CASO LAS TERESITAS, CORRUPCIÓN DE TOMO Y LOMO (VII)

16 diciembre, 2011 at 11:44 Deja un comentario

  • Según artículo de Noe Ramón escrito en Canarias Ahora, el 16 de diciembre de 2011 bajo el título “CASO LAS TERESITAS. Irregularidades fiscales en un pagos anuales a Arona:

Ignacio González pagó 50.000 euros al año entre 2004 y 2006 a asociaciones vecinales y al Ayuntamiento del municipio.

La Brigada de la Policía judicial elaboró un informe incluido en el sumario de caso de Las Teresitas en el que advierte de posibles irregularidades fiscales en las cuentas de la familia del empresario Ignacio González. En concreto, se llama la atención sobre una serie de vales de caja emitidos por Vultesa a favor de su hijo, Pedro González, en los que se declara el cobro en efectivo desde el año 2004 a 2006 de 50.000 euros por ejercicio. Estos cobros estaban destinados a realizar una serie de abonos al Ayuntamiento de Arona y a asociaciones de vecinos, supuestamente también de este mismo municipio. “No deja de resultar cuanto menos irregular que se efectúen pagos por las cantidades señaladas en efectivos y algunos de ellos mediante sobres, como se especifica en los propios avales”.

Pero además a lo largo de 2002 se llevaron a cabo diez retiradas de dinero a cuenta de Ignacio González Martín por un total de 290.000 euros, cantidad que posteriormente no apreció ingresada en ninguna de sus cuentas bancarias “por lo que este dinero en efectivo se desconoce el destino que ha tenido”. Estos datos fueron extraídas de la documentación encontrada en un piso situado en la calle Villalba Hervás alquilado por la familia del empresario. Así se pudo comprobar que Grupo de Medios de Tenerife asumió en el año 2003 la deuda contraída por Azul Televisión con la Seguridad Social que ascendía a 300.305 euros. En aquel momento la empresa pertenecía a los periodistas, Jorge Bethencourt y Lucas Fernández.

Dos años antes Grupos de Medios había solicitado dos préstamos personales por valor de 120.000 euros cada uno, argumentando que al ser de reciente creación y solvencia ninguna entidad bancaria le facilitaría el dinero que era necesario para la compra de Azul Televisión. Uno de los créditos fue asumido por Fernández y su esposa y el otro por Report Line, propiedad también de este mismo, y cuyo domicilio social coincide con el de Agencia de Prensa BG cuyo administrador único es Bethencourt.

Desde distintas sociedades de la familia González se efectuaron una serie de préstamos sin intereses entre los años 2002 a 2004 a las sociedades Grupos de Medios y Azul Televisión, parte de cuyo dinero se destino a la compra de material de Metrópoli Radio, entre cuyos socios estaban los exconcejales socialistas, Emilio Fresco y José Luis Martín, también imputados en esta trama. Por estas razones los dos periodistas fueron encausados inicialmente como posibles responsables de un delito de blanqueo de dinero aunque con posterioridad se retiró este cargo al no encontrarse pruebas fehacientes de que se tratara de comisiones pagadas al exalcalde, Miguel Zerolo. Grupos de Medios contrajo supuestamente una serie de deudas con la familia de los empresarios que ascendían a 1,1 millones de euros, de los cuales casi 314.000 fueron con sus empresas y el resto con los empresarios. Estas deudas, sin embargo, fueron condanadas mediante un contrato privado de reconocimiento y compensación de las mismas.

  • Según artículo de Noe Ramón escrito en Canarias Ahora, el 16 de diciembre de 2011 bajo el título “CASO ‘LAS TERESITAS’. LA INVESTIGACIÓN POLICIAL. Confidentes, anónimos y testigos protegidos”:

La investigación de la trama se sustentó en informaciones de particulares que resultaron en algunos casos básicas para cerrar el sumario.

Entre los métodos que tuvo que utilizar la policía judicial para desenredar el ovillo inabarcable de la trama de Las Teresitas resultó básica la ayuda de confidentes y testigos protegidos así como la llegada de diferentes escritos anónimos. La información obtenida de estas fuentes fue en algunos casos absolutamente certera, en otros sirvió como guía para llegar a conclusiones más o menos aproximadas y en otras no pasó de ser incierta o al menos fue imposible comprobar su veracidad. Fueron varios los testigos protegidos que prestaron su colaboración a la policía tanto en esta parte de la investigación como en otras piezas separadas. Estas personas acudían escoltadas a declarar ante la juezas, Carla Bellini y Lucía Machado o la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez quien tras interrogarlos les advertían muy seriamente sobre la obligación de guardar el más absoluto secreto sobre sus conversaciones. No era necesario. Todos eran conscientes del peligro que podrían acarrear sus confesiones. El pánico llegó al punto que algunos optaron por hacer llegar sus informaciones a través de anónimos. “Si me descubren mi vida corre peligro”, advirtió uno de los firmantes de estos escritos.

Por este último sistema se conoció de la existencia de un piso franco situado en la calle Villalba Hervás donde se intervinieron más de 73.000 documentos sobre las operaciones financieras de la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) y su entramado societario. Al principio la policía dudó de estas fuentes confidenciales pero al final resultó fundamental que el informador anónimo pudiese describir perfectamente las oficinas de ILT en la calle de La Rosa, entre otros detalles, lo que hizo que la policía se tomara en serio esta información. En estos anónimos se apuntaba a la importancia que en el caso tenía la figura de Felipe Manuel Armas Jerónimo, empleado de Ignacio González, y encargado de custodiar el piso franco.

De los documentos encontrados se pudo extraer información sobre un supuesto pago en dinero negro por valor de 1,5 millones de euros por parte de González para adquirir un edificio así como pruebas de una posible falsedad en documento mercantil y de una infracción de ley de financiación de partidos con respecto al Centro Canario Nacionalista (CCN), presidido por el hijo del empresario, Ignacio González Santiago. Según la información hallada su familia costeó “una importante campaña publicitaria, sostenida en el tiempo y una importante inversión pagada con su patrimonio económico”, al parecer proveniente de la venta de los terrenos de la playa.

Los testigos consultados coincidieron casi en su totalidad en apuntar el posible cobro de comisiones ilegales por parte de los imputados en la trama en aquellos momentos y los que lo podrían estar en el futuro. En numerosas ocasiones se indicaba que los compradores de la playa habían pagado 2,4 millones de euros al exalcalde, Miguel Zerolo y otro tanto al director de CajaCanarias, Álvaro Arvelo, al presidente de la entidad, Rodolfo Núñez y al abogado de la Junta de Compensación, Mauricio Hayek. A mucha distancia quedaban el exportavoz popular, José Emilio García Gómez y los exconcejales socialistas, Emilio Fresco y José Luis Martín con 120.000 euros cada uno. Estas mismas fuentes pusieron en evidencia la existencia de personas vinculadas con Zerolo como son los periodistas Jorge Bethencourt y Lucas Fernández, así como su cuñado, Luis Rodríguez, que habrían intervenido también en la operación. Después de una laboriosa investigación que duró cerca de seis años no se llegaron a encontrar pruebas concluyentes y directas del cobro de estos sobornos. En muchos casos se detectó dinero de origen desconocido que coincidía sospechosamente con el apuntado por los informadores, que los imputados pasaban meses sin sacar dinero del banco, fondos que circulaban misteriosamente de una empresa a otra o cheques que no sabía muy bien de dónde salían o a donde iban dirigidos. Los investigadores se enfrentaron a la dificultad añadida de que dado el tiempo transcurrido mucha de la documentación ya había sido destruida por los bancos que además tampoco se mostraron demasiado colaboradores con la policía. Tal vez por ello ni la juez ni la fiscal pudieron avanzar más allá de los simples indicios.

Un testigo protegido apuntó que el director de Canal 7, Francisco Padrón, había cobrado 600.000 euros de la familia de los González por cambiar de opinión sobre la posible urbanización de la playa de Las Teresitas. Nunca aparecieron los publireportajes supuestamente contratados pero si hubo una “coincidencia absoluta” entre las informaciones confidenciales y la documentación que certificaba las cantidades pagadas. En otros casos la policía tuvo que bregar con simples rumores. Como cuando se apuntó que la cúpula insular socialista se había reunido con los empresarios en un restaurante y se les había hecho entrega de 1,8 millones de euros para que dieran su voto a favor de la compra del frente de la playa. Otro testigo aseguró que la familia González había comprado un chalet del periodista Andrés Chaves y una emisora suya en La Orotava con el fin de que se posicionara también a favor de sus intereses. Incluso llegó a afirmar que el propio periodista había dado a conocer estas operaciones a través de la radio. Por lo visto la policía no pudo comprobar los extremos o simplemente no les otorgó demasiada credibilidad.

  • Según artículo escrito por Belén Molina en Canarias Ahora el 19 de diciembre de 2011 bajo el título “LAS TERESITAS / LO CERTIFICA EL BANCO DE ESPAÑA. El grupo ‘El Día’ sacó de España 1,6 millones de euros entre 2005 y 2007”:

La empresa Grupo de Medios efectuó 28 operaciones bancarias con el exterior entre 2005 y 2007 – Catorce de esas operaciones fueron con cuentas de Luxemburgo, y tres de ellas en el mismo día, el 20 de febrero de 2007, por 87.043,14 euros.

Grupo de Medios de Tenerife, propiedad de la empresa editora del periódico El Día, sacó de España, vía Luxemburgo y otros países, como Reino Unido y Suecia, más de 1,6 millones de euros, según informes del Banco de España incorporados a la investigación por corrupción del caso Las Teresitas.

Una de las investigaciones más intensas que ha llevado a cabo la Brigada Provincial de la Policía Judicial en Santa Cruz de Tenerife en esta causa, ha sido la concerniente a las cuentas bancarias de los imputados y sus allegados. Sobre todo se analizaron a fondo los envíos de dinero al extranjero. Una de las bases fueron los datos que arrojó la Balanza de Pagos del Banco de España, según la cual, Grupo de Medios de Tenerife sacó dinero al exterior entre los años 2005 y 2007, sobre todo a Luxemburgo, cuando la sociedad ya había dejado de pertenecer a Ignacio González Santiago y había sido adquirida por Editorial Leoncio Rodríguez.

El Tomo IV de la pieza principal del sumario es especialmente jugoso en las salidas y entradas de capital de las cuentas que se investigaron, detalladas en un oficio del Grupo de Blanqueo de Dinero de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, y remitido el 4 de octubre de 2007 a la magistrada Carla Bellini, instructora del caso.

La Balanza de Pagos del Banco de España recoge todas las entradas y salidas de capitales al exterior de las personas físicas y jurídicas. En el oficio se detallan día, divisa empleada, si fue talón o transferencia, y país de destino.

Se investigaron de esta forma los movimientos bancarios de Antonio Plasencia; sus hijos, Carlos Antonio, José Alfredo y María Eugenia. También se miraron con lupa las cuentas de Miguel Zerolo y su familia, como las de su hermano Carlos y las de sus dos empresas discográficas; las de Mauricio Hayek, y María Pilar Parejo Bello.

De igual modo se investigaron los movimientos bancarios al extranjero de los González Santiago: Ignacio González Martín, su hijo Pedro, su hijo Ignacio, Promotora Victoria (propiedad de Ignacio González Martín y su esposa, y que participa de ILT), Promotora Canaria, y Grupo de Medios de Tenerife, cuyos envíos de capital al extranjero figuran en los folios de 2.832 a 2.834 del sumario, así como en una diligencia de la juez, también del 4 de octubre de 2007.

Veintiocho operaciones bancarias en dos años

Grupo de Medios de Tenerife fue creado por el periodista Lucas Fernández, que fue investigado como posible testaferro de Miguel Zerolo y en la actualidad no está imputado en la causa, para gestionar Azul TV, empresa audiovisual que compró el periodista Jorge Bethencourt, igualmente amigo del senador y ex alcalde. Ambas empresas fueron vendidas a González Santiago en 2002, pero en 2005 Grupo de Medios ya era propiedad de la Editorial Leoncio Rodríguez.

En el informe policial se señala que las investigaciones sobre las salidas de dinero al extranjero se basan en sospechas de que podrían esconder pagos ilícitos en forma de comisiones al alcalde y concejales de Santa Cruz de Tenerife.

Se buscaban sobre todo envíos de dinero a Estados Unidos, ya que una información anónima, confirmada como “bastante veraz”, señalaba que los dos políticos mencionados cobraban comisiones a través de un banco radicado en ese país, pero los investigadores se encontraron con que además había operaciones bancarias con otros muchos países, sobre todo Uruguay, y trasvases de capitales a Islas Caimán y Luxemburgo, que la Policía califica como paraísos fiscales.

Los datos obtenidos de la Balanza de Pagos que recoge esa parte del sumario llegan hasta 2007. Hasta ese año, y desde 2002, Grupo de Medios de Tenerife trasvasó a diferentes países un total de 5.451.391,12 euros en 49 operaciones desde una cuenta del BBVA, aunque algunas veces el trasvase fue en dólares.

De esa cantidad, 1.676.192,23 euros fueron transferidos cuando la sociedad ya había pasado a manos del grupo editorial de El Día.

Entre 2005 y 2007, la sociedad efectuó 28 operaciones bancarias con el exterior, de las que 14 fueron a cuentas en Luxemburgo. En total fueron transferidos 321.303,71 euros. Tres de esas operaciones se llevaron a cabo el mismo día, el 20 de febrero de 2007, por una suma de 87.043,14 euros.

Asimismo figuran los envíos de dinero desde esta misma cuenta a otras en Suecia por 712.304,1 euros entre junio de 2005 y diciembre de 2006. De la misma cuenta salieron 138.670,21 euros enviados a otra cuenta en Finlandia el 31 de agosto de 2006. El Banco de España también ha registrado otros trasvases de dinero por parte de Grupo de Medios de Tenerife a Reino Unido.

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