CASO MAZOTTI

22 marzo, 2012 at 10:22 Deja un comentario

  • Según artículo publicado por Europa Press en Canarias Ahora el 13 de diciembre de 2011 bajo el título “LOS CARGOS ERAN ESTAFA, FALSIFICACIÓN Y COHECHO. Absuelven a los acusados del ‘caso Mazotti’:

Se juzgó a los empresarios de Mazotti Alejandro Navarro y su hija, así como a un técnico del Cabildo grancanario y un empleado de banca.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a los empresarios de Mazotti, Alejandro Navarro Miñon y su hija Mónica Navarro Ojeda, así como al técnico del Cabildo de Gran Canaria José Luis Díaz y el empleado de banca Francisco Javier Torres, de los delitos de estafa, falsificación en documento público y cohecho de los habían sido acusados.

Según la sentencia se les absuelve de la acción civil deducida en contra del Cabildo de Gran Canaria y la mercantil Mazotti S.A., informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Alejandro Navarro era el administrador general de la empresa Mazotti S.A., dirigida por su hija Mónica Navarro Ojeda. Actualmente la empresa ha sido declarada en concurso de acreedores, y había sido adjudicataria de innumerables obras públicas procedentes del Cabildo de Gran Canaria y de diversos ayuntamientos de esta isla.

Para conseguir la debida financiación, en mayo de 2001, Mazotti firmó un contrato de factoring con BBVA FACTORING EFC, por el que cede todos los créditos con la administración derivados de la ejecución de obras públicas, transfiriendo los mismos a la entidad bancaria, de tal forma que consintiendo la cesión de créditos, sólo podrá liberarse del pago de los mismos mediante abono directo a la entidad bancaria.

Eso fue lo que ocurrió con el Cabildo de Gran Canaria, tras tomar debida razón de dicho contrato, dando de alta a terceros al BBVA respecto a las ejecuciones de obras realizadas por Mazotti, por lo que todas estas ejecuciones se debían abonar al BBVA como único acreedor legítimo.

A cambio, Mazotti recibía anticipadamente las cantidades de las certificaciones de obras que iba realizando descontando un tanto por ciento, por la entidad bancaria, como beneficio por dicho anticipo.

Asimismo, se ha considerado probado que para obtener mayor financiación, Mazotti, celebró en junio de 2006, con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) póliza de crédito en la que intervino en nombre de la empresa Mónica Navarro y en nombre de la Caja, el también acusado Francisco Javier Torres Gutiérrez, contrato donde la caja de ahorros se obligaba a anticipar el pago de las certificaciones de obra con un límite de descuento de 2,5 millones de euros.

Certificaciones

La ejecución de dicho contrato conllevó que la Caja descontara por medio de endoso que figura en el reverso de las certificaciones el acondicionamiento exterior de la ciudad deportiva de Gáldar, de fecha 12 de junio de 2006, con vencimiento del endoso al 11 de mayo de 2007 y por importe de 787.027,45 euros; o el modificado del auditorio municipal, Plaza de Sintes y Calle Santiago Rivero de 7 de julio de 2006 con vencimiento el 7 de enero de 2007, por importe de 102.839,68 euros, entre otros.

Posteriormente, y a fin de aparentar ante la entidad que dicha cesión de crédito se había cedido a la Caja, se incorpora a la misma un documento de cesión de derechos de crédito, en la que como firma del deudor y en nombre del Cabildo el también acusado José Luis Díaz, jefe de los Servicios Técnicos y un sello de la institución insular donde no figura fecha de presentación o número de registro el documento.

Asimismo, se ha probado que para obtener mayor financiación, en febrero de 2006, se celebró entre Mazotti y Caja Rural de Canarias contrato de póliza de afianzamiento en virtud del que descontó por medio de endoso que figura en documento el modificado del auditorio municipal, Plaza de Sintes y Calle Santiago Rivero de 28 de febrero de 2006, con endoso de 16 de marzo de 2006, vencimiento el 28 de junio de 2006 e importe de 36.180,17 euros o el acondicionamiento urbano zona baja de Arguineguín, de fecha 15 de marzo de 2006, con endoso de 3 de abril de 2006, vencimiento el 28 de junio de 2006 e importe de 59.193,20 euros, entre otros.

Se volvería a repetir lo ocurrido anteriormente con la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Igualmente ocurrirá con el contrato de factoring entre Mazzoti y Factorcat (en la actualidad Caixa de Estalvis o Caixa Bank), de octubre de 2006, para diversas actuaciones a realizar.

Sin embargo, no se declara probado que con esta forma de obtener financiación, por medio de certificaciones, en algunos casos duplicadas y en otro correspondiente a obras inexistentes, los acusados Alejandro Navarro Miñón y Mónica Navaro Ojeda, actuaron con la “intención de defraudar los derechos de cobro de las entidades de crédito, ni que tuvieran la intención de alterar el tráfico jurídico mediante la alteración de documentos auténticos”.

Tampoco se declara probado que el acusado José Luis Díaz recibiera de Alejandro Navarro la cantidad de 31.099,88 euros como contraprestación al haber firmado la recepción de las certificaciones descontadas por la Caja Rural y por la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

  • Según artículo escrito por Borja Valcarce en La Provincia el 13 de diciembre de 2011 bajo el título “El juez absuelve a Mazotti por el caso de las estafas. El dueño de la constructora, su hija y un funcionario del Cabildo se enfrentaban a una pena de treinta años de prisión”:

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto al dueño de la empresa constructora Mazotti, Alejandro Navarro, a su hija, Mónica, al jefe del servicio técnico de la Consejería de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria, José Luis Díaz, y al gestor bancario Francisco Javier Torres de los delitos de estafa, cohecho y falsificación de documento público tras las vista oral que se celebró entre noviembre y diciembre. Se les juzgaba por la supuesta falsificación de varias certificaciones de obra para la obtención de créditos bancarios por un valor superior a los dos millones y medio de euros durante los años 2006 y 2007 y se enfrentaban a una pena de treinta años de prisión.

La sentencia, cuyo ponente es el magistrado Carlos Vielba, declara que no ha quedado probado que “los acusados actuaran con la intención de defraudar los derechos de cobro de las entidades de crédito ni que tuvieran la intención de alterar el tráfico jurídico mediante la alteración de documentos auténticos”.

En lo que respecta a Díaz, los magistrados recogen que tampoco ha quedado probado “que recibiera de Alejandro Navarro la cantidad de 31.099,88 euros como contraprestación por haber firmado la recepción de las certificaciones” de los bancos.

El ministerio fiscal, en sus conclusiones, eliminó de su acusación al gestor bancario de la CAM, Francisco Javier Torres, y a la corporación insular como responsable subsidiaria, “por lo que su absolución es obligada”.

Absolución “insólita”

Los propios magistrados reconocen en la sentencia que puede parecer “insólito el pronunciamiento absolutorio que anuncia el relato de hechos probados”, ya que queda recogido en ellos que Mazotti buscó “obtener financiación por medio de certificaciones duplicadas”. Sin embargo, aseguran que no existió la comisión de un delito de estafa por varios motivos, entre los que destacan “la ausencia de engaño”: las entidades bancarias no se preocuparon de consultar con el Cabildo si podían aceptar los endosos, no se habían dado de alta como terceros ni comprobaron si las certificaciones tenían la debida toma de razón por parte del interventor del Cabildo en lugar de los elementos que sí aparecían: la firma de Díaz y un sello de su Consejería.

Asimismo, exponen los magistrados, “ninguna de las certificaciones duplicadas tenía la vocación o el destino de incluirse en el tráfico, sino que su elaboración se debió a un artificio probatorio (como una suerte de negocio jurídico subyacente), consentido por todas las partes implicadas”.

  • Según artículo escrito por Borja Valcarce en La Provincia el 13 de diciembre de 2011 bajo el título “El cohecho era el pago por un proyecto de tratamiento de residuos”:

Los magistrados recogen en la sentencia que existían indicios para llevar a juicio a Alejandro Navarro, José Luis Díaz y Mónica Navarro por el delito de cohecho al existir “pagos por parte de Mazotti” al funcionario del Cabildo, persona que a su vez firmó varias certificaciones de obra que las entidades bancarias aceptaron como válidas. Sin embargo, las defensas mostraron que Díaz recibió el dinero por prestar un servicio: la elaboración de un proyecto de planta de tratamiento de residuos realizado en Mauritania.

En las pruebas aportadas a la causa “consta la existencia de un proyecto redactado por la persona a quien se le atribuye la condición de experto”. Por ello aseguran que “no es insólito que los pagares librados respondan al pago de tales servicios”.

Con respecto al delito de falsificación documental, la sentencia recoge que las entidades crediticias y Mazotti utilizaban las certificaciones en beneficio mutuo. Así, acusación y defensa coinciden en que “los documentos que se dicen falsarios no responden sino a una justificación documental y artificial del interés que tenían las entidades bancarias de trabajar con Mazotti a cambio de jugosos porcentajes de descuento, entidades que eran conocedoras de que el verdadero deudor no era el Cabildo sino la propia Mazotti”.

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LUZ REVERÓN Y EL CASO MAMOTRETO AURELIANO ABREU, CORRUPCIÓN EN BUENAVISTA

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