CASO UNIÓN (II)

28 marzo, 2012 at 9:13 Deja un comentario

Según noticia publicada en La Voz de Lanzarote
Carlos Espino declaró este lunes como testigo durante siete horas
La juez del caso “Unión” abre una nueva ronda de declaraciones, dentro de la pieza separada de Costa Roja
POR Redacción • 27 de marzo de 2012

Imputados y testigos del caso “Unión” vuelven a pasar por los Juzgados de Arrecife, para prestar declaración ante la juez María Lucía Barrancos, la Fiscalía y los abogados de las partes. Este lunes, le tocó el turno al denunciante de esta causa, Carlos Espino, que declaró durante más de siete horas como testigo, en relación a la trama de Costa Roja.

En octubre del año 2011, la nueva juez, que lleva ya casi un año al frente del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife, dictó un auto separando dos nuevas piezas, y una de ellas era precisamente la de Costa Roja, que dio inicio a esta causa.

En ella, se investiga el presunto soborno que el empresario Fernando Becerra ofreció a Carlos Espino, en nombre de Luis Lleó. Espino era entonces secretario general del PSOE en la isla y consejero de Política Territorial del Cabildo, y LLeó pretendía que desbloqueara el proyecto urbanístico que quería desarrollar en esa parcela, situada a la entrada de Playa Blanca, y que contemplaba la construcción de más de mil viviendas.

Tras denunciar los hechos ante la Guardia Civil, el consejero socialista mantuvo varios encuentros con Becerra, que fueron seguidos y grabados por los agentes. Eso dio lugar a los pinchazos telefónicos, que fueron destapando después otras presuntas actividades delictivas en la isla, y haciendo crecer el caso “Unión”.

Ahora, la pieza que dio origen a toda la causa podría estar ya en su recta final. Y es que además de Espino, estos días están declarando otras personas relacionadas con la trama de Costa Roja.

  • Según artículo publicado Lanzarote Ahora el 22 de noviembre de 2012 bajo el título “La Jueza levanta el secreto del sumario del Caso Unión. Las sospechas del saqueo en Arrecife”:

La titular del Juzgado nº 5, María Jesús Hernández levanta el secreto del mayor caso de corrupción político empresarial que se investiga

Las arcas del ayuntamiento de Arrecife fueron “asaltadas” mediante tres procedimientos distintos, según se sospecha y tal como reza el auto del sumario que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado a conocer hoy mismo: El primero, utilizando la connivencia con otros empresarios, autoriza el pago de facturas cuya prestación de servicios “efectivamente no se ha producido o se ha incrementado notablemente” para que a través de Urbaser S.A. sean imputadas al consistorio municipal de Arrecife y en otras ocasiones, se aprobaba facturas de material empleado por la sociedad URBASER para trabajos del Ayuntamiento muy superior al verdaderamente utilizado.

El segundo, a través de la mercantil Urbaser S.A., mediante la creación de un entramado empresarial por el cual, el funcionario Juan Rafael A. , como jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife y partícipe junto con otros socios en las mercantiles Gamma 3 S.L., Gamma Install S.L. e Infraestructuras Cascosa S.l., informa favorablemente la adjudicación de contratos a aquellas empresas, entidades o sociedades que previamente han contratado los servicios de las citadas sociedades en las que tiene interés directo, en connivencia con otras personas. Por tanto éste habria estado realizando trabajos para el Ayuntamiento de Arrecife a título particular, utilizando una empresa que en principio no tendría nada que ver con él. Así, realizaría los proyectos para presentarlos en el Ayuntamiento a través de esta sociedad y sería él mismo el que informaría sobre los trabajos desde su puesto de Jefe de la Oficina Técnica. Juan Rafael A. se serviría de dos personas de su confianza para realizar estos hechos, siendo éstas Julio Pedro R.O. y el denominado Masú (ingeniero del Cabildo Insular de Lanzarote Manuel Jesús S.P.). La sociedad que estaría utilizando Juan Rafael A. para obtener un beneficio económico prevaliéndose de su función pública sería INFRAESTRUCTURAS CASCOSA SL .

El tercer medio o forma para defraudar a la administración pública y enriquecerse ilícitamente se obtiene a raíz de la declaración judicial de uno de los imputados, Matias C. que tras manifestar su voluntad de colaborar con la administración de justicia, se involucra en la participación de un delito de cohecho por el cual Jacinto Á., gerente de Urbaser S.A., y con el fin de obtener la adjudicación del contrato de recogida y trasporte de los residuos sólidos de la capital lanzaroteña, había entregado un sobre de dinero a Miguel Ángel L., miembro del PSOE, así como que Dimas M. le manifestó que hubo otro pago de unos 25 millones de pesetas cuyo destino fue María Isabel D. de L. y el propio Dimas M. Posteriormente y por parte de otro de los imputados se manifiesta que Jacinto Á. de la F. pudo participar de forma activa en la alteración del concurso para la adjudicación del servicio de recogida de residuos sólidos a favor de TECMED (actualmente Urbaser) de la que era máximo responsable en la isla, entregando una nueva oferta tras conocer a través de Rafael A., las condiciones de las plicas ofertadas por los restantes licitadores y una vez terminado el plazo para presentar las mismas. En este caso, formaban parte de la mesa de contratación el también imputado Felipe F.C., en su cualidad de Secretario del Ayuntamiento de Arrecife. Del mismo modo habrían participado en el acomodo de las licitaciones para que el concurso fuera adjudicado a TECMED ( actualmente URBASER) cuyo contrato ascendió a mas de 2.000.000 de euros; los imputados Rafael A., en su cualidad de Técnico de la Oficina de Contratación con la connivencia de la imputada y por entonces alcaldesa de Arrecife Maria Isabel D. de L.

Esto que han leído es sólo un ejemplo de varios que se han investigado y que la Justicia entiende que pueden ser constitutivos, “sin perjuicio de una ulterior calificación”, de delitos contra la administración pública: prevaricación administrativa (artículos 404 y siguientes del Código Penal), cohecho (artículos 419 y siguientes del Código Penal), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (en concreto artículos 415 a 418 del Código Penal), tráfico de influencias (artículos 428 y siguientes del Código Penal), malversación (artículos 432 y siguientes del Código Penal), exacciones ilegales (artículo 437 del Código Penal), abuso de información privilegiada (artículo 442 del Código Penal), fraude a la administración ( art 436 del Código Penal)

La causa cuenta a la fecha con mas de 70.000 folios entre los que se encuentra gran cantidad de documentación tanto intervenida y objeto de analisis como solicitada a la vista del avance de la instrucción. Se ha podido comprobar, dice la Juez, la existencia de indicios de cierta entidad, que integrarían delitos de cohecho, tráfico de influencia, prevaricación y otros conexos en el ámbito del Ayuntamiento de Arrecife, centrados principalmente en los pagos y/o exigencias de comisiones a cargo de determinados empresarios de cierta relevancia de la isla, a favor de concejales y otras personas con representación pública pertenecientes al partido PIL, asi como a la financiación irregular del “Partido de Independentistas de Lanzarote” (sic).

  • Según artículo escrito por Europapress publicado por Lanzarote Ahora bajo el título “La instrucción del Caso Unión refleja las sospechas de corrupción a varios niveles. Un panorama desolador”:

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, en Lanzarote, ha acordado el levantamiento del secreto de sumario del Caso Unión

Así lo recoge el auto emitido por el citado Juzgado y en el que se advierte a las partes que al encontrarse el procedimiento sub judice, las filtraciones a partir de ahora no constituyen delito penal pero apela “al buen hacer de todos los profesionales que se encuentran personados” en la causa, esperando el “pleno respecto a la intimidad y a la propia imagen de todos” los que en las actuaciones figuran como imputados.

Esta causa tiene actualmente mas de 70.000 folios con “gran cantidad” de documentación tanto intervenida como objeto de análisis, así como solicitada a la vista del avance de la instrucción.

En este sentido, el auto recoge que se ha podido comprobar, aunque sin entrar a valorar el fondo, la existencia de indicios de cierta entidad, que integrarían delitos de cohecho, tráfico de influencia, prevaricación y otros conexos en el ámbito del Ayuntamiento de Arrecife, centrados principalmente en los pagos y exigencias de comisiones a cargo de determinados empresarios de cierta relevancia de la isla, a favor de concejales y otras personas con representación pública pertenecientes al Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), así como a la financiación irregular del PIL, que pasó a formar de otra pieza.

Así, en el seno de estas diligencias se encuentran cuatro partes, tales como son la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arrecife del contrato de recogida y transporte de residuos sólidos de la ciudad a TECMED (actualmente Urbaser) en el año 2002, de la que partirían las comisiones cobradas presuntamente por dos cargos públicos.

Otra parte está relacionada con el pago de comisiones ilegales por parte de la mercantil Urbaser a diferentes cargos y ex cargos públicos; una tercera se centra en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arrecife del contrato para la realización del polideportivo de Argana a favor de Fomento Construcciones y Contratas S.L.; y finalmente el cobro indebido, con la anuencia de un concejal del Ayuntamiento de Arrecife y a cargo del propio Consistorio, mediante el sistema de ‘inflado de facturas’ por parte de un empleado de la mercantil Urbaser, repartiéndose entre ambos el resultado.

Como imputados en la presentes diligencias previas aparecen los cargos o ex cargos públicos Dimas Martín Martín (fundador del PIL), Maria Isabel Déniz de León (alcaldesa de Arrecife en el periodo de comision de los hechos), Felipe Fernández Camero (secretario del Ayuntamiento de Arrecife, en el periodo en el que se cometió presuntamente los hechos que se le imputan), Juan Rafael Arrocha (técnico del Ayuntamiento de Arrecife), Matías Curbelo Luzardo (miembro del PIL) y Miguel Ángel Leal (miembro del PSOE).

Por Urbaser se encuentran imputados Francisco José Martínez Llerandi (director de Obras y Conservación), Stephan Jean Antoine Balverde (gerente), Jacinto Álvarez de la Fuente (empleado y responsable de Urbaser SL), Santiago Alonso Herreros (director de limpieza y jardineria) y Manuel Andrés Martínez (director de Servicios Urbanos).

Asimismo, por FCC S.A. se encuentran imputados el administrados y el encargado de obras Francisco Javier Armas López y Marco Aurelio Hernández Guerra, respectivamente. A ellos se unen de Proyecto Gamma 3, Gamma Install S.L. e Infraestructuras Cascosa S.L. Manuel Jesús Isidro Spínola Perdomo, Julio Pedro Romero Ortega, Daniel Hernández Caraballo y Rafael Antonio Corujo Gil de Montes.

  • Según artículo escrito por Ruth Gabilondo en la Voz de Lanzarote el 22 de noviembre de 2012 bajo el título “Además, volverán a testificar como imputados el propio Morales y Reyes. El redactor del Plan General de Yaiza será llamado a declarar como testigo en la pieza del caso “Unión” sobre la casa de Carlos Morales”:

La juez del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife, María Jesús Hernández Elvira, llamará a declarar como testigo a Jorge Coderch, redactor del Plan General de Yaiza, en las diligencias que se siguen contra Carlos Morales por un delito contra la ordenación del territorio, en el marco del caso “Unión”.

En un auto, con fecha de 15 de noviembre, la juez explica que hay “pendientes nuevas tomas de declaración de los imputados y de testificales” en esta causa. Así, además de Coderch, que está citado como testigo, tendrá que volver a declarar el propio Carlos Morales. También testificará el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, imputado por un supuesto delito de prevaricación urbanística por conceder el permiso de obras a Morales.

El arquitecto Carlos Morales fue acusado de un delito contra la ordenación del territorio por la construcción de su vivienda, en suelo rústico, en Puerto Calero. Ahora, el nuevo Plan General de Yaiza ha recalificado este espacio como suelo urbanizable, dando cabida a esta vivienda.

“Es un suelo residual”

A principios de este mes de noviembre, cuando el Ayuntamiento de Yaiza presentó el Plan General a los medios de comunicación, Coderch defendió esta decisión y aseguró que le había resultado “lógico” regular el espacio, en el que se ubica la casa de Morales. “Es un suelo residual entre dos sectores, que respondía a una ordenación que entendían que las piezas turísticas debían estar separadas. Pero esto sólo se hizo caso en Puerto Calero, en Playa Blanca no sirvió de nada”, defendió.

En este sentido, explicó que en este “suelo residual” hay “doce viviendas”. “Intento quitarme todos los prejuicios con independencia de mis valoraciones personales y de quién esté afectado. Ese suelo no tiene valor ambiental y es absurdo que dos urbanizaciones no estén relacionadas entre sí”, insistió Coderch. “Jamás he tenido en cuenta para resolver este problema que este señor es muy famoso y está imputado. ¿Y los otros once señores?”, afirmó.

Un caso “sangrante”

Nada más conocer que este Plan General de Yaiza regularizaba la vivienda de Carlos Morales, el ex consejero de Política Territorial Carlos Espino, uno de los denunciantes del caso “Unión”, aseguró que se había quedado “sorprendido” con este “caso sangrante”. “No entiendo que un terreno rústico pase de repente a ser urbano, porque ahí ha construido nuestro príncipe consorte local”, denunció.

“Algunos me da la sensación de que han tenido mucho más presente el ‘Hola’ que la Constitución a la hora de redactar el Plan General de Yaiza. Me parece un auténtico disparate y un ejercicio de desprecio brutal a la ciudadanía”, criticó el socialista.

  • Según artículo publicado el 22 de noviembre de 2012 por la redacción de la Voz de Lanzarote bajo el título “Se centra principalmente en Urbaser, pero también en otras empresas. La juez del caso “Unión” levanta el secreto de sumario sobre una de las piezas principales de la causa, que tiene 17 imputados”:

La juez María Jesús Hernández Elvira, que tomó recientemente las riendas del caso “Unión”, ha levantado el secreto de sumario sobre la última gran pieza de la causa, centrada principalmente en la empresa Urbaser. En total, en esta pieza hay 17 imputados, entre los que se encuentran ex cargos públicos, técnicos y empresarios.

Esta pieza, surgida de una segunda fase del caso “Unión” y bautizada como Operación “Jable”, dejó en su momento la detención de la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y del ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, que actualmente están en libertad con cargos.

Además de ellos, en esta pieza está imputado el líder histórico del PIL, Dimas Martín, el que fuera su mano derecha en el partido, Matías Curbelo, y el entonces consejero del PSOE, Miguel Ángel Leal. Tal como en su momento publicó La Voz de Lanzarote, Matías Curbelo llegó a confesar en los Juzgados que él mismo había recogido personalmente uno de los “sobres” de Urbaser. Según su declaración, la empresa “pagó una comisión ilegal de entre 25 y 50 millones de pesetas (entre 150.000 y 300.000 euros) por la adjudicación del contrato de la limpieza con el Ayuntamiento de Arrecife”, y aseguró que se la repartieron entre María Isabel Déniz y Dimas Martín. Además, señaló también a Miguel Ángel Leal, a quien supuestamente fue a parar uno de los sobres.

Jacinto Álvarez también confesó

Según el auto de la juez, el entonces gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, también confesó tras su detención el pago de esos sobornos, y aportó distintos nombres. Además, durante la operación policial, la UCO encontró una agenda donde Jacinto Álvarez había ido apuntando los presuntos “regalos” y entregas de dinero en metálico a distintos políticos. Junto al ex gerente en Lanzarote, están imputados en la causa otros directivos de la empresa en Madrid, que también fueron detenidos en su momento: Francisco José Martínez, Stephan Jean Valverde, Santiago Alonso Herreros y Manuel Andrés Martínez.

Otro de los principales imputados en esta pieza es el que fuera jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, acusado de beneficiar desde su cargo en el Ayuntamiento a Urbaser y a otras empresas, a cambio de presuntos sobornos. En su auto, la juez también sostiene que Arrocha pudo utilizar tres empresas (Gamma Instal, Proyectos Gamma 3 e Infraestructuras Cascosa), a nombre de terceras personas, con las que supuestamente estaba asociado, para poder cobrar del Ayuntamiento de Arrecife. Así, junto a Arrocha están imputadas cuatro personas vinculadas a esas empresas: Manuel Spínola (que a su vez trabaja en el Cabildo), Julio Romero, Daniel Hernández Caraballo y Rafael Antonio Corujo.

A ellos se suman otras dos personas. El empresario Francisco Armas, al que el auto señala como administrador de Fomento Construcciones y Contratas, y Marco Aurelio Hernández, como encargado de obras de la misma empresa. La juez entiende que FCC también recibió un trato de favor del Ayuntamiento, con adjudicaciones de importantes obras como el polideportivo de Argana Alta, a cambio de presuntos sobornos, algunos de ellos en forma de regalos, tanto a la ex alcaldesa como a Rafael Arrocha.

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