DIMAS MARTIN MIRA QUE ERES RUIN Y BATLLORI SU SICARIO

7 marzo, 2013 at 11:41 Deja un comentario

  • Según artículo escrito por la redacción de Canarias Ahora el 6 de marzo de 2013 bajo el título “POR CARGAR FACTURAS FALSAS EN ARRECIFE. Anticorrupción pide seis años de cárcel para Dimas Martín y ocho para Rodríguez-Batllori”:
Anticorrupción ve indicios suficientes para acusarles de dos delitos continuados de fraude en concurso con malversación y prevaricación.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado seis años de cárcel para el expresidente del Cabildo de Lanzarote Dimas Martín y ocho para el exconsejero de Empleo regional Francisco José Rodríguez Batllori por cargar facturas falsas al Ayuntamiento de Arrecife y a Inalsa, según informa la agencia Efe.

El Ministerio Público sostiene que, desde prisión, el fundador del PIL ideó un procedimiento para que Batllori cobrara de dos administraciones bajo su control una serie de trabajos inexistentes, que en realidad servían para pagarle las gestiones que estaba realizando para conseguirle el tercer grado penitenciario e interesarse por el resto de causas penales que tenía pendientes.

La Fiscalía considera que, en esta pieza separada del caso Unión, existen indicios suficientes para acusar a Martín y a Rodríguez Batllori de dos delitos continuados de fraude en concurso con malversación y prevaricación, a los que en el caso del letrado y exconsejero se suma un tercer cargo de falsificación de documentos.

El fiscal también formula acusación en este asunto contra otros cuatro cargos públicos del PIL: los entonces concejales de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez Sánchez y María Luisa Blanco, y los responsables de Inalsa en aquel momento, la consejera delegada Plácida Guerra Cabrera y el gerente Rafael Elorrieta Larrea, yerno de Dimas Martín.

Anticorrupción considera a estos cuatro acusados autores de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, al facturar trabajos que no se llevaron a cabo ni en el Ayuntamiento ni en Inalsa, y pide que se les imponga una pena de cinco años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta a todos ellos, salvo para José Miguel Rodríguez.

La acusación pública propone para este último una pena menor, de un año de cárcel y tres de inhabilitación, en reconocimiento a la colaboración que ha prestado para averiguar los hechos y a su decisión de depositar en el Juzgado número 5 de Arrecife los 16.941,18 euros que admite haber pagado a Batllori.

Anticorrupción sostiene que Dimas Martín, entonces en prisión por otro proceso penal, encargó a Batllori que le hiciera gestiones con personas de relevancia pública y judicial de las islas para agilizarle el tercer grado y obtener información e interesarse de los procedimientos penales que tenía pendientes.

Para ello, ambos acusados idearon la contratación de Batllori por los concejales del grupo PIL “afines y subordinados políticamente a Dimas Martín”, quien en febrero de 2008 concertó en un hotel de la capital de la isla una reunión con los concejales de Hacienda y Personal en la que “convinieron de manera verbal llevar a cabo el fraudulento abono de fondos públicos”.

El fiscal señala en su escrito que todos ellos fueron conscientes de que Batllori nunca iba a realizar trabajo alguno de asesoramiento para el Ayuntamiento de Arrecife y conocían que era un ardid para traspasar dinero público a beneficio del exconsejero autonómico, que además en ese momento estaba contratado como funcionario del grupo A de la Administración regional y no podía percibir otra remuneración pública.

El total del dinero satisfecho e ingresado en la cuenta personal de Batllori entre marzo de 2008 y abril de 2009 ascendió a 16.941,18 euros netos, si bien el 12 de mayo de 2009, el exconsejero regional trató de percibir otros 3.529,41 euros entregando al entonces concejal de Hacienda una factura que no pudo cobrar porque el edil fue detenido en el marco de la operación Unión.

El pago de dicha factura, sin embargo, fue autorizada por la acusada María Luisa Blanco por labores de asesoramiento a su concejalía, sin que existiera ninguna relación contractual que ligara a Batllori con el Ayuntamiento y sin que hubiera desempeñado ningún tipo de actividad, siempre según la acusación.

Los concejales de Hacienda y Personal eran plenamente conscientes del “amaño ideado” para pagar con dinero público las gestiones particulares que Batllori hacía a Dimas Martín y no pusieron ningún reparo a dicho pago y al contrato, que además era ilegal.

Batllori y Martín procedieron de manera igual con la consejera delegada y el gerente de Inalsa, ambos también del PIL, que ya sabían que el exconsejero recibía dinero público del Ayuntamiento, y “no les importó” acordar otra “fraudulenta contratación simultánea” con la empresa de aguas.

Para ello, Dimas Martín se valió de la estrecha amistad que mantenía con la consejera delegada y de su yerno, con quienes se concertó el plan en el mes de mayo de 2008 a partir de una reunión que el líder el PIL preparó para que Elorrieta conociera a Batllori.

Según Anticorrupción, Elorrieta cerró un pacto verbal con Batllori para el pago bimestral de cantidades con cargo a Inalsa, cuando el exconsejero presentara facturas en concepto de minutas de honorarios por labores de asesoramiento.

El fiscal añade que, ante su “ánimo desmedido de lucro”, Batllori llegó a percibir tres sueldos con cargo a fondos públicos, como funcionario de la Comunidad Autónoma y como asesor externo del Ayuntamiento y de Inalsa, organismo del que recibió entre marzo de 2008 y abril de 2009 un total de 21.882,35 euros netos, que le fueron abonados en su cuenta personal tras presentar seis facturas “inveraces” y por unos servicios no realizados.

Además, la primera de las facturas que presentó Batllori fue por labores de colaboración y asesoramiento prestados durante los meses de marzo y abril de 2008, por importe de 6.666,67 euros, lo cual era “materialmente imposible” porque quien le contrató verbalmente, el acusado Elorrieta, fue gerente de Inalsa a partir del 8 de mayo de 2008.

  • Según artículo publicado el 11 de febrero de 2010 por Saul García (ACN PRESS) en Canarias Ahora bajo el título “ENCARGABA TRABAJOS QUE FACTURABA A LA COMPAÑÍA. Inalsa, el ”cortijo” de Dimas Martín”:

Le dice a su hermano que mande dos facturas por los trabajos que le ha ordenado “y eso lo paga Inalsa y es una ayudita más”

El fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, estaba inhabilitado para cargo público y cumpliendo condena, pero seguía manejando la empresa pública del agua de de la Isla, Inalsa, con el permiso necesario del PSOE, su socio de gobierno en el Cabildo insular. La compañía ahora está en proceso concursal y tiene una deuda de casi 40 millones de euros. Se enfrenta por primera vez a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y a una subida de las tarifas.

Desde el punto de vista de Dimas Martín, según revelan decenas de conversaciones en el sumario de la operación Unión, la trama de pago de comisiones ilegales que afecta a políticos, funcionarios y empresarios de varias instituciones de Lanzarote, Inalsa era su cortijo. No sólo le obedecía la consejera delegada de Aguas, Plácida Guerra, y por supuesto los asesores del PIL metidos en la empresa, sino que disponía de las instalaciones, de algunos trabajadores de la empresa pública a su antojo, realizaba planes de viabilidad, negociaba con los acreedores y ordenaba la emisión de facturas.

No es ya ningún secreto que Dimas Martín utilizaba un apartamento en Los Molinos de Costa Teguise, propiedad de Inalsa, para reunirse con cargos públicos del PIL y técnicos. Para ello necesitaba que le abriera la oficina Goyo, el ordenanza de Inalsa, cuñado de Plácida Guerra, a quien además le encargaba café y bocadillos para sus reuniones.

A esta oficina también pidió que le llevaran unos documentos de la empresa de aguas que se sacan de la sede de Punta de los Vientos de manera irregular. Martín buscaba unas facturas que presuntamente incriminarían al ex dirigente insular Pedro de Armas en una trama de facturas falsas de hace una década.

Documentos

Los protagonistas del traslado de documentos son conscientes de la irregularidad de lo que hacen. De hecho, Plácida Guerra reconoce en una conversación que se tiene que hacer lo más rápido posible porque Pedro Márquez, el ex gerente de Inalsa, “el otro día le pidió la llave a Goyo”.

Guerra le confirma a Dimas que ya están los papeles en la oficina de Costa Teguise a través de un SMS y el propio Martín le dice a su hijo, José Dimas, que está buscando unos documentos y tiene que hacerlo “hoy sin falta” porque los tiene que reintegrar al archivo. Finalmente, o bien no existen esas facturas o han desaparecido del archivo, según se desprende de lo que dice Plácida Guerra, tras hablar con Juan Manuel, el jefe de Administración de la empresa.

“Una ayudita más”

Las conversaciones evidencian que el líder del PIL también ordenaba la emisión de facturas a nombre de Inalsa. En una ocasión, Dimas Martín iba a coger un avión para ir a una reunión y Plácida Guerra le pregunta si le sacan el billete “desde ahí”. Dimas dice “que lo saquen y lo paguen pero que no aparezca Inalsa”, según la transcripción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga la operación Unión.

También le dice a su hermano Juan Manuel en otra ocasión que mande las dos facturas de las que habían hablado y que eso lo pagaba Inalsa, y es “una ayudita más”. Le dice que haga dos facturas por 6.000 o 7.000 euros por las gestiones llevadas a cabo para averiguar la procedencia de las membranas y rastreos de mercado y todas las gestiones que él le ha mandado hacer.

Que lo facture Inalsa

En otra conversación, Martín le dice al ingeniero Antonio Azcárate que quiere retomar el asunto del parque fotovoltaico. Le pide que le haga el anteproyecto y se lo facture a Inalsa, que ya se lo dice él “a Rafael” (probablemente, Rafael Elorrieta, que era gerente de la empresa y yerno de Martín).

A un tal Toni le dice también “que se entienda con Rafael Elorrieta para hacerle una factura, que él ya le manda un mensaje para que se lo arregle”. Toni le pregunta que de cuánto prepara esa factura y el líder del PIL le dice que “de tres o de cuatro”.

El ex presidente del Cabildo habla con uno de sus colaboradores más antiguos, el empresario Martín Paredes, y éste le recuerda que el propio Dimas ordenó que unas facturas, de “cuarenta y pico millones” (se supone que de pesetas) “se le quitaran al Ayuntamiento (de Teguise) y se le dieran a Inalsa”. Dimas dice que “hay que buscar un certificado del Ayuntamiento como que la obra se hizo y pasarle la factura a Inalsa”.

Acusaciones a Becerra

En dos conversaciones, una con Plácida Guerra y otra con la entonces alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, el líder del PIL hace dos acusaciones graves relacionadas con una subcontrata de Inalsa. En una dice que va a presentar una querella y decir “que la casa del Fiscal se hizo con la subcontrata de Inalsa” y que tiene “las pruebas y los testigos”, y en la otra, que la subcontrata también hizo la casa de Juan Carlos Becerra, actual presidente del PNL y consejero del Cabildo. de Lanzarote

El caso de otra subcontrata, Construcciones Mozaga, evidencia el poder de Dimas Martín y su relación con algunos trabajadores. En una conversación con Plácida Guerra, Dimas le dice que ha llamado la hermana de Juan Álvarez (de la citada empresa) y la consejera delegada le pregunta si se le puede pagar algo. Dimas le contesta que lo miren con lupa, que ya lo sabe Juan Manuel, refiriéndose probablemente al jefe de Administración de Inalsa.

Finalmente, queda claro por las conversaciones que también hace un favor, a través de Inalsa, al empresario Rafael Lasso sobre una vivienda en el poblado de Pedro Barba (La Graciosa). Por las gestiones de Dimas Martín, Inalsa desplaza allí a dos trabajadores, el director y el encargado de distribución.

El líder del PIL da instrucciones a Guerra para que vayan allí “a solucionar el problema y con espíritu constructivo”. Incluso Plácida Guerra le pregunta si le dan a él el plano de Pedro Barba o se lo dan a Rafael Lasso. Después éste le da las gracias a Dimas por teléfono.

Plan de viabilidad

Por otra parte, en varias conversaciones, Dimas Martín reconoce que está “muy liado” con el plan de viabilidad de Inalsa. Pide datos a varios empleados de la empresa y de la filial, Eólicas de Lanzarote. Queda claro que el plan de viabilidad lo ideó en su totalidad, o al menos lo ultimó, el líder del PIL y después lo presentó el anterior grupo de gobierno de PIL y PSOE en abril de 2008 alegando que lo habían elaborado todos los departamentos de la empresa.

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JORGE RODRIGUEZ, PP CORRUPCIÓN CASO LAS TERESITAS (XII)

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