CASO CANÓDROMO

22 marzo, 2012 at 10:18 Deja un comentario

Artículos publicados todos en Canarias Ahora los días señalados
25/10/2009 (20:47 h.)
CANODROMO/ GONZÁLEZ ”RECUERDA” EMITIRLA
Sin respuesta a la orden de impugnación del Canódromo
Según lo expuesto ante el TSJC, el Ejecutivo canario no tiene un informe que contradiga la resolución que ordenaba impugnar el Canódromo.

Nombre, cargo y fecha. Fernando González Santana, viceconsejero de Ordenación Territorial en 2004. González fue la persona que firmó la resolución emitida por el Gobierno de Canarias que ordenaba a la Consejería de María Australia Navarro la impugnación del pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que habilitó lo que hoy se conoce como las torres del canódromo.

Pregunta- ¿Recuerda haber emitido tal resolución?
Respuesta- Sí
P- ¿Recuerda haber obtenido respuesta?
R- No la verdad es que no, no se si la hubo.
P- ¿Era sabedor de la importancia de tal resolución, dado que ordenaba impugnar el Plan Especial del Canódromo?
R- Sí, sí me acuerdo de lo que le pedía a la Viceconsejería de Administración Pública.
P- ¿No hubo informe contradictorio?
R- No, no se, no creo, no me acuerdo.

Entre los olvidos de González, que cumplió con su responsabilidad, se encuentra un posible delito de prevaricación por omisión que ha generado una sentencia firme del TSJC y otra causa que está en el Supremo, porque se siguió adelante con lo planeado. La resolución había llegado al lugar indicado.

El informe contradictorio no existió. Y si existió, el Gobierno canario no lo encuentra. O al menos eso es lo que defendió el Gobierno de Canarias en el juicio. Mostrada la resolución de Ordenación Territorial por el juez y requerida al Gobierno de Canarias una semejante contradiciendo lo que allí decía, por mucho que buscaron nunca apareció.

Otro nombre del PP que sale a luz

Avecalta, la asociación de vecinos denunciante, tuvo conocimiento de este informe y lo incorporó entre sus pruebas. María Ángeles Sánchez, presidenta de Avecalta, recordaba un nombre y una carta: María Auxiliadora Pérez, actual viceconsejera de Administración Pública. En abril de 2004 era Directora General de Administración Territorial y Gobernación. María Ángeles Sánchez asegura que “esa señora me impidió acceder a nuestro expediente, vulnerando mis derechos”. En el expediente estaba la resolución de Ordenación Territorial. Acceder a ese documento hubiera supuesto a Sánchez un bálsamo. El Gobierno de Canarias ordenaba impugnar el Plan que contemplaba el Canódromo. Esa orden descansaba en un cajón.

María Auxiliadora Pérez es la actual viceconsejera de Administración Pública. Natural de Santa María de Guía, su carrera política se disparó en 2003 cuando sustituyó a María Australia Navarro en el Senado. Entonces, a la par que senadora, era directora de Administración Territorial del Gobierno de Canarias.“Auxiliadora es de la cuerda de María Australia Navarro”, asegura un dirigente popular consultado el pasado viernes. “Van de la mano”, insiste.

Canarias / Gran Canaria /
11/06/2010 (21:01 h.)
UN INFORME TÉCNICO INUSUAL DIO PIE A LA FIRMA DEL ‘CONVENIO ESTRELLA’ DEL MANDATO FINAL DE SORIA
Una tasación excesiva, clave del ‘pelotazo’ del Canódromo
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. – ALEXIS GONZÁLEZ
Al sobrevalorar el suelo, el PP encareció las compensaciones – El juez aún no tiene los informes de LPGC – El Ayuntamiento lo espera ”hace meses”.

La Justicia y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria buscan desde hace meses un informe técnico municipal de hace diez años que sería la clave, el punto de partida de la presunta desviación de poder y prevaricación del grupo de gobierno del PP, a la hora de firmar los famosos convenios urbanísticos que han dado pie al denominado caso Canódromo.

Se trata de una tasación extraordinaria, excepcional, y previsiblemente excesiva y sobrevalorada del suelo realizada por el jefe de servicio de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Sergio Monche.

Ese valor de más del suelo del Canódromo, fijado en el informe técnico, permitió al ex concejal de Urbanismo Juan José Cardona firmar, durante el último mandato de José Manuel Soria en la Alcaldía, el convenio urbanístico con la empresa Urbacán, del empresario Eduardo Fernández, para la cesión de los terrenos al Ayuntamiento a cambio de parcelas para edificar, entre ellas, el solar de las dos Torres del Mar.

Fuentes conocedoras del caso han explicado a CANARIAS AHORA que la documentación que reclama el juez instructor Tomas Martín es una pieza clave del pelotazo. Tanto, que ha suspendido las citaciones de la ex alcaldesa Pepa Luzardo y el ex concejal de Urbanismo Felipe Afonso El Jaber, previstas para el próximo lunes, hasta disponer de la documentación que reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

En el Consistorio, además, ese informe técnico también ha sido reclamado por la comisión municipal de investigación puesta en marcha en febrero de 2009. Desde hace meses la comisión espera por la documentación, cuando ya se ha excedido el plazo previsto de investigación, fijado en un principio solo en seis meses.

Se trata de cotejar qué criterios utilizó el jefe de servicio de Gestión Urbanística para tasar de manera excepcional, y no con los baremos oficiales de la Ley de Expropiaciones, los terrenos que había adquirido la filial de Improcansa, Urbacán, y que en cuestión de poco tiempo, nada más firmarse el convenio urbanístico en abril de 2002, le revirtió 9 millones de euros de beneficio.

El hecho de haber tasado con un precio más alto el valor de los terrenos que Urbacán cedía al Ayuntamiento en el antiguo Canódromo supuso que las compensaciones recibidas por el empresario se elevaran también en el convenio más polémico del mandato de José Manuel Soria en la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.

El juez instructor también está a la espera de esos documentos, no sólo para citar a los imputados Pepa Luzardo y Felipe Afonso El Jaber, sino también decidir si accede a la petición de Avecalta, asociación de vecinos denunciante del caso, de que comparezcan en sede judicial el ex consejero de Urbanismo Juan José Cardona y el empresario beneficiado con la operación, Eduardo Fernández.

Canarias / Gran Canaria /
20/11/2010 (21:34 h.)
SEGÚN LAS CONCLUSIONES QUE APROBARÁ EL AYUNTAMIENTO EL DÍA 26
Los técnicos forzaron la valoración del Canódromo
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. – CANARIAS AHORA
Fue la única valoración en la que se obvió la ponencia catastral en vigor y el polígono fiscal al que pertenece la parcela.

Por motivos desconocidos, los técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria utilizaron varias estratagemas para sobrevalorar la parcela del Canódromo en los informes que emitieron en 2000, según se recoge en las conclusiones de la comisión especial de investigación a las que ha tenido acceso este periódico. Las conclusiones serán aprobadas el próximo viernes, día 26, en el pleno municipal, previsiblemente con los únicos votos del PSOE y de Compromiso, las únicas fuerzas políticas con representación municipal que accedieron a formar parte de la comisión de investigación a la que se opuso el PP.

Las conclusiones giran en gran medida alrededor de los criterios aplicados por los técnicos municipales a la hora de valorar la parcela del Canódromo a partir de que la promotora Improcansa y los anteriores propietarios de esa pieza de suelo se dirigieran al Ayuntamiento alegando que había entre ambos una opción de compra que, misteriosamente, no consta en el expediente.

Más de nueve millones de pelotazo

De la lectura del documento, de trece folios de extensión, se relatan las actuaciones de técnicos y políticos del Ayuntamiento tendentes a favorecer la operación urbanística, que supuso un pelotazo de más de nueve millones de euros gracias a las compensaciones otorgadas a Improcansa (luego sustituida por su filial Urbacan) a cambio de ceder una parte de la parcela). En esa cantidad no se incluye, sin embargo, el beneficio que pudo obtener la inmobiliaria por una de las parcelas recibidas como permuta en el barrio de Almatriche.

Los técnicos municipales emplearon varias argucias para inflar el precio del Canódromo. Siempre según las conclusiones, sortearon la ponencia catastral de valores del municipio, en vigor desde el 1 de enero de 1996, alegando que en mayo de 2000 que “estaba desfasada”. Además, los funcionarios adscritos al Servicio de Gestión Urbanística “no tuvieron en cuenta el polígono fiscal número 26”, el correspondiente a la zona del Barranquillo de Don Zoilo alegando que “no se corresponde con la realidad física”.

Sin embargo, la comisión de investigación ha constatado que esos mismos técnicos sí utilizaron posteriormente la ponencia catastral de valores y el polígono fiscal 26 “en varias decenas de informes de valoración de parcelas ubicadas en el mismo polígono fiscal a efectos de su obtención por expropiación, donde sí aplicaron la ponencia catastral de valores de 1995, vigente desde 1996”.

Pero en su empeño por propiciar la operación del canódromo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hizo otros encomiables esfuerzos, como modificar el primer borrador de convenio urbanístico a suscribir con Improcansa después de que la Consejería de Política Territorial pusiera serios reparos a la inclusión de usos residenciales en la parcela. Al aprobar definitivamente en diciembre de 2000 el nuevo Plan General, elaborado bajo el mandato del alcalde José Manuel Soria, Política Territorial no encontraba justificados esos usos residenciales y ordenaba que se eliminaran.

No lo hace del todo el Ayuntamiento, que presenta ante la consejería un requerimiento con algunas “nuevas determinaciones”, particularmente la de un Plan Especial que debía “estudiar las distintas alternativas en orden a establecer la mejor ubicación para la edificación residencial, dando prioridad a aquellas soluciones  que representen una mejor ocupación del suelo (…) Los nuevos espacios libres y deportivos resultantes de la ordenación deberán ser, al menos, de 17.000 metros cuadrados”.

Con estas prescripciones, el Ayuntamiento se ve obligado a hacer en noviembre de 2001 una nueva propuesta de convenio con Improcansa, y para mantener los 40.950 metros cuadrados que había comprometido en su primera valoración de mayo de 2000, incorpora nuevas compensaciones en favor de la promotora inmobiliaria:  una parcela en Las Torres con 9.180 metros de edificabilidad más “distintas parcelas del sector 13” con una edificabilidad de 16.950 metros cuadrados.

Así evolucionaron las parcelas de Improcansa

Improcansa-Urbacan termina recibiendo aprovechamientos urbanísticos en tres parcelas, según las conclusiones de la comisión de investigación, que relata de este modo la evolución que experimentaron:

– “El 26 de junio de 2002 la parcela 38.1 del Plan Parcial Sector 5 de Las Torres (6.028 m2), valorada en 3.042.407,09 euros, fue vendida el 9 de agosto de 2002 por Urbacan a Realia por 7.518.761,40 euros, generando un beneficio de 4.475.354,31 euros.

– Por su parte, las parcelas de Obispo Romo y Henry Dunant, de 1.608,42 m2 -conocidas como las de El Canódromo- valorada el 27 de diciembre de 2003 en 2.571.656,84 euros, fue enajenada por Urbacan a Realia por 7.052.756,04 euros, obteniendo en este caso una plusvalía de 4.481.099,20 euros.

– Finalmente, en lo que se refiere al aprovechamiento -16.950 m2– que se le tenía que atribuir en el Sector 13 de Almatriche, Urbacan cede el mismo a Urbis en escritura de 15 de diciembre de 2003, transmisión a terceros que se les ha autorizado”.

Canarias /
20/11/2010 (21:55 h.)
LAS CONCLUSIONES DEL CANÓDROMO SERÁN ENVIADAS A LA JUSTICIA
Una ”operación especulativa” responsabilidad de Soria

La “soberbia habitual” y la “política de hechos consumados” de los gobiernos municipales del PP han derivado en indemnizaciones millonarias en materia urbanística.

El único nombre propio que aparece escrito en las conclusiones de la comisión especial de investigación sobre el Canódromo es el de José Manuel Soria. A él se le atribuye la responsabilidad política de esta “operación especulativa” en la que “el principal beneficiario fue la empresa intermediaria”, Improcansa, precisamente la misma que está en el origen de la polémica de Lifeblood, la mercantil que ha ganado el polémico concurso de hemodiálisis en octubre pasado.

“La permuta usada fraudulentamente permite a un particular acceder a la titularidad de parcelas municipales que de otra manera debían ser sometidas a subasta pública y elevar su precio en virtud de la demanda del mercado, a cambio de otra parcela que el Ayuntamiento tenga la obligación de expropiar”, señala entre las primeras conclusiones la comisión de investigación.
Improcansa compró la parcela del canódromo sabiendo que tenía atribuido por el Plan General en vigor (1989) un destino dotacional deportivo y de espacios libres, “es decir, que no es edificable y está sujeta a expropiación por parte del Ayuntamiento”, resalta el informe final. De ahí que se destaque “la intención especulativa de este particular ya que una vez logrado el carácter definitivo del convenio de permita, no dude en proceder a la venta de las tres parcelas obtenidas, lo que evidencia que nunca tuvo intención de promover la edificación en ninguna de ellas”.
Tras resaltar que la permuta de parcelas de mutuo acuerdo “no resulta la más conveniente en la defensa del patrimonio municipal”, los redactores de las conclusiones atribuyen “esta mala práctica urbanística” a “los gobiernos municipales del Partido Popular presididos por José Manuel Soria”, que aceptaba que las plusvalías de estas operaciones “se las llevara el operador”.
En la conclusión sexta ya se apunta una de las posibles salidas administrativas a la operación del Canódromo: “De los informes técnicos municipales de valoración que se pronuncian sobre el valor de la parcela del Canódromo y la contraprestación a entregar a cambio de la misma, podría derivarse una sobrevaloración de la propiedad privada en claro detrimento del interés colectivo representado por esta Corporación, que los señalaría como el origen de la lesividad del convenio firmado”.
Tras acusar a los gobiernos municipales del PP de ejercer “una política de hechos consumados” con una actitud de “soberbia habitual”, las conclusiones recuerdan que en la tramitación del Canódromo no se atendieron los reparos de los colectivos ciudadanos ni de otra administraciones, lo que “ha avocado a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria a afrontar el coste económico de sus desacertadas decisiones”.
La comisión de investigación recomienda el encargo de un informe-valoración a un experto especialista ajeno al Ayuntamiento que aclare las valoraciones que hicieron los técnicos municipales para propiciar este pelotazo.
De confirmarse “en el informe técnico requerido las posibles irregularidades antes mencionadas” se propone la apertura de expedientes informativos a los funcionarios que hayan incurrido en responsabilidades.
La última conclusión de la comisión de investigación, la señalada con el número 13, establece que tanto estas conclusiones como la documentación que se ha manejado en este procedimiento se remitan a los tribunales “con procesos abiertos relativos a este asunto”, es decir, a la jurisdicción contencioso-administrativa y a la jurisdicción penal.

Canarias / Gran Canaria /
26/11/2010 (11:42 h.)
LPGC/PASCUAL MOTA PACTÓ SU COMPRA POR 1,5 MILLONES
”Mis negociaciones por el Canódromo estaban avanzadas”
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. – CANARIAS AHORA
El precio de la operación era de 1,5 milones, cuando finalmente se vendió por 5,5. Soria ordenó a su entonces edil de Deportes que se apartara.

Pascual Mota, concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria bajo el mandato de José Manuel Soria, ha asegurado este jueves que las negociaciones que mantenía en 1998 con la familia del abogado José Díaz Sosa para la compra por 1,5 millones de euros de los terrenos donde se ubicaba el Canódromo, estaban “bastante avanzadas” cuando el entonces alcalde le ordenó que se apartara y que delegara el caso en Jorge Rodríguez, en ese momento concejal de Urbanismo, “que es el que entendía de esas cosas”.

Mota declaró en el programa El Correíllo, de CANARIAS AHORA RADIO, que las negociaciones para la compra por un precio tres veces inferior al que finalmente se pagó estaban “en el buen camino” e, incluso, había acordado con el abogado la permuta de terrenos municipales.

El ex edil del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria explicó que el proyecto para construir una pista de atletismo y otras infraestructuras polivalentes en esos terrenos partió de las “deficiencias” que apreció en la zona de Schamann- Escaleritas en cuanto a instalaciones deportivas cuando accedío a la concejalía.

“Lo que se ha hecho en el Canódromo es una aberración, no sé por qué se ha construido en un terreno de calificación deportiva”, manifestó Mota. “No sé lo que ha pasado ni me interesa, pero en política hay gente que no tiene narices para salir a trabajar a la calle. Prefiere un sueldo seguro y una propina”, añadió el ex concejal, para concluir que a Jorge Rodríguez “lo conocen todos”.

Pascual Mota recordó que, en sus tiempos en el consistorio capitalino, le llamaban “la voz sin filtro” y pertenecía a la denominada “banda de los cuatro” por su oposición, entre otros asuntos, al Plan General o al edificio Woermann.

Opinion
/ 16/03/2012 (11:51 h.)
MOJO CON MORERA
Cardona contra las cuerdas
RAFAEL GONZÁLEZ MORERA

Tengo que ser honesto y decirles que soy amigo de Juan José Cardona, y por eso trataré de ser moderado, aunque a veces otros amigos me dicen que eso de ser moderado es injusto, teniendo en cuenta cómo se las gastan los colegas de la prensa cavernícola de derecha y extrema derecha, que hay un montón que todavía te dicen que Franco tuvo que haber matado a más rojos, y que abramos el ojo que puede llegar un segundo tiempo de fosas y pozos. De todos modos, y como no viene al caso estas referencias a la guerra incivil, seré moderado con Juanjo Cardona.

En primer lugar no voy a ser extenso en el caso “Canódromo”, porque ya mis compañeros lo han tratado con todo lujo de detalles, y hoy mismo pueden leer más informaciones enjundiosas sobre el asunto/trasunto, y siento que ahora el primer actor de este teatro sea el alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto a los entresijos de la operación simplemente recordarles que el trasiego de aquí para allá supuso un pelotazo de nueve millones de euros contantes y sonantes para la empresa Improcansa. La conexión de Improcansa con Lifeblood, empresa de otra maniobra tenebrosa con el concurso de hemodiálisis en la etapa en la que estaba Mercedes Roldós de consejera de Sanidad, es ya bien conocida, y también es sabido la relación del empresario Francisco Javier Jorcano Otero con su suegro Eduardo Fernández Alvarez, que con su empresa Urbacan sitió al Canódromo por todos los costados, y contó con la inestimable ayuda del abogado valenciano Ramón Cerdá Sanjúan, experto en sociedades opacas y urgentes, muy vinculado a casos de corrupción en Valencia, Baleares y Madrid, que todavía continúan investigándose. En todo este embrollo, y en el inicio del caso “Canódromo” era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Soria López, actualmente ministro del Petroleo.

Pero partiendo de la presunción de inocencia de Juan José Cardona, cómo no podía ser de otra manera, una vez más estamos cayendo en una vergonzosa imagen que existe en España, y que no se practica el verbo dimitir por sospechas de graves errores políticos. Para no ponerles demasiados ejemplos del pasado ocurridos en países más democráticos y civilizados que España, y que asumo que mis amables lectores conocen perfectamente, me referiré a uno reciente, la dimisión del presidente de la República Federal de Alemania, Christian Wulff, que ha sido acusado de corrupción y tráfico de influencias, pero que todavía no ha sido ni juzgado. De todos modos herr Wulff no tardó ni veinticuatro horas en salir con su esposa a dar una conferencia de prensa para anunciar su dimisión “por el bien de la República”. Las acusaciones se basan en haber aceptado unas vacaciones gratis total pagadas por el magnate alemán, David Groenewold, en la lujosa y exclusiva isla de Sylt, después de que Wulff, siendo presidente del Estado de Baja Sajonia, le concediera a su amigo multimillonario un millón de euros a fondo perdido, y también recibió el ya expresidente alemán un regalo de medio millón de euros de empresarios alemanes para comprar un chalet de lujo también siendo presidente del estado de Baja Sajonia.

Por estas invitaciones de millonarios a políticos, me acuerdo del viaje de Soria a Noruega con Byörg Lyng, y no precisamente para hacer un estudio del petróleo noruego, y a qué profundidad hay que perforar en el mar para sacarlo a los buques tanques, que en este caso se fue Soria con Lyng a pescar salmones con las camas de Anfi Tauro por medio, pero ahora el ministro del Petróleo quizá aprovechó bien el tiempo en Noruega, y sabe más del crudo que los técnicos de Repsol, y Cardona a estas alturas corriendo con los galgos en el Canódromo. Qué país, y qué paisanos.

Canarias / Gran Canaria /
15/03/2012 (22:20 h.)
DECLARA AL JUEZ NO HABER NEGOCIADO LAS CONDICIONES DEL CONVENIO CON URBACAN
Cardona descarga en los técnicos las decisiones del Canódromo
Canarias / Gran Canaria /

15/03/2012 (00:09 h.)
CASO CANÓDROMO / MARATONIANA DECLARACIÓN POR EL CONVENIO URBANÍSTICO DE 2002
El juez imputa a Cardona prevaricación y malversación de fondos públicos
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. – ACN

El alcalde de LPGC asegura haber dado “suficientes explicaciones” para demostrar su inocencia.

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, ha imputado al actual alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por su actuación en el denominado caso Canódromo.

Tras declarar ante Martín, el fiscal del caso, la acusación particular y su propio abogado desde las 09:30 hasta las 23:00 horas, Cardona ha explicado a los periodistas que ha aportado pruebas para demostrar que no hubo ilegalidad alguna en su actuación y que si tuviese que obrar otra vez al respecto habría actuado del mismo modo.

Cardona ha insistido en que ha dado respuestas “suficientemente esclarecedoras” para demostrar su inocencia y que “detrás de esta acusación no hay sino el interés del daño político”, por lo que dijo quedarse “tranquilo”.

El juez Martín investiga las presuntas irregularidades denunciadas por la asociación vecinal Avecalta de Schamann respecto al acuerdo urbanístico firmado en 2002 entre el propio Cardona, que era entonces concejal de Urbanismo en el gobierno municipal de José Manuel Soria, y la promotora Inprocansa.

La operación supuso la permuta de suelo municipal urbanizable en Almatriche, Las Torres y la esquina de Obispo Romo a cambio de la parcela del antiguo Canódromo para zona de parque y ocio. Días después Inprocansa vendía esta última parcela a Realia para la construcción de dos torres de viviendas. Esta nueva operación supuso unos beneficios netos de nueve millones de euros para Inprocansa.

La comparecencia de Cardona se produjo después de que el juez Martín decidiera contestar al recurso del ahora alcalde, en el que reclama que se le aclaren los motivos por los que debe declarar, justo después de la declaración de este miércoles.

“Declaración exhaustiva”

Cardona calificó su declaración como “exhaustiva”, al igual que la intención del juez y el Ministerio Fiscal en “querer conocer toda la tramitación del procedimiento”, y dijo esperar “haber dado cumplida satisfacción y respuestas al interés mostrado”. Definió el desarrollo de la jornada como “correcto o exquisito, en las preguntas y en las respuestas”.

Se refirió al elevado número de preguntas técnicas y dijo haberse encontrado con personas que “tenían un profundo conocimiento del procedimiento y las preguntas han estado a la altura de la complejidad de un procedimiento que lleva ya 10 años”.

Insistió en que la Hacienda municipal no se vio “en absoluto” perjudicada con la operación. A pesar de que reconoció que el juez no realizó muchas preguntas sobre la Comisión de Investigación municipal, que según recordó, señala que “los técnicos municipales habían valorado de una manera excesiva o al alza la parcela del Canódromo, para lo que se dijo que se había utilizado un criterio excepcional”, señaló que “yo sí me he referido a ella”.

Aseguró que “he puesto sobre la mesas centenares de informes técnicos” que demuestran que el informe esgrimido por Avecalta para interponer el recurso contencioso administrativo contra el convenio urbanístico, “es radicalmente falso y creo que ha quedado acreditado”.

El alcalde reivindica que “el objetivo perseguido por quienes instigaron la Comisión de Investigación que era dañarme políticamente y dotar a los denunciantes de una prueba pericial”. “Tengo el absoluto convencimiento de que con mi declaración de hoy, ha quedado absolutamente desmontadas, desautorizadas y desacreditadas las injurias y falsedades y la gravedad de las acusaciones vertidas por los miembros de esa Comisión de Investigación”, apostilló.

En referencia a los “instigadores”, Cardona señaló a la oposición en el Ayuntamiento, aunque no adelantó si iniciará acciones legales al respecto y se limitó a decir que “esperaré a lo que juez decida y con posterioridad tomaremos la decisión”.

El abogado de la acusación particular, Domingo Alonso, ya había adelantado durante la jornada que no iba a realizar ningún tipo de valoración ni manifestaciones por respeto a la investigación abierta.

El alcalde de LPGC asegura que José Setién y Juan Miguel Cerpa actuaron con “brillantez”.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, se dejó guiar plenamente por los técnicos municipales responsables de la Concejalía de Urbanismo que ostentaba hace diez años, para finalmente firmar el polémico convenio urbanístico que ha dado pie al denominado caso Canódromo.

Las referencias del alcalde popular a los técnicos de Planeamiento y Urbanismo, incluidos los nombres y apellidos de quien era coordinador de Urbanismo, José Setién, y del jefe del Servicio de Planeamiento, Juan Miguel Cerpa, jalonan de cabo a rabo la declaración de Cardona ante el juez instructor del caso, a raíz de la comparecencia de más de trece horas que mantuvo el miércoles en calidad de imputado por prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

A lo largo de su declaración, Cardona mantuvo ante el magistrado Tomás Martín no haber tomado parte ni en las negociaciones previas con el propietario de los terrenos del Canódromo y también imputado, Eduardo Fernández, ni tampoco en las valoraciones del suelo llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y ni siquiera en la tramitación final del Plan General municipal que dio cobertura a introducir el uso residencial en la parcela de las torres construidas en Schamann.

Todas estas decisiones las tomaron “con brillantez” los técnicos de Urbanismo bajo las órdenes de Setién, en busca de pactar un presunto “equilibrio” entre lo dado [tres parcelas] y lo recibido [el parque del Canódromo] en la permuta bajo sospecha de atentar contra el interés general y favorecer al propietario de los terrenos, con quien el actual alcalde no se tomó “ni un café”. Eduardo Fernández también dijo en su declaración de este jueves haber conocido a Cardona en el acto de la firma del convenio.

Cardona descargó así en los técnicos del Ayuntamiento toda la responsabilidad de las decisiones tomadas en el convenio urbanístico de abril de 2002 que lleva su firma, manteniendo ante el magistrado y el fiscal de Medio Ambiente, Javier Ródenas, que el informe pericial encargado por la comisión municipal de investigación durante el anterior mandato está “lleno de falsedades” y “errores del perito” al que relacionó con el PSOE.

El actual alcalde de la capital grancanaria defendió también la tesis de que el barrio de Schamann donde se permitió construir las torres a Realia, compradora días después del terreno en el Canódromo recibido en la permuta por Urbacan, de Eduardo Fernández, no se encontraba técnicamente en una zona de edificabilidad agotada, como sostiene el informe pericial de la Universidad Politécnica de Barcelona.

Cardona reiteró ante el juez no haber intervenido en las negociaciones de los técnicos municipales. “A mí solo me interesaba cumplir un convenio y los propietarios de la parcela del Canódromo fueron compensados, en dónde y en qué lugar dependia de los técnicos”, aseguró en sede judicial. Es más, su único objetivo era “conseguir un parque para Schamann”, encargo alcanzado con la firma del convenio.

El alcalde, sin embargo, no quiso entrar a valorar varias preguntas tanto del juez como del fiscal que entendía de carácter muy técnico, pero sí que manifestó no sorprenderle el incremento de valor de las parcelas permutas a Eduardo Fernández en apenas meses, una de ellas en cuatro millones de euros y la otra, en 4,5 millones de euros. “Era la realidad del mercado de la época”, aseguró Cardona.

En ningún momento el alcalde de LPGC asumió decisiones de tipo técnico -valoración del suelo, coste de la operación de permuta- para obtener los terrenos del Canódromo, hasta el punto de responder al abogado de la asociación Avecalta que nunca marcó directrices mínimas en las negociaciones al equipo de funcionarios de José Setién. “La directriz la marca el objetivo político de conseguir para la ciudad un espacio libre, pero los técnicos tenían autonomía para conseguir ese acuerdo”, dijo.

Ese ese acuerdo precisamente, firmado por Juan José Cardona y Eduardo Fernández en abril de 2002, parte de los hechos de los que se derivan indicios racionales de criminalidad, como informó el magistrado al alcalde nada más comenzar su declaración.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria intenta aclarar, además, si la modificación del Plan General dándole uso residencial a la parcela del Canódromo y la tasación del suelo para concretar la permuta con la edificacabilidad en la esquina del parque y otros dos solares en Las Torres y Almatriche serían causa de delito.

Canarias / Gran Canaria /
16/03/2012 (09:40 h.)
SEGÚN MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ
”Las imputaciones demuestran que Avecalta tenía razón”
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. – CANARIAS AHORA

La presidenta de la asociación vecinal cree que se confirma que los indicios de irregularidades con el Canódromo “son muy importantes”.

María de los Ángeles Sánchez, presidenta de la asociación vecinal Avecalta, dijo con respecto al caso Canódromo que tiene una sensación agridulce. Porque, si bien en su opinión ha quedado claro que Avecalta “tenía razón en su queja ante los tribunales por el escándalo de las torres”, entiende que a ningún vecino le agrada tener que recurrir a la Justicia para dirimir los desencuentros entre lo que la administración determina que hay que hacer y lo que los ciudadanos entienden que debería hacerse para garantizar la calidad de vida.

La portavoz vecinal valoró de este modo en el programa La Trapera de Radio San Borondón la declaración maratoniana este miércoles de Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, ante los tribunales de Justicia como imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos en su época de concejal de Urbanismo. Según María de los Ángeles Sánchez, resulta satisfactorio para los vecinos que haya quedado claro que “son muy importantes” los indicios de las irregularidades denunciadas en su momento por la asociación.

La presidenta de Avecalta insiste en que a este punto se llega “no por capricho de los vecinos”, sino porque siendo concejal de Urbanismo Cardona “no hizo bien las cosas” y en lugar de dotar a la zona con equipamientos “totalmente imprescindibles para los ciudadanos y para el barrio” (como zonas deportivas, bibliotecas y espacios de reunión) se otorgaron permisos “para muchas viviendas de alto standing, siendo por tanto un convenio totalmente perjudicial para la ciudad y beneficioso para la adjudicataria”.

Canarias / Gran Canaria /
16/03/2012 (18:51 h.)
DECLARACIÓN DE EDUARDO FERNÁNDEZ ANTE EL JUEZ DEL CASO
La permuta del Canódromo se cerró sin ”contacto político”
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. – ALEXIS GONZÁLEZ
El propietario de Inprocansa asegura al juez haber llevado las negociaciones exclusivamente con el equipo técnico de José Setién.

Eduardo Fernández, empresario beneficiado en 2002 con la operación de compraventa de los terrenos del Canódromo en nueve millones de euros, nunca tuvo contactos con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria de entonces, José Manuel Soria, o su concejal de Urbanismo, Juan José Cardona, a la hora de negociar las condiciones de la permuta entre su mercantil, Urbacan, y el Consistorio.

Fernández, propietario de la inmobiliaria Inprocansa, matriz de Urbacan, declaró ante el juez del caso que mantiene imputado al actual alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, que el único contacto político fue precisamente con el entonces concejal de Urbanismo, pero solo en el momento de acudir a rubricar con sus firmas el polémico convenio urbanístico, hace ahora diez años.

En una comparecencia menos extensa que la mantenida el día anterior por el alcalde, Fernández Álvarez también nombró en sede judicial al coordinador de Urbanismo, José Setién, el jefe del Servicio de Planeamiento, Juan Miguel Cerpa, y el funcionario García Carrillo, como sus interlocutores en las reuniones previas para negociar las condiciones de la operación, ejecutada finalmente como permuta con unas tasaciones a favor de la mercantil cuestionadas por su excesivo valor.

A preguntas del ministerio fiscal, el promotor inmobiliario no aclaró si en esas reuniones los técnicos municipales le indicaban si tenían el beneplácito de Juan José Cardona, sino que el equipo de Setién se limitaba a decirle el “interés político en conseguir esa parcela”. Nunca le manifestaron, dijo, los contactos que los funcionarios encargados de la negociación durante dos años, entre 2000 y 2002, mantuvieran con el concejal de Urbanismo.

Eduardo Fernández también indicó en su declaración judicial que cuando se dirigió por primera vez al Ayuntamiento para tratar sobre la adquisición de los terrenos del Canódromo, en 1999, no era todavía propietario de los mismos y simplemente contaba con una opción de compra pactada con la antigua dueña. Negó entonces que el cambio de calificación del suelo a residencial fuera condicionante para ejecutar la compra de los terrenos a los antiguos propietarios, con quien constituyó, al 50%, Urbacan para realizar la operación.

A pesar de referirse a la opción de compra de los terrenos que había pactado previamente con la propietaria, Fernández no conserva el documento que mantiene haber firmado el 5 de noviembre de 1999, pero que en el mismo se recoge la primera propuesta realizada al Ayuntamiento para permutar el Canódromo, cuando Urbacan era al 50% del empresario imputado y de la antigua propietaria, María Flores Díaz Pulido. Posteriormente, Fernández adquirió el 100% de la empresa.

El empresario reconoció que fueron los técnicos quienes le propusieron modificar su primera propuesta de convenio, pero que para ello era necesario cambiar el Plan General de Ordenación de la ciudad, como así se hizo para incrementar la edificabilidad de la zona al convertir el suelo en residencial. Fernández negó que exigiera como garantía de la operación la modificación de la ordenanza para permitir construir viviendas en la parcela.

Fernández explicó que la venta de los terrenos a Realia se produjo en documento privado el 26 de abril de 2001 -once meses y un día después de la firma del primer convenio con el Ayuntamiento, modificado al final en el definitivo de abril de 2002- y se hizo en función del contenido del primer convenio por un valor de siete millones de euros, un precio inferior al que figura en el documento de compraventa por no existir edificabilidad comercial.

Sin embargo, Realia exigió a Eduardo Fernández que siguiera él con las negociaciones con el Ayuntamiento para culminar el convenio urbanístico, en el que al final se incluyen las parcelas de Allmatriche y de Las Torres. En las negociaciones posteriores hubo muchos más cambios de condiciones hasta la firma final del convenio urbanístico en 2002.

El empresario aseguró que la operación por la que percibe un beneficio de nueve millones de euros no fue tan beneficiosa porque tuvo que invertir unos tres millones de euros y pagar una serie de gastos, aparte del tiempo transcurrido desde 1999.

Canarias /
19/03/2012 (21:00 h.)
CASO CANÓDROMO / PACTÓ CON LOS PROPIETARIOS PERMUTAR POR SOLO 1,5 MILLONES DE EUROS
Pascual Mota se extraña de que no le llame el juez como testigo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. – ALEXIS GONZÁLEZ

“Mire, ahora dirán en el Ayuntamiento ¿qué andará buscando este? Y yo no busco nada, solo contar lo que yo viví con el Canódromo. Son otros los que encuentran cosas raras”. Al otro lado del hilo telefónico se explaya con toda la vitalidad de sus 79 años Pascual Mota, exconcejal de Las Palmas de Gran Canaria por el tercio díscolo del PP -en realidad eran cuatro, la banda de los cuatro: Julio Aldaz, Rafael Viñes, Tino Montenegro y él- durante el primer mandato de José Manuel Soria en la Alcaldía.

Ya en noviembre de 2010 el concejal de Deportes (1995-1999) de la capital explicó cómo había llegado en 1998 a un primer principio de acuerdo con los dueños de los terrenos del Canódromo por “250 millones de pesetas” -un millón y medio de euros, cantidad tres veces menor de la permutada en 2002- y este lunes desempolvó otra vez su memoria.

“A mí, lo que me extraña mucho, es que el juez no me haya llamado a declarar, porque yo todo eso lo viví de primera mano”, confiesa a este periódico Mota. “A lo mejor el juez no lo ve necesario, pero me extraña y no quiero hacer suposiciones gratuitas por mi parte”, dijo.

Lo cierto es que Pascual Mota, en busca de dotaciones deportivas para Ciudad Alta, abrió las negociaciones con el abogado Díaz Sosa y cuando este puso encima de la mesa una oferta de 1,5 millones de euros “le dije claramente que el Ayuntamiento no tenía dinero, que en todo caso podríamos compensarle con otros terrenos municipales, y yo le presionaba con que ahí no iba a poder construir nada porque eran terrenos deportivos”.

Mota, tras revivir de nuevo el caso por las imputaciones al actual alcalde, Juan José Cardona, y el empresario beneficiado por la operación final, Eduardo Fernández, repite con vehemencia: “Yo cuando miraba el Canódromo lo que veía era una pista de atletismo y por eso me empeñé en negociar tanto. Otros vieron otras cosas y al final no se ha hecho nada de nada sino que se ha montado un buen follón”, aclara. Y lógicamente, su empeño dio sus frutos, aunque no los deseados por el exconcejal de Deportes.

Las negociaciones de Mota avanzaron tanto que incluso los 250 millones de pesetas fueron previstos en los presupuestos municipales del año siguiente. “Eso está escrito, porque todos esos datos con los precios están recogidos en actas y hasta en libros encuadernados que me regalaron mis secretarias cuando me fui, mejor dicho, me echaron del Ayuntamiento”.

Fueron “dos, tres o cuatro meses” de negociaciones entre Mota y Díaz Sosa, hasta que, de madura la opción de permutar por la imposibilidad de edificar en el Canódromo, el propietario se avino a realizar la operación final con el Ayuntamiento.

Fue entonces cuando José Manuel Soria dejó a Mota fuera de juego. “Cuando le conté al alcalde que el propietario quería hacer una permuta soltó la célebre frase: ¡Estupendo, Pascual! Pero como tú de esto no sabes mucho, mejor deja a Jorge Rodríguez…”. Mota remata: “Y así se lo pasé al hombre estupendo y transparente que es Jorge Rodríguez. Desde entonces no supe absolutamente más nada”.

Jorge Alberto Rodríguez Pérez, por entonces concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, tuvo que dimitir de su cargo meses antes de las elecciones de mayo de 1999 por haber beneficiado desde el Ayuntamiento a la empresa de una amiga íntima. El actual alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, asumió la cartera de Rodríguez desde febrero y también en el siguiente mandato (1999-2003) en el que se cierra la sospechosa permuta.

Antes de despedirse, Mota termina con una reflexión: “Ese mundo no era para mí, soy una persona con estómago. Vitalista, de 79 años, que va en moto, pero con estómago”.

Canarias / Gran Canaria /

21/03/2012 (22:30 h.)
EL JUEZ CITA A DECLARAR EN ABRIL AL EXVICECONSEJERO FERNANDO GONZÁLEZ
La investigación del Canódromo salta al Gobierno de CC-PP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. – ALEXIS GONZÁLEZ

Requiere del Ejecutivo la resolución de Ordenación Territorial por la que se interesaba en 2004 impugnar el Plan Especial –  La exconsejera de Presidencia María Australia Navarro (PP) obvió la orden de su socio.

Hay caso Canódromo para rato. El magistrado Tomás Martín ha dictado un auto en el cual cita a declarar en calidad de testigo al exviceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias Fernando González, junto a otros exconcejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y las expropietarias de los terrenos.

González Santana, histórico dirigente de CC, dictó en 2004 una resolución desvelada en 2009 por este periódico en la cual se instaba a la Consejería de Presidencia y Justicia de su Ejecutivo a impugnar el acuerdo plenario de LPGC que aprobó el Plan Especial del Canódromo. La consejera era la actual presidenta del PP de Gran Canaria, Australia Navarro. Y su departamento hizo caso omiso hasta agotar los plazos. En LPGC gobernaba la actual senadora del PP Pepa Luzardo.

A la luz de los requerimientos efectuados este miércoles, el magistrado quiere indagar a fondo el papel jugado por el Gobierno de Canarias, durante el pacto CC-PP 2003-2005, en la tramitación del Plan Parcial del Canódromo. Entre la veintena de requerimientos dictados por el juez al Ejecutivo regional y al Ayuntamiento capitalino figura el expediente completo que dio pie a la resolución firmada por González.

La misma, de fecha 7 de abril de 2004, interesaba la impugnación del Plan Parcial por diversos defectos detectados en Ordenación del Territorio. Como ya informara en 2009 CANARIASAHORA, estos defectos se centraban en la modificación del uso del suelo que hizo el Partido Popular, la ausencia de informes del Consejo Insular de Aguas que debían avalar la necesidad de trazar un túnel de drenaje para el barranco o el incumplimiento de la directriz general en cuanto a prevención de riesgos.

Ordenación Territorial remitió la resolución a la Viceconsejería de Administración Pública dirigida entonces por Francisca Sarmiento, persona de confianza de María Australia Navarro, que pocos días antes había relevado Fernando A. Martín-Mönkemöller, concejal del PP en el Ayuntamiento entre 2001 y 2003, en pleno gestación del convenio urbanístico por el que ha sido imputado el actual alcalde de LPGC.

Sarmiento debía haber puesto el caso en manos de los tribunales, o bien haber emitido un informe contradictorio que justificara la no actuación del Ejecutivo canario como medida para no incurrir en un posible delito de “prevaricación por omisión”. La Viceconsejería de Administración Pública quedó en silencio y no hizo ninguna de las dos cosas.

Alduán, Chesa, García Carló, las expropietarias y abundante documentación

Fernando González no es el único testigo citado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria para abrir otro capítulo del caso. El mismo jueves 12 de abril que debe acudir a declarar en Granadera Canaria han sido también llamados los exconcejales de LPGC Marino Alduán y Rosario Chesa, las expropietarias de los terrenos Pilar Gallego Moreno y María de las Flores Díaz Pulido, el arquitecto José Bernárdez Montero y la exdirectora general de Urbanismo de LPGC Toni García Carló.

Sin embargo, el juez entiende que aún no ha llegado el momento de citar en calidad de imputados a dos de los cuatro técnicos municipales partícipes del convenio urbanístico, Sergio Monche y Miguel Hernández, ni tampoco, como testigo, al redactor del informe pericial encargado por la comisión de investigación municipal del anterior mandato, Jordi Dualis, “a expensas del resultado de las pruebas que ahora se acuerdan”.

Estas son, además de las testificales, la abundante documentación requerida al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, prácticamente desde el origen del polémico caso. El juez quiere estudiar el expediente del avance del Plan General desde el acuerdo plenario de 16 de octubre de 1997 y los estudios preparatorios -“si los hubiera”- desde 1995, incluídos informes técnicos y juridicos, así como el informe del letrado asesor de Urbanismo de fecha 3 de octubre de 1997.

LPGC deberá remitir también al juzgado los expedientes de aprobación provisional del PGOM sometido a pleno el 28 de abril de 2000 con la correspondiente acta del pleno, y el denominado “fe de erratas” de 29 de septiembre de 2000, así como copia del Decreto 17724 del alcalde José Manuel Soria, de 27 de noviembre de 2000 y de la norma “a la que sustituía, ampliaba o rectificaba”.

Del mismo modo, el juez reclama copia de todas las propuestas y solicitudes dirigidas al Ayuntamiento por los propietarios de los terrenos  desde 1995 -inicio del mandato del PP con José Manuel Soria al frente- hasta 2004 -ya con Pepa Luzardo de alcaldesa-, así como todos los informes técnicos y juridicos y de valoración de las fincas registrales permutadas por el ayuntamiento con la mercantil Urbacan, del empresario Eduardo Fernández.

La Cotmac debe verificar si la parcela estaba en suelo agotado

La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno canario también deberá aportar al juzgado, aparte de la resolución de Fernando González para impugnar el Plan Parcial  con su expediente completo, una serie de expedientes íntegros relacionados con el caso, como la Orden de 26 de diciembre de 2000 de aprobación definitiva de la revisión del Plan General, ponencias técnicas y acuerdos de la Cotmac respecto del Plan General capitalino o el expediente de otra orden de la consejería, de 30 de agosto de 2001.

Aparte, el encargo judicial más significativo tiene que ver directamente con la declaración de Juan José Cardona y su tesis de que la parcela del Canódromo no se encuentra dentro de un área de edificabilidad agotada, como sostienen los denunciantes de Avecalta y las propias conclusiones de la comisión de investigación. La Cotmac debe determinar, por orden del juez, si en 2000 y 2001 la parcela estaba inserta en “Zona A (suelo agotado)”.

Del mismo modo, el auto fechado el 20 de marzo incluye dos requerimientos más a la Comisión de Valoraciones del Gobierno de Canarias para que realice una tasación propia de las parcelas sujetas al convenio urbanístico de 2002, pero con valores de noviembre de 2001, y de convenio inicial de 2000, con valores de mayo de aquel año en que se comenzó a negociar la permuta bajo sospecha.

Canarias / Gran Canaria /

22/10/2009 (23:28 h.)
EL ‘PLAN PERFECTO’ DEL PP, AL DESCUBIERTO
María Australia Navarro esquivó la impugnación del Plan Especial del Canódromo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. – TXEMA SANTANA

María Australia Navarro, como consejera de Presidencia y Justicia en 2004, obvió una resolución que ordenaba impugnar el Plan del Canódromo.

La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias ocultó en 2004 una resolución de la Consejería de Política Territorial que solicitaba “la impugnación jurisdiccional” del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que aprobó el Plan Especial del Canódromo.

Aparentemente, se trata de una actitud contradictoria por parte del Gobierno de Canarias, sin embargo comprensible si se ponen nombres y apellidos a los responsables. El citado acuerdo plenario lo aprobó el Partido Popular con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, regía la Corporación capitalina Josefa Luzardo. Presidencia y Justicia estaba dirigida, por entonces, por María Australia Navarro.

La sentencia del TSJC publicada esta semana que anula las licencias de obra, en base a que el plan ya había sido anulado, menciona las modificaciones en la clasificación y calificación del suelo que llevaron a cabo las corporaciones del PP de José Manuel Soria y Josefa Luzardo.

La resolución de Política Territorial la firmó el viceconsejero de Ordenación, Fernando González. Éste etectó defectos en la modificación del uso del suelo que hizo el Partido Popular. Evidenció la ausencia de informes del Consejo Insular de Aguas que debía avalar la necesidad de trazar un túnel de drenaje para el barranco. También solicitaba la impugnación por el incumplimiento de la directriz general en cuanto a prevención de riesgos. El PP hizo caso omiso y siguió adelante con el plan que había iniciado su presidente regional cuando ocupaba la Alcaldía.

La resolución fue remitida el 7 de abril de 2004 a la Viceconsejería de Administración Pública dirigida entonces por Francisca Sarmiento, persona de confianza de María Australia Navarro, si bien hasta pocos días antes la había comandado Fernando A. Martín-Mönkemöller, concejal del PP en el Ayuntamiento entre 2001 y 2003, en pleno proceso de tramitación del convenio con Urbacán y del Plan Especial del Canódromo.

Según los letrados consultados, Francisca Sarmiento debía haber puesto el caso en manos de los tribunales, o bien haber emitido un informe contradictorio que justificara la no actuación del Ejecutivo canario como medida para no incurrir en un posible delito de “prevaricación por omisión”.

El silencio como respuesta

La Viceconsejería de Administración Pública quedó en silencio y no hizo ninguna de las dos cosas. No deja de ser subrayable que una Consejería del Gobierno de Canarias en manos del PP decidiera desatender una resolución que podía llevar a sus compañeros de la capital grancanaria a los tribunales.

Pero, además, esta contradictoria actitud del Ejecutivo regional adquiere tintes más preocupantes si se tiene en cuenta que, no sólo no se recurrió el Plan del Canódromo como recomendaba Ordenación Territorial, sino que, cuando los vecinos de la zona, abanderados por la asociación Avecalta, impugnaron ante los tribunales el Plan Especial del Canódromo y, en consecuencia, el PGO de 2000 y su modificación de 2005, el Gobierno de Canarias se presentó voluntariamente como parte demandada en contra del recurso de los vecinos.

La clave de la cuestión, según apuntaba ya el TSJC en su sentencia, está en determinar si, en el convenio urbanístico suscrito entre el Gobierno municipal de Soria y la inmobiliaria, “los beneficios obtenidos por el promotor superan con creces el estándar o límite constituido por ‘la búsqueda de la mejor ordenación posible en aras del interés general”. Esto es, contestar a dos preguntas: ¿Qué beneficio obtuvo la promotora del convenio urbanístico? Y, ¿qué beneficio obtuvo la ciudad? Para posteriormente ponderar ambos parámetros.

De momento, conocido es que la empresa Urbacán se hizo con, al menos, nueve millones de euros limpios tras la operación. Mientras, la ciudad obtuvo una pequeña biblioteca y un parque urbano, construido sobre los terrenos del antiguo Canódromo y en el que la inconsistencia del suelo se ha ido manifestando en forma de baches e irregularidades desde su construcción.

Canarias / Gran Canaria /

22/03/2012 (17:30 h.)
EL SUPREMO ORDENÓ AL TSJC REVISAR LA ANULACIÓN DEL PLAN PARCIAL
El pleno de lo Contencioso asume el ‘caso Canódromo’

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. – ALEXIS GONZÁLEZ

Señala el 17 de abril como día para la deliberación, votación y fallo de todos los magistrados de la Sala.

erá el pleno de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) quien dicte una nueva sentencia sobre el caso Canódromo, de nuevo en primera línea de la actualidad también por la reapertura de la investigación por la vía penal.

La Sección Segunda ha admitido la petición de la representación legal de Avecalta, asociación de vecinos denunciante, de que sean todos los magistrados los que tomen parte de la deliberación, votación y fallo ordenada por el Tribunal Supremo al TSJC contra su sentencia de 2008 que anulaba el Plan Parcial e indirectamente los planes generales de 2000 y 2005 que daban cobertura legal a la construcción de las dos torres ahora paralizadas.

Avecalta solicitó a la Sección Segunda el 7 de marzo pasado la convocatoria de todo el plenario, al haber cambiado aquella de magistrados con respecto a los que dictaron la sentencia de 2008, y con el fin de evitar que en un nuevo fallo con jueces recién incorporados las partes pudieran alegar indefensión. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se adhirió a su petición y tanto la constructora de las torres, Realia, como el Gobierno de Canarias, se negaron.

La motivación se debe a que tanto la ponente de 2008, Inmaculada Rodríguez Falcón, como el actual presidente de la Sala, César García Otero, han pasado a la Sección Primera, y de los magistrados que conocieron el caso hace cuatro años en la sentencia casada sólo queda en esa instancia la presidenta de la Sección Segunda, Cristina Páez Martínez Virel.

El TSJC se limitó a informar este jueves de que la Sala señala el 17 de abril como día de deliberación, votación y fallo de la nueva sentencia ordenada por el Tribunal Supremo, al considerar incongruente y sin motivación adecuada la sentencia de 2008 que anuló el Plan Parcial del Canódromo aprobado el 31 de octubre de 2003 durante el mandato de Pepa Luzardo (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Ese Plan Parcial todavía ilegal hasta el nuevo fallo del TSJC -el Supremo no entró en el fondo de la cuestión al ser jurisdicción regional, ni siquiera en la presunta desviación de poder de la exalcaldesa y ahora senadora determinada por el alto tribunal canario en 2008- fue el que dio cobertura al Ayuntamiento para conceder a Realia las licencias de obra de las dos torres del mar, a medio terminar desde que se les retirara las mismas a consecuencia de la sentencia ahora en revisión.

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