CASO LAS TERESITAS, CORRUPCIÓN DE TOMO Y LOMO (VIII)

20 diciembre, 2011 at 9:38 Deja un comentario

  • Según artículo escrito por  EDDC.NET en el Digital de Canarias el 19 de diciembre de 2011 bajo el título “La Policía halló en el registro del piso franco de los González Santiago pruebas de presuntos pagos en dinero negro a Manuel Barrios y a técnicos municipales de Arona. También le dieron mucho dinero ‘B’ a la Federación de Vecinos de Arona (FAV)”:

Ha pasado totalmente desapercibido, pero tras desvelarse el sumario del caso de Las Teresitas se ha podido comprobar que un escrito anónimo enviado al abogado Felipe Campos a cuenta de su presencia como acusación particular en la operación Edén contra la corrupción en el municipio de Arona, con unas graves acusaciones al ex edil de Urbanismo, Manuel Barrios y a varios técnicos municipales, a los que no se nombra pero que no hay que hacer mucho esfuerzo para saber quienes son, las cuales revelaban pagos de la familia de los González Santiago en dinero negro a lo largo de varios años, era totalmente cierto y por lo tanto de una extraña rotundidad, ya que su autor o autores, jamás se supo quienes eran, conocían muy de cerca estos hechos.

Pero retrocedamos en el tiempo. La Fiscalía Anticorrupción después de estudiar la denuncia presentada por Insula Viable, presenta la querella por el caso Las Teresitas y comienza a moverse toda la maquinaría policial y judicial contra políticos y empresarios de Santa Cruz. Año 2006, uno antes de las elecciones en las que moralmente ganaría Juan Fernando López Aguilar, aunque en el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz, Zerolo pierde la mayoría y tiene que pactar con Ángel Llanos. Ese año, Francisco Santamaría junto a José Antonio Reverón van preparando los materiales para articular la denuncia inicial del caso Arona, que daría igualmente mucho que hablar, al igual que el de Las Teresitas.

María Farnés, recibe dos informes policiales que recogen informaciones confidenciales que la motivan a pedir a la jueza del TSJC, Carla Bellini, ya que el alcalde de Santa Cruz es a su vez parlamentario regional, el secreto de las actuaciones y se le concede. La Fiscalía recibe además un anónimo en noviembre de 2006, muy preciso que dice lo siguiente: “todos los documentos y soportes informáticos así como contables relativos al proceso abierto, han sido trasladados de la sede social de Inversiones Las Teresitas SL en la calle de La Rosa a un piso ubicado en la calle Villalba Hervás”. Además se incluye esta información que sorprende, ya que nada tiene que ver con Las Teresitas, pero sí con Arona: “también encontrarán documentos que demostrarán pagos al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona y a técnicos del área de Urbanismo de la citada corporación local”.

Avanza la investigación policial y se da crédito a este anónimo. Mientras en el año 2007 y antes de las elecciones, Paco Santamaría da el paso y denuncia al grupo de gobierno nacionalista. Se admite a trámite la denuncia y la Fiscalía presenta querella. Se persona Felipe Campos en el procedimiento. Todo comienza a andar y se precipita. El alcalde y sus concejales declaran como imputados por asuntos administrativos o prevaricosos, pero nada de corrupciones o cohechos, que aunque andan por las calles y todo el mundo lo sabe, no pasa de eso, de rumores o de charlas de bar. José Alberto González Reverón está tranquilo, porque domina varias encuestas y porque sus amigos dentro del PSC y los empresarios le dicen que van a desactivar a Paco Santamaría.

Volvemos a Santa Cruz. 28 de abril de 2007. Los policías judiciales del G-7 siguen a un testaferro de la familia González Santiago y en medio de una película de espías, dan con el piso franco. Su registro y entrada provoca un terremoto entre la familia de los González, tanto el padre como sus hijos, donde comienzan a moverse amigos suyos y empleados antes esta villanía policial, algunos de los cuales son detenidos por la Policía, que les incauta todo tipo de documentación relacionada con el turbio asunto de Las Teresitas. En los mismos oficios policiales que hablan de este descubrimiento, se dan cuenta de importantes hallazgos sobre Zerolo y sobre las empresas de la familia y que en medio del operativo la familia desplazó al lugar tres abogados, Francisco de Asís Hernández García, Luz Marina Sosa Fernández y Juan Manuel Fernández del Torco, así como una de las hijas de Ignacio González Martín. Toda la ofensiva policial es un triunfo para la causa, porque se revienta el piso de seguridad de la familia y se halla un arsenal de documentación comprometedora, que revela muchas cosas, pero sin que todas aquellas cajas contuviesen las pruebas que llevaran a esas suculentas y millonarias comisiones supuestamente pagadas por el caso de Las Teresitas.

En Arona ocurre algo similar. La declaración de un valiente y de un hombre hecho a sí mismo y empresario castigado por la corrupción aronera, acompañada de pruebas demoledoras, lleva al juez decano a declarar secretas las actuaciones y a empezar a pinchar teléfonos y realizar numerosas averiguaciones patrimoniales. Y comienza el inmenso sumario del caso Edén, ya de todos conocidos. Y entre los afectados, están un aparejador municipal, Roberto de Luis, un arquitecto, Eliseo de la Rosa y el que fuera su jefe más cariñoso, Manuel Barrios. A todos les pinchan los teléfonos y a los dos técnicos les practican registros en sus viviendas y en sus oficinas.

Sin embargo en Santa Cruz y en relación al registro del piso franco, la Policía Nacional halla lo que se había puesto en el anónimo que hemos transcrito, lo que le da mucho valor a sus afirmaciones, que son veraces y que pueden señalar una característica de su autor o autores y es que están muy cercanos a la familia y a lo que ésta llevaba haciendo años.

La trama aronera hallada en el piso franco

Los agentes de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía o los G-7 encontraron una serie “de vales de caja emitidos por Vultesa a favor de Pedro Miguel González Santiago. En los mismos figuran distintas cantidades de dinero en efectivo junto a anotaciones de destino de dichos importes, apareciendo las siglas FAV y Arona (figurando en algunos de ellos: “Ayuntamiento de Arona”). Se desconoce el significado de las siglas FAV, que pudieran corresponderse a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Arona. La totalidad de los vales de caja analizados arrojan los siguientes datos:

Fecha: 7 de julio de 2004. 9.000 euros. Pagos FAV.
Fecha: 19 de agosto de 2004. 8.000 euros. Pagos FAV y Pagos Arona
Fecha: 15 de septiembre de 2004. 6.000 euros. Pagos C Leal. Sur.Arona.
Fecha: 21 de septiembre de 2004. 6.000 euros. Pagos Arona.
Fecha: 14 de octubre de 2004. 8.000 euros. Pagos FAV y Arona.
Fecha: 8 de noviembre de 2004. 2.600 euros. 2 sobres de 1.800 y 800. Pagos Arona.
Fecha: 23 de diciembre de 2004. 12.000 euros. Pagos Ayuntamiento, Arona y FAV.
Total: 51.600 euros.
Fecha: 11 de enero de 2005. 6.009 euros. Pagos Ayuntamiento de Arona.
Fecha: 24 de enero de 2005. 2.705 euros. Varios pagos Arona.
Fecha: 11 de febrero de 2005. 8.000 euros. Pago FAV (6.000). JL Martín (2.000)
Fecha: 16 de marzo de 2005. 2.800 euros. Pagos Arona.
Fecha: 13 de abril de 2005: 5.412 euros. 2 sobres con 1.954 euros.2 sobres con 752 euros. Pagos Arona.
Fecha: 21 de abril de 2005. 2.706 euros. 1 sobre con 752 euros, 1 sobre con 1.954 euros. Pagos Arona.
Fecha: 28 de abril de 2005. 6.000 euros. Pendiente donativo Fátima.
Fecha: 12 de noviembre de 2005. 12.600 euros. FAV. Octubre, noviembre. Gestiones Extranjero.
Fecha: 23 de diciembre de 2005. 9.000 euros. Entregado en tres sobres. Pagos Arona.
Total: 55.232 euros.
Fecha: 2 de enero de 2006. 6.300 euros. Pagos FAV.
Fecha: 10 de febrero de 2006. 12.000 euros. Viaje USA Pagos FAV. Pagos Arona.
Fecha: 6 de marzo de 2006: 6.010,12 euros. Pagos Arona.
Fecha: 7 de agosto de 2006: 12.000 euros. Entregare recibos de FAV y Arona.
Fecha: 11 de septiembre. 9.000 euros. Pagos FAV y Pagos Arona.
Total: 45.310, 12 euros.

Con el estudio de los vales de caja descritos, no se ha podido determinar cual es el concepto por el que los mismos pudieran haber sido emitidos con destino a Arona (Ayuntamiento de Arona) y a FAV, rsultando cuanto menos irregular que los pagos se realicen en efectivo y que en algunos de los vales se especifique que la entrega se realice en sobres en los que se introduce el dinero”.

Esto es lo que encuentra la Policía Judicial en este registro policial. Lo consigna y ya está, pero no se mueve nada, tras estas impactantes revelaciones. Los agentes que hacen el informe a lo sumo indican que “pudiera incurrirse en una alguna irregularidad de orden fiscal”. Esta claro que su objetivo es otro, pero lo que ignoran es que ahí se esconde un nido más de presunta corrupción que puede que no le interese a Carla Bellini, pero si al juez Nelsón Díaz Frías.

Hablamos de un empresario que ya estuvo imputado por otro asunto, Pedro González Santiago en el caso Arona, de una empresa insignia en la familia, Vultesa y de grandes cantidades de dinero negro destinados a políticos que estaban en el partido de su hermano, el CCN, a técnicos municipales y a dirigentes vecinales, pero, ¿cuál es la clave que los une a todos ellos?.

Otro anónimo revelador

Y la clave está en otro escrito mandado a Felipe Campos y que éste a su vez remitió a Fiscalía Anticorrupción, a cuenta del caso Arona. En ese le piden al abogado que inste a María Farnés que investigue, “la relación de Ignacio González Martín, Pedro González Santiago y el propietario de la empresa Hotenba, Manuel González de León con Manuel Barrios y algunos técnicos del Ayuntamiento de Arona”.

No la investigó, pero lo que dice allí, tras comprobar la contabilidad que hemos reflejado es bastante turbador, porque derrumba a un mito, a un político que hasta el momento se había mantenido al margen de estas porquerías y que ahora por pura casualidad se ha visto en un fuego cruzado policial. Habla el anónimo, que no se equivocó en los detalles, de “las visitas de Manuel Barrios al despacho, sito en la calle de La Rosa, de la familia González, eran frecuentes. Se le abonaba dinero a él y a ciertos técnicos del área de Urbanismo (estos movimientos pueden estar registrados en la documentación incautada a los González en el llamado piso franco de la calle Villalba Hervás. En todo caso se registraban en contabilidad B por Felipe Armas Jerónimo, apoderado de las empresas de los González). Tenga en cuenta que en la calle Santa Rosa de Lima (pásele este dato a la Fiscal Anticorrupción), existe un inmueble antiguo, propiedad de Ignacio González o una de sus empresas, en el que se guardan los documentos en papel de toda la contabilidad B de las compañías (documento que en formato digital debe estar en poder de las fuerzas de seguridad del Estado). El operativo de los González en Arona se realizaba conjuntamente con Hotenba. Se abonaron cantidades dinerarias a políticos y a técnicos. Si mi información no le parece verosímil pregúntele a Bellini o a María Farnés, si los anónimos en sobre con etiqueta pegada son fiables”.

Y vaya que lo son. Creemos que estamos ante el mismo denunciante anónimo, que tomó precauciones y no dejó huellas en los sobres, a pesar que la Policía Científica lo intentó seriamente, que dio pistas a la Policía sobre el piso franco y que luego dio una pista muy importante sobre Manuel Barrios (CAN-CCN). La pena que estos escritos y el informe policial no acabó en las manos del juez Nelsón. Pero todavía está a tiempo de abrir una nueva causa y que se profundice más en todo este turbio asunto. A lo mejor se llevaba alguna que otra sorpresa. Este asunto de presuntos cohechos tiene que ver con una constructora que por lo que se sabe ha tenido y tiene expedientes urbanísticos presentados ante el Ayuntamiento de Arona. Habría que mirarlos para ver que rentabilidad le quería dar al dinero de Vultesa con todos estos pagos, Pedro González Santiago y si valía realmente la pena.

  • Según artículo escrito por Noe Ramón en el Digital de Canarias el 24 de diciembre de 2011 bajo el título “La Audiencia Nacional investigó el origen de los fondos que desde el extranjero llegaron a las cuentas del empresario José Ana Labajos. El dinero se usó para comprar acciones de la sociedad Parque Marítimo de Anaga”:
El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ordenó en su día la investigación del origen de los fondos para realizar el pago de acciones de la sociedad Parque Marítimo de Anaga SA que en el año 2002 adquirió el muelle deportivo de San Andrés al empresario tinerfeño, José Ana Labajos, según ha publicado Noé Ramón en San Borondón Noticias (SB).

En concreto, el magistrado que entonces estuvo encargado de tramitar el conocido como caso Fórum Filatélico, Baltazar Garzón, ordenó que se analizara una entrada de divisas por importe de más de 24.300 euros en la cuenta del empresario, Labajos en Caja Madrid en el mes de septiembre del año 2002. El juez también mandó que se verificase el origen de un cheque de 160.000 euros emitido desde una entidad bancaria de Gibraltar, se procediera a identificar la cuenta del cliente que financió la operación, extractos de movimientos y titulares así como las personas autorizadas para operar desde estas cuentas.

El perito designado por la Audiencia Nacional, Salvador Nario Zabala, pudo determinar de los requerimientos practicados a los notarios que la sociedad Centromode Limited compró en el año 2002 diez acciones a Labajos del Parque Marítimo por valor de más de 24.300 euros. La entidad que pretendía construir un muelle deportivo con más de 500 puntos de atraque fue luego adquirida por Grupo Unido de Proyectos, a través de la compra de Coinpel, propiedades todas ellas de Fórum Filatélico. En el año 2010 Garzón pidió una comisión rogatoria a Uruguay con el fin de que se pudiera obtener declaración en calidad de imputado, Jean Gastor Bernard Renard. Para el juez, este ciudadano francés radicado en el país sudamericano actuó como administrador único de Dean & Bradley Corporation de Estados Unidos en la venta por parte de esta entidad a Grupo Unido de 2.500 participaciones de Coinpel. Esta operación, según Garzón, “únicamente buscaba transmitir a Fórum las acciones que Coinpel tenía en Parque Marítimo Anaga SA” vinculada al presidente de Fórum Carlos Llorca, considerado el auténtico cerebro de la trama y actualmente en busca y captura.

El precio de esta operación alcanzó los 12 millones de dólares entre los años 2004 y 2006 para luego salir directamente a otras entidades. “Este dinero procede en gran parte en última instancia de los inversores de Fórum”, concluyó Garzón. Los motivos argumentados por el magistrado es que la sociedad española Fórum Filatélico realizó durante años una actividad de captación masiva de ahorro del público. “Los clientes compraban a Fórum unos sellos que quedaban depositados en sus cámaras y que, transcurrido cierto plazo la sociedad se obligaba a recomprar por un precio superior a la inversión inicial, asumiendo una revalorización automática de los sellos. Para su supervivencia Fórum tenía que renovar todos los contratos y captar nuevos clientes en una dinámica de funcionamiento piramidal”. Todo este proceso culminó con la intevención judicial a mitad del año 2006.

A finales de ese ejercicio fue cuando el magistrado remitió a los juzgados tinerfeños un escrito firmado por el arquitecto de Fórum, Julio Aumente en el que se hablaban de pagos millonarios al ex alcalde, Miguel Zerolo y al ex presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, con el fin de agilizar los proyectos que Fórum tenía en la isla: la construcción del muelle deportivo de San Andrés y de la urbanización de Valle Tahodio. Los administradores concursales nombrados por el juez de lo mercantil han estimado que el déficit patrimonial de la sociedad supera los 2.800 millones de euros, lo que supone “un perjuicio irreparable para los inversores que figuran en los 269.203 contratos de inversión filatélica”.

Garzón consideró que durante años Fórum destinó fondos de sus inversiones a cuentas en el extranjero de supuestos proveedores. “Según todos los indicios se trataba de una red compleja de sociedades diseñada al servicio del fraude y controlada por el presidente de Fórum”. Garzón creía probado que al menos durante los años 2000 a 2004 una gran parte de la mercancía adquirida que básicamente eran cajas de sellos, una vez que entrada en Fórum volvía a salir clandestinamente de sus instalaciones y era puesta otra vez en circulación a través de un circuito de proveedores de manera que Fórum volvía a pagar nuevamente por ella.

Las empresas involucradas eran las españolas Creative Investments, SL, Atrio Colections SL y Stamps Collectors SL, una unidad empresarial con idénticos propietarios, administradores y domicilio social que retiraban la filatelia de Fórum y la facturaban a Watson Philatelicts, radicada en Gibraltar para su recirculación de nuevo. Esta última entidad estaba controlada por Llorca. Durante las investigaciones son varias las ocasiones en las que Garzón pide que se investiguen los movimientos bancarios de Parque Marítimo Anaga SA, Inversiones Tahodio y Coinpel, relacionadas todas con la isla de Tenerife. Labajos siempre ha defendido que cuando el venció sus activos a Llorca en el año 2002 nadie le advirtió de que estaba siendo investigado y que de hecho la primera sentencia no llegó hasta el año 2005, con lo cual se mantenía totalmente ajeno a estos avatares judiciales.
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