CASO LAS TERESITAS, CORRUPCIÓN DE TOMO Y LOMO (I)

11 diciembre, 2011 at 17:23 1 comentario

  • Según artículo escrito por Noe Ramón el 11 de diciembre de 2011 bajo el título de “Los afortunados habitantes del planeta Zerolo. Periodistas, empresarios y familiares gozaron de los favores del ex alcalde. El precio: verse en el sumario.”:

Periodistas como Andrés Chaves, Jorge Bethencourt y Lucas Fernández, empresarios como Ignacio González, Antonio Plasencia o Kumar Thirdas Bharwani y políticos como Ignacio González, hijo, la familia de Manuel Hermoso o Julio Bonis se han subido alguna vez al próspero carro de Miguel Zerolo. En toda trama que se precie tampoco puede faltar la figura del cuñado que en este caso corresponde a Luis Rodríguez Muñoz. Todos ellos alguna vez han gozado de los favores del ex alcalde en una relación en la que a veces prevalece la amistad y a veces los negocios. Para que la fórmula sea perfecta y la complicidad absoluta hacía falta una mezcla exacta de todos estos elementos. Una especie de alquilmia de la ambición.

El “testaferro” por excelencia

La mayoría de ellos han podido disfrutar de privilegios que por supuesto le están vetados a la mayoría de los mortales y como contrapartida, al menos hasta ahora, tan sólo han tenido que sufrir el verse reflejados en los miles de folios del caso de Las Teresitas. Jorge Betehencourt, por ejemplo, ocupa casi tanto espacio como el propio alcalde en el sumario. Para los investigadores es el “testaferro” por excelencia y el seguimiento al que fue expuesto llegó a la puntillosidad suiza. El periodista se definió ante la juez Bellini y la fiscal, María Farnés Martínez, como “muy amigo” de Zerolo pero al parecer esta amistad tuvo sus contrapartidas. El futuro senador intercedió para que fuera designado director de la tele autonómica, lo nombró asesor de Urbanismo, le cedió el Parque Marítimo para que lo gestionara como mejor creyera conveniente y se le relaciona con un vaivén de empresas. Entre ellas fue propietario de Azul Televisión que resultó investigada al sospecharse que se adquirió con el único fin de blanquear el dinero que supuestamente habría cobrado el exalcalde bajo mesa por Las Teresitas. Nunca se pudo demostrar. Pero lo cierto es que en la compra de la cadena se emplearon 42 millones de pesetas y poco después de un año fue vendida por 17 a la familia González, un negocio que implicó una pérdida de 25 millones.

El epicentro de las actividades de Bethencourt, según los investigadores, se situaba en el Hotel Meliá Fénix de Madrid donde el periodista se presentaba como directivo de la tele canaria y era recibido como un cliente VIP. No es extraño si se tiene en cuenta que el realizaba importantes desembolsos de dinero, a veces en efectivo. En las salas del hotel se reunió con Zerolo, Julio Bonis, exvicepresidente del Gobierno canario, y los empresarios Kumar, Enrique Hernandis, Reyero Hernández y Andrés Piñero. A estos dos últimos los investigadores lo relacionan con Mohamed Hamil, hombre de confianza de John Palmer, “vinculado con el blanqueo de dinero y tráfico de drogas a gran escala”. En los salones a Bethencourt se le escuchaban comentarios sobre sus negocios en Cuba y República Dominicana. Tal vez sólo eran fábulas. Lucas Rodríguez tampoco duda en confesarse amigo personal de Zerolo. Fue su jefe de prensa durante la época en la que el primero ocupó el cargo de consejero autonómico de Turismo. A partir de aquí participa en la fracasada aventura televisiva de Bethencourt y poco después recibe una cuantiosa subvención por parte del Ayuntamiento para financiar su película Oscar, una pasión surrealista. Un film que llega a contar con un presupuesto de seis millones de euros pero cuyo éxito en taquilla sólo puede ser calificado de modesto.

La defensa mediática

Andrés Chaves es el periodista que con mayor ardor ha defendido a capa y espada la honradez de Zerolo. Pero no siempre ha sido así. Durante una conferencia en la Universidad de Maspalomas en 2004, comparó Las Teresitas con el puerto de Granadilla. “En estas operaciones, casi nunca dando la cara, aparecen los mismos intermediarios, los personajes siniestros sin cuya anuencia nada se puede hacer en las islas. Ha habido información privilegiada, engaño a propietarios privados, favoritismo, descaro urbanístico y tráfico de influencias”. Anticorrupción pidió en varias ocasiones al Ayuntamiento que le ofreciera un listado de las contrataciones que había hecho con el periodista o sus empresas. Después de varios requerimientos el Gabinete de prensa se limitó a informar de que habían comprado una decena de obras para ofrecerlas como regalo. Lo cierto es que el montante total de estas cantidades no justificaría un cambio de opinión tan radical.

La figura del cuñado

La figura del cuñado es un clásico en este tipo de asuntos. Luis Rodríguez Muñoz asume este papel. La primera vinculación que surge con Zerolo es su participación en la empresa Promotora San Miguel de la que llegó a ser administrador único en el año 1990 después de que el régimen de incompatibilidades le impidiese al exalcalde seguir asumiendo este cargo. A través de la comunidad de bienes R&H Abogados también está involucrado en lo que la policía llama la operación triangular con Grupos de Medios de Tenerife y Azul Televisión, de Bethencourt y Fernández, que fue luego adquirida por la familia González. Esta operación culmina con el envío desde Grupos de Medios a la Comunidad de bienes de más de 25.000 euros que la primera empresa habría recibido de Azul Televisión.

El 50% de R&H pertenece a la familia Zerolo y el resto a un hijo de Manuel Hermoso, mentor político del ex alcalde y uno de sus mayores defensores en sus momentos más críticos. Una lealtad a prueba de bomba que no siempre han demostrado el resto de miembros de su partido. La Sociedad Canaria de Fomento y el Instituto Tecnológico son dirigidos también por la familia Hermoso y desde aquí se han realizado significativos pagos a la comunidad de bienes por un valor total que asciende a alrededor de 100.000 euros entre 2002 a 2006. Mercado Central de Abastecimientos tenía a Zerolo como consejero cuando se realizaron pagos a R&H por unos 60.000 euros. Junto con su esposa, la hermana del exalcalde dirigen también las empresas Gabinete Jurídico de Tenerife y Rodríguez Zerolo SL que según los investigadores experimentaron durante el período analizado un notable incremento en su volumen de negocios que se cifra en alrededor de 250.000 euros. Rodríguez, además, es socio del abogado de Zerolo, Francisco Medina Aceytuno, en la sociedad Haciendas La Palma SL. El letrado ocupó el cargo de portavoz del grupo municipal socialista entre los años 1991-95 cuando José Emilio García Gómez era alcalde por la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI). Abandonó la representación de Zerolo en el caso de Las Teresitas unos años después de iniciarse las investigaciones. El abogado también es dueño de la empresa Punta Elena en la que Rodríguez participa con el 64% del accionariado.

La política y la empresa

Las relaciones de ex alcalde con González y Plasencia han sido contadas más de mil veces. Ya se ha relatado hasta la saciedad cómo gracias a una decisión municipal los empresarios dispusieron de unos multimillonarios beneficios con la operación de la playa. Ignacio González, hijo, ostentó el cargo de concejal de Asuntos Sociales en el último mandato y contó siempre con el apoyo del exalcalde. Bastó que el líder del CCN advirtiera a finales del año 2008 que el asunto de Las Teresitas se había hecho, “mal, pero que muy mal”, para que a partir de aquí se iniciara una operación política para descabalgar al anterior teniente de alcalde, Ángel Llanos y sustituirlo por el hijo de los empresarios en la lista de los favoritos de Zerolo. De las conversaciones interceptadas con Kumar se desprende que el exalcalde lo considera “un hermano” y que intercedió para que el empresario adquiriese unos inmuebles.

En toda corte que se precie tampoco pueden faltar los artistas de cámara. Este papel les ha correspondido al equipo de arquitectos Juan Palermo y Leopoldo Tabares de Nava, redactores del Plan General y autores de los proyectos de remodelación del Parque García Sanabria, de la vía arterial del Barranco de Santos y de la rehabilitación del Parque Viera y Clavijo. Todo a la vez y esquivando las reglas de las incompatibilidades del colegio de arquitectos que desaconsejan simultanear la redacción de los planes generales con la realización de obras públicas y prohíben hacerlo con las privadas. En este último capítulo figura la construcción del edificio Beleyma, donde reside Bethencourt, o del Centro Comercial Meridiano. Palermo ha sido relacionado también con los supuestos negocios en México.

  • Según artículo publicado por Eustaquio Villalba en Canarias Ahora el 11 de diciembre de 2011 bajo el título “La ética periodística y el caso de ‘Las Teresitas'”:

El levantamiento del secreto sobre el sumario de Las Teresitas y su tratamiento informativo ha puesto en evidencia, una vez más, que la ética y la deontología profesional se entiende de manera muy distinta y, a veces contradictoria. Mientras que para algunos medios el contenido de este sumario tiene interés periodístico y lo ponen como noticia de primera página, en otros no ha merecido ni una mera gacetilla y han excluido de sus páginas la reproducción de los datos contenidos en este sumario. En lo que sí hay unanimidad es en dedicar editoriales y artículos de opinión al asunto en todos los grandes medios de comunicación del archipiélago.

Lo primero que llama la atención es la disparidad del tratamiento informativo a un mismo hecho. En el caso de el periódico El Día es excepcional por dos motivos: su antidemocrática línea editorial y su apasionada defensa de los imputados permite entender, no justificar, que no haya informado a sus lectores del contenido del sumario. Caso diferente es el Diario de Avisos, su director no consideró necesario informar a los lectores de su periódico, sus únicas referencias al tema han sido un editorial, varios artículos de sus comentaristas habituales y noticias confeccionadas a partir de declaraciones de políticos. Se supone que estos señores, incluido el director, se habrán leído, por lo menos una parte, para poder hacerse una opinión y considerar que no valía la pena dedicar espacio a informar a sus lectores directamente de lo que aparece en la causa. Ni tan siquiera la parte que afecta a uno de sus columnistas habituales como es el caso de periodista-empresario Jorge Bethencourt. La Opinión es el único de la prensa escrita provincial que recoge,al igual que los de la provincia de Las Palmas, los hechos que aparecen en la instrucción.

El sobreseimiento del delito de cohecho por parte de la juez instructora con el apoyo de la Fiscalía fue por la falta de pruebas claras. No les acusan porque las numerosas evidencias indicaran que son inocentes, por el contrario la razón que dan es que no son suficientes para probar la culpabilidad. Una decisión, como es normal en un estado de derecho, que ya ha sido recurrida por la acusación. Pero algunos se olvidan que no es el único delito que pesa sobre los acusados, aunque éstos tengan menor relevancia penal.

Amparados en este sobreseimiento, los lectores del Diario de Avisos hemos podido leer varios artículos que tenían en común el tachar de “literatura policial” la informaciones del sumario, y no precisamente para recomendar su lectura, sino para descalificar la actuación de la policía y de los órganos judiciales. El exdirector del Diario de Avisos, Leopoldo Fernández, escribía en uno de sus recientes artículos: “ Hay temas que suscitan polémica y hasta incendian las redes sociales con comentarios y salidas para todos los gustos. Es el caso de Las Teresitas y el sumario correspondiente que se difunde estos días, con todo lujo de detalles, algunos bien morbosos, por los periódicos de Las Palmas.” . Es evidente que el articulista lo ha leído, incluso tilda de morboso algunas de las informaciones conocidas sin explicar que información, que datos, califica de morbosos. Sin embargo escribe: “ Pero, si el sumario dice que un hecho determinado es incierto o no constituye prueba de nada, ¿a qué viene incluirlo en él, y airearlo luego, por morbo o por afán de contar las cosas, si con ello no se aporta nada a la causa al no existir, según la jueza instructora, certeza suficiente en lo que aporta la investigación policial? Con tales trabas jurídicas, ¿tiene interés público el conocimiento de algunas conversaciones privadas, viajes, gestiones, acuerdos, etc. que a nada delictivo conducen y, en todo caso, no guardan relación directa con Las Teresitas?” Este es el mismo periódico que ha informado de otros casos de corrupción a partir de sumarios judiciales. Por lo pronto es evidente que tienen dos varas de medir. En segundo lugar siempre es de interés publico que las actuaciones de los cargos electos, especialmente en su faceta de gestores de los presupuestos de las administraciones. No es un hecho baladí, es uno de los pilares de la democracia.

Que los vecinos sepamos que tenemos un alcalde que le toca la lotería dos veces en quince días, que a los pocos días multiplique este capital por diez especulando con terrenos, que se haya hecho millonario en euros siendo un profesional de la política desde sus años mozos y teniendo oficialmente ¡dedicación exclusiva! ¿Cómo es posible que se haya dedicado a crear sociedades y adquirir propiedades por el mundo? No será delito, pero los vecinos de Santa Cruz no pagamos impuestos para que personajes como Zerolo vivan como los multimillonarios que han llegado a ser. O ¿acaso el pelotazo de libro, que decía la fiscal, ha desaparecido al igual que el dinero empleado en la playa? Los ciudadanos tenemos derecho a ser informados de hechos que, aunque no sean delitos, son importantes a la hora de votar a nuestros representantes. La libertad de expresión no es un derecho de los medios, es de los ciudadanos; los periódicos y otras empresas de comunicación son el instrumento necesario. Y me no cabe la menor duda que los comportamientos de los políticos implicados relatados en la instrucción sí que son relevantes, nos interesa saber que el asesor de urbanismo y ex acalde de la ciudad que da nombre a una calle, cobraba por asesorar como experto de algo que, según propia confesión en sede judicial, no sabía y que también ignoraba lo que ocurría en el departamento municipal que le pagaba. Claro que nos interesa saber a los ciudadanos que los concejales socialistas que aprobaron la compra del frente de playa tuvieron un importante aumento de patrimonio y/o recibieron caros regalos o que guardaban sus ahorros bajo el colchón, o que vivieran sin gastar, sin que tuvieran que emplear la tarjeta para pagar en los supermercados o sacar dinero de los cajeros.

Según Leopoldo Fernández “La verdad es algo muy serio y a veces se presenta imprecisa o incompleta, de ahí la necesidad de elegir entre informar u opinar sin más o mantener una cierta distancia y cautela sin negar las evidencias. Yo prefiero esta segunda opción, en espera de datos más objetivos.” El problema es que su periódico tampoco ha publicado las evidencias que encuentra el articulista, ni aporta información que le permita afirmar que los datos contenidos en el sumario son imprecisos e incompletos, por el contrario lo que se conoce como datos ciertos tienen una enorme relevancia política al afectar a personas que ocupan cargos públicos, a su gestión y a su imagen. Otra cosa es que no sirvan de prueba en un proceso penal, pero sí que son suficientemente explícitos para afirmar que estos comportamientos no son admisibles en una sociedad democrática, como tampoco lo es que se oculte la información bajo la excusa de la cautela. No son rumores, son los datos contenidos en una instrucción judicial y de ella se desprende que a estos personajes no les adorna, precisamente, la virtud de la honestidad, requisito que debería ser imprescindible para ocupar cargos públicos.

*Eustaquio Villalba es portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza.

 

  • Según artículo escrito por Noe Ramon el 10 de diciembre de 2011 en Canarias Ahora bajo el título “González y Plasencia pagaron 600.000 euros a Canal 7 por una campaña publicitaria inexistente”:

El director sólo presentó ante la juez un documental grabado en 1993 de un festival celebrado en la playa.

El director de la televisión Canal 7, Francisco Padrón, recibió 600.000 de Inversiones Las Teresitas (ILT), propiedad de Ignacio González y Antonio Plasencia, con el fin de cesar la campaña mediática iniciada en contra de Ia empresa y sus planes para urbanizar la playa. El propio Padrón admitió durante un programa emitido en 2006 que la citada cadena había apoyado las manifestaciones en defensa de esta playa y en contra de su urbanización. “Dado que no se entregó documento alguno, se puede afirmar que no se firmó contrato de publicitario que diese soporte legal a esta transacción, hecho altamente irregular”, indica la policía en sus conclusiones. Padrón argumentó que lo que se pactó fue una campaña publicitaria de dos años de duración, pese a lo cual los investigadores reparan en que por lógica esta se hubiese tenido que abonar al final de este período y no a través de un desembolso único en el año 2001. Por todo ello, los policías concluyen que en realidad esta campaña nunca se llegó a realizar tal y como argumentó un testigo protegido.

Los investigadores pudieron comprobar que después de que la cadena recibiera supuestamente este dinero “durante un tiempo efectivamente Francisco Padrón cambió su postura en relación al proyecto”. La relación comercial para emitir publireportajes y spots adoleció de diversas irregularidades, según los investigadores, y así no se reflejó en los modelos de Hacienda de ninguna de las dos partes. Además, “dada la escasa repercusión mediática del canal resulta contrario a la lógica comercial que una empresa pague casi 100 millones de pesetas por una campaña publicitaria en un medio de escasa difusión”.

La policía comprobó que entre el 21 de febrero y el 24 de septiembre de 2001, ILT realizó cuatro pagos que suman esa cantidad y que fueron ingresados en una cuenta de CajaCanarias y sirvieron para evitar un embargo y pagar los intereses de demora. El canal televisivo facturó a final de ese ejercicio como ingresos publicitarios cantidades muy inferiores a lo que supuestamente cobró de los empresarios e incluso menos que lo percibido por este mismo concepto el año anterior. Uno de los hijos de Antonio Plasencia, propietario al 50% de ILT, también participó en la constitución de la empresa como vicepresidente hasta el año 1998.

La policía considera probado que Padrón mantenía una postura contraria a la contrucción en el frente por lo que resultaría contrario a la lógica comercial que ILT le encargase precisamente a este medio de comunicación la elaboración de una campaña publicitaria relacionada con su proyecto. Cuando Padrón fue requerido por la juez, Carla Bellini, para que facilitara todo el material y documentación sobre este contrato publicitario sólo entregó un DVD de un concierto celebrado en el año 1993 en esta playa llamado Amanecer Latino y que no tenía nada que ver con este asunto. El resto del material aseguró que lo había extraviado. Padrón, sin embargo, dijo que este festival sirvió como base de la futura campaña publicitaria para emitir durante dos años a todo el archipiélago reportajes sobre la playa.

  • Según artículo escrito por Belen Molina el 10 de diciembre de 2011 en Canarias Ahora bajo el título “La policía sospecha del envío de dinero de Grupo de Medios a paraísos fiscales”:

Entre 2005 y 2007, Grupo de Medios, transfirió cerca de 400.000 euros al paraíso fiscal de Luxemburgo.

Grupo de Medios de Tenerife, empresa que adquirió en 2001 Ignacio González Santiago al periodista Lucas Fernández, y que en 2005 pasó a ser propiedad de la editorial Leoncio Rodríguez, trasvasó sustanciosas cantidades de dinero a cuentas corrientes en nueve países extranjeros, entre ellos, las Islas Caimán y Luxemburgo, paraísos fiscales. La Policía Judicial sostiene que ese capital podría ser de procedencia ilícita, además de servir para pagos de comisiones a Miguel Zerolo y Emilio Fresco a través de una entidad bancaria en Nueva York.

La Policía Judicial y la Fiscalía Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife investigaron las cuentas de los principales imputados en el caso Las Teresitas y del entorno en concreto de Miguel Zerolo, uno de los sospechosos de haber podido beneficiarse con la compraventa de la playa.

Se trata de flujos monetarios que se sospecha que podrían “enmascarar pagos ilícitos en el extranjero”.

Una de las empresas analizadas es Grupo de Medios de Tenerife, no solo durante el tiempo en que perteneció a Ignacio González Santiago, el presidente del CON, investigado también en relación a su padre, el imputado Ignacio González Martín, y por la posible financiación ilegal de su partido, sino también después, hasta 2007, cuando la empresa ya era propiedad de ‘El Día’. En esos seis años, se trasvasaron a través de esta sociedad 5.451.391,12 euros en divisas.

Entre las operaciones que llamaron la atención durante la investigación está el trasvase a Islas Caimán por 601.000 euros, el 31 de diciembre de 2004. Esta sería la última operación financiera que llevó cabo Ignacio González Santiago mediante Grupo de Medios. Entre medias, de 2001 a 2004 hubo envíos de divisas a cuentas en Suecia, Finlandia, Canadá, República Federal Alemana, Reino Unido e Irlanda del Norte. En total fueron 3.776.194,97 euros.

De Finlandia a Luxemburgo

Después, cuando oficialmente Ignacio González Santiago dejó de administrar Grupo de Medios de Tenerife, los envíos de divisas se mantienen aunque en menor cuantía, pero sobre todo a Luxemburgo. El envío de dinero entre 2005 y 2007 resultó un total, según el Banco de España, de 1.676192,23 euros. De ese dinero, solo en el año 2005, fueron a Luxemburgo 321.303,71 euros, según la Balanza de pagos.

Los investigadores se extrañan de estas salidas de capitales, en teoría sin que haya intercambio comercial, igual que no se determines la procedencia del capital trasvasado ni se esclarece su destino.

Este flujo de dinero es paralelo a las inversiones de los González Santiago en Uruguay, en los años 2006 y 2007, que fueron de 1,6 millones de euros para inversiones inmobiliarias y empresas de pigmentos.

En relación a cuentas en el exterior que pudiesen camuflar el pago de comisiones o de dinero negro cercanas al ex alcalde y pronto senador, se investigaron también las de su hermano, Pedro González Santiago.

Los trasvases de divisas más cuantiosos fueron a través de Promotora Canarias, empresa participada por Pedro, que entre 2005 y 2006 remitió a cuentas de Uruguay y Estados Unidos, 2.912.675,67 euros, todo bajo conceptos contradictorios por parte del Banco de España, dice la Policía, como “pago de no mercancías”, que luego se especifican como “Inversión en bienes inmuebles por no residentes”.

  • Según artículo escrito por Noe Ramón el 9 de diciembre de 2011 en Canarias Ahora bajo el título “Herminia Gil, posible nexo con el ‘caso Fórum'”:

Un empresario habría pagado 30.000 euros y dado una vivienda a la exconcejal del PSOE por sus contactos políticos para recalificar Valle Tahodio.

La policía judicial recoge en el sumario del caso Las Teresitas la vinculación entre esta operación y el conocido como caso Fórum que saltó a la opinión pública en el año 2006 con apenas unos días de diferencia. El nexo común entre ambos asuntos es la exconcejal del Partido Socialista Canario-PSOE, Herminia Gil y el exalcalde, Miguel Zerolo. La información obtenida por la Brigada de la policía apunta a que tras la expulsión del partido de la exedil por dar su apoyo a la operación de compraventa del frente de la playa en contra de las directrices de la dirección insular, Zerolo, la compensó contratándola como asesora.

El exalcalde también habría mediado ante el empresario José Ana Labajos, imputado en el caso Fórum para que la contratara en su grupo de empresas y a cambio habría visto recalificados unos terrenos que poseía en Valle Tahodio y el impulso al puerto deportivo de San Andrés, operaciones en las que habría intervenido Gil y por la que habría cobrado “en mano” 30.000 euros, además de recibir una vivienda a un precio ventajoso aunque en realidad se desconoce si realmente lo llegó a abonar. El cambio de calificación de Valle Tahodio y la construcción del muelle no quedaron definitivamente anulados hasta que los medios de comunicación se hicieron eco de la polémica operación urbanística y su relación con el Fórum Filatélico. Los investigadores apuntan que la recalificación “estaba muy personalizada en la íntima relación de Labajos con Zerolo”, que estos siempre han negado. La supuesta amistad entre Zerolo y Gil también queda patente al haber sido contratada en el año 2003 en calidad de cargo de confianza. “Este hecho resulta insólito y podría explicarse dada la alta confianza y vinculación” existente entre ambos.

En el año 2005 el empresario pagó a la exconcejal 55.267 euros aunque en su cuenta solo figuran 18.000, a lo que hay que añadir otro cheque de Nufrosa, por lo que los investigadores llaman la atención sobre la diferencia entre ambas cantidades, casi 32.000 euros que Gil “podría haber cobrado en mano”. Este aumento salarial tuvo como consecuencia que en el año 2006 tuviese que pagar 15.000 euros a Hacienda, un cargo que asumió Labajos. Las investigaciones desarrolladas por el Juzgado número 5 de Santa Cruz dentro del conocido como caso Fórum determinan que entre las personas presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias se encuentra Gil en calidad de asesora urbanística de Zerolo y Labajos. En la documentación encontrada en la sede de Fórum Filatélico de Madrid figura Gil en el capítulo de “compromisos que nos interesa mantener” y así se indica que se le debe abonar 30.000 euros anuales pagaderos en diciembre. Los investigadores por lo tanto concluyen con que de esta manera “se habría dado cumplimiento a los compromisos adquiridos por Labajos, siendo él mismo la persona pagadora a través de sus sociedades. Además Gil se aseguró de que los 30.000 euros fuesen cobrados “limpios de polvo y paja”.

La empresa de Labajos paga desde el año 2002 el alquiler de Gil y no consta que las exconcejal abone desde sus cuentas los recibos de luz, agua o comunidad. La exconcejal adquirió una vivienda en la urbanización La Ladera de San Andrés construida por Inversiones Tahodio, empresa que pertenece también a Labajos. Por este inmueble se abonaron 60.000 euros, un precio que se considera significativamente más bajo que los situados en su entorno. De hecho, se calcula que apenas supone la cuarta parte de lo que tuvieron que desembolsar el resto de los propietarios de la urbanización. Para cerrar la compra la exconcejal no suscribió ningún tipo de hipoteca, hasta el punto de que la policía y la Agencia Tributaria sostienen que “se puede argumentar que no ha pagado la vivienda y en caso contrario no hay constancia de la forma en que lo ha llevado a cabo”.

Al respecto Inversiones Tahodio apuntó que esta forma de proceder es habitual en la empresa ya que cuando se venden inmuebles a empleados de la misma, “no se exige la firma de un documento privado durante la obra, sino que precisamente por la confianza existente entre las partes se reserva verbalmente el inmueble y no se formaliza hasta que, como parece que sucedió en este caso, ya se habían finalizado las obras y podía entregarse la vivienda”. La fecha en la que se adquirió el compromiso de adquisición, el 21 de noviembre de 2001, coincide con el acuerdo entre esta empresa y la Gerencia de Urbanismo para recalificar el suelo de Valle Tahodio. El empresario demostraba en fechas inmediatamente anteriores “un elevado interés” por incorporar el convenio a la revisión del Plan General de Santa Cruz que se iniciaba en aquel momento. Labajos era consciente de que lo contrario supondría la pérdida de la inversión efectuada en la compra de los terrenos rústicos. A principios de 2001 el objetivo del empresario ya se había cumplido. Pese a que la exconcejal figura como empleada de Labajos en Inversiones Tahodio y Fundación Canaria de la Construcción, lo cierto es que “no acudía a su lugar de trabajo, si bien seguía cobrando un elevado sueldo, en torno a los cuatro millones de pesetas”. Tampoco se sabe qué funciones desempeñaba y a criterio de los investigadores esta relación “sólo se puede entender por las vinculaciones políticas y contactos que Gil tenía en el Ayuntamiento”.

La exconcejal fue sometida a diversas vigilacias y escuchas telefónicas de las que se determinó que apenas acudía a la Corporación local, que normalmente permanecía en su domicilio o realizaba compras y actividades de tiempo libre, “no evidenciándose que tenga una jornada regular de trabajo estipulada”. De una conversación interceptada se desprende que estaba tomando un café con una señora ya que se había convertido en “una oficina ambulante”. Durante las llamadas , Zerolo utiliza el término “mi amor” y le indica que “una cosa es que sepa que estás haciendo lo que tienes que hacer y otra distinta es que no me guste verte de vez en cuando, mi amor”. También fue investigado su hijo de lo que se desprendió que había sido contratado por Emmasa y resultó adjudicatario de una vivienda social en San Andrés. Los investigadores no dejan de llamar la atención sobre el hecho de que su madre fue consejera de la compañía de aguas cuando pertenecía totalmente al Ayuntamiento y al Organismo Autónomo de Viviendas.

Del análisis de las cuentas bancarias se desprende que la exconcejal y su hijo han mantenido un elevado nivel de vida ya que gastaban mensualmente prácticamente todo el dinero disponible y que además era bastante alto hasta sumar casi 400.000 euros entre los años 2000 a 2006. “Se evidencia un total desinterés por ahorrar fondos lo que sólo se explica si son conscientes de que su status de vida no se va a ver alterado en el futuro. Los gastos son desorbitados”, concluye el informe policial. En diversas ocasiones se constata que la familia dispone de fondos de procedencia desconocida y de hecho durante el registro realizado en su domicilio se encontró una cantidad significativa pero aún sin concretar de dinero en efectivo.

  • Según artículo escrito por Noe Ramón el 8 de diciembre de 2011 en Canarias Ahora bajo el título “La Policía relaciona la venta de la playa con Emmasa y el Parque Marítimo”:

Los investigadores sitúan al periodista Jorge Bethencourt en el centro de las conexiones.

La investigación policial desarrollada dentro del caso de Las Teresitas parece haber encontrado conexiones entre la operación de compraventa de la playa, la privatización de Emmasa y las irregularidades en el Parque Marítimo. El Ayuntamiento de Santa Cruz decidió en el año 2005 externalizar el abastecimiento de aguas y para ello convocó un concurso por más de 60 millones de euros de manera que el dinero sirviera para compensar el enorme desembolso que para las arcas municipales había supuesto la compra del frente de Las Teresitas. Desde el primer momento surgieron críticas no solo hacia esta operación sino también por la manera en la que se estaba desarrollando. Los concejales entonces del Partido Nacionalista Canario (PNC), Guillermo Guigou, Angel Isidro Guimerá y Odalys Padrón hablaron de un concurso amañado e incluso del posible cobro de comisiones ilegales. El exalcalde, Miguel Zerolo, anunció la presentación de una querella contra Guimerá de la que jamás se supo.

Ahora en el sumario del caso de Las Teresitas vuelven a aparecer las viejas sospechas. En concreto se apunta a un viaje realizado por, Jorge Bethencourt, periodista y entonces asesor de Urbanismo de Zerolo a Senegal en 2006, aunque se presentó en calidad de representante de la empresa Aurantia y consejero de la Televisión Canaria. En este país mantuvo contactos “al más alto nivel” con autoridades senegalesas para llevar a cabo un proyecto de plantación de jatropha para obtener biodiesel que nunca se llegó a materializar debido a las excesivas contraprestaciones que le impusieron las autoridades del país africano.

La relación con Emmasa surge porque Aurantia es una empresa madrileña creada por Rafael Naranjo, después de que otra de sus compañías, Sufi, fuese absorbida por Sacyr-Vallehermoso, la entidad que finalmente se hizo con la gestión del agua de Santa Cruz ese mismo año. Naranjo era consejero de Valoriza, perteneciente a Sacyr que en realidad es la que compró las acciones de la compañía de agua. “En consonancia con lo informado en diversas fuentes acerca del posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con la privatización de Emmasa, es significativo esta representación que Bethencourt asume de Aurantia 2003 en Senegal en las fechas en la que se desarrollaba el expediente de privatización. Más aún cuando el máximo responsable de esta sociedad, Rafael Naranjo, está vinculado a las empresas que participaron en la adquisición de Emmasa”, se indica en el informe policial. Aunque los investigadores señalan que la venta de la compañía de agua se llevó a cabo en 2007, en realidad tuvo lugar en marzo de 2006, con lo cual el viaje a Senegal tuvo que realizarse en fechas inmediatamente anteriores.

A juicio de los investigadores la actividad de Bethencourt “resulta muy significativa dada su condición de periodista, toda vez que se aprecia un elevado nivel de vida con múltiples viajes al extranjero y estancias en el Hotel Gran Meliá Fénix de Madrid en el que se dan coincidencias en el hospedaje con otras personas que son analizadas en esta investigación. Ademas, se considera que el periodista participa en divesas sociedades cuyo objeto social relacionado con inmobiliarias, actividades hosteleras y de ocio, exportación e importación de productos entre otros, así como la posesión de diversos inmuebles y vehículos de alta gama, tenencia de patrimonio en México donde posee cuentas y residencia y contactos telefónicos con personas y entidades de diversos países entre los que se incluye un banco privado de Suiza.

“Muy significativa resulta también la representación que hace de la sociedad mercantil Aurantia en Senegal, sin que le conste vinculación societaria con dicha empresa y las relaciones indirectas halladas entre esa entidad y la privatización de Emmasa”.

Por este y por muchos hechos más es lo que los investigadores no dudan en calificar al periodista de “testaferro” de Zerolo. Bethencourt es propietario de la totalidad de la entidad Agencia de Prensa BG y es titular de un local y dos viviendas cuya compra se efectúa en el período de investigación y fueron amortizadas a través de sus cuentas bancarias. En cuanto a los vehículos de alta gama, los investigadores determinaron que fueron adquiridos “con dinero de procedencia desconocida”. Durante meses permaneció como imputado por un supuesto delito de blanqueo de capitales aunque finalmente la juez, Carla Bellini, considera que no hay pruebas fehacientes que sustenten esta acusación.

Con respecto al Parque Marítimo, Bethencourt está vinculado a las entidades Santa Cruz Park SL, que gestionó este recinto hasta el año 2006, y Santa Cruz Park Tenerife SL, que reactivó a partir de ese año, momento en el que la cedió al empresario, Luis Gil. Ambas están siendo objeto de otro procedimiento penal abierto por la Fiscalía Anticorrupción. En este caso se investiga la realización de fiestas en el recinto que no tenían cobertura legal en cuanto no están permitidas por el Plan Especial. Además, se quiere determinar a dónde ha ido a parar el dinero que la empresa exclusivamente de su propiedad Event Park cobró por estos eventos y cuyo montante aún está por concretar. Esta última entidad recibió pagos de Santa Cruz Park que suman alrededor de 350.000 euros. Pero además, el Ayuntamiento llegó a gastar más de 600.000 euros en distintos actos contratados en este recinto desde su creación hasta el año 2009.

Por otro lado la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera y la Unidad de Blanqueo de Dinero de la Policía Judicial investigaron al periodista como posible testaferro de Miguel Zerolo en la compra de Azul Televisión, empresa que acabó en manos de Ignacio González Santiago. En la compra de Azul TV se habría movido dinero procedente de Santa Cruz Park, un dinero que los policías sospechan que podría tener origen a su vez en el cobro ilegal de comisiones ya que no se ha podido esclarecer su origen. De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, en agosto de 2001, poco antes de la operación de Las Teresitas, Jorge Bethencourt compró el 75% de las participaciones de Azul TV por 252.425,08 euros (42 millones de pesetas), lo que llama la atención “porque las participaciones aparentemente valen 4.507,49 (75.000 pesetas), es decir, el valor nominal”.

Igual de llamativo resulta que en diciembre de 2002, solo 16 meses después, Bethencourt vendiera esas participaciones a IGAN Inversiones S.L., empresa de Ignacio González Santiago, por 102.172,05 euros, es decir, que perdió 150.253,02 euros. IGAN Inversiones tenía por objeto social todo tipo de actividad constructora, pero un día antes de la compra de participaciones, amplió ese objeto social a una actividad diametralmente distinta, la “instalación, creación y plantación de canales privados de televisión”. La explicación que ofreció Pedro González es que el sector audiovisual, “en aquel momento estaba de moda”. En el momento de la compra la cadena presentaba un déficit de 40 millones de pesetas y para cubrirlo se llegó a un acuerdo con su anterior propietario, el empresario Ambrosio Jiménez, para compensarlo mediante publicidad. Azul Televisión acabó siendo adquirida en 2004 por la Editorial Leoncio Rodríguez, propietaria del periódico El Día.

  • Según artículo escrito por Noe Ramón el 7 de diciembre de 2011 en Canarias Ahora bajo el título “Zerolo dedicó 63.000 euros de sus gastos entre 1998 y 2006 a viajes y comidas en restaurantes”:

En el año 2001 estas partidas llegaron a sumar el 69% de los desembolsos familiares, cuyo origen en muchas ocasiones es desconocido.

El exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, dedicó la mayor parte de sus fondos entre los años 1998-2006 a gastos considerados superfluos como son restaurantes, hoteles, ocio o viajes. En concreto, en el período analizado por la policía judicial se localizó que el exalcalde empleó casi 25.000 euros en viajes y 37.500 en comidas fuera de su casa, lo que suma un total de 63.000 euros.

En algunos de los ejercicios analizados, como ocurre en 1998, la partida dedicada a hoteles sumó el 27% hasta llegar a las 82.000 pesetas, mientras que en restaurantes empleó casi 73.000. Sin embargo, la familia del exalcalde no gastó prácticamente nada en productos básicos y no realizó reintegros en efectivo. La cifra más llamativa se sitúa precisamente en el año 2001, momento de la compra de los terrenos de la playa por parte del Ayuntamiento, un ejercicio en el que el alcalde dedicó el 69% de sus gastos a viajes y restaurantes, partidas en las que empleó más de un millón y medio de pesetas. La investigación policial por lo tanto concluye con que la unidad familiar disfrutó de un nivel de vida elevado lo que se plasmaría en los numerosos desplazamientos al extranjero que realizó en ese período a enclaves como Senegal, Ghana, Cuba, Sudáfrica, Islas Mauricio, Argentina o Nueva York. Una pauta común es que en ninguno de estos desplazamientos se apreciaron reintegros en efectivo ni tampoco la utilización de tarjetas de crédito.

En 1999 la mayor parte de los fondos familiares se derivan a la compra de ropa en lo que emplearon casi 400.000 pesetas. Durante meses no se llevó a cabo adquisición alguna de producto de primera necesidad, ni hay reintegros en efectivo; la extracción de dinero en cajeros es irregular y a veces inexistente durante largos periodos, con lo cual “queda acreditado que la unidad familiar del imputado ha tenido que disponer de otros recursos monetarios”. En el año 2000 la mayor partida se dedica a viajes en los que el exalcalde se gastó casi 440.000 pesetas, un 25% de los casi 1,7 millones de pesetas desembolsados en ese ejercicio. A restaurantes, hoteles y ocio se dirigió un 13% en cada uno de los casos. Las conclusiones es que la mitad de los gastos se emplearon en estas partidas. En 2001 los viajes ocuparon el 24% de los gastos familiares, hasta sumar más de medio millón de pesetas y los restaurantes supusieron el 45%, más de un millón de pesetas, de un desembolso anual total de casi 2,2 millones. En 2002 el 59% de sus fodos se dirigieron a comidas en restaurantes, aunque en este ejercicio se alcanzó un gasto total de “solo” 6.000 euros. Los investigadores se reafirman en su conclusión de que el exalcalde mantenía “un nivel de vida elevado” y de que la unidad familiar “ha tenido que disponer de otros recursos monetarios”.

Otro tanto ocurre en 2003, momento en el que se emplaron 3.000 euros en una joyería y otro tanto en una agencia de viajes de Buenos Aires. El 38% se dirigió a desplazamientos, el 20% a restaurantes y el 27% al ocio sobre un total de 12.000 euros. La adquisición de productos básicos sigue brillando por su ausencia. En 2004 se localiza un elevado consumo en restaurantes de más de 5.000 euros y en 2005 el 13% se dedica a hoteles, el 11% a viajes y el 23% a restaurantes. De los cajeros apenas se extrae el 3% de los 15.500 euros que la familia gastó en aquel año. Finalmente en 2006 los consumos casi se doblan y ascienden ya a unos 29.000 euros de los que se empleó el 28% en restaurantes (8.303), el 22% en ocio(6.366) y el 21% en viajes (5.986). Se logró también acreditar que los vehículos adquiridos entre los años 1999 y 2002 fueron pagados en parte en efectivo cuyo reintegro en la cuentas bancarias no se ha llegado a identificar. En total Zerolo compró 5 coches y un ciclomotor por un precio total de 107.000 euros, cuyo origen, según la investigación “es desconocido”.

La situación económica de la familia cambió drásticamente en el año 2001, fecha en la que se cierra la operación de compra del frente de la playa por el Ayuntamiento. De tener una renta disponible neta deficitaria que se cuantificaba en los -33.000 euros en 2000, pasaron a un superávit de casi 52.000 euros. Tras un análisis exhaustivo de las cuentas del exalcalde y su entorno se concluyó que debieron disponer durante los años investigados de “otros recursos monetarios para financiar los gastos cotidianos, toda vez que en cualquier economía familiar o personal el uso de dinero en efectivo es habitual para las pequeñas compras diarias”.

La policía detectó que en las cuentas que Zerolo comparte con su esposa se registraron ingresos “atípicos” que oscilaban entre los 15.000 y 6.000 euros y aprecian lo que denominan “un movimiento circular de fondos entre las cuentas de la empresa”. El exalcalde es socio de Promotora San Miguel SA en la que participaba junto con el expresidente del Gobierno canario, Adán Martín, ya fallecido. La Agencia Tributaria constató que a nombre de esta sociedad figuraban diversos inmuebles urbanos de uso para ocio y hostelería y un oficina en la urbanización Golf del Sur. La policía sospecha que el exalcalde dispone de “patrimonio oculto” a través de esta empresa. Asimismo Zerolo es consejero de Mercado Central de Abastecimeinto que durante los años 2002, hasta 2005 realizó pagos por valor de 65.500 euros a CB R&H Abogados, cuya administradora y poeedora de un 50% de participaciones es su propia hermana.

En el ambito internacional a Zerolo ha sido relacionado con compañías como Tabacos La Nubia de Cuba de la que fue administrador al menos durante los años 1998 y 1999. Pero durante las investigaciones también se encontraron indicios sobre su vinculación con plantaciones tabacaleras en Nicaragua, inversiones hoteleras en Brasil, inversiones inmobiliarias en República Dominicana, Uruguay, Cabo Verde, Venezuela, y también en México, concretamente en Baja California, Ribera Maya y Cozumel, aunque la policía nunca pudo evaluar el montante de las inversiones. En uno de los informes unidos al sumario, los investigadores de la Policía Judicial destacan que en esos negocios inmobiliarios en México, Zerolo no estaría solo, sino que también participarían Julio Bonis exconsejero del Gobierno de Canarias , el arquitecto Juan Manuel Palerm redactor del Plan General de Santa Cruz, Teómino Rodríguez Hermoso, sobrino de Miguel Hermoso, expresidente del Gobierno canario y mentor político del exalcalde y Jorge Bethencourt, periodista estrechamente vinculado a Zerolo.

Según artículo escrito por Noe Ramón en Canarias Ahora el 6 de diciembre de 2011 bajo el título “Las familias González y Plasencia adquirieron un costoso sistema para encriptar llamadas”:

“Ello evidencia el interés por ocultar sus actuaciones ante una posible investigación”, dice la Policía.

Las investigaciones del caso Las Teresitas, también llamado caso Malvasía, se basaron en entrevistas a fuentes confidenciales que apuntaron al posible cobro de comisiones por parte de los implicados en el procedimiento. Igualmente se hicieron escuchas telefónicas y se llegaron a realizar seguimientos policiales a determinadas personas. Aparte todo ello de exhaustivos informes sobre las actividades económicas de los imputados y su entorno. En estas labores participaron efectivos de la Unidad Central de Delincuencia Económica Fiscal de la Comisaría general de Policía Judicial-Sección Blanqueo de Capitales y la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz. Para elaborar estos informes se dispuso del apoyo de personal de la Agencia Española de la Administración Tributaria (AETAT) y de las entidades bancarias, aunque en este último caso los investigadores se enfrentaron a serias reticencias. En concreto, los bancos alegaban que habían destruido muchos de los documentos al haber prescrito el plazo de seis años durante los que la ley les obliga a conservarlos. Una de las entidades incluso llegó a comunicar que no podía ofrecer determinados documentos ya que con las lluvias torrenciales del 31 de marzo de 2002 se le había anegado sus dependencias.

La policía pudo también comprobar cómo las familias González y Plasencia llegaron a adquirir un costoso sistema informático de centralita telefónica y de móviles encriptados con el objeto de emplear secrafonía en sus comunicaciones. Este sistema distorsiona la voz para evitar que en caso de proceder a la interceptación de las comunicaciones éstas sean inteligibles. Sólo los terminales telefónicos autorizados desencriptan la conversación. “Ello evidencia el elevado interés por ocultar sus actuaciones ante una posible investigación judicial y policial, sin obviar la inversión económica que se deduce que deben asumir para tal fin. De ahí se aprecia que los investigados tienen intención de emplear cuantos recursos sean necesarios para proteger y ocultar sus acciones”, indican los agentes. Tal vez por ello poco se ha podido sacar de las conversaciones telefónicas interceptadas. En el caso del exalcalde, Miguel Zerolo, se pasa de lo anecdótico,-una señora le pide el trabajo prometido para su hijo-, a lo llamativo como cuando el periodista Andrés Chavez queda con Zerolo para realizar prácticas de tiro en las dependencias de la Unipol en Los Campitos o le pide que interceda ante el concejal Hilario Rodríguez con el fin de poder instalar otra antena para su emisora de radio

Entre los seguimientos policiales que se llevaron a cabo estuvo el que se realizó a Felipe Manuel Armas Pérez, empleado del empresario Ignacio González, al que en muchas ocasiones los informes no dudan en calificarlo como su hombre de confianza o incluso testaferro y hombre de paja. Armas Pérez fue quien en el año 1998 pidió a CajaCanarias el crédito de 30 millones de euros para comprar el frente de la playa dado que González pertenecía al Consejo de Administración de esta entidad. Según las investigaciones el empleado de González cobró entre los años 2002 y 2003 un elevado número de cheques cuyo importe ascendió a más de 90.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción, no considera sin embargo acreditado que el origen del dinero sea desconocido o que suponga el cobro de comisiones ilegales. Más bien da la impresión de que fueron cobrados porque este trabajador contaba con un poder o autorización que le permitía operar en las cuentas de su jefe. De algunos cheques se pudo demostrar que servían para realizar determinados ingresos en cuentas del grupo empresarial o para realizar pagos a terceros, “si bien de la mayoría de ellos no ha sido posible detectar el destino dado a los mismos”, indica a fiscal, María Farnés Martínez.

El 20 de abril de 2007 la Fiscalía Anticorrupción recibió un escrito anónimo más que se unía a otro llegado a finales de 2006. En este último se hablaba de supuestos pagos a periodistas, técnicos y políticos y se señalaba que todo ello estaba documentado en la sede social de Inversiones Las Teresitas (ILT) en la calle de La Rosa del centro de Santa Cruz. En este escrito se hablaba de forma profusa de tres cajas fuertes situadas en el despacho de González, de su hijo Pedro y del apoderado. También se informaba de un archivo anexo a la Sala de Juntas y de varios ordenadores con información de interés. Igualmente se explicaba con todo detalle el accceso a esta oficina lo que ratificaba que se trataba de una persona con un alto conocimiento de lo relatado.

En el escrito del 18 de abril se exponía que esta documentación había sido trasladada a un piso ubicado en la calle Villalba Hervás que era visitado de forma habitual por Armas. Dos días después se estableció un dispositivo de vigilancia compuesto por seis policías entorno a la sede central de la empresa Vultesa en Taco, de los Laboratorios González y del piso de Villalba Hervás. El empleado de González durante este seguimiento dio la impresión de que era consciente de que estaba siendo vigilado ya que “hacía continuas paradas y se giraba tratando de observar quien caminaba tras él”. Los policías repararon en que era evidente que adoptaba “medidas de contravigilancia. Esto es detenerse bruscamente, aprovechar los escaparates para comprobar posibles seguimientos, realizar giros imprevistos y demás”. Todo ello obligó a los vigilantes a tomar medidas para evitar ser detectados.

Hay que tener en cuenta que a finales del año 2006 la Fiscalía Anticorrupción había presentado ya su querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en medio de un enorme revuelo informativo. Durante uno de los seguimientos el supuesto testaferro llegó a entrar en el inmueble de Villalba Hervás y accedió a la planta cuarta. Posteriormente se pudo comprobar que los recibos de la luz estaban a nombre de Laboratorios González y que los buzones estaban llenos de propaganda publicitaria lo que denotaba “el desinterés de los inquilinos para recibir correspondencia en este inmueble”. También se constató que el inmueble estaba deshabitado ante el hecho de que por la noche no se detectaba luz en la vivienda. En algunas de las ocasiones se observó que el empleado sacaba documentación de este edificio. Finalmente, en este piso fue donde se localizaron 73.000 documentos que resultaron claves a la hora de esclarecer gran parte de los hechos de esta trama.

  • Según artículo escrito por Noe Ramón el 6 de diciembre de 2011 en Canarias Ahora bajo el título “La Policía sospecha que el dinero negro de González y Plasencia se relaciona con posibles sobornos”:

Tanto la juez como la fiscal concluyen, sin embargo, que no ha quedado acreditada la comisión de un delito de cohecho por parte de los empresarios.

Las investigaciones realizadas por la Agencia Tributaria y la policía judicial sobre el entramado empresarial de Ignacio González y Antonio Plasencia, desvelan que se convirtieron en una máquina perfectamente engrasada para ennegrecer dinero. Los informes redactados dejan poco espacio para la imaginación. Durante los años investigados que abarcan desde 2000 a 2006 se detectó que la familia González dejó de declarar 423,3 millones y la de Plasencia 16,1. La Brigada judicial relaciona estos 438 millones de euros “con los hechos investigados”, que no son otros que la supuesta comisión de un delito de cohecho en la figura del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y los concejales que en el año 2001 dieron su apoyo a la compra del frente de la playa de Las Teresitas por parte del Ayuntamiento a estos empresarios por más de 52 millones de euros.

La policía se moja y parece mantener pocas dudas a la hora de relacionar estas operaciones con el hecho de que durante esos períodos el exalcalde no realiza gastos en el devenir contidiano.”Podría existir una conexión entre el dinero presuntamente ennegrecido por los empresarios y la ausencia de gastos de Zerolo, dado que si no gasta de sus cuentas el origen del dinero utilizado en estos períodos debería considerarse como desconocido”. Pese a lo contundente de las conclusiones policiales la juez instructora del caso, Carla Bellini, concluye que “del resultado total de la investigación no ha quedado acreditado de una manera cierta e inequívoca, la existencia de indicios que permitan sustentar tal afirmación toda vez que estamos en presencia de datos o circunstancias que términos de común experiencia no permiten otra cosa que la suposición o la mera sospecha”.

Los informes policiales apuntan que “en base a las enormes diferencias detectadas, las cuentas y la complejidad del entramado empresarial se dan los condicionantes perfectos para proceder a actividades de ennegrecimiento de dinero utilizado para ello el extenso grupo empresarial familiar”. En el caso de la familia González se llegaron a analizar al detalle 172 cuentas con un total de 396.000 movimientos. Así se pudo comprobar que este grupo empresarial utiliza el sistema de caja única lo que permite el pago indistinto desde cualquier sociedad del grupo y la existencia de numerosos movimientos internos. Este método, según la policía, “permite el ennegrecimiento de grandes cantidades de dinero que podrían haber sido utilizados para los hechos investigados”. La policía detecta que hay “enormes diferencias” entre lo que se declara que se paga a terceros y lo que realmente sale del grupo empresarial, “siendo el destino dado a esas cantidades desconocido”. En concreto, entre los años 2000 y 2006 la diferencia entre el dinero que sale de la cuentas de esta familia y los pagos declarados ascienden a 423,2 millones de euros cuyo fin, según la policia es “desconocido”. Reiteran por lo tanto los investigadores que se tratara de operaciones de ennegrecimiento de dinero, “que pueden tener relación con los hechos investigados”.

En el caso de González Martín, presidente de la Cámara de Comercio, se detectó un pago en negro de 1,5 millones de euros para adquirir un edificio a través de una cuenta que según los investigadores “parece haber sido creada para generar dinero en efectivo”. De hecho, en la misma no se identifican pagos, ni recibos domiciliarios, ni se observa otra actividad similar. Entre los años 2000-2003 salió en ese período 700.500 euros mediante cheques pagados en caja, mientras que durante todo ese tiempo de la totalidad de las cuentas se sacaron 2,6 millones por ese concepto. De manera que en esos depósitos se concentra la cuarta parte del total de salidas de dinero por medio de cheques pagados por caja, “por lo que cobra fuerza que se utilizaba con el fin de generar dinero en efectivo”.

En el caso de la familia Plasencia se contabilizaron 16,1 millones de euros que no han sido localizados en sus cuentas y que deberían haber entrado o salido de las mismas, por lo que la Brigada policial concluye que su origen es desconocido. Muchas de las cantidades reflejadas en el concepto 347 que se refiere a los pagos declarados, “podrían no corresponderse con relaciones comerciales reales persiguiendo entre otros fines el proceder a realizar facturación falsa con objeto de ennegrecer determinadas cantidades de dinero”. En concreto entre los años 2000 y 2006 las sumas supuestamente escondidas al fisco ascenderían a 70 millones por parte de los González y 10 por Plasencia, entre 2002 y 2005 se sumarían 85 y 55 respectivamente y entre 2005 y 2006, 150 y 35 millones por parte de cada uno de los empresarios.

Se investigaron un total de 128 cuentas y de 85.124 movimientos bancarios de la familia Plasencia. También este empresario utilizaba el sistema de unidad de caja que le permite que los ingresos se realicen indistintamente en depósitos de otras mercantiles de su entorno societario. Del análisis realizado se desprende que “existen grandes desajustes entre lo pagado y lo declarado que asciende a 13,2 millones de euros”. Los investigadores sospechan que se han podido haber estado confeccionando facturas “a la carta” buscando una coincidencia entre la facturación, “las cuales no responderían a la realidad de un bien o servicio intercambiado”. En este caso se detectaron cerca de tres millones de euros que deberían haberse ingresado o salido de las cuentas de esta familia pero cuya entrada nunca se llegó a identificar. Sin embargo, la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez, echa en falta que la policía aporte alguna factura falsa o que se haya practicado una investigación encaminada al descubrimiento de las mismas.

La familia Plasencia envió al exterior durante los años 2002-2006 desde sus cuentas de CajaCanarias un total de 5,2 millones de euros que procedían de Estados Unidos. Entre 1998 y 2005 las cantidades remitidas a este último país sumaron casi 10 millones de euros. En el caso de la familia González se detectaron salidas por valor de 156.000 euros a Estados Unidos y así uno de sus hijos, Pedro González, gastó cerca de 60.500 euros en la compra de antigüedades y objetos de arte a este país y ese mismo día hizo una transferencia por una cantidad similar a una galería de arte de Venezuela. En este punto la policía matiza que las salidas de dinero no son pagos de mercancía o por cualquier otra contrapartida, sino simples traspasos de dinero al exterior. La familia Gonzalez forma parte del órgano de administración de trece sociedades distintas dedicadas a diferentes sectores y de ellas Pedro González está presente en seis. Las compañías están vinculadas a las producciones audiovisuales, estudios medioambientales o sector urbanístico.

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Entry filed under: CORRUPCIÓN URBANÍSTICA, EMPRESARIOS CORRUPTOS, POLITICOS CORRUPTOS, TENERIFE.

IGNACIO GONZÁLEZ Y EL DIA, PELOTAZO EN ACCION CASO LAS TERESITAS, CORRUPCIÓN DE TOMO Y LOMO (II)

1 comentario Add your own

  • 1. ignacio  |  1 marzo, 2012 en 1:14

    COMO SON DE ALTOS CARGOS, O SON GENTE ADINERADAS, TODO SE QUEDA AHI Y LA JUSTICIA NO LE LLEGA NUNCA.
    QUE FUERA UN POBRE INFELIZ QUE HAGA ALGUITO,, SEGURO QUE ENTONCES SI LA INJUSTA JUSTICIA FUNCIONA…

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