CASO CANODROMO (II)

26 marzo, 2012 at 8:33 Deja un comentario

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Canarias / Gran Canaria /
25/03/2012 (20:00 h.)
DEFENDIÓ UNA COSA Y LA CONTRARIA EN EL CONTENCIOSO DEL PLAN AÚN PENDIENTE DE SENTENCIA
El Gobierno cambió tres veces de criterio en el Canódromo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. – ALEXIS GONZÁLEZ

Primero ordenó impugnar el Plan y después se opuso al recurso de Avecalta ante el TSJC y al de LPGC y Realia ante el Supremo pero este fuera de plazo.

El recurso contencioso-administrativo abierto por Avelcalta contra el Plan Parcial que dio cobertura legal a las dos torres del Canódromo, en Las Palmas de Gran Canaria, ha tenido durante todos estos años a un actor secundario muy extraño en la figura del Gobierno de Canarias. La Comunidad Autónoma ha sido capaz de defender una cosa y su contraria -en contra y a favor del recurso- por culpa de la impugnación jurisdiccional del Plan ordenada por CC y no atendida por el PP en el mismo Ejecutivo de 2004.

Tanto con Australia Navarro (PP) como con José Miguel Ruano (CC) al frente de los servicios jurídicos, el Ejecutivo de CC-PP al que ahora salpica también la instrucción penal tuvo que personarse como codemandado en el recurso contra la aprobación del Plan Parcial, anulado por el TSJC en 2008 y devuelto a la Sala por el Supremo en 2011, por falta de motivación en la sentencia anulatoria del Plan.

Su presencia como codemandado junto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se motivaba por afectar el recurso contra el Plan Parcial al ordenamiento superior de los planes generales de 2000 y 2005, responsabilidad en última instancia de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) del Gobierno autonómico. Y en primer instancia, la Comunidad se opuso al recurso de Avecalta y se posicionó en defensa del Plan aprobado por la exalcaldesa Pepa Luzardo dos años después de la operación de permuta bajo sospecha delictiva.

Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la inmobiliaria Realia perdieron la primera batalla en 2008, al prosperar el recurso de Avecalta en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del TSJC, pero entre medias, el Ejecutivo, con su postura favorable al Plan Parcial, se había enredado en una madeja jurídica de la que no podía librarse de manera congruente.

Los servicios jurídicos no habían logrado, para justificar su criterio, aportar informe oficial alguno que indicara lo contrario al único documento gubernamental relativo al caso, precisamente, la orden del viceconsejero de Ordenación Territorial Fernando González de impugnar el Plan Parcial, lo opuesto a lo que hacía el Gobierno ante el alto tribunal canario.

Cambio de parecer obligado pero fuera de plazo

Ante el riesgo de estar cometiendo un delito al defender lo contrario de lo ordenado documentalmente por el Gobierno, sus servicios jurídicos cambiaron de criterio y, después de la sentencia de 2008 favorable a Avecalta, se pusieron del lado de la asociación de vecinos y se opusieron al recurso de casacion presentado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la inmobiliaria Realia, que ha prosperado hace unos meses.

El giro forzoso debió coger con el pie cambiado a la consejería ya entonces presidida por Ruano, porque entre la notificación del Supremo a las partes del recurso de casación de LPGC y Realia para que contestaran al mismo en treinta días, de 20 de noviembre de 2008, y el escrito del Gobierno de 16 de febrero de 2009 pasó demasiado tiempo.

El 30 de enero de 2009, el Supremo daba por caducado el plazo legal para la contestación del Ejecutivo autónomo a la casación de la sentencia anulatoria del Plan, y el 27 de febrero, mediante otra providencia, el alto tribunal español devolvía el escrito a la Comunidad.

En vano recurrió en súplica el Gobierno de Canarias ya que mediante un auto de 19 de julio de 2009 la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el recurso y confirmó la devolución del escrito dictada en febrero.

El próximo 17 de abril el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se reune para deliberar, votar y fallar la nueva sentencia que por orden del Tribunal Supremo debe dictarse en torno al Plan Parcial El Canódromo, aún cuestionada su ilegalidad al no haber entrado en el fondo del asunto el Supremo, por tratarse de legislación urbanística autonómica.

Además, la resolución del contencioso en uno u otro sentido -el TSJC ya anuló el Plan Parcial en 2008- afectará a la instrucción penal, como ha admitido el propio juez en sus recientes autos. Es uno de ellos es en el que junto a otros seis testigos llama a declarar el próximo 12 de abril al exviceconsejero Fernando González, único cargo que de manera documentada se posicionó en relación al Plan Parcial: pidiendo que fuera impugnado por la parte jurídica del Gobierno dirigida por Australia Navarro (PP). Y esta no lo hizo.

Canarias / Gran Canaria /

23/03/2012 (11:15 h.)
PIDE TODOS LOS INFORMES DE LA EMPRESA SOBRE LA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA DE LOS TERRENOS
El juez indaga quién puso a Realia sobre la pista del Canódromo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. – ALEXIS GONZÁLEZ

Pregunta a cuatro testigos si hubo contacto político antes de la compraventa de los terrenos a Urbacan.

La vertiente gubernamental es solo una de las ramas abiertas en la instrucción reactivada del caso Canódromo, a raíz de la declaración del actual alcalde, Juan José Cardona, y el empresario beneficiado de la operación de permuta y posterior compraventa, Eduardo Fernández.

El juez instructor, Tomás Martín, también requiere de la tercera parte en presencia en este caso, la inmobiliaria Realia que comenzó a construir las torres en una esquina del recinto de Ciudad Alta, información sobre cómo y quién le puso sobre la pista del Canódromo.

En una providencia dictada también el martes pasado, el magistrado libra un exhorto a los juzgados de Madrid para que se tome declaración a cuatro empleados y cargos de Realia, entre otras cuestiones, para saber quién ordenó un informe de valoración de inversión de unos 4.000 millones de pesetas de entonces -año 2000- en torno a la polémica pieza urbanística.

El mismo día de los autos en los que cita a otros siete testigos y rechaza el recurso de Cardona contra la reapertura de la causa y su correspondiente imputación, el magistrado dio traslado a las partesde la providencia en la que requiere de Realia las razones que condujeron a elaborar ese informe, todos los documentos y estudios con los que se valoró la inversión prevista por la empresa de 24 millones de euros y la estimación de beneficios.

José María Richi Alberti, Íñigo Aldaz Barrera, Almudena Moreno Marrero y Javier de Oro Pulido Sánchez deben explicar al juez “el modo, la secuencia temporal y las personas que intervinieron para que Realia llegara a tener conocimiento de la existencia de esa parcela, sus condiciones y características urbanísticas y sus dueños”.

El juez indaga si en algún momento previo a la venta de las parcelas por parte de Urbacan a Realia, la inmobiliaria mantuvo reuniones con algún técnico del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o miembro del Consistorio capitalino, además de si conoció la empresa la valoración inicial de las parcelas rechazada por el Ayuntamiento.

Cómo y a través de quién se contactó debe ser aclarado por los testigos de Realia, así como aportar todos los informes técnicos y jurídicos referentes a la compraventa a Urbacan de las fincas permutadas por el ayuntamiento a la mercantil de Eduardo Fernández.

Canarias / Gran Canaria /

17/04/2012 (12:50 h.)
AVECALTA PIDE LA DECLARACIÓN DE LOS TÉCNICOS IMPLICADOS EN LA VALORACIÓN DEL SOLAR
El ‘caso Canódromo’ se enreda en criterios técnicos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. – ALEXIS GONZÁLEZ

La exjefa de Urbanismo con el PSOE respeta pero no comparte los parámetros aplicados por el equipo de José Setién con el PP para valorar los terrenos.

¿Se infló la tasación del Canódromo para cuantificar la permuta de terrenos como concluyó la comisión municipal de investigación de LPGC? Esa es una de las cuestiones básicas que giran en torno a un caso que empieza a enredarse en criterios técnicos dispares, a raíz de nuevas declaraciones de testigos ante el juez Tomás Martín, que mantiene imputado al alcalde, Juan José Cardona.

El penúltimo criterio técnico conocido ha sido el de la ex jefa de Urbanismo de LPGC durante la etapa de gobierno del PSOE, Antonia María García Carló, de la que si bien la semana pasada trascendió en la prensa local que no consideraba “disparatado” los parámetros utilizados por el equipo de Urbanismo del PP para tasar la finca en el convenio de 2002, tampoco ha querido hacer suyos esos criterios, que a su juicio deberían haber rebajado al menos un 20% el valor final de los terrenos permutados.

El caso entra ya de esta forma en territorio subjetivo de expertos urbanistas a la hora de ponderar si fue lesivo o no el convenio suscrito por el PP con el empresario Eduardo Fernández (Improcansa), hasta el punto de que García Carló llegó a afirmar ante el juez que, a su juicio, la edificabilidad en la denominada Zona A donde está ubicado el Canódromo “no estaba agotada”, aunque al mismo tiempo manifestó la singularidad de realizar una ordenanza específica para esa parcela concediéndole 12.000 metros de edificabilidad.

La exdirectora general de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, en su declaración como testigo aunque a criterio del ministerio fiscal más bien estaba realizando un peritaje judicial, aclaró a este que surgían dudas por el método utilizado por los técnicos del equipo de Urbanismo del PP, con José Setién al frente, sobre si era necesario o no utilizar la ponencia catastral -hubiese rebajado considerablemente el valor de lo tasado- “si hubiese sido un convenio expropiatorio, pero en este caso se trata de una permuta”.

Aún así, García Carló dijo a preguntas del fiscal: “Lo cierto es que no hay ninguna parcela en esta ciudad de 20.000 metros con esa valoración, pero cada técnico tiene su criterio, y los técnicos municipales utilizaron el criterio que consideraron conveniente”, aunque en su caso particular, de estar bajo su responsabilidad “hubiera reducido esas cantidades”.

Serán esos técnicos, los que en su momento fueron provisionalmente señalados por la comisión de investigación municipal como máximos responsables del caso bajo tutela política del ex alcalde José Manuel Soria y el actual primer regidor y exconcejal de Urbanismo, Juan José Cardona [la conclusión final quedó sin nombres y apellidos bajo la acusación genérica de “urbanismo fallido del PP”], quienes tengan que aclarar en sede juicial los criterios.

La acusación particular representada por la asociación de vecinos Avecalta ya ha pedido al juez la citación del equipo dirigido por el jefe de los servicios urbanísticos en la etapa del PP, José Setién, además de los funcionarios directamente relacionados con la tasación del solar por el cual un empresario obtuvo un beneficio casi inmediato de nueve millones de euros.

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DEUDAS Y COSAS RARAS EN EL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA CASO UNIÓN (II)

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