CASO LAS TERESITAS, CORRUPCIÓN DE TOMO Y LOMO (V)

12 diciembre, 2011 at 9:42 Deja un comentario

  • Según artículo escrito por Belen Molina en Canarias Ahora el 12 de diciembre de 2011 bajo el título “LAS TERESITAS/ EL PAPEL DEL EX PRESIDENTE DE CAJACANARIAS. Rodolfo Núñez: ”Fue una operación impecable”JAJAJAJAJAJA IMPECABLE, AHORA SE LLAMA IMPECABLE A UN PELOTAZO INMOBILIARIO DE TOMO Y LOMO, como se utiliza mal la psicología social, piensan que no sabemos leer ni escribir, hay que ser caradura:

La Policía Judicial le considera el “cerebro” del caso – Niega que la Caja supiera que el Supremo iba a fallar a favor de edificar en la playa.

Rodolfo Núñez Ruano, ex presidente de CajaCanarias y copresidente del Consejo de Administración de la entidad el 23 de junio de 1998, cuando se aprobó conceder un préstamo por 5.500 millones de pesetas a una sociedad sin constituir, Inversiones Las Teresitas (ILT), sostiene que esa operación financiera fue “impecable”, pese a las múltiples irregularidades que detectó el Banco de España y la inhabilitación a Ignacio González Martín como consejero del Consejo de Administración, por haber sido juez y parte en esa concesión.

El ex presidente de la Caja sostuvo en su declaración ante la magistrada instructora del caso Las Teresitas, Carla Bellini, que “la operación tuvo un error administrativo, no haberse enterado de que estaba don Ignacio y haber ido al Banco de España a decir su error”, pero “desde el punto de vista financiero, la operación es impecable. En todo momento los clientes pagaron trimestralmente sus intereses”.

Todo ello pese a que la comisión de control no comprobó quienes integraban ILT a la hora de conceder el préstamo, y pese a que la empresa ni siquiera estaba constituida. “Solo se sabía que estaba Antonio Plasencia”, testificó Nuñez Ruano.. Esa comisión de control se fio de un informe de valoración de la Sociedad de Tasación TINSA, basados en parámetros que ya incluían la revisión del Plan Parcial de la zona, aún por aprobar, en las que en el momento de la concesión del préstamo no se podía construir.

Rodolfo Núñez Ruano es una de las personas que la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife y la Policía Judicial han considerado “clave” en la operación de compra-venta de la playa de Las Teresitas y sus terrenos traseros. No está imputado en la causa y cuando declaró ante Bellini, lo hizo como testigo. Sin embargo, los investigadores le señalan como pieza central de un entramado que presuntamente podría dedicarse a la especulación inmobiliaria, y como “cerebro” de la operación de Las Teresitas”.

Su vinculación con los principales imputados en el caso es notoria. En cuatro años recibió cerca de cuatro millones de euros de Plasencia, quien el 16 de diciembre de 1998 le transfirió mediante cheque 3.180.000 pesetas.

Asimismo aparece en cuentas de empresas con Ignacio González, y a través de otra empresa, EO’S Investiment, ha transferido dinero a la isla de Man, paraíso fiscal. EO’S es propiedad al 50 por ciento de Núñez Ruano y de Luis Suárez Trenor, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Información privilegiada

Los investigadores añaden que “habría tenido información, con antelación a su publicación, del sentido favorable de la sentencia del Tribunal Supremo del mes de junio de 1998, que permitía la edificación en la zona de Las Teresitas”.

“Basándose en esta información, contactó con don Antonio Plasencia Ramos (empresario), don Ignacio Manuel Cándido González Martín (empresario), don Álvaro Arvelo Hernández (director general de CajaCanarias) y don Miguel Zerolo Aguilar (alcalde de Santa Cruz de Tenerife) y planificaron la operación de compra-venta de los terrenos a la Junta de Compensación”, asevera la policía.

Núñez Ruano lo negó. Negó que la Caja tuviera información privilegiada. Pero si la operación hubiese fallado y no se hubiera podido hacer frente al crédito o el Supremo no hubiera autorizado edificar en la zona de la playa, la Caja se hubiera visto con unas parcelas poco rentables. “¿A la Caja le interesa tener unas parcelas en las cuales no se pueda hacer nada?”, le preguntó la fiscal María Farnés Martínez. “No”, respondió el banquero.

La presión de Plasencia

Igualmente dijo no estar de acuerdo la puntualización que hace el Banco de España en su expediente, en el que subrayó que en la concesión del préstamo primaron las “consideraciones sociopolíticas sobre criterios técnicos de ponderación de los riesgos soportados y beneficios esperados”. “Esto es un negocio”, rebatió el ex presidente de la Caja.

Otros aspectos llaman la atención en ese préstamo, como la celeridad con que se concede. Según Núñez Ruano, se debió a la presión del cliente, Antonio Plasencia, y al temor a que se marchara a otro banco. La solicitud se hace además el mismo día en que se hace el estudio de viabilidad de la Caja (“El cliente debió de presionar mucho y la Caja corrió”, explicó), y la concesión es del cien por cien, también porque “la presión del cliente lo logró”.

  • Según artículo escrito por Daniel Millet en La Opinión de Tenerife el 13 de diciembre de 2011 bajo el título “La Policía sospecha que González ´lavó´ 1,5 millones con seis empresas. Los investigadores ven indicios de que el empresario pudo cometer un fraude fiscal al blanquear dinero a través de la compra de un inmueble en La Laguna”:
Ignacio González Martín, uno de los empresarios imputados en el caso Las Teresitas y presidente de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña, pudo emplear hasta seis sociedades de la familia para blanquear presuntamente 1,5 millones de euros en el año 2005 procedentes de la compraventa de los terrenos de la playa chicharrera. Esto asegura por lo menos la Policía Judicial en un informe que se encuentra en el sumario de la causa, cuyo secreto se levantó hace dos semanas.
González Martín “pudo haber cometido un delito de fraude fiscal”, siempre según el documento policial, a través de la compra de un inmueble situado en el entorno del aeropuerto de Los Rodeos, en el municipio de La Laguna, denominado Edificio Yanes. Según la escritura, la operación se cerró por un total de 4.207.084 euros, pero “del análisis de la documentación obtenida en esta investigación se desprende un pago adicional en dinero B, que ascendería a la cantidad de 1.502.530”, por lo que el precio total fue de alrededor de 5,7 millones de euros.
Los agentes, asimismo, detectaron que las cantidades utilizadas para los traspasos de esos 1,5 millones del supuesto fraude fiscal procedían de una cuenta de la mercantil Inversiones Las Teresitas SL (ILT), la entidad de la que es socio el mismo Ignacio González Martín y que fue la que vendió los terrenos del frente de playa al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, centro de toda la controversia.
ILT había enviado en total 48,8 millones de euros a otra de las empresas de Ignacio González, Promotora Victoria SL, después de vender varias parcelas de la trasera de la playa de Las Teresitas que quedaron fuera de la operación con el Consistorio.
“Se puede establecer una conexión entre los flujos de dinero recibidos por la venta de los terrenos de Las Teresitas con la cantidad de dinero B utilizada para el pago del Edificio Yanes”, subraya el informe de la Policía Judicial. A los investigadores les llamó la atención que la propia denominación B del pago, propia de un movimiento de lavado de dinero negro, apareciera en los mismos documentos de las empresas de Ignacio González Martín, concretamente los que fueron requisados en el piso franco de la capital tinerfeña tras una intervención de la Policía.
González Martín transfiere primero el dinero ganado en la venta de las parcelas de Las Teresitas a una cuenta de su empresa Promotora Victoria y luego envía los 1,5 millones objeto del presunto fraude a otras seis sociedades de su familia: Multiruedas SL, Promotora Toscal, Igan Inversiones, Mesa y Honorio y Vultesa.
Cheques.
El dinero transferido a estas entidades mercantiles sale después mediante cheques emitidos al portador, apenas unos dos o tres días después, con destino al pago B del Edificio Yanes de La Laguna. “Se observa cómo en lugar de transferir el dinero a una sola cuenta de una entidad mercantil, se planifica y se lleva a cabo una maniobra tendente a distraer la observación de la cantidad real transferida por una misma entidad en un mismo día”, concluyen los investigadores.
  • Según artículo escrito por Daniel Millet en La Opinión de Tenerife el 13 de diciembre de 2011 bajo el título “Manual de dinero negro. El sumario ofrece una amplía guía sobre técnicas para mover el capital ´B´”:

Del sumario del caso Las Teresitas se podría sacar un manual sobre métodos de lavado de dinero negro. Y es que los mecanismos que los investigadores atribuyen a algunos de los implicados son tan variados y representativos como para escribir un libro.

El Velo societario.

Uno de estos métodos es el que los policías denominan “velo societario” o, lo que es lo mismo, la utilización de un entramado de empresas € hasta seis en el supuesto fraude fiscal de Ignacio González con la compra de un edificio € para mover dinero a espaldas de Hacienda. “Es necesario levantar este velo y considerar a toda la estructura societaria de los González Santiago como un todo organizado en una misma dirección”, concluyen los policías judiciales en uno de sus informes.

¿Cuál es el método que presuntamente usaron los González? Desde una sociedad A con gran liquidez se transfiere unas cantidades de dinero a una sociedad B del grupo justificándolo como un préstamo entre sociedades o la prestación de un servicio. Desde esta entidad B se libran cheques al portador que se justifican mediante préstamos personales a alguno de los socios. Estos cheques pueden ser cobrados por una tercera persona que obtiene finalmente dinero en efectivo totalmente opaco y del que disponen con total libertad.

Movimientos circulares.

Fueron los empleados presuntamente en la compraventa de Azul Televisión, justo después de la operación de la playa de Las Teresitas. Una empresa transfiere un dinero a otra y esta última lo devuelve a los pocos días con una diferencia que queda lavada en la operación. Los movimientos circulares pueden llegar a repetir esta maniobra en varias ocasiones, lo que intenta hacer con la intención de complicar las investigaciones policiales.

En cuanto al canal de televisión, el 28 de septiembre de 2001 se efectúa una transferencia por parte de Grupo de Medios de Tenerife SL, en manos entonces del periodista Lucas Fernández, relacionado con el círculo más estrecho del alcalde Miguel Zerolo, a favor de Azul Televisión por importe de 30.050 euros. Apenas cinco días después, Azul Televisión emite un cheque por importe de 25.621 euros con destino a Grupo de Medios de Tenerife SL. Es decir, se produce una devolución del dinero recibido, si bien Azul Televisión retiene la diferencia entre ambos importes: 4.429 euros.

Loterías y testaferros.

Son unos clásicos en los casos de corrupción. De ahí que llamara la atención a la Policía Judicial que el exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, ganara casi 10 millones de pesetas (60.000 euros) en 145 décimos de lotería premiados en apenas dos semanas de las Navidades de 2001. O también las estrechas relaciones de Zerolo y las sociedades de su familia con su cuñado, el abogado Luis Rodríguez Muñoz, y su amigo, el periodista Jorge Bethencourt, y las sociedades de estos. En innumerables informes, los agentes señalan a Rodríguez y Bethencourt como sus presuntos testaferros.

  • Según artículo escrito por Noe Ramón para Canarias Ahora el 13 de diciembre de 2011 bajo el título “CASO LAS TERESITAS | RECIBIERON ”COACCIONES Y AMENAZAS” DEL ABOGADO MAURICIO HAYEK. Los antiguos propietarios de Las Teresitas dejaron de cobrar 5,4 millones de euros”:

Algunos dueños -cerca de un centenar en el caso de Las Huertas- no recibieron cantidad alguna de dinero.

Las investigaciones realizadas en torno a la primera venta por parte de la Junta de Compensación de Las Teresitas a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) apuntan a que el reparto del dinero entre los antiguos propietarios se llevó a cabo de forma “muy irregular”, mediando en ciertas ocasiones “coacciones y amenazas” y un “enriquecimiento desmedido e incluso al parecer ilícito” por parte del abogado de la Junta Mauricio Hayek. Este letrado, junto con el resto de los directivos de la entidad, están imputados por apropiación indebida y se le han retenido cerca de siete millones de euros de sus cuentas. La investigación concluye que existen dueños -cerca de un centenar en el caso de Las Huertas- que no recibieron cantidad alguna de dinero. En la actualidad las cuentas bancarias de la Junta carecen de saldo suficiente para hacer fente a los pagos que reclaman estos propietarios.

Las investigaciones consideran acreditado que de los más de cinco mil millones de pesetas que pagó ILT en el año 1998 para adquirir todos los terrenos de la playa, se repartieron efectivamente entre los antiguos dueños algo menos de cuatro mil millones trescientas mil pesetas. Ello implica que éstos dejaron de recibir alrededor de novecientos millones de pesetas e incluso hubo alguno no cobró nada, hasta sumar más de 4,3 millones de euros (casi 724 millones de pesetas). No fue el caso de Hayek que recibió casi 853.000 euros (142 millones de pesetas) como propietario de una parcela que en realidad pertenecía a la cadena hotelera Sol Meliá. De hecho, el Tribunal Supremo (TS) ha emitido ya una sentencia firme que obliga a abonarle cerca de dos millones de euros sumados los cuantiosos intereses de demora.

Tras el inicio por parte de Sol Meliá de la reclamación judicial, Hayek ingresó esa cantidad en su cuenta personal y suscribió un fondo de inversión por importe de casi 141.500 euros. La explicación que ofreció el letrado en sus declaraciones es que había optado por guardar personalmente ese dinero por si se diera la circunstancia de que finalmente la cadena hotelera ganaba el pleito, lo que finalmente ocurrió. Sin embargo, lo cierto es que cuando la Audiencia Provincial emitió la primera sentencia a favor de Sol Meliá, fue la Junta la que abonó 141.600 euros al Juzgado y posteriormente hizo una transferencia de 442.000 euros en concepto de intereses. A la policía no le consta que Hayek haya devuelto aún la primera de las cantidades.

Cuando los investigadores se adentraron en las cuentas de la Junta éstas se encontraban ya sin saldo disponible. De esta forma se detectaron pagos al presidente, Jerónimo Delgado y al tesorero, Clemente Martín, por valor de 12,3 millones de pesetas (74.000 euros), pese a que el ejercicio de sus cargos en la Junta era gratuito. Hayek cobró “una elevada cantidad de dinero” mediante cheques, “desconociéndose el concepto de una amplia mayoría de los mismos”. Se ha abonado a las sociedades Turismo y Playa SA y Mar de Tenerife SA, la cantidad de 210 millones de pesetas (1.2 millones de euros) y se pagaron los gastos que generó una cena con los arquitectos que participaron en el concurso de ideas.

La Junta optó por pagar el dinero de la venta directamente a los socios de las empresas Playa de Las Teresitas y Mar Terre, en lugar de abonarlas a las entidades como persona jurídica y que luego los socios decidieran como invertir esos beneficios. De esta manera se pretendía eludir ante Hacienda el aumento de los beneficios. Sin embargo, el sistema sólo ha dado lugar a múltiples sanciones, algunas ya firmes. Por ejemplo, hace escasas fechas el Tribunal Supremo multó a uno de los antiguos propietarios a pagar más de 75.000 euros por este motivo. Además, el Tribunal Económico tiene abierto un expediente sancionador contra los directivos de Playa de Las Teresitas SA que asciende a 11 millones de euros para cada uno.

Cuando Hayek fue requerido por Hacienda para que justificara los ingresos por valor de casi un millón de euros, “éste declaró falsamente que correspondían a honorarios profesionales pagados por la Junta cuando en realidad se trataba de la parte que le correspondía por el coeficiente asociado a su participación con el 30% de la sociedad Mar Terre”. La policía se hace eco de que han sido varias las declaraciones en las que se pone en evidencia las coacciones y amenazas que recibieron los antiguos propietarios por parte de Hayek y otros miembros de la Junta. Básicamente se les advertían de que o cobraban el dinero que se les ofrecía o no cobrarían nada y además serían expropiados.

En total los investigadores concluyen que Hayek cobró un total de 5,3 millones de euros de la primera venta de la playa. De esta cantidad 2,3 millones corresponderín a a su supuesta participación como propietario y a parte recibió otro millón más al poseer el 30% de participaciones en Mar Terrre, pese a que este dinero lo declaró como rendimientos de trabajo. Además recibió por este mismo concepto en 1998, casi 89.000 euros más, a lo que se unirían en el año 1999 otros 197.000 euros. Sobre la diferencia de 1,7 millones de euros, los investigadores indican que desconocen la razón de su abono ya que no fue declarado a Hacienda. Sobre los 600.000 euros que recibió en ese mismo período por parte de ILT se considera que en realidad fue “un pago encubierto para lograr transmitir las propiedades libres de cargas y ocupantes”, aunque para ello se tuviera que recurrir a las amenazas de no cobrar y ser expropiados. La explicación que han dado los compradores, Antonio Plasencia e Ignacio González es que este abono correspondía al asesoramiento que Hayek ofreció para redactar el convenio de la playa.

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