CORRUPCIÓN EN YAIZA

16 diciembre, 2011 at 12:01 Deja un comentario

  • Según artículo escrito por Saul García en Canarias Ahora el 16 de diciembre de 2011 bajo el título “ABSUELTO EL EX ALCALDE. La Audiencia condena al secretario y al aparejador de Yaiza”:

El juez considera que Reyes actuó amparado por los informes técnicos, pese a haber reconocido que no los leía.

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado al secretario municipal de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes y el aparejador del mismo Ayuntamiento, Pablo Carrasco, a siete años de inhabilitación para su cargo y a una multa de casi 9.000 euros por un delito continuado contra la ordenación del territorio. En la misma sentencia se absuelve por ese mismo delito al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes y al técnico Alfredo Morales; así como al propio Carrasco del delito de falsedad en documento público. La Sala aplica el atenuante de dilaciones indebidas.

La vista oral del juicio se celebró el pasado mes de junio y los hechos se remontan a 1998 cuando la sociedad Casas Conejeras adquirió un terreno rústico de 12.500 metros cuadrados en Las Breñas (Yaiza). El Ayuntamiento permitió construir en suelo rústico nueve viviendas unifamiliares. El ex alcalde reconoció en el juicio que concedió las licencias basándose en los informes técnicos a pesar de que admitió que algunos ni siquiera los leía. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló las licencias de los chalés.

Es la segunda condena en el plazo de un mes para Carrasco y Bartolomé, que en noviembre fueron condenados por unos hechos muy similares a cuatro meses de prisión y dos años de inhabilitación. El secretario, que también está imputado en el caso de los hoteles ilegales y en la operación Unión, se mantiene en su cargo.

La sentencia considera probado que Bartolomé y Carrasco informaron favorablemente de esas licencias en suelo rústico, haciendo constar que se trataba de un solar, dándole al suelo la categoría de urbano y sin certificar, por otro lado, que la finca matriz debía ir disminuyendo de tamaño por las segregaciones que se iban realizando.

ABSOLUCIÓN

El tribunal Absuelve a Reyes señalando que “esta Sala arbitra dudas en cuanto al real conocimiento que tuviere de la ilegalidad de la actuación urbanística que posibilitó con los decretos que firmara”. Dice que por otra parte su conducta estaba amparada en los informes al tratarse de un apersona lega en Derecho, lo que dificulta apreciar que lo hizo “a sabiendas”.

Señala la sentencia que “aunque su larga condición de alcalde del municipio, admitiendo en su declaración plenaria que conocía que el Plan de Yaiza no estaba adaptado al PIOT de Lanzarote, así como la expresa advertencia que en tal sentido se hiciere por el secretario del ayuntamiento (…) podría determinar que conociere la verdadera situación urbanística de la finca en cuestión, entendemos que tales indicios justifican el juicio de acusación, más no la condena penal dada la taxatividad y la exclusión del dolo eventual para esta figura delictivas”

José Francisco Reyes Rodríguez tiene una condena firme de enero de 2010 de inhabilitación por prevaricación urbanística, fue detenido en la operación Unión y es el principal acusado en el caso de los hoteles ilegales, por lo que estuvo en prisión provisional. Tanto él como su mujer y tres hijos están acusados de blanqueo de capitales, entre otros delitos.

Según artículo escrito por la redacción de la Voz de Lanzarote el 15 de diciembre de 2011 bajo el título “El ex alcalde ha sido absuelto porque la Audiencia alberga “dudas”. El secretario del Ayuntamiento de Yaiza y un arquitécto técnico del municipio, condenados de nuevo por prevaricación urbanística”:

El secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, y el arquitecto técnico del municipio, Pablo Carrasco Cabrera, han vuelto a ser condenados por un delito continuado de prevaricación urbanística. La sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que impone a cada uno el pago de una multa de 8.640 euros y siete años de inhabilitación, considera probado que ambos emitieron informes favorables a la construcción de nueve chalés ubicados en una parcela entre Las Breñas y Femés, a sabiendas de que se trataba de suelo rústico y no se podía edificar.

La misma sentencia absuelve a otros dos de los acusados en esta causa, el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y el aparejador municipal Alfredo Morales. En el caso de Reyes, la sentencia considera que no hay pruebas suficientes para su condena. Durante el juicio, el ex alcalde llegó a afirmar que “de la tonga de papeles que” le “ponían delante”, “unos los leía y otros no”, y que de los informes que decidía leer, de manera aleatoria, sólo lo hacía con los primeros párrafos.

En la sentencia, la Audiencia Provincial subraya que Reyes fue alcalde del municipio entre 1994 y 2007 y concejal desde 1983, y por tanto debía “conocer fuera de toda duda razonable cuál era la situación urbanística general de su municipio”. Sin embargo, en el caso concreto de las licencias concedidas para las nueve viviendas de Las Breñas, la Sala de la Audiencia sostiene que alberga “dudas” sobre si Reyes tenía “real conocimiento” de la ilegalidad de los decretos que firmó. Y es que en este caso, tenía informes favorables a la concesión de las licencias, precisamente de los técnicos que se sentaron en el banquillo junto a él.

En cualquier caso, la sentencia también agrega que la acusación contra Reyes estaba “justificada” y que hay indicios que hacen pensar que otorgó las licencias “a sabiendas” de su ilegalidad, ya que incluso había informes del secretario que advertían de que había que pedir un informe de compatibilidad con el PIOT al Cabildo. Sin embargo, considera que debe primar el principio de “in dubio pro reo”. Es decir, en caso de duda, favorecer al acusado.

José Francisco Reyes ya tiene una condena firme por prevaricación, también por conceder una licencia en suelo rústico, ya que en aquel caso quedó probado que había recibido múltiples advertencias sobre su ilegalidad antes de concederla. Además, aún debe volver a sentarse en el banquillo junto a técnicos del Ayuntamiento en otros juicios. El más importante, el que investiga la presunta existencia de una trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, en el que también está imputado junto a Vicente Bartolomé Fuentes y Pablo Carrasco, así como otros técnicos, empresarios, familiares y abogados, incluyendo al que le representaba en esta causa, Felipe Fernández Camero.

Fallos formales

En la sentencia también ha resultado absuelto otro aparejador del Ayuntamiento, Alfredo Morales. Sobre él, la sentencia señala que realizó sus informes favorables basándose en “un planeamiento municipal que no estaba aprobado definitivamente ni publicado oficialmente, con conciencia y voluntad de no poner ningún inconveniente al alcalde para que éste autorizase la actuación para la que se solicitaba la licencia”.

Además, agrega que dio luz verde a una segregación de la finca en varias parcelas que incumplía la normativa, y que debería hacer contado con autorización de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.

Sin embargo, la sentencia le absuelve del delito de prevaricación, no porque no haya sido probado, sino por un fallo formal durante el procedimiento judicial. Y es que Morales fue el último imputado en sumarse a la causa, cuando ya se había cerrado la fase de instrucción, y poco antes de que se formulara acusación firme y se abriera el juicio oral, mermando su derecho como imputado “a participar activamente en la investigación”.

“Garante de la legalidad”

Respecto a Vicente Bartolomé Fuentes, la sentencia subraya que como secretario del Ayuntamiento, debía ser el “garante de la legalidad” y, sin embargo, “faltó a su deber jurídico”. Durante el juicio, Bartolomé Fuentes señaló que se limitaba a emitir “informes de tramitación”, pero la sentencia sostiene que es evidente que emitía un parecer jurídico en los informes.

Además, subraya que resulta “significativo” que en uno de ellos hiciera referencia a la necesidad de pedir un informe de compatibilidad al Cabildo “si el planeamiento en vigor no estuviese adaptado al PIOT”, y “luego en los restantes informes se evidencia cómo desaparece la frase relacionada justamente con dicha exigencia”. Al respecto, la Audiencia agrega que Bartolomé Fuentes no dio durante el juicio “ninguna explicación mínimamente razonable sobre tal eliminación”.

“Particularísima interpretación”

En cuanto a Pablo Carrasco Cabrera, que ha sido absuelto del delito de falsedad documental y condenado por el de prevaricación urbanística continuada, la sentencia sostiene que “con una particularísima interpretación de la normativa urbanística”, llegó a calificar literalmente el suelo en sus informes como “solares”, es decir, suelo urbano por consolidación, pese a que era “consciente de cuál era la verdadera naturaleza de los mismos”, es decir, “suelo rústico”.

Al igual que en el anterior juicio en el que fue condenado por prevaricación, Carrasco alegó en su defensa que no tiene conocimientos jurídicos y que no utilizó el término “solar” con esa intención, pero la sentencia considera que eso “no resulta acorde con la finalidad y la categoría de su informe”.

Además, subraya que durante el juicio, Carrasco incurrió en “ciertas contradicciones”, ya que en un momento señaló que “en ningún momento indicó” durante la tramitación de la licencia “que el suelo era urbano” y, sin embargo, “y pese a ampararse en su desconocimiento de cuestiones jurídicas, (durante el juicio) llegó a afirmar luego con cierta rotundidad que el suelo era urbano”.

Para Vicente Bartolomé Fuentes y Pablo Carrasco, ésta supone ya la segunda condena por delitos contra la ordenación del territorio. La anterior fue dictada hace menos de un mes, en este caso por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife. Aquella sentencia impuso a cada uno una pena de cuatro meses de prisión y otra de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años y un mes. Sin embargo, ambos continúan aún en sus puestos en el Ayuntamiento. La alcaldesa, Gladys Acuña, alega que la sentencia no es firme y que aún cabe la “presunción de inocencia”.

  • Según artículo escrito por Saul García (ACN PRESS) en Canarias Ahora el 3 de noviembre de 2011 bajo el título “POR LA CONCESIÓN MASIVA DE LICENCIAS ILEGALES. La juez imputa por asociación ilícita al ex alcalde de Yaiza y al empresario Rosa”:

La juez les acusa de asociación ilícita. Han sido llamados a declarar el secretario municipal y el jefe de la oficina técnica.

El Juzgado de instrucción número 2 de Arrecife, que instruye el caso de los hoteles ilegales en Lanzarote, en el que se investigan las responsabilidades penales por la concesión masiva de licencias ilegales en Yaiza, ha citado a declarar por el delito de asociación ilícita a ocho imputados en el procedimiento judicial, que tendrán que pasar por el Juzgado en diversas fechas de los meses de noviembre y diciembre.

La jueza considera que hay indicios de la existencia de una asociación coordinada entre los imputados para delinquir o para promover delitos en el marco de la concesión de licencias ilegales en la época de José Francisco Reyes (primero con CC y luego con PNL-NC) en la alcaldía de Yaiza. La imputación se produce por la petición de la defensa de la acusación particular, del PSOE.

Dentro de esa asociación ilícita se imputa al propio ex alcalde, al secretario municipal Vicente Bartolomé Fuentes, al jefe de la Oficina técnica, Antonio Lorenzo, al abogado y asesor jurídico del Ayuntamiento Felipe Fernández Camero, a su hija y abogada, Juana Fernández de las Heras, a los empresarios Juan Francisco Rosa, Francisco Armas y al empresario y abogado grancanario Ignacio Díaz de Aguilar.

El primero en pasar por el Juzgado será Antonio Lorenzo, jefe de la Oficina Técnica, que prestará declaración el 7 de noviembre, por su posible participación en delitos de prevaricación urbanística y asociación ilícita.

El 30 de noviembre está previsto que declaren los empresarios Juan Francisco Rosa y Francisco Armas, vinculados a la construcción del puerto deportivo Marina Rubicón. Ambos están imputados por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita.

El secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, comparecerá ante la jueza el 14 de diciembre por la supuesta comisión de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación urbanística y asociación ilícita.

El abogado Ignacio Díaz de Aguilar, relacionado con el plan parcial Playa Blanca, declarado ilegal por la Justicia, está citado también para el 14 de diciembre por su posible participación en los delitos de prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.

También el 14 de diciembre declarará en el Juzgado el letrado Felipe Fernández Camero por su posible participación en los delitos de prevaricación urbanística, malversación de caudales y asociación ilícita. Fernández Camero fue asesor jurídico del Ayuntamiento, al que también defendió en los pleitos interpuestos contra las licencias ilegales.

José Francisco Reyes tendrá que declarar en el Juzgado el 16 de diciembre por cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.

Una de las novedades del caso es la imputación de Juana Fernández de las Heras, hija de Fernández Camero, citada para el 16 de diciembre por el presunto delito de asociación ilícita. Se da la circunstancia de que en este mismo procedimiento judicial ha ejercido de abogada defensora de Reyes. Fue abogada de promotores en los pleitos de las licencias.

Al margen de los ocho imputados que han sido citados por el delito de asociación ilícita, entre otros, también han sido citados Alfredo Morales por prevaricación urbanística, para el 7 de noviembre. El promotor Rafael Lasso, imputado por cohecho, irá el 30 de noviembre. José Rafael Mesa Ferrer está citado para el 16 de diciembre por presunto blanqueo de capitales.

  • Según artículo escrito por Saul García (ACN PRESS) en Canarias Ahora el 18 de febrero de 2011 bajo el título “ESTE VIERNES, POR EL CASO ‘COSTA ROJA’. El ex alcalde de Yaiza declara como imputado”:

José Francisco Reyes, el secretario municipal y el jefe de la Oficina Técnica están acusados de prevaricación urbanística.

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes y el jefe de la Oficina técnica, Antonio Lorenzo, declaran este viernes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife en calidad de imputados por la concesión de la licencia de ejecución del proyecto Costa Roja en Playa Blanca, una urbanización de más de mil viviendas.

En un auto del pasado 27 de enero, la magistrada titular del Juzgado, Ángela López-Yuste, desestimó los recursos de reforma de los tres imputados contra la resolución de ese Juzgado de marzo de 2010 por la que se acordaba archivar la denuncia por cohecho contra el promotor Luis Lleó pero continuar con el caso en procedimiento abreviado. Los imputados pedían el archivo de las actuaciones.

El Juzgado considera que los hechos que se investigan pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación urbanística. Dice el auto que tanto las licencias concedidas para el proyecto básico como la de segregación de la parcela infringían la normativa a la vista de la clasificación del suelo y que se otorgaron con clara infracción del procedimiento administrativo aplicable.

Destaca la jueza que a pesar de todo ello, tanto el secretario como el técnico emitieron informes favorables y que el ex alcalde dictó los decretos de las licencias a sabiendas de su ilegalidad.

El caso

El caso Costa Roja comenzó en diciembre de 2006 cuando Reyes concede al promotor Luis Lleó la licencia para el proyecto básico. El Cabildo, que tuvo conocimiento de su concesión por la prensa, interpone un contencioso administrativo en abril de 2007. Además, el secretario del PSOE, Carlos Espino pone que querella criminal contra estos tres imputados.

En junio de ese año, Reyes concede la licencia para el proyecto de ejecución cuando estaba como alcalde en funciones, dos semanas después de las elecciones de mayo de 2007. La urbanización no se llegó a construir porque el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas accede a la petición del Cabildo de aplicar medidas cautelares y suspende la licencia.

Esta parcela es la que da pie al inicio de la operación Unión, ya que el promotor Luis Lleó intentó sobornar a Espino a través de Fernando Becerra para lograr el desbloqueo del proyecto. Espino denunció el hecho a la Guardia Civil y se inició la investigación, que después derivó en otras tramas debido a que se encontraron múltiples indicios de otros tipos de delitos gracias a los pinchazos telefónicos.

  • Según artículo escrito por ACN PRESS en Canarias Ahora el 7 de enero de 2010 bajo el título “UNIÓN/ ESTUVO PRESENTE EN EL REGISTRO. El secretario de Yaiza guardaba 56.000 euros en su despacho”:

El secretario de Yaiza, Vicente Fuentes, guardaba el dinero en su despacho. Dice que se trataba de ahorros personales y de honorarios.

El secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, guardaba en una caja de su despacho del Ayuntamiento 56.000 euros en billetes de 100 y 200 dentro de una carpeta azul.

La Guardia Civil se incautó de esa cantidad de dinero en el registro que efectuó el 28 de mayo en el Ayuntamiento sureño. Había un billete de 500, 189 de 100 y 181 de 200 distribuidos en diferentes fajos. Además, en otro sobre del Ayuntamiento había nueve billetes de 500.

El secretario, que se encontraba de viaje, fue llamado para estar presente en el registro y declaró que el dinero era suyo y correspondía a ahorros personales y a honorarios que le paga el abogado Antonio Martinón Armas por sus colaboraciones.

El abogado fue llamado a declarar al día siguiente ante la Guardia Civil en calidad de testigo y señaló que Fuentes le asesora desde hace ocho años urbanísticamente y administrativamente aunque no ha terminado la carrera de Derecho.

Declaró que durante el año pasado le pagó “varios millones de pesetas” y que en los casos en los que colabora van al cincuenta por ciento, que le secretario no emite facturas y que intervino en una reclamación de cantidad de la empresa Horinsa contra el propio Ayuntamiento de la que finalmente se desistió.

Declaración

El 18 de junio el secretario compareció ante el juez en calidad de testigo y con la presencia del Ministerio fiscal. Sólo se le preguntó por la licencia de la casa de Carlos Morales en Puerto Calero. Posteriormente, a Fuentes se le citó como imputado el 27 de octubre pero esa citación se suspendió por problemas técnicos y no se ha vuelto a llevar a cabo.

Durante el registro del Ayuntamiento de Yaiza se informó tanto a la entonces alcaldesa Gladys Acuña (PIL) como al teniente de alcalde Leonardo Rodríguez (CC) de que estaban imputados en el procedimiento.

Documentación

Los agentes registraron los despachos de Rodríguez, Acuña, Fuentes y la oficina técnica. En ese registro preguntaron por varios expedientes, entre ellos los relacionados con el arquitecto Carlos Morales, con el plan parcial Playa Blanca, el Plan General de Ordenación o la estación de servicio Playa Blanca.

También preguntaron por la documentación de la urbanización Costa Roja, de la empresa Inversiones Tinamala, de Estudio Lanzarote, de Juan Francisco Rosa, de Rafael Bello del Castillo y de Honorio Nicolás García Bravo.

  • Según artículo publicado en la Voz de Lanzarote el 14  de diciembre de 2011 bajo el título “También realizó compras y gastos por otros 100.000 euros sin justificar José Francisco Reyes adquirió una finca de mil metros cuadrados por 180.000 euros sin sacar dinero de sus cuentas”:

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (que gobernó con las siglas de CC y PNL) adquirió una finca de mil metros cuadrados a la empresa Urbanización Los Fragosos por un valor de 180.000 euros sin sacar dinero de sus cuentas corrientes ni de las de su mujer e hijos.

Según señala un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (Udef) que se remitió el pasado mes de junio al Juzgado número 2 de Arrecife, que tramita el caso de los presuntos delitos penales producidos en la concesión de licencias ilegales durante su mandato, los agentes encontraron un contrato de compra venta sobre esta finca en el registro del domicilio del ex alcalde, cuando fue detenido hace dos años.

Según ese contrato privado de septiembre de 2005, el entonces alcalde pagó 120.000 euros y estaba pendiente de pagar otros 60.000 a esa empresa.

El contrato especifica, según el informe policial, que se adquiere una parcela de mil metros cuadrados en el plan parcial Los Fragosos S.L. En Lanzarote no existe ningún plan parcial con ese nombre, pero sí un complejo de 24 apartamentos en Puerto del Carmen que se llama así.

El informe policial recoge otra serie de compras de Reyes que también se hicieron sin que aparezcan apuntes relacionados con esos pagos en sus cuentas, según la Policía. Esos gastos suman otros 100.000 euros en cinco facturas: la compra de un segway, una factura de muebles, otras de tapicería y dos de una constructora por valor de 88.000 euros relativas a la Granja Las Breñas.

Reyes, que ha estado en prisión provisional por este caso, llegó a confesar que había participado en operaciones con información privilegiada y que había recibido dinero por otorgar licencias con los informes preceptivos o con informes en contra, aunque posteriormente se retractó de su confesión. En los últimos cuatro años se le detectó un aumento del patrimonio de casi 800.000 euros sin justificar.

Los testigos e imputados siguen declarando en este procedimiento en el Juzgado número 2. Este miércoles declaraban como imputados los abogados Ignacio Díaz de Aguilar y Felipe Fernández Camero y el secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé, y el viernes lo harán la abogada Juana Fernández de las Heras, Rafael Mesa Ferrer y el propio José Francisco Reyes.

S.G. / ACN Press

  • Según artículo escrito por ACN-PRESS en La Voz de Lanzarote el 13 de diciembre de 2011 bajo el título “La empresa que reformó la casa de José Francisco Reyes facturó medio millón de euros en cinco obras municipales en dos años”:

La empresa Construcciones Isla de Lobos facturó casi medio millón de euros en dos años al Ayuntamiento de Yaiza a finales de los años 90, cuando era alcalde José Francisco Reyes. Esa misma empresa se encargó de hacer las reformas de una casa del ex alcalde en Puerto del Carmen que costaron 60.000 euros y que, según el administrador José Carmelo González Clavijo, no ha cobrado.

Estos datos aparecen en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (Udef) que se remitió el pasado mes de junio al Juzgado número 2 de Arrecife que tramita el caso de los presuntos delitos penales producidos en la concesión de licencias ilegales durante el mandato de Reyes. La policía comenzó a investigar a esa empresa porque Reyes declaro a Hacienda un pago de 60.000 euros.

Sin embargo, el administrador de la empresa, González Clavijo, que está imputado en el procedimiento, declaró en el Juzgado que no había cobrado. También declaró, por otra parte, que no había tenido relación comercial con Reyes o con el Ayuntamiento, cuando esa misma empresa realizó cinco obras municipales en dos años por las que facturó 475.000 euros.

Esas obras, realizadas entre 1998 y 2000, fueron la pista de baile de Las Breñas, que costó 6.000 euros, el polideportivo de Yaiza por 102.000 euros, la ampliación del cementerio por 81.000, el tanatorio municipal por 114.000 y el campo de fútbol por 167.000. La Policía encontró diferencias sin justificar entre lo presupuestado y lo que se pagó en alguna de estas obras. González Clavijo también solicitó la construcción de 158 locales en el plan parcial Playa Blanca, que está anulado por la Justicia.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional destaca más relaciones de esa empresa con el ex alcalde. Otro de los administradores de Construcciones Isla de Lobos es José Rafael Mesa Ferrer, también imputado en el procedimiento y que declarará este viernes de nuevo en el Juzgado. Además, Mesa y González Clavijo fueron administradores de Construcciones Clavijo, que construyó 190 bungalós en Playa Blanca y cuya licencia, concedida por Reyes, fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Mesa también es administrador de Gestión y Desarrollo Janubio, que es propietaria de una vivienda en Playa Blanca en la que vivía una hija de Reyes sin pagar alquiler. También es administrador de la asesoría que llevaba la contabilidad de la empresa Sea Sun Lanzarote, del hijo de Reyes y propietaria del yate de éste, que estaba atracado en el puerto Marina Rubicón y que tampoco pagaba el atraque.

A su vez, Mesa es socio de los propietarios del puerto Marina Rubicón, Juan Francisco Rosa y Rafael Lasso (ambos también imputados en este procedimiento) en la sociedad Promociones Costa de Tías, que explota el campo de golf de Puerto del Carmen.

ACN Press

  • Según artículo escrito por la redacción de la Voz de Lanzarote el 15 de diciembre de 2011 bajo el título “El ex alcalde ha sido absuelto porque la Audiencia alberga “dudas”. El secretario del Ayuntamiento de Yaiza y un arquitécto técnico del municipio, condenados de nuevo por prevaricación urbanística:

El secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, y el arquitecto técnico del municipio, Pablo Carrasco Cabrera, han vuelto a ser condenados por un delito continuado de prevaricación urbanística. La sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que impone a cada uno el pago de una multa de 8.640 euros y siete años de inhabilitación, considera probado que ambos emitieron informes favorables a la construcción de nueve chalés ubicados en una parcela entre Las Breñas y Femés, a sabiendas de que se trataba de suelo rústico y no se podía edificar.

La misma sentencia absuelve a otros dos de los acusados en esta causa, el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y el aparejador municipal Alfredo Morales. En el caso de Reyes, la sentencia considera que no hay pruebas suficientes para su condena. Durante el juicio, el ex alcalde llegó a afirmar que “de la tonga de papeles que” le “ponían delante”, “unos los leía y otros no”, y que de los informes que decidía leer, de manera aleatoria, sólo lo hacía con los primeros párrafos.

En la sentencia, la Audiencia Provincial subraya que Reyes fue alcalde del municipio entre 1994 y 2007 y concejal desde 1983, y por tanto debía “conocer fuera de toda duda razonable cuál era la situación urbanística general de su municipio”. Sin embargo, en el caso concreto de las licencias concedidas para las nueve viviendas de Las Breñas, la Sala de la Audiencia sostiene que alberga “dudas” sobre si Reyes tenía “real conocimiento” de la ilegalidad de los decretos que firmó. Y es que en este caso, tenía informes favorables a la concesión de las licencias, precisamente de los técnicos que se sentaron en el banquillo junto a él.

En cualquier caso, la sentencia también agrega que la acusación contra Reyes estaba “justificada” y que hay indicios que hacen pensar que otorgó las licencias “a sabiendas” de su ilegalidad, ya que incluso había informes del secretario que advertían de que había que pedir un informe de compatibilidad con el PIOT al Cabildo. Sin embargo, considera que debe primar el principio de “in dubio pro reo”. Es decir, en caso de duda, favorecer al acusado.

José Francisco Reyes ya tiene una condena firme por prevaricación, también por conceder una licencia en suelo rústico, ya que en aquel caso quedó probado que había recibido múltiples advertencias sobre su ilegalidad antes de concederla. Además, aún debe volver a sentarse en el banquillo junto a técnicos del Ayuntamiento en otros juicios. El más importante, el que investiga la presunta existencia de una trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, en el que también está imputado junto a Vicente Bartolomé Fuentes y Pablo Carrasco, así como otros técnicos, empresarios, familiares y abogados, incluyendo al que le representaba en esta causa, Felipe Fernández Camero.

Fallos formales

En la sentencia también ha resultado absuelto otro aparejador del Ayuntamiento, Alfredo Morales. Sobre él, la sentencia señala que realizó sus informes favorables basándose en “un planeamiento municipal que no estaba aprobado definitivamente ni publicado oficialmente, con conciencia y voluntad de no poner ningún inconveniente al alcalde para que éste autorizase la actuación para la que se solicitaba la licencia”.

Además, agrega que dio luz verde a una segregación de la finca en varias parcelas que incumplía la normativa, y que debería hacer contado con autorización de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.

Sin embargo, la sentencia le absuelve del delito de prevaricación, no porque no haya sido probado, sino por un fallo formal durante el procedimiento judicial. Y es que Morales fue el último imputado en sumarse a la causa, cuando ya se había cerrado la fase de instrucción, y poco antes de que se formulara acusación firme y se abriera el juicio oral, mermando su derecho como imputado “a participar activamente en la investigación”.

“Garante de la legalidad”

Respecto a Vicente Bartolomé Fuentes, la sentencia subraya que como secretario del Ayuntamiento, debía ser el “garante de la legalidad” y, sin embargo, “faltó a su deber jurídico”. Durante el juicio, Bartolomé Fuentes señaló que se limitaba a emitir “informes de tramitación”, pero la sentencia sostiene que es evidente que emitía un parecer jurídico en los informes.

Además, subraya que resulta “significativo” que en uno de ellos hiciera referencia a la necesidad de pedir un informe de compatibilidad al Cabildo “si el planeamiento en vigor no estuviese adaptado al PIOT”, y “luego en los restantes informes se evidencia cómo desaparece la frase relacionada justamente con dicha exigencia”. Al respecto, la Audiencia agrega que Bartolomé Fuentes no dio durante el juicio “ninguna explicación mínimamente razonable sobre tal eliminación”.

“Particularísima interpretación”

En cuanto a Pablo Carrasco Cabrera, que ha sido absuelto del delito de falsedad documental y condenado por el de prevaricación urbanística continuada, la sentencia sostiene que “con una particularísima interpretación de la normativa urbanística”, llegó a calificar literalmente el suelo en sus informes como “solares”, es decir, suelo urbano por consolidación, pese a que era “consciente de cuál era la verdadera naturaleza de los mismos”, es decir, “suelo rústico”.

Al igual que en el anterior juicio en el que fue condenado por prevaricación, Carrasco alegó en su defensa que no tiene conocimientos jurídicos y que no utilizó el término “solar” con esa intención, pero la sentencia considera que eso “no resulta acorde con la finalidad y la categoría de su informe”.

Además, subraya que durante el juicio, Carrasco incurrió en “ciertas contradicciones”, ya que en un momento señaló que “en ningún momento indicó” durante la tramitación de la licencia “que el suelo era urbano” y, sin embargo, “y pese a ampararse en su desconocimiento de cuestiones jurídicas, (durante el juicio) llegó a afirmar luego con cierta rotundidad que el suelo era urbano”.

Para Vicente Bartolomé Fuentes y Pablo Carrasco, ésta supone ya la segunda condena por delitos contra la ordenación del territorio. La anterior fue dictada hace menos de un mes, en este caso por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife. Aquella sentencia impuso a cada uno una pena de cuatro meses de prisión y otra de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años y un mes. Sin embargo, ambos continúan aún en sus puestos en el Ayuntamiento. La alcaldesa, Gladys Acuña, alega que la sentencia no es firme y que aún cabe la “presunción de inocencia”.

  • Según artículo publicado por la redacción de la Voz de Lanzarote el 16 de diciembre de 2011 bajo el título “Una sentencia muy “ilustrativa””:

“Obviando los trámites que eran exigibles, lograron alterar el medio natural, de forma contraria a la normativa urbanística de aplicación, creando una situación de facto que posteriormente pretende ser utilizada como base esencial para consolidar jurídicamente dicha situación, tanto en el nuevo Plan General que pretende aprobarse (…), regularizando las construcciones que se llevaron a cabo irregularmente, como en el futuro PIOT”.

La frase, que parece un reflejo de lo que ha sucedido y lo que podría suceder con las ilegalidades urbanísticas cometidas en Yaiza, forma parte de una sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas hecha pública este jueves, que ha vuelto a condenar al secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y al arquitecto técnico, Pablo Carrasco Cabrera, por un delito continuado de prevaricación urbanística, en la concesión de las licencias que permitieron construir nueve viviendas unifamiliares en suelo rústico entre Las Breñas y Femés.

Se trataba de un juicio “menor”, comparado con los que aún tienen pendientes los técnicos y el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, pero lo cierto es que el contenido de la sentencia es demoledor para la estrategia de defensa que todos ellos han mantenido durante los últimos años.

Por un lado, sostiene que “resulta sorprendente el despliegue defensivo utilizado en este proceso, a fin de tratar de sostener su particular punto de vista, en clara contraposición con lo resuelto por la jurisdicción contenciosa”. Y es que en este caso, igual que sucede con los hoteles ilegales de Playa Blanca, las licencias ya habían sido anuladas por los tribunales, pero la defensa, representada por Felipe Fernández Camero y dos de sus hijos, centró buena parte de la estrategia en intentar defender que el suelo sobre el que se construyeron las viviendas no era rústico.

Para ello, presentó informes de peritos que declararon durante el juicio, pero la sentencia deja claro que “no encuentra ninguna base sólida a sus conclusiones”. Y sobre todo, subraya que habiendo sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, “resulta absolutamente irrelevante el criterio en sentido contrario que expongan las partes”.

Es decir, que por más que se sigan empeñando en chapotear y en empañar la realidad, lo que es rústico es rústico, y lo que es ilegal es ilegal. Eso ya lo dejaron claro los tribunales, y de lo que se trataba en este juicio no es de analizar las licencias, sino la posible comisión de delitos por parte de quien las concedió y de quienes informaron favorablemente.

En esta ocasión, el ex alcalde de Yaiza, sobre el que ya pesa una sentencia firme por prevaricación, ha sido absuelto, pero por delante tiene aún un duro camino judicial. Y es que aunque en muchas ocasiones (una ya juzgada y condenada, y otras pendientes de juicio), ha concedido licencias incluso con informes negativos, esta vez la Audiencia Provincial considera que hay un margen de duda sobre si conocía o no la situación real de la finca cuando concedió las licencias, precisamente porque tenía informes favorables de los técnicos que se sentaron en el banquillo junto a él.

En la sentencia, la Audiencia Provincial llega a señalar que uno de los técnicos informó favorablemente a las licencias basándose en un planeamiento municipal que no estaba aprobado ni publicado, “con conciencia y voluntad de no poner ningún inconveniente al alcalde para que éste autorizase la actuación para la que se solicitaba licencia”. Un eje sobre el que gira precisamente el caso de la presunta trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, en el que la acusación sostiene que el ex alcalde y determinados técnicos actuaban de forma coordinada para burlar la ley y cobrar presuntos sobornos, con el asesoramiento de determinados abogados, también imputados en esa causa.

Durante el juicio por las licencias de Las Breñas, el fiscal llegó a hablar de “ingeniería jurídica” por parte de la defensa. Y es que mientras Reyes dijo que él no entendía de estas cosas y que “de la tonga de papeles que le ponían delante, unos los leía y otros no”; el arquitecto técnico Pablo Carrasco alegó que él realizaba informes técnicos y sin conocimientos jurídicos; y el secretario, que precisamente tenía que velar por el cumplimiento de la legalidad, sostuvo que sus informes eran “procedimentales” y de “tramitación” (vamos, “meramente ilustrativos”, como dijo en el anterior juicio). Y el secretario no supo explicar, según la sentencia, por qué en unos informes sí advirtió al alcalde de la necesidad de solicitar al Cabildo informes de compatibilidad con el PIOT, y en todos los restantes no.

Al menos, esperemos que esa lección sí la hayan aprendido, considerando que tanto Bartolomé Fuentes como Carrasco continúan en sus puestos en el Ayuntamiento de Yaiza, porque la alcaldesa considera que aún les asiste la “presunción de inocencia”.

Desde luego, la sentencia es también demoledora respecto a eso, y sostiene que “omitir las exigencias procedimentales”, como la obligatoriedad de solicitar al Cabildo un informe de compatibilidad con el PIOT, supone eliminar “los mecanismos que se establecen precisamente para asegurar que su decisión se sujeta a los fines que la ley establece”. Vamos, que si no pedían el “papelito”, era deliberadamente, para poder saltarse la legalidad.

Es una más de las coincidencias que pueden encontrarse entre esta causa y la investigación abierta en la vía penal por los hoteles ilegales. Y no sólo de lo hecho hasta ahora, sino de lo que se puede llegar a hacer en el futuro.

En este sentido, en la sentencia de Las Breñas, la Audiencia Provincial señala que en “una torticera interpretación de la normativa urbanística en vigor, puesta al servicio particularizado de intereses ajenos a la función pública”, han creado una situación “de hecho” saltándose las normas, para forzar luego su legalización con cambios en el planeamiento. Algo que sostiene que “lesiona de forma manifiesta el interés general”. Eso sí, advierte que por más que se cambie la ley para dar cabida a la ilegalidad, eso “no elimina la reprochabilidad penal que pudieren merecer quienes hayan propiciado injustamente esa irregular consolidación”. Vamos, que no puede haber impunidad, porque se ha perjudicado al interés general.

  • Según artículo escrito por Isabel Lusarreta en La Voz de Lanzarote el día 25 de abril de 2012, bajo el título “La causa seguirá contra el ex alcalde de Yaiza y otros trece imputados”
El “caso Reyes” entra en la recta final y el fiscal pide el sobreseimiento de las actuaciones contra los empresarios imputados por cohecho.

La juez del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Arrecife, Ana Manella, ha dado cinco días a la acusación particular y a las defensas del caso Reyes para que respondan al escrito presentado por el Ministerio Fiscal, en el que eleva las conclusiones provisionales de la causa y pide el sobreseimiento de las actuaciones contra la mayoría de los empresarios que habían sido imputados en este procedimiento.

De atenderse este escrito de la Fiscalía, la causa continuaría con 14 imputados y entraría ya en la recta final, para llegar al juicio. Por un lado, se mantendría la acusación contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y contra cuatro técnicos del Ayuntamiento (Vicente Bartolomé Fuentes, Ramón Carrasco, Alfredo Morales y Antonio Lorenzo), por presuntos delitos continuados de prevaricación urbanística, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. En la causa se investigan licencias turísticas que ya han sido anuladas por los tribunales, así como residenciales en el caso del Plan Parcial Playa Blanca, pero también el puerto deportivo Marina Rubicón.

Además, la Fiscalía considera que hay indicios suficientes de delito para mantener la acusación contra la mujer de José Francisco Reyes, Antonia Rafaela Torres, y contra tres de sus hijos (María Noelia, María Beatriz y Francisco Abel Reyes), por blanqueo de capitales. Junto a ellos, la Fiscalía también pide que continúen imputados Simeón Camacho, Antonio Marcelo Machín, Benito Mesa Ferrer y Rafael Mesa Ferrer, por su presunta colaboración para realizar ese blanqueo, a través de las sociedades Acuimar Cachazo y Sea Sun Lanzarote.

Más de un millón de euros en efectivo

El delito de blanqueo de capitales se incluyó en la causa a raíz de la investigación realizada en su día por la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, que rastreó el patrimonio de José Francisco Reyes y de su entorno, y encontró gastos por valor de más de un millón de euros en pocos años, con dinero de procedencia desconocida. Las compras se realizaban en efectivo, sin que haya ningún asiento contable en entidades bancarias, ni la familia haya podido justificar la procedencia del dinero, según sostiene la acusación.

Precisamente por ello, la Fiscalía pide también mantener la imputación por cohecho contra el ex alcalde de Yaiza, ya que la investigación sostiene que utilizó su cargo para obtener distintas dádivas y dinero en efectivo a cambio de la concesión de licencias ilegales. Sin embargo, pide sobreseer las actuaciones contra los empresarios que estaban imputados por haber pagado esos presuntos sobornos. Y es que a pesar de los numerosos indicios que llevaron a su imputación, incluyendo una confesión del propio Reyes en la que llegó a admitir haber cobrado sobornos, y de la que luego se retractó, no habría pruebas suficientes para demostrar esos supuestos pagos.

En total, en la causa estaban imputados hasta ahora una decena de empresarios, entre los que destacaban los propietarios del puerto deportivo Marina Rubicón, Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas; así como Francisco Riquelme, promotor del hotel Papagayo Arena; Joaquín Cañada; Ignacio Díaz de Aguilar; José Carmelo González Clavijo; y tres empresarios vascos (Félix Leceta, Ricardo Sánchez y José Ramón Olaberría) con intereses en el Plan Parcial Playa Blanca. Para todos ellos, imputados hasta ahora por presuntos delitos de cohecho, se pide el sobreseimiento parcial y provisional. En cuanto al último empresario imputado por cohecho, Rafael Mesa Ferrer, también se pide el sobreseimiento por este delito, aunque continúa imputado por blanqueo de capitales.

Respecto a otro de los principales imputados en la causa, el abogado Felipe Fernández Camero, el fiscal también pide que se archiven las imputaciones por prevaricación urbanística y cohecho, aunque mantiene la acusación por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

  • Según artículo escrito por Isabel Lusarreta en La Voz de Lanzarote el 26 de abril de 2012 bajo el título“Sigue imputado por malversación, por el dinero que cobró del Consistorio. La Fiscalía sigue considerando a Camero como el “presunto inductor” de la conducta de Reyes, aunque no hay pruebas de su “asesoramiento”:

Llevaba procedimientos judiciales del Ayuntamiento de Yaiza y representaba a la vez a los promotores pero, además, cobraba como asesor del Consistorio “en materia de derecho administrativo, y más concretamente urbanístico”, según la investigación del “caso Reyes”. Sin embargo, durante la instrucción de la causa, Felipe Fernández Camero ha negado sistemáticamente haber influido en la política urbanística que se siguió durante la Alcaldía de José Francisco Reyes.

Ahora, la Fiscalía sigue considerando a Fernández Camero como el supuesto “inductor” de la conducta presuntamente delictiva del ex alcalde, pero pide archivar los cargos que pesaban contra él por presuntos delitos de prevaricación urbanística y cohecho, ya que no se ha podido acreditar su participación directa. Algo especialmente difícil en este caso, ya que en realidad no era “autoridad o funcionario público”, y tampoco hay, según subraya el fiscal, “ningún informe escrito” en el que aconseje la concesión de las licencias que se investigan.

Sin embargo, precisamente por ello, la Fiscalía sí mantiene los cargos contra Felipe Fernández Camero por un presunto delito de malversación de caudales públicos. De hecho, ha pedido que se abra otro procedimiento con unas nuevas diligencias, en el que estarían imputados el propio Camero, además del ex alcalde, José Francisco Reyes, y el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes.

La investigación sostiene que, al margen de los honorarios que recibía Fernández Camero por los juicios contencioso-administrativos en los que representó al Ayuntamiento de Yaiza, y por los procedimientos penales en los que defendió a Reyes y a algunos de los técnicos municipales, también recibió otros pagos del Consistorio, en concepto de “asesoramiento jurídico”.

Ese dinero lo cobró entre los años 1996 y 2008, “directamente como persona física o como administrador de la empresa Adelfas 24 S.L.”, y la Fiscalía considera que podría constituir un delito de malversación de caudales públicos. Y es que si se descarta su participación en la supuesta prevaricación urbanística, por falta de pruebas de que realmente existiera ese asesoramiento, podría entenderse que los pagos fueron presuntamente fraudulentos.

“Cuasiomnipresente”

Respecto a los otros delitos que se le imputaban hasta ahora a Fernández Camero, el escrito del fiscal sostiene que “los indicios delictivos existen ciertamente, pero sin la consolidación suficiente” como para que la Fiscalía “pueda sostener la acusación contra él”.

Al respecto, la Fiscalía subraya que Camero ha desarrollado “un papel cuasiomnipresente”, defendiendo tanto al Ayuntamiento como a los promotores urbanísticos que recibieron las licencias que fueron anuladas por los tribunales, así como en la defensa de unos y otros en la vía penal, donde después pasó a estar imputado él mismo.

Además, se refiere expresamente a uno de los casos, el del Puerto Deportivo Marina Rubicón, y subraya que defendió “en nombre del Ayuntamiento los intereses urbanísticos de los promotores particulares, a la sazón también clientes suyos, con mayor virulencia que los de la propia administración”. Como ejemplo, la Fiscalía subraya que pidió que se le impusiera una fianza a la persona que denunció esta obra, pese a que ni los mismos empresarios lo habían pedido, y que aportó a ese proceso, “a sabiendas, información contraria a la realidad”.

La Fiscalía también considera “sorprendente” el “acceso que ha demostrado tener a lo largo de esta causa” a documentación de los expedientes del Consistorio, “que no tenía ni el propio Ayuntamiento”, así como la “confluencia de intereses económico-inmobiliarios” que tenía con Juan Francisco Rosa, “al menos en la mercantil Lanzasuiza S.L.”.

En la misma línea, destaca que el Ayuntamiento y los promotores, que también eran clientes del despacho de Fernández Camero, mantuvieron criterios jurídicos idénticos en la defensa de las licencias que después fueron anuladas, y que el Consistorio tuvo “una permanente y objetivada estrategia de ocultación de información trascendental, y de preceptivo y obligado cumplimiento”, que permitió evitar “los instrumentos de control o de supervisión que pudieran haber impedido la concesión” de esas licencias. Y todo ello, mientras “la autoridad municipal a la que supuestamente asesoraba” Felipe Fernández Camero, “quebrantaba la prohibición de concesión de licencias, cuando se había suspendido dicha potestad”.

Sin embargo, ninguno de los imputados en la causa, ni el ex alcalde ni los cuatro técnicos del Ayuntamiento, han vinculado a Fernández Camero con la concesión de esas licencias y han negado haberse visto influidos por su criterio. Además, tampoco hay constancia escrita de ese asesoramiento, por lo que se archivarán los cargos de cohecho y prevaricación, aunque continuará imputado por presunta malversación de fondos públicos, por esos pagos que recibió del Ayuntamiento como supuesto “asesor”.

Otras causas pendientes

Además de en el “caso Reyes”, el abogado Felipe Fernández Camero también está imputado en otras causas, como en el caso de La Bufona. Además, fue detenido en el marco del “caso Unión”, por el que actualmente está en libertad bajo fianza de 100.000 euros.

En ese procedimiento se investigan, entre otras cosas, los contratos y pagos presuntamente irregulares a la empresa Urbaser por parte del Ayuntamiento de Arrecife, cuando Fernández Camero era secretario de esa Corporación. En esta causa, se le investiga por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y alteración de concursos públicos.

  • Según artículo escrito por Isabel Lusarreta en la Voz de Lanzarote el 26 de abril de 2012 bajo el título“El escrito de la Fiscalía insiste en que había “múltiples indicios” para imputar a los empresarios, pero no “suficientes” para llevarles a juicio. La falta de datos sobre las presuntas entregas de dinero y la posible prescripción del delito, claves en los sobreseimientos en el caso Reyes”:

“No hay datos que permitan afirmar cuánto dinero o qué dádiva entregó”, y “tampoco puede afirmarse de manera alguna ni cuándo lo hizo”, “ni si lo hizo para la obtención de una licencia, como recompensa de ello, o por o para cualquier otra razón”. Y eso, “da lugar a la más elemental duda de si los hechos, de haberse cometido, hubieran prescrito antes de su declaración en noviembre de 2009”. Este extracto del informe del fiscal, en el que pide el sobreseimiento de las actuaciones contra una decena de empresarios imputados por presuntos delitos de cohecho en el “caso Reyes”, resume los argumentos que han llevado a la acusación pública a adoptar esta decisión.

En el escrito, al que ha tenido acceso La Voz, la Fiscalía insiste en que hay un “cúmulo de indicios” contra esos empresarios, que son precisamente los que dieron lugar a su imputación judicial, pero agrega que no son “suficientes” para llevarles a juicio.

En definitiva, lo que sostiene el dictamen del fiscal es que los empresarios que estaban imputados, y especialmente algunos de ellos, se vieron claramente “beneficiados por la conducta presuntamente delictiva” del ex alcalde de Yaiza, al recibir licencias que eran ilegales, tal como ha quedado acreditado en los tribunales. Sin embargo, aunque José Francisco Reyes sí seguirá imputado por presuntos delitos de cohecho, la investigación no ha permitido despejar las incógnitas sobre esos supuestos pagos ni, por tanto, mantener la imputación contra los empresarios.

En concreto, al analizar el caso de cada uno de los empresarios que estaban imputados, el fiscal insiste en subrayar las dudas que existen sobre cuánto dinero pudieron entregar, o si lo hicieron presuntamente antes o después de obtener la licencia. Y eso, sería determinante para calificar el tipo de delito (ya que hay varios tipos de cohecho), y también para establecer los años que tarda en prescribir. De hecho, alguno de los imputados alegó esto en su defensa, pidiendo el sobreseimiento de las actuaciones.

Y es que aunque los indicios permitieran demostrar que alguno de ellos pagó sobornos, no podría condenársele si entre la fecha en que sucedieron los hechos y su imputación, hubieran transcurrido más años de los que marca ese tipo de delito para prescribir. Y de ahí, la importancia del “cuándo”, que no ha podido esclarecerse.

Reyes “se sirvió de su cargo público”

En lo que en sí insiste la Fiscalía en su escrito es en que José Francisco Reyes, “efectivamente, se sirvió de su cargo público para obtener dádivas en dinero y en especie, directamente relacionadas con el otorgamiento de licencias urbanísticas contrarias a derecho”.

Para sostenerlo, se basa entre otras cosas en el hecho de que mientras José Francisco Reyes concedía licencias ilegales en Playa Blanca, él y su familia manejaron “un mínimo de 1.256.000 euros”, en compras realizadas en efectivo y con dinero de procedencia desconocida, según el informe realizado en su momento por la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado de la Policía Nacional.

Además, el fiscal subraya que esa cifra podría ser mayor, ya que la investigación del patrimonio de Reyes fue especialmente compleja, “teniendo en cuenta las dificultades que para la obtención de dichos datos han supuesto el transcurso del tiempo y la consiguiente pérdida de datos bancarios”, así como la “obstaculización de la investigación judicial y policial por parte de algunas entidades bancarias”. Además, también destaca que José Francisco Reyes sabía que estaban rastreando su patrimonio, ya que cuando se acordó esta medida, la causa ni siquiera estaba bajo secreto de sumario.

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CASO LAS TERESITAS, CORRUPCIÓN DE TOMO Y LOMO (VII) CORRUPCIÓN EN YAIZA (I)

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