CASO LAS TERESITAS, CORRUPCIÓN DE TOMO Y LOMO (IV)

11 diciembre, 2011 at 19:07 2 comentarios

  • Según artículo escrito por Pedro Guerra en La Opinión de Tenerife el 12 de diciembre de 2011 bajo el título “Bethencourt cobraba de empresas con contratos públicos en Santa Cruz. La Policía cree que sociedades que tenían negocios con el Ayuntamiento pagaban los gastos de la compra de inmuebles”:

Un grupo de empresas que prestaban servicios al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ingresaban dinero en la cuenta de una sociedad propiedad del periodista Jorge Bethencourt, al que la policía considera un presunto testaferro del exalcalde Miguel Zerolo. En varios informes policiales que se encuentran dentro del sumario del ´caso Las Teresitas´, desclasificado la pasada semana y en el que se investiga la compra-venta de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas, los investigadores detectaron ingresos de al menos seis sociedades diferentes en la cuenta de una mercantil propiedad de Bethencourt, Agencia de Prensa BG. La empresas son Vemate, S.A.; Urbaser S.A.; Ecocivil Electromur S.L.; Emocional Base S.L., Juandro (propiedad de Julio Bonis), Plató del Atlántico y CC. Todas menos las tres últimas tenían contratos públicos con el Ayuntamiento de Santa Cruz.

Todo ello se produjo en una época en la que Agencia de Prensa BG adquirió un ático y dos plazas de garaje en el Edificio Beleyma de la capital tinerfeña, unas propiedades que, según afirmaron algunos confidentes a los investigadores del ´caso Las Teresitas´, pudiera pertenecer realmente al exalcalde Miguel Zerolo. La policía deja abierta la posibilidad de que estos ingresos pudieran venir del presunto pago de comisiones ilegales, toda vez que Bethencourt, además, fue asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y por tanto los pagos podrían ir destinados a sufragar los gastos de la hipoteca de la vivienda comprada en ese edificio a cambio de contratos públicos en la administración municipal.

“Del análisis y estudio de la cuenta bancaria de Agencia de Prensa BG se puede extraer la conclusión de que mediante los ingresos efectuados en esta cuenta se pueden cubrir los gastos generados por el pago de la letra en concepto de pago del préstamo que nos ocupa”, explican los investigadores en el documento.

Siempre según el informe, “los clientes mayoritarios de Agencia de Prensa BG son empresas que a su vez han tenido relaciones contractuales con el Ayuntamiento, y que según las informaciones recibidas manifiestan que Jorge Bethencourt podría estar recibiendo y encubriendo pagos que empresarios podrían haber realizado al alcalde Miguel Zerolo por concesiones u obras municipales adjudicadas a éstos”.

  • Según artículo escrito por Pedro Guerra en La Opinión de Tenerife el 12 de diciembre de 2011 bajo el título “El exalcalde tenía como asesor de Urbanismo a su presunto testaferro”:

En la época en la que la empresa de Jorge Bethencourt Agencia de Prensa BG compraba inmuebles con dinero “no justificado” para los investigadores del ´caso Las Teresitas´, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife y principal imputado en la causa nombró asesor de Urbanismo al periodista y amigo suyo. Se trata de los años 2005 y 2006, cuando el entonces máximo responsable de la capital tinerfeña colocó al que la Policía considera su principal testaferro como uno de los asesores en materia urbanística del municipio, una de las más importantes en un ayuntamiento. Eso, a pesar de que Jorge Bethencourt es periodista.

Según la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, investigada por los miembros de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, Bethencourt recibió de la Gerencia Municipal de Urbanismo del consistorio un total de 20.152 euros durante 2005 y 2.853 en el ejercicio 2006.

En uno de los informes policiales que se encuentran en el sumario del ´caso Las Teresitas´, además, la Policía asegura que “destaca de manera sobresaliente y respecto del cobro de presuntas comisiones ilegales que, justo en el período de tiempo en que Jorge Bethencourt desempeñó este puesto de trabajo -asesor de urbanismo- la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife incoase diligencias preliminares de investigación número 16/2006. El origen de dichas diligencias”, continúa el informe policial, “fue un escrito anónimo recibido en la Fiscalía donde se hace constar un presunto cobro de comisiones en metálico o en especie por parte de Jorge Bethencourt”.

  • Según artículo escrito por Pedro Guerra en La Opinión de Tenerife el 11 de diciembre de 2011 bajo el título “Un giro de 360 grados”:

 Una vuelta entera a lo largo de cinco años. Eso es lo que ha ocurrido en el ´caso Las Teresitas´, una investigación que se inició con una prevaricación y una malversación de caudales públicos, que buscó el cohecho y que terminó como al principio.

Un movimiento circular de la investigación, como el que dice la policía que supuestamente realizó el dinero de algunos de los imputados en el ´caso Las Teresitas´, ha llevado al que está considerado el mayor escándalo de corrupción del Archipiélago hasta sus inicios, cinco años después. Cuando la fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, se plantó en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con más de setenta folios en forma de querella bajo el brazo, a finales de 2006, los cimientos de la ´telaraña´ santacrucera, formada por empresarios, políticos, reputados abogados y también periodistas, se tambalearon como nunca antes había ocurrido. Hoy, casi cinco años después de aquello, los silencios aclaran muchos aspectos.

Es el ´caso Las Teresitas´, esa investigación judicial que impactó a una comunidad autónoma de más de dos millones de habitantes y buceó en las cloacas de eso que algunos llaman corrupción.

Durante todo este tiempo un grupo de investigadores de prestigio, que contó con el apoyo de especialistas en blanqueo de capitales que participaron en la ´operación Malaya´ (Marbella), ha rastreado el camino de 120 millones de euros a lo largo y ancho de veinte países diferentes, entre los que hay varios paraísos fiscales. Centenares de cuentas corrientes analizadas, sociedades de dudosa procedencia y creación y, sobre todo, niveles de vida que van más allá de lo que se espera de un cargo público, han colocado en la batidora de la corrupción un jugoso sumario de más de 70.000 folios en su conjunto que deja al descubierto lo que pudo ocurrir alrededor de la compraventa de “un acantilado” con dinero público y a un precio infinitamente superior al que se adquirió dos años antes.

El sumario de ´Las Teresitas´ pone sobre la mesa la suerte con la que algunos llegaron a este mundo, que llega hasta el extremo de conseguir ser agraciado por un billete de lotería hasta 145 veces. Es algo que a la mayoría de los mortales no le ocurre, ni siquiera, una sola vez en toda su vida.

Los investigadores que han trabajado en el ´caso las Teresitas´ tenían ante sí un reto profesional de calado: descubrir qué pasó en Santa Cruz de Tenerife entre mayo de 1998 y enero de 2001 en torno a la compraventa de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas. Eso, además de la propia dificultad que ya entraña, debían hacerlo seis años después de que ocurriera lo que fuera que ocurrió entonces, a lo que habría que sumar la desventaja de que los investigados sabían en todo momento que sus movimientos estaban siendo vigilados.

Fiel reflejo

Pero cinco años después el sumario de Las Teresitas es fiel reflejo de lo que ocurrió, aún a pesar de que la palabra cohecho haya sido desterrada de esta investigación. Hay datos que nadie puede negar, como que el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, que se hizo famoso durante la investigación por la célebre frase de “que investiguen lo que quieran, que no tengo nada a mi nombre”, vivió durante años sin tener que recurrir a la tarjeta de crédito que utilizan la mayoría de los españoles para su vida diaria. O que, de repente, algunos cargos públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comenzaran a manejar grandes cantidades de dinero en efectivo que sacaban de “un cajón” que tenían en su casa, como llegó a declarar uno de los imputados durante este largo y laborioso proceso.

Durante cinco años la culpa del ´caso Las Teresitas´ la tuvieron los denunciantes y los investigadores, por ese orden, toda vez que el sumario estaba declarado secreto y lo que en él se escondía era solo visible a los ojos de una magistrada y una fiscal. Aún después de que se desclasificaran los documentos, buena parte de los imputados y su entorno siguen pensando que esto nunca debió ver la luz. O que ni siquiera debió investigarse, a pesar de que la querella de la Fiscalía Anticorrupción relataba, en una extensión de más de setenta folios, cómo se gestó una operación inmobiliaria con dinero público que benefició a dos de los empresarios más poderosos de las Islas Canarias y que los peritos de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid no dudaron en denominar como “un pelotazo de libro”.

Todo lo que ocurrió en aquella época ha quedado ahora al descubierto, tal y como se contó hace cinco años en forma de malversación de caudales públicos y prevaricación. Como esos dos delitos fueran poca cosa.

  • Según artículo escrito por Daniel Millet en La Opinión de Tenerife el 11 de diciembre de 2011 bajo el título “El Supremo tardará un año en decidir si abre el juicio”:

Las defensas y la acusación particular tienen cinco meses para presentar recursos.

Todavía queda caso Las Teresitas para rato. Abogados de las defensas de los 13 imputados en la causa y de las acusaciones particulares consultados por este diario calculan que no se sabrá si habrá juicio hasta dentro de al menos un año. Es tal el volumen de información contenida en los tochos del sumario –más de 70.000 folios– que la magistrada instructora del caso, Carla Bellini, ha dado hasta cinco meses a las partes para presentar los recursos que consideren oportunos. Y habrá recursos, tal y como ha adelantado Justicia y Sociedad, que forma parte de la acusación particular, contra el archivo de las acusaciones de cohecho. Otro retraso asegurado en unas diligencias que comenzaron hace cinco años.

Después de la apertura del sumario, el pasado 2 de diciembre –al retirar Bellini las acusaciones de soborno al exalcalde Miguel Zerolo, los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, y los exediles Emilio Fresco, José Luis Martín (PSC), José Emilio García Gómez (PP) y Manuel Parejo (CC)–, el siguiente paso será el traslado de la causa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al Tribunal Supremo (TS). La razón es la elección de uno de los imputados, Zerolo, como senador, lo que le otorga el derecho de aforado, privilegio que se concede a los representantes públicos por el que solo pueden ser juzgados por el máximo tribunal.

El exalcalde asumió el pasado 19 de julio mediante un poder notarial los derechos y deberes de los aforados. Acababa de ser elegido representante de la Comunidad Autónomo en la Cámara Alta con los 21 votos de CC en el Parlamento de Canarias. El paréntesis de las elecciones nacionales hará que hasta al menos la próxima semana, Zerolo no recupere su condición, a la espera de que se vuelva a constituir la Cámara Alta.

Una vez llegue al Supremo, el alto tribunal elegirá por sorteo al magistrado instructor. Será este quien revise toda la documentación, quien decida sobre los recursos de defensa y acusación, quien lleve las diligencias que se puedan practicar durante esta fase –las partes están todavía a tiempo de solicitarlas– y quien finalmente adopte la decisión de archivar la causa o en caso contrario abrir el juicio.

Es posible que la Fiscalía del TS delegue en María Farnés, la mujer que ha llevado las riendas de la acusación pública desde que elevara su denuncia al TSJC el 19 de diciembre de 2006. Su elección es catalogada de “lógica” por las fuentes consultadas al ser la que tiene un mayor conocimiento de los indicios de delitos existentes. Estas fuentes precisan que el hecho de que la causa haya pasado a la mayor instancia judicial en España no va a ser un factor influyente salvo que producirá un nuevo retraso en la resolución.

Algunos juristas consideran, no obstante, que el Supremo “es más garantista”, pero no ven en ello la razón por la que Carla Bellini retiró los cargos de cohecho. Matizan que lo hizo sencillamente porque la propia fiscal concluyó el pasado 22 de noviembre lo siguiente: “Pese a lo manifestado [en los informes policiales], dado el largo periodo de tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos, la complejidad de la investigación, la existencia de fondos en paraísos fiscales y la envergadura del entramado societario de alguno de los imputados, no se ha logrado acreditar de una manera cierta e inequívoca, tal como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la existencia de indicios que permitan sustentar de una manera fehaciente que los incrementos patrimoniales de los imputados hayan sido entregados por los socios de Inversiones Las Teresitas, Ignacio González y Antonio Plasencia”.

La clave de la falta de “indicios inequívocos” de que se pagaran comisiones, según subrayan los letrados de la acusación particular, está en un dato revelador. Las investigaciones policiales y de la Agencia Tributaria se iniciaron cinco años después del hecho central del caso Las Teresitas: la compra por parte del Ayuntamiento de los terrenos del frente de playa por 8.750 millones de pesetas a Inversiones Las Teresitas, cuando hasta tres informes internos rebajaban el valor a 3.200, 2.835 y 1.100 millones de pesetas.

Farnés también archivó la acusación de asociación ilícita, si bien mantiene la de prevaricación (autoridad o funcionario que a sabiendas de su injusticia dictara una resolución arbitraria en un asunto administrativo) y malversación de fondos públicos (utilización indebida de caudales ajenos, sobre todo si pertenecen al erario público) contra 13 personas, entre políticos, empresarios y funcionarios.

La fiscal contra los delitos económicos todavía tiene que realizar el escrito de acusación, el paso previo para que el magistrado instructor del Supremo se decante por archivar o dar continuidad al proceso. De ir a juicio, el instructor quedaría apartado y el Supremo tendría que elegir a tres magistrados para dirigir el proceso final.

  • Según artículo escrito por Daniel Millet en La Opinión de Tenerife el 11 de diciembre de 2011 bajo el título “Una investigación titánica. Seis años de pesquisas y el análisis de más de 300 cuentas bancarias han resultado insuficientes para demostrar uno de los tres delitos que se imputan a los acusados”:

Seis años, más de 70.000 folios, centenares de testigos, los pinchazos a más de una treintena de teléfonos, el análisis de más de 300 cuentas bancarias y el estudio de los movimientos de capital hacia 21 países no han servido para demostrar que en el caso Las Teresitas se pagaron comisiones para influir en las decisiones políticas.

La propia fiscal anticorrupción, María Farnés, admite en sus conclusiones que la magnitud del caso y el tardío inicio de las investigaciones policiales –cinco años después de que el Ayuntamiento comprara a Inversiones Las Teresitas los terrenos– impidieron demostrar cualquier indicio de cohecho en los imputados.

La denuncia final del ministerio público que llegará al Supremo es la misma que cuando se levantó parte del secreto de sumario, el 19 de enero del año 2008. Los agentes policiales llegaron a rastrear casi 400.000 movimientos bancarios solo en el entorno del empresario Ignacio González Martín y que hasta tomaron declaración a los trabajadores de los concesionarios que vendieron vehículos a algunos de los implicados en los años posteriores al presunto pelotazo de Las Teresitas.

Y eso que en los informes de las diligencias previas, los policías dicen haber encontrado pruebas del supuesto enriquecimiento irregular de los principales actores, como que el exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, adquiriese en solo 15 días 145 décimos de lotería que resultaron premiados en los sorteos del Navidad y El Niño de 2001.

La causa principal llega al Supremo con un total de 13 imputados por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Estos son los principales argumentos de la Fiscalía contra ellos.

Miguel Zerolo

Zerolo, como responsable último del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, decidió y puso en marcha, según María Farnés, los mecanismos administrativos cuya única finalidad eran la compra por parte del Consistorio de las 11 parcelas del frente de playa de Las Teresitas, “a un precio desorbitado y mediante la firma de un convenio que suponía un beneficio para la parte privada y un grave perjuicio al erario”.

Anticorrupción denuncia la absoluta falta de motivación del que era alcalde para llevar a cabo la expropiación, solución que habría evitado un gasto de dinero público desmesurado de 8.750 millones de pesetas. Además, lo hizo aún a sabiendas de que había tres informes que reducían ese valor a menos de 3.000 millones y de que más de 9.000 metros cuadrados eran de dominio público, tal y como había confirmado la demarcación de Costas.

Manuel Parejo

“Contribuye de una manera decisiva a la resolución que posteriormente se adopta” de comprar el frente de playa a un precio desorbitado al ser el consejero delegado de la Gerencia de Urbanismo en la fecha en que ocurrieron los hechos y al dar todas las directrices a los funcionarios para que realizaran los informes para amparar el precio pactado con los empresarios. Es conocedor de la contradicción de las valoraciones económicas de las parcelas.

Juan Víctor Reyes

“Colabora con el hecho delictivo pese a no dictar la resolución, pero siendo consciente de que mediante su aportación presta la ayuda necesaria”, señala Anticorrupción. Era secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo cuando realiza un informe que niega la posibilidad de expropiación, con apreciaciones equivocadas, y firma el informe de valoración que le interesa a los empresarios pese a no ser arquitecto municipal.

Antonio Messía

Era interventor general del Ayuntamiento en el momento de los hechos delictivos. Emite un informe para justificar el precio pagado a los empresarios y está presente en el pleno en el que se aprueba la compra de las parcelas.

José Eugenio de Zárate

Colaboró en los hechos delictivos siendo secretario general del Ayuntamiento. Las partes firman ante él un convenio que en esa fecha no existía en el Consistorio.

José Tomás Martín

Era el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento. Sabía que 9.000 metros cuadrados de las parcelas eran de dominio público y solicitó una tasación a CajaCanarias siendo conocedor de que la entidad era parte interesada en la operación.

José Luis Roca

Era el interventor delegado de Urbanismo. Omite su obligación legal de incoar un expediente debidamente justificado que diera lugar a una propuesta de gasto y de pago a Inversiones Las Teresitas.

Ignacio González y Antonio Plasencia

Colaboran de una forma decisiva, como socios de Inversiones Las Teresitas, en la resolución del Ayuntamiento y son los grandes beneficiados al lograr 8.750 millones de pesetas por una parte de los terrenos que habían comprado tres años antes por 5.500 millones. Todas las decisiones del convenio fueron tomadas por ellos aunque no firman ni este documento ni la escritura de compraventa. Participan personalmente en diversas reuniones llevadas a cabo con autoridades y funcionarios para acordar el precio de la compra y son conocedores de los informes que rebajan a menos de la mitad el verdadero valor de los terrenos. Mostraron sumo interés porque la operación se llevara a cabo por el precio fijado por ellos unilateralmente.

Pedro González y Carlos Plasencia

Actúan de una forma decisiva en la resolución del convenio al ser los apoderados de Inversiones Las Teresitas y al mismo tiempo hijos de los también imputados Ignacio González y Antonio Plasencia.

Emilio Fresco y José Emilio García Gómez

Estuvieron presentes en varias reuniones donde se llega a un acuerdo con la parte privada de la negociación. Están presentes y votan a favor en la sesión plenaria de julio de 2001 en la que se aprueba la compra de los terrenos del frente de playa a Inversiones Las Teresitas.

  • Según artículo escrito por Daniel Millet en La Opinión de Tenerife el 8 de diciembre de 2011 bajo el título “Los González utilizaron recursos de la Cámara para la campaña del CCN”:

Las escuchas revelan que ordenaron cargar a las cuentas de la institución un viaje a Caracas y liberar a una de las empleadas para gestiones relacionadas con el partido.

 Los pinchazos telefónicos del caso Las Teresitas revelan que Ignacio González Martín, uno de los imputados en la causa por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación, utilizó sus empresas y los recursos de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña que preside para financiar el Centro Canario Nacionalista (CCN), frente al cual está su hijo Ignacio González Santiago. La creencia por parte de la Policía Judicial de que González Martín pudo utilizar una parte de los 120 millones de euros que Inversiones Las Teresitas obtuvo, a través de la compraventa de la playa chicharrera, en la formación de este partido motivó la apertura de una investigación paralela, denominada Hubara.

En las conversaciones, Ignacio González Martín y su hijo Pedro González planifican el reparto de publicidad del CCN –aún no formando parte oficialmente del partido– a través de instalaciones de las empresas de la familia. Asimismo, hablan de desvíos de fondos para la campaña del CCN de las elecciones de 2007 procedentes de estas empresas y hasta Ignacio González llega a solicitar a un subordinado de la Cámara de Comercio que dé tres meses de vacaciones a una de las integrantes del gabinete de comunicación de la institución empresarial para que trabaje para la formación política.

Pero aquí no queda la utilización por parte del empresario de su influencia en la Cámara. El 10 de febrero de 2007, la Policía Judicial hace la siguiente anotación sobre varias llamadas de Pedro González al también empresario Arturo Escuder. “En estas conversaciones se puede ver que Arturo Escuder ha estado en varias ocasiones en Caracas haciendo gestiones para el CCN (una de ellas relacionada con la canción de Miguel Solís para su campaña electoral), si bien el viaje habría sido abonado por la Cámara de Comercio, de la que Ignacio González es presidente”.

“Yo a Miguel Solís voy a pagarle todo, eh. Le faltan dos mil euros, pero yo con los quinientos que me da la chica, más los quinientos que tú me dejaste, más…”, le dice desde Caracas Escuder, a lo que Pedro González responde: “No hace falta que le pagues todo, chico… Te traes el material y después yo le mando de aquí un giro”. En otra llamada intervenida, Pedro González habla con una representante de la agencia de viajes que entregó a Escuder los billetes para Venezuela. “Buenas tardes, don Pedro, el viaje que hizo don Arturo a Venezuela…”. “Cámara de Comercio”, responde González. “¿Dónde lo tengo que cargar?”, insiste la interlocutora. “A la Cámara de Comercio”.

En otro de los pinchazos, Lorenzo Olarte, expresidente del Gobierno de Canarias y fichaje del CCN en Gran Canaria, informa a Pedro González de cómo este puede dar un préstamo a la formación política sin pasar por una entidad crediticia y camuflar así la irregularidad. “Como tengo algunos amigos en el Tribunal de Cuentas [órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público], que vigilan esto [financiación de los partidos], desde el presidente hasta los últimos… No obstante, el importe. ¿Cuánto sería más o menos?”, indica Olarte. “No lo sé, no lo sé. Vamos a hacerle un préstamo para que salga [el CCN] de los problemas que tiene”, contesta González.

La mano de Ignacio González Martín aparece hasta en las gestiones más pequeñas, como el traslado de merchandising del CCN a otras Islas. Es el caso de una conversación intervenida el 29 de enero de 2007, en la que una mujer habla con el padre del líder del partido sobre un envío a La Palma de camisetas, llaveros y mecheros que acaban de llegar de China. “Estamos preparando un pedido para mandar a La Palma de llaveros, camisetas y mierdas de esas”, le explica la interlocutora. “Se lo mandas directamente a Vultesa [empresa de los González], para que Vultesa lo lleve a Santa Cruz de La Palma, El Paso y Los Llanos”, replica Ignacio González Martín.

  • Según artículo escrito por Pedro Guerra el 6 de diciembre de 2011 en La Opinión de Tenerife bajo el título “La Policía cree que Zerolo pudo invertir en Sudamérica. Un informe apunta a que las inversiones procederían de “comisiones ilegalmente cobradas” en operaciones como la de la playa”:

México, Cuba, Brasil, República Dominicana, Nicaragua, Uruguay, Venezuela y Colombia, además de Cabo Verde y Senegal. Los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife creen que el ex alcalde Miguel Zerolo pudo invertir en todos esos países “siempre mediando testaferros”, con dinero presuntamente ilícito procedente de “comisiones ilegales cobradas por asuntos como la compra-venta de la Playa de Las Teresitas, la compra-venta de la empresa municipal de aguas EMMASA y otras de menor cantidad”, según consta en un informe de los investigadores del caso Las Teresitas, cuyo sumario fue desclasificado el pasado viernes.

Concretamente, los agentes apuntan a lo largo de un documento de treinta folios que el ex alcalde, colocando como principal testaferro al periodista e íntimo amigo suyo Jorge Bethencourt, pudo invertir en plantaciones de tabaco en Cuba, negocios hoteleros en Brasil, negocios inmobiliarios en República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Colombia, otros negocios inmobiliarios en Cabo Verde y en una planta de fabricación de biodiésel en Senegal, si bien pudieron constatar con posterioridad que esta última inversión no se llevó a efecto por los problemas que encontraron en las autoridades senegalesas.

Con las inversiones en México los investigadores hacen un punto y aparte, pues ademas de posibles movilizaciones de capital en la Ribiera Maya y en Cozumel, a lo largo de todo el sumario judicial aparece señalada en rojo una promoción de viviendas en Baja California en la que estarían implicados Julio Bonis, Miguel Zerolo y Jorge Bethencourt, además de un sobrino del ex presidente del Gobierno de Canarias Manuel Hermoso y un arquitecto vinculado al Plan General de Ordenación Urbana (PGO) de Santa Cruz, Juan Manuel Palerm Salazar.

Esa promoción, denominada Azul de Cortés, llegó incluso a ser presentada en rueda de prensa junto a las autoridades mexicanas de la zona por Julio Bonis, al que la magistrada instructora del caso, Carla Bellini, llegó a tomar declaración sobre la procedencia de la inversión.

La policía ha documentado numerosos viajes de los implicados a México, hasta el punto de que tanto Bonis como Jorge Bethencour llegar a disponer de residencia en dicho país.

  • Según artículo escrito por Pedro Guerra el 6 de diciembre de 2011 en La Opinión de Tenerife bajo el título “Viajes y residencias en México. La mano derecha del exregidor, Jorge Bethencourt, viajaba constantemente a Sudamérica”:

Viajes y residencias en México.

Los investigadores del caso Las Teresitas han podido documentar numerosos viajes a Sudamérica de Jorge Bethencourt –varios junto a Miguel Zerolo–, al que consideran principal testaferro del que fuera alcalde de Santa Cruz de Tenerife.

Bethencourt, incluso, ha tenido residencia en Baja California, adonde viajaba habitualmente y el lugar en el que se pretendía desarrollar el proyecto urbanístico Azul de Cortés. Cuando se les tomó declaración, tanto a él como a Julio Bonis, justificaron esos viajes porque la empresa de Bonis había contratado a Bethencourt para realizar una serie de spots publicitarios sobre la promoción inmobiliaria en Baja California. La policía, sin embargo, cree que eran socios en el proyecto, con dinero de Miguel Zerolo.

Las gestiones para dirigir la TV Canaria

La Policía Nacional logró intervenir una conversación telefónica entre Miguel Zerolo y Jorge Bethencourt “en la que hablaban de la posibilidad de ser nombrado este último director de la Televisión Autonómica”, aseguran los investigadores en un informe. En el diálogo, Bethencourt explicaba a Zerolo “la mediación que debía desarrollar ante determinados políticos hasta llegar al entonces presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, ya fallecido.

Fue precisamente Bethencourt el primer director que tuvo la Televisión Canaria en el momento de su fundación. Según se desprende de las conversaciones telefónicas del sumario, su intención era volver como máximo responsable del ente público.

Viaje a Cuba con un móvil alquilado.

El 10 de octubre de 2006, Jorge Bethencourt viajó a Cuba y, “desde el teléfono móvil alquilado en la agencia de telefonía Cubacell, realizó un total de 146 llamadas, una de ellas a China”.

A lo largo de la investigación, la Policía Judicial tuvo conocimiento de este viaje y de las llamadas realizadas desde el teléfono alquilado, y escribió en un informe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife que “no se descarta la posibilidad de que mantenga relaciones directas con empresas o ciudadanos españoles, cubanos o de cualquier nacionalidad”.

La Policía considera que Bethencourt se desplazaba al lugar en que se producían las inversiones en función de las necesidades. Adonde más iba era a México y Cuba.

Un patrimonio lejos del alcance de un periodista.

Al margen de las propiedades inmobiliarias que tenía, tanto él como sus empresas, Jorge Bethencourt compró hasta seis vehículos de alta gama y tres motocicletas entre 1998 y 2005, justo en el momento en que se gestó la operación de compraventa de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas por parte de los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El 27 de enero de 1998 compró un BMW 325; cinco días más tarde, el 2 de febrero, compró un Mercedes 300; el 1 de abril del mismo año un Jeep Grand Cherokee; el 21 de enero de 2000 un Mercedes 500; el 4 de febrero de 2004 un BMW X5; y el 12 de agosto de 2005 un Porsche Cayenne.

  • Según artículo escrito por Daniel Millet el 6 de diciembre de 2011 en La Opinión de Tenerife bajo el título “La técnico Oramas recibió presiones para inflar el precio de los terrenos. La arquitecta avisó a responsables de Urbanismo de la compra por 8.750 millones de pesetas cuando su valor era de 3.200”:

El Ayuntamiento de Miguel Zerolo conocía que el suelo de Las Teresitas que iba a comprar la corporación a Inversiones Las Teresitas (ILT) estaba sobrevalorado. Se lo había indicado expresamente la arquitecta municipal, Pía Oramas, quien informó al concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, de que los solares a adquirir no sobrepasaban los 3.200 millones de las antiguas pesetas.

El Ayuntamiento pagó finalmente 8.750 millones de pesetas. La arquitecta acabó abandonando la corporación tras ser presionada para que incrementara al alza la tasación. Según relató a los investigadores José Ángel Martín Bethencourt, hoy concejal socialista de Urbanismo de la capital tinerfeña y entonces uno de los firmantes de la denuncia, la sobrevaloración fue “astronómica” y los funcionarios que la decidieron lo hicieron aun a sabiendas de que iba en contra de toda lógica legal y urbanística.

Los terrenos de la playa de Las Teresitas que la sociedad ILT vendería al Ayuntamiento costaron a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia 5.500 millones de pesetas tres años antes.

La arquitecta, hermana de la diputada nacional de Coalición Canaria Ana Oramas, había informado a sus responsables que el precio de las parcelas era a lo sumo de 3.200 millones de pesetas porque parte de los terrenos eran de dominio público –y por tanto pertenecían de por sí al Ayuntamiento– y porque la moratoria turística los devaluaba.

En su declaración ante la juez, Oramas admite que recibió presiones sistemáticas de sus jefes para avalar la tasación que ellos impusieron, de 8.750 millones de pesetas (52 millones de euros), sin que ninguno le hubiera explicado por qué obviaron su informe, que permitía a las arcas municipales ahorrarse en la operación 5.550 millones de pesetas.

Pía Oramas reconoce ante la juez Bellini, instructora del caso, que jamás había visto antes que el Ayuntamiento pidiera dos informes externos más para que se elevara el valor del suelo, cuando otros dos anteriores –realizados por la Universidad Carlos III de Madrid y un gabinete externo llamado Pool Guest– coincidían con el de ella misma sobre que los solares no costaban más de 3.200 millones de pesetas.

Oramas señala que el Consistorio capitalino tuvo en sus manos una solución mucho antes, la de expropiar esos terrenos, y que de hecho tenía constancia de que llegó a proponerse esta solución en varias ocasiones sin que finalmente se llevara a cabo.

Asimismo, la arquitecta señala a Bellini que no había ninguna duda sobre el deslinde de Costas, que hacía que 9.000 metros cuadrados fueran de dominio público desde los cálculos estatales del año 1961. “Ese deslinde estaba vigente. Fui yo personalmente a Costas a confirmarlo y ellos así lo hicieron. Esos 9.000 metros cuadrados hacían que en algunas de las parcelas fuera inviable la edificabilidad”, explicó.

A la técnico le sorprendió el precio final que querían sacar adelante los responsables de Urbanismo, empezando por Parejo, como también que se enterara por la prensa que se habían encargado otras tasaciones aparte de las tres con las que ya contaba la Gerencia, coincidentes con que aquellos solares no valían más de 3.200 millones de pesetas y suficientes para haber cerrado con esa cifra el convenio.

Este es un punto esencial para los investigadores del caso porque fue en esa compra del Consistorio a ILT, con la justificación de que así se evitaba urbanizar la playa chicharrera, donde consideran que se produjo el pelotazo. La funcionaria comentó a la juez que el 29 de junio de 2001 la convocaron a una reunión en la que estuvieron entre otros el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, así como el secretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, que según los investigadores también jugó un papel importante en todo el proceso.

Nada al dictado.

Oramas reveló que le pidieron que suscribiera la valoración final de 8.750 millones de pesetas. Ella se negó y dijo no que no iba a firmar “nada al dictado”. Le volvieron a insistir el 25 de julio, a través de una llamada telefónica, para que acudiera a otra reunión. Pía Oramas no acudió a la reunión y a partir de ese momento no supo más de la compra de los terrenos de Las Teresitas. Un año después, Oramas abandona el Ayuntamiento para hacerse cargo de la Unidad del Plan Insular del Cabildo de Tenerife.

Se da la circunstancia de que, pese a haberlo solicitado al Ayuntamiento el 27 de noviembre de 2007, la jueza Carla Bellini aún no tiene en su poder la valoración realizada por Pía Oramas. El Ayuntamiento sí remitió al TSJC las valoraciones de la Universidad Carlos IIIy de Pool Guest, pero no la de Oramas, según consta en una diligencia de 3 de enero de 2008.

  • Según artículo escrito por Daniel Millet el 6 de diciembre de 2011 en La Opinión de Tenerife bajo el título “Herminia Gil (PSC) obtuvo un piso poco después de votar a favor del convenio. Esto aseguran los inspectores de la Agencia Tributaria en un informe que se encuentra en el sumario ahora abierto”:

Herminia Gil, que fuera concejal socialista de Santa Cruz, firmó una escritura el 20 de noviembre de 2001 para la adquisición de un piso en la capital tinerfeña por un precio muy por debajo de su valor poco después de votar a favor de la compra de los terrenos de Inversiones Las Teresitas. Esto aseguran los inspectores de la Agencia Tributaria en un informe que se encuentra en el sumario ahora abierto del caso y en el que añaden que Gil compró la vivienda sin pedir una hipoteca.

La Policía Judicial cree que el alcalde Miguel Zerolo medió a favor de la exedil y la puso en contacto con el empresario José Ana Pérez Labajos, administrador de la sociedad Inversiones Tahodio SA, para obtener la vivienda. Recuerda asimismo que Zerolo luego la contrató como asesora de la Gerencia de Urbanismo.

“Lo más sorprendente de la venta de este inmueble”, según un documento de la Policía Judicial, “es sin lugar a dudas el precio fijado, de 60.101 euros, ya que en comparación con las viviendas colindantes se trata de un precio muy reducido”. En la tabla comparativa del coste de los pisos que se acompaña en el informe, el metro cuadrado del de Herminia Gil es de 406 euros, mientras que los del resto de pisos colindantes es de 1.458 y 1.661 euros, el triple.

La escritura pública de venta se formalizó cinco años más tarde, en junio de 2006. La vivienda, de 86 metros cuadrados y 42 de terraza, se encuentra precisamente en una ladera de San Andrés, muy cerca de la playa de Las Teresitas. Pero hay otro hecho que llamó la atención de los investigadores. “De los datos obrantes en la Agencia Tributaria, así como de los requerimientos notariales efectuados, no consta que se haya solicitado un préstamo hipotecario para financiar la vivienda, por lo que el pago se pudiera haber efectuado con dinero del que Herminia Gil disponía en el momento de la compra”.

El voto favorable del Grupo Socialista al convenio por el que el Ayuntamiento, dirigido por Miguel Zerolo, compró por 52 millones de euros los terrenos a Inversiones de Las Teresitas provocó una fuerte polémica en el seno del partido. Según declaró José Ángel Martín Bethencourt, el militante de las juventudes que llevó a la Fiscalía Anticorrupción las presuntas irregularidades de la operación y ahora concejal de Urbanismo de Santa Cruz, el partido había decidido en un comité local que el voto fuera contrario. Sin embargo, Herminia Gil, Emilio Fresco y José Luis Martín, estos últimos imputados en la causa, votaron en el pleno a favor bajo la justificación que lo hacían “por el bien de la ciudad”.

  • Según artículo escrito por Daniel Millet el 6 de diciembre de 2011 en La Opinión de Tenerife bajo el título “´Están ahí abajo, en un furgón, con una parabólica. El peón que utilizó González para crear ILT reveló que cuando lo descubrieron en el ´piso franco´ llevaba los asuntos “negros””:

 “No puedo hablar, mi amor. No puedo hablar. Ahora hasta tengo miedo de llegar a casa, coño. Están ahí abajo… en un furgón… con una parabólica”. Felipe Manuel Armas, uno de los imputados en el caso Las Teresitas y al que la Policía Judicial señala como presunto testaferro del empresario Ignacio González Martín, muestra un estado de nerviosismo al sentirse vigilado por los agentes. “Me han metido en un agujero negro… Estoy fatal… No sé qué hacer”, señala por teléfono a una mujer sin identificar en unas de los pinchazos realizados durante la investigación.

Ignacio González puso a nombre de Felipe Armas, que trabajaba de peón para él, la mercantil Inversiones Las Teresitas para evitar, según los investigadores, que la presencia del actual presidente de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña en el consejo de administración de CajaCanarias obstaculizara la solicitud de un crédito de 5.500 millones de pesetas para comprar los solares de la playa chicharrera. “Yo pensé que la cosa era menos grave y es más grave, pero bueno”, le indica a la interlocutora.

El hombre afirma estar deprimido y habla de que lo han metido en un lío del que desconocía su verdadera dimensión. “Me imputan por malversación de caudales públicos y yo no toco dinero. Ay Dios…”, indica a esta mujer en una conversación mantenida el 28 de septiembre de 2007. Armas se desmarca de todo momento, en las llamadas a diferentes personas interceptadas por la Policía, de cualquier posible irregularidad en la compra-venta de los terrenos de la playa chicharrera, si bien su lenguaje denota que sabe que lo están escuchando.

Eso no impide que en algunas de ellas hable de la operación y del momento en el que los agentes irrumpieron en un piso franco de la calle Villalba Hervás, de la capital tinerfeña, en el que se hallaron más de 70.000 documentos relacionados con Las Teresitas y otras gestiones de las empresas de la familia González.

En una de las conversaciones, Armas llega a decir a su interlocutor: “Después me cogieron lo del piso, que era todo lo negro que yo llevaba a la empresa…”. “¿Y ahí qué tiene que ver el alcalde?”, le pregunta la persona con la que mantiene la charla telefónica. “Hombre, pues porque el alcalde después… si… Las Teresitas se compró en 5.500 millones [de pesetas] y se vendió solo la playa… solo la playa al Ayuntamiento en 8.000. Entonces, claro, piensan que el Ayuntamiento, que el alcalde nos pagó 8.000. Coño, si todo costó 5.000… Entonces piensan que se le dio dinero al alcalde… porque el Ayuntamiento”, responde el trabajador.

Felipe Armas, imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos, fue objeto de un intenso seguimiento después de que un anónimo lo señalara como uno de los gestores del pelotazo de Las Teresitas. La Policía incluso rastreó sus cuentas. En un informe de la Agencia Tributaria se observa que “cobró numerosos cheques librados desde cuentas ajenas desconociéndose si era en el curso de su actividad profesional “, por la que cobraba una media anual de 20.000 euros en los años que abarca la investigación, de 1998 a 2006. En ese periodo, Hacienda detecta que el montante total de estos cheques es de 90.359 euros.

“Como me metan en la cárcel…”, apunta en otra llamada, a lo que la persona con la que habla responde: “Que te van a meter… Tú lo que vas a hacer es recurrir al Tribunal Supremo”. “Esto es un disparate. Voy a Las Palmas de testigo y salgo imputado. Pero dime tú el delito”, añade, para concluir: “Antes escapo, mi amor. Me voy, me voy”.

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CASO LAS TERESITAS, CORRUPCIÓN DE TOMO Y LOMO (III) CASO LAS TERESITAS, CORRUPCIÓN DE TOMO Y LOMO (V)

2 comentarios Add your own

  • 1. Juana Torres  |  12 diciembre, 2011 en 0:14

    chiquito mamoneo y nadie está en la carcel!!!!

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  • 2. justicia1956  |  11 abril, 2013 en 1:38

    Pena que nuestra Policía sea tan mala XD

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