Pero además, se descubrió que a cambio el alcalde podía utilizar libremente las habitaciones VIP del establecimiento para su propio disfrute.

Sin embargo se le retiran los cargos a un empleado de las empresas concesionarias del servicio de basura, Artillo de Los Ríos, que fue presionado para que diera trabajo a determinadas personas por orden del grupo de gobierno. En cuanto al exconsejero socialista, la Audiencia estima que no se ha podido desprender de las escuchas telefónicas realizadas que efectivamente intentara amañar un concurso de sistemas de seguridad, como en principio se mantenía.

El primo del exalcalde y entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Reverón, también se queda fuera de la causa en la que fue incluido ya después de que el anterior primer edil intermediase ante el Cabildo para legalizar su vivienda y cambiar para ello el Plan Insular de Ordenación, en el ámbito de Buzanada donde se situaba la casa.

  • Según artículo escrito por Blanca Salazar y publicado por Aquisur.info el 6 de junio de 2013 bajo el título “Al banquillo 17 políticos, técnicos y policías por el Caso Arona”:
  • La Audiencia Provincial de Tenerife mantiene las 15 acusaciones vinculadas a la trama urbanística, de comisiones y de obras a dedo.
  • Estimadas las apelaciones de otros 13 encausados relacionados con favores, entre ellos el consejero insular de Obras.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha resuelto ya las apelaciones presentadas contra el auto de cierre de instrucción e inicio de procedimiento para juicio del denominado Caso Arona 1, macrocausa de corrupción urbanística, económica y de favores por la que estaban encausados desde 2011 un total de 30 gobernantes, ex gobernantes, técnicos y trabajadores del Ayuntamiento de Arona, empresarios, mandos de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como particulares.

El fallo hecho público a mediodía de hoy mantiene las principales acusaciones de los 15 imputados: los que guardan relación con las tramas de cobro de comisiones urbanísticas, de concesión masiva de licencias ilegales y de adjudicación cotidiana de obras públicas a dedo. Es decir, la Audiencia Provincial tinerfeña confirma plenamente el grueso de la corrupción político-técnica y empresarial denunciada e investigada en Arona desde 2007, en plena efervescencia de la burbuja urbanística, e indiciariamente acreditada durante la fase de instrucción judicial (que terminó en julio de 2011).

Por otra parte, los magistrados de la sección sexta estiman los recursos de apelación de otros 13 imputados cuyos cargos estaban relacionados básicamente con el tráfico de favores. La mayoría de ellos se vieron involucrados en esta causa judicial durante la fase de escuchas telefónicas, por pedir o ayudar a conceder favores políticos.

Permanecen encausados por delitos indiciariamente acreditados en el Caso Arona 1:

1 integrante del actual grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arona:
    • Antonio Sosa Carballo (CC): primer teniente de alcalde, concejal de Playas y Medioambiente y portavoz del grupo de gobierno de Arona.
        • Malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.
8 miembros de la Junta Local de Gobierno de Arona entre 2003 y 2007:
    • José Alberto González Reverón (CC), fue alcalde de Arona entre 2003 y noviembre de 2011, cuando fue inhabilitado por prevaricación.
        • Delitos continuados continuado de prevaricación, contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística y de tráfico de influencias.
    • Manuel Barrios Rodríguez (CAN-CCN), concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007 y edil de la oposición aronera desde entonces.
        • Delitos continuados de prevaricación y contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
    • Félix Sierra Melo (PP), concejal de Urbanismo de Arona entre 1999 y 2003, y consejero de Sur del Cabildo Insular de Tenerife en 2003-2007.
        • Delito continuado de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.
    • Sebastián Martín Martín (CC), ex jefe de CC de Arona y concejal de Hacienda hasta 2007.
        • Delitos continuados de prevaricación y contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
    • Juan José Alayón (CC y luego Grupo Los Verdes), ex concejal de Parques y Jardines.
        • Delitos continuados de prevaricación y contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
    • Alfonso Barroso Armas (CC), ex concejal de Obras.
        • Delitos continuados de prevaricación y contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
    • Daniel Martín Navarro (CAN-CCN), ex concejal de Medio Ambiente.
        • Delitos continuados de prevaricación y contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
    • José Luis González (CAN-CCN), ex concejal de Limpieza.
        • Delitos continuados de prevaricación y contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
2 trabajadores de la Oficina Técnica Municipal de Arona:
    • Eliseo de la Rosa, entonces arquitecto jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arona.
        • Delitos continuados de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
    • Roberto de Luis, aparejador de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arona.
        • Delitos continuados de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y de negociaciones y actividades prohibidas a funcionario público.
2 técnicos externos y empresarios:
    • Zenón Rodríguez Neris, arquitecto.
        • Delito continuado de cohecho y tráfico de influencias.
    • Jorge Menéndez Díaz, arquitecto.
        • Delito continuado de cohecho y tráfico de influencias.
2 mandos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Arona:
    • José Rodríguez Rodríguez, entonces cabo del Servicio de Información de la Guardia Civil.
        • Tráfico de influencias.
    • Hortensia García García: entonces subinspectora jefe de la Policía Local de Arona y ahora jefa de la Policía Local de Santiago del Teide.
        • Tráfico de influencias y prevaricación.

Los imputados no citados en el auto de la Audiencia Provincial tinerfeña (supuestamente porque no recurrieron el auto de cierre de instrucción e inicio de procedimiento para juicio de julio de 2011) y que por mantendrían sus imputaciones son:

  • Antonio Luis Pablo Tolosa, arquitecto.
      • Delito continuado de cohecho y tráfico de influencias.
  • María Betina García Melo, particular (probablemente se librará de la acusación de Fiscalía).
      • Delito de falsedad documental.

    Han sido estimadas las apelaciones y dejado libres de las imputaciones de tráfico de influencias a:

3 gobernantes insulares y municipales:
  • José Luis Delgado (PSOE), imputado cuando era consejero de la oposición en el Cabildo tinerfeño. Ahora es consejero insular de Obras Públicas.
  • Clara Pérez Pérez (CC), concejal de Servicios Sociales desde 2007.
  • Manuel Reverón González (CC), concejal de Policía Local desde 2007.
5 trabajadores del Ayuntamiento de Arona:
  • Gladys Tacoronte Sánchez, jefa de alcaldía y mano derecha del ex alcalde.
  • Milagros Suárez Martín, directora de la guardería municipal.
  • Nizamara Domínguez Gómez, trabajadora de Servicios Sociales.
  • Sebastián Fuentes Merino, Policía Local de Arona.
  • Ángel Artillo de Los Ríos, ex encargado del servicio de limpieza de Arona.
2 miembros de la Cámara de Comercio:
  • Vicente Dorta Antequera, entonces director general de la Cámara de Comercio.
  • Carlos Morales Plasencia, técnico de la Cámara de Comercio.
3 particulares:
  • Sandra Chinea Correa, trabajadora de La Caixa.
  • Carlos Morales Plasencia, abogado.
  • Kemel Baghdad Miloud, particular.
  • Según artículo publicado por Blanca Salazar el 8 de julio de 2013 en aquisur.info bajo el título “Despega el Caso Arona 4: presunta financiación ilegal y malversación de unos 30 millones de euros. Se completa el puzle denunciador de la corrupción fragmentada de Arona (1)”:
  • El juzgado número 1 de Arona investiga 6 años de gestión económica de fondos municipales en el Ayuntamiento (de 2007 a 2012).
  • La jueza instructora ha reclamado todos los acuerdos plenarios de pago decidido por los gobernantes de CC a pesar de las advertencias de ilegalidad de los técnicos.
  • Esta causa pone en el disparadero judicial una supuesta trama delictiva de despilfarro, favores electoralistas/compra de votos y de financiación ilegal de CC.

La secretaria general del Ayuntamiento de Arona está terminando de cumplir el último requerimiento judicial de entrega masiva de documentación municipal que guarda relación con otra investigación de presunta corrupción protagonizada, una vez más, por el ex alcalde José Alberto González Reverón y por su equipo de gobierno de Coalición Canaria (CC).

Se trata del denominado Caso Arona 4. Este nuevo capítulo de esta saga sobre escándalos de corrupción política al estilo Marbella versa sobre la desorbitada cantidad de dinero público gastado por los gobernantes municipales año tras año a pesar de los continuos reparos y advertencias de ilegalidad formuladas por los técnicos económicos y jurídicos de esta administración local.

Así, cuando está a puntito a puntito de hacerse público el escrito de acusación de Fiscalía sobre el Caso Arona 1 y de trascender el número total de acusados, delitos y años de cárcel que va a pedir contra los políticos, técnicos, policías y empresarios encausados (de momento, 17), salta a la actualidad judicial municipal otra mega-causa de presunta corrupción que versa en esta ocasión sobre el gasto irregular de unos 30 millones de euros en un plazo de 6 años –de 2007 a 2012–.

Cuadro del total de dinero gastado en el Ayuntamiento aronero en esos años con advertencia de ilegalidad de Intervención Municipal de Fondos:

2007     2.394.900 euros

2008     3.270.157 euros

2009        925.142 euros

2010      2.064.681 euros

2011       2.057.165 euros

2012     15.000.000 euros

Casi 26 millones de euros solo en el Ayuntamiento aronero, sin contar el desembolso irregular realizado por CC en ese período desde los cuatro patronatos municipales (Deportes, Cultura, Servicios Sociales y Turismo) ni de la sociedad asistencial ADESA. Calculando a la baja, al menos cuatro millones más. Con lo que están sobre el banquillo judicial al menos unos 30 millones de euros públicos.

Adjudicaciones a dedo, sin proyecto ni supervisión técnica, en suelos rústicos y privados, condenas,…

Las denuncias de José Antonio Reverón y Fiscalía (aunque por algún extraño motivo esta última no figura como denunciante en los autos) detalla cientos de deudas endosadas al Ayuntamiento a través de cotidianas adjudicaciones de obras, servicios y suministros a dedo, a menudo a las mismas empresas, en suelos privados o rústicos, sin proyecto ni valoración técnica de los costes –se fijaban de palabra entre políticos y empresarios adjudicatarios–.

Con el agravante de que muchas de esas actuaciones financiadas al margen de la legalidad han derivado, entre otros gastos y perjuicios, en condenas económicas millonarias contra esta administración.

Esa supuesta trama dirigida por los responsables políticos municipales daría respaldo económico al conocido como Ayuntamiento en negro o Caja B perfilados en el Caso Arona 1 desde 2007. Su principal cometido: conseguir los apoyos necesarios para alcanzar y consolidar una mayoría absoluta beneficiando a determinadas empresas, particulares, asociaciones, afiliados y familiares de forma sistemática, año tras año. Todo ello a pesar de que en realidad la gestión económica de este consistorio está en tela de juicio penal con numerosos gobernantes imputados desde 2007, cuando saltó el primer Caso Arona.

El objetivo de José Antonio Reverón, popularmente conocido como el de la mochila denunciadora de CxA, es que la responsabilidad patrimonial de los sobrecostes y gastos electoralistas del anterior mandato recaigan sobre sus responsables.

  • Según artículo escrito por Aquisur el 9 de julio de 2013 bajo el título “Los juzgados investigan la financiación pública del aparato clientelar y de las elecciones de CC”:
  • La presunta corrupción del Caso Arona IV alude a adjudicaciones a dedo y facturas convenidas de palabra, sueldos políticos ilegales, ayudas sociales arbitrarias, pagos anómalos a medios de comunicación…
  • El Ayuntamiento de Arona ha entregado por requerimiento judicial acuerdos e informes de unos 30 millones de euros gastados pese a las advertencias técnicas de ilegalidad.
  • El precio público de una mayoría absoluta en un municipio cotidianamente sacudido por escándalos de corrupción, al banquillo.

Pago con fondos públicos de publicidad y actos de campaña electoral. Gasto ilegal de millones de euros recaudados con la venta de suelo público. Adjudicación de obras, servicios y suministros públicos a dedo, a menudo a las mismas empresas y, a veces, incluso, de palabra. Pago de obras y suministros que no consta que estén ejecutadas. Pago arbitrario de ayudas sociales. Cobro de sueldos políticos ilegales. Pago de condenas millonarias por arriesgadas decisiones políticas al margen de la legalidad.

Eso es, muy resumidamente, lo que está investigando el juzgado de instrucción número 1 de Arona en el marco del denominado Caso Arona IV: una batería de irregularidades e ilegalidades económicas presuntamente delictivas cometidas por los gobernantes del Ayuntamiento Arona entre 2007 y 2012 en la gestión de al menos 30 millones de euros.

Irregularidades todas ellas ellas detalladas por escrito por los propios técnicos municipales en cientos y cientos de informes desfavorables que han emitido advirtiendo a los gobernantes de que estaban vulnerando la legalidad y de que si consumaban los pagos podían incurrir en responsabilidades administrativas, económicas y penales.

Según consta en la denuncia del edil de la oposición que ha desatado esta cuarta mega causa de presunta corrupción contra gobernantes aroneros,  José Antonio Reverón (CxA), “del análisis global de esos pagos se desprende una disposición reiterada del gobierno local a favorecer a determinadas empresas o particulares con una práctica manifiesta y conscientemente ilegal de fondos públicos, así como su utilización para fines clientelares. Esta práctica se acentúa en épocas electorales. Esta manera de gestionar los fondos públicos también es extensible a los cuatro Patronatos municipales (Turismo, Cultura, Deportes, Servicios Sociales)”.

La punta del iceberg económico de Arona:

De momento, como adelantaba ayer AquíSur.info, está imputado en este nuevo escándalo sobre corrupción el ex alcalde aronero, José Alberto González Reverón, al parecer por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada. Según las fuentes consultadas, lo más probable es que acaben imputados todos los concejales de CC del anterior y del presente mandato, incluido el nuevo alcalde, Francisco Niño. El motivo es que aunque la mayoría de las contrataciones y deudas irregulares fueron contraídas directamente por el ex-alcalde vía decreto, todos sus ediles han apoyado unánimemente en pleno que se abonaran los pagos y que se ignoraran las advertencias de posible ilegalidad formuladas por los técnicos municipales.

Los 30 millones citados, en cualquier caso, son solo la punta del iceberg del dinero que han gestionado los gobernantes municipales sin el visto bueno de los técnicos económicos y jurídicos, ya que esa cantidad solo alude al gasto irregular abonado desde el Ayuntamiento mediante acuerdos plenarios de pago extrajudicial de deuda. Falta añadir las facturas pagadas mediante decreto u orden directa del alcalde, las cuentas de los cuatro patronatos municipales y de la sociedad municipal asistencial ADESA e importes de condenas económicas.

Denuncia económica en 2007 y, por reiteración, en 2010 y 2012.

La documentación de todo ese gasto público irregular llegó a Fiscalía de manos de José Antonio Reverón (Ciudadanos por Arona) en dos entregas: la primera en 2010 y la segunda a mediados de 2012. “Este nuevo escrito -dice en esa segunda denuncia que preparó con el Comando Hari– tiene por objeto poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la reiteración de las presuntas anomalías e ilegalidades cometidas por el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arona en la gestión de los fondos públicos. En concreto se trata del pago de cantidades millonarias a pesar de los continuos reparos y advertencias de ilegalidad formuladas por la Intervención de Fondos de esta Administración Municipal. Se da la circunstancia de que esa anómala forma de gestión de los fondos públicos ya se está investigando en los Juzgados, y están imputados en ese sentido el alcalde y varios de sus concejales en el marco del denominado Caso Arona 1″. Además, ha recalcado que esas anómalas y sospechosas prácticas en el manejo de millones de euros de fondos públicos “se acentúan en épocas electorales”.

Esta causa había permanecido en punto muerto judicial hasta ahora, sin embargo, desde el mes pasado ha dado un acelerón. El concejal de CxA que había llevado los acuerdos plenarios de pago con informe desfavorable a Fiscalía prestó declaración el mes pasado ante juez, fiscal y abogados de los imputados (en un ramal de este caso relacionado con pagos a servicios como el de grúa también hay técnicos de Secretaría e Intervención imputadas, aunque todo apunta a que la investigación se acabará focalizando sobre los políticos).

Tras relatar el sistema clientelar y electoralista que aprecia detrás de la mayoría de los cotidianos gastos irregulares de dinero público de los aroneros, la jueza ordenó al Ayuntamiento la remisión, entre otros documentos, de los acuerdos plenarios de abono extrajudicial de deuda adoptados desde 2007 hasta el año pasado.

El ex alcalde (inhabilitado judicialmente en noviembre de 2012 por enchufar a dos trabajadoras), su junta de gobierno de 2002-2007 y el actual portavoz de CC, Antonio Sosa, arrastran desde el Caso Arona 1 (iniciado en 2007) un largo rosario de acusaciones e imputaciones urbanísticas, económicas y de favores. El Caso Arona IV vuelve a ponen en tela de juicio la gestión que realizaron una vez imputados y sienta una pregunta en el banquillo: ¿cuánto le ha costado a la ciudadanía aronera la mayoría absoluta de Coalición Canaria de Arona?

Algunas de las reiteradas advertencias de ilegalidad económica destacadas en las denuncias de Reverón:
  • Se fracciona la cuantía de los contratos para eludir los trámites de adjudicación y concurso público que marca la ley (contratos a dedo).
  • En los expedientes de obras no existe proyecto de ningún tipo ni se acredita que efectivamente se han realizado los trabajos descritos en la factura.
  • No existe formalización de ningún tipo, tratándose de contratos verbales.
  • Se pagan ayudas que no cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras.
  • La asunción del pago de facturas que no competen al Ayuntamiento ni están relacionados con la prestación de un servicio o actividad municipal.
  • La derivación de crédito de enajenación de parcelas sin que se destine a ninguna de las finalidades previstas por la normativa legal.
  • Pagos e ingresos realizados a empresas concesionarias de servicios encontrándose vencidos los contratos y no proceder prórrogas de los mismos.
  • Pagos con fondos públicos de campañas publicitarias electoralistas expresamente prohibidos por la legislación electoral.
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MAFIA PEPERA Y EMPRESARIAL EN CANARIAS RESUMEN DE CORRUPCIÓN EN CANARIAS.

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