IGNACIO GONZÁLEZ Y EL DIA, PELOTAZO EN ACCION

9 diciembre, 2011 at 19:42 Deja un comentario

  • Según publicó Radio Unión Tenerife en su página web el 5 de diciembre de 2011 bajo el título “La policía sospecha de la compra-venta de Azul Televisión”:

Azul Televisión acabó siendo adquirida en 2004 por la Editorial Leoncio Rodríguez (El Día).

La Policía halló 72.000 documentos en un piso a nombre de la familia González sobre el pelotazo de la playa chicharrera y la financiación supuestamente irregular del CCN.

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera y la Unidad de Blanqueo de Dinero de la Policía Judicial investigaron al periodista Jorge Bethencourt como posible testaferro de Miguel Zerolo en la compra de Azul Televisión, empresa que acabó en manos de Ignacio González Santiago y en los negocios del ex alcalde en el extranjero.

En la compra de Azul TV se habría movido dinero procedente de Santa Cruz Park, empresa que explotó varios años el Parque Marítimo, un dinero que los policías sospechan que podría tener origen a su vez en el cobro ilegal de comisiones.

Esta es una de las 12 piezas separadas que han surgido conforme se instruía el caso las Teresitas. Bethencourt aparece en el entorno de Zerolo como uno de sus hombres de paja. Habría intervenido en la compra de ese canal con un dinero cuya procedencia no se ha podido esclarecer.

Bethencourt  fue asesor personal de Zerolo en el Ayuntamiento durante once meses, hasta que en ese trabajo para dedicarse a la actividad privada, según sus propias palabras. Entró en la sociedad Santa Cruz Park Tenerife, que explotaba el Parque Marítimo, en 1996, lo que le convirtió al tiempo en socio de Even Park, la sociedad que explotaba las fiestas del Parque. En 2006 Santa Cruz Park Tenerife se traspasa a Santa Cruz Park.S.L, empresa de Bethencourt y José Valentín Álvarez.

Así mismo, figura en el consejo de administración de otras tres sociedades, entre otras, BG Comunicaciones, hermana de la Agencia de Prensa BG, S.L., con sucursal en México D.F.

De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, en agosto de 2001, poco antes de la operación de Las Teresitas, Jorge Bethencourt compró el 75% de las participaciones de Azul TV por 252.425,08 euros (42 millones de pesetas), lo que llama la atención “porque las participaciones aparentemente valen 4.507,49 (75.000 pesetas), es decir, el valor nominal”.

Más curioso resulta que en diciembre de 2002, solo 16 meses después, Bethencourt vendiera esas participaciones a IGAN Inversiones S.L., empresa de Ignacio González Santiago, por 102.172,05 euros, es decir, que perdió 150.253,02 euros. IGAN Inversiones tenía por objeto social todo tipo de actividad constructora, pero un día antes de la compra de participaciones, amplió ese objeto social a una actividad diametralmente distinta, la “instalación, creación y plantación de canales privados de televisión”.

Azul Televisión acabó siendo adquirida en 2004 por la Editorial Leoncio Rodríguez (El Día).

En esa venta en la que Bethencourt perdió 150.000 euros, y que la policía sostiene que puede deberse a un blanqueo de capitales, también aparece Grupo de Medios de Tenerife S.L., empresa que gestionaba Azul TV y que pertenecía a otro periodista, Lucas Fernández.

El 28 de septiembre de 2001, Grupo de Medios de Tenerife realizó una transferencia a favor de Azul TV por 30.050,61 euros, y cinco días después, Azul TV “devolvió” 25.621,15 euros (se quedó con 4.429,46 euros). Acto seguido, esos 25.621,15 euros fueron reenviados a Comunidad de Bienes R&H Abogados, entidad vinculada a Luis Rodríguez Muñoz. Es lo que la policía judicial define como “una operación triangular”.

Pese a que Ignacio González Santiago compró Azul TV en 2002, su hijo Pedro ya figuraba como su administrador desde 2001, igual que IGAN figura como propietaria de Azul TV en la declaración del impuesto de sociedades de ese año.

Otro dato “sorprendente” apoya este supuesto, y es que la cuenta corriente de Azul TV S.L., en la que figura como autorizado Jorge Bethencourt, presentaba su primer movimiento el 3 de octubre de 2001, y el último, el 16 de octubre de ese año. “Se refuerza el hecho de que IGAN ya era propietaria de Azul TV desde el año 2001”, concluye la policía.

En su declaración ante la magistrada Bellini, Bethencourt afirmó que pidió dinero prestado (“tres, cuatro, cinco millones de pesetas”, no recuerda exactamente) a su socio en Santa Cruz Park (empresa que explotó el Parque Marítimo hasta 2006), José Valentín Álvarez, para el pago de deudas de Azul TV, pero no sabe si ese dinero salió de la empresa que compartían. También sostiene que pidió dinero a su padre y a otros amigos.

Así logró reunir 20 millones de pesetas que le entregó a Lucas Fernández para pagar las deudas, cantidad que asegura que todavía debe pero que ninguno de sus deudores le ha reclamado por la confianza que le tienen. A la pregunta de si ese dinero se lo entregó Miguel Zerolo para que comprara Azul TV, y una vez vendida dicha empresa darle licitud al dinero recibido ilícitamente, respondió que no.

Eso fue todo, afirmó. Niega haber comprado Azul TV por 42 millones, sino que solo asumió la deuda por 20 millones y recobró 17 con la venta.

El posible blanqueo de dinero con la compra de Azul TV, del que se acusaba a Bethencourt y Lucas Fernández, ha sido sobreseído provisionalmente, lo que varios abogados de la acusación popular ya han afirmado que recurrirán antes del 28 de mayo próximo.

En su declaración ante la magistrada, Jorge Bethencourt sostuvo que en la compra de su ático en un emblemático edificio del centro de la capital tinerfeña, el Beleyma no hay una inversión oculta de Zerolo, que pagó la entrada de 75.000 euros con un talón y el resto, hasta 500.000, los asumió en una hipoteca que sigue pagando.

Asimismo, negó tener ninguna relación económica con el político nacionalista ni en España ni fuera de ella. A la pregunta de su abogado defensor de si creía que estaba imputado por su amistad con Zerolo, respondió “no me cabe ninguna duda”.

La Policía halló 72.000 documentos clave en un piso franco.

La recepción de cartas anónimas de una misma persona en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz , que lleva María Farnés, y la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en Las Palmas, que lleva Carla Bellini, revelaron los principales detalles sobre las presuntas irregularidades en la compra-venta de los terrenos de Las Teresitas y otras actividades del empresario Ignacio González Martín y su entorno. Según los investigadores, estos escritos fueron “decisivos” en la investigación. Gracias a estas misivas, los agentes de la Policía Judicial hallaron abundante información en un piso a nombre de la familia González sobre el pelotazo de la playa chicharrera y la financiación supuestamente irregular del CCN que también investiga la Justicia en una pieza separada.

Así lo reconocen los propios instructores de las diligencias en varios informes incluidos en el sumario. Hay un hecho anecdótico, que nada tiene que ver con la causa, que hizo que los policías constataran la veracidad de las informaciones anónimas y pusieran rápidamente en marcha el operativo para acudir al piso al que los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia habrían mandado trasladar valiosa documentación sobre el caso Las Teresitas.

En la segunda carta, el confidente señala que el peón Felipe Manuel Armas, presunto testaferro de González, acude a la prisión de Tenerife II para visitar a una colombiana, llamada Francia Elena A. R., que había sido condenada por tráfico de drogas en 2004 y a la que había conocido en La Palma, de donde era natural Armas. Los agentes creen que el autor de las misivas filtró este dato para demostrar su conocimiento de los hechos. Los investigadores confirmaron que esas visitan eran ciertas, aunque no lograron averiguar el origen de la relación de amistad que unía a Felipe Manuel con Francia Elena.

El anónimo expone en el primer escrito, del 6 de noviembre de 2006, que el peón era apoderado de diversas sociedades de la familia González y jugó un papel esencial en la operación al inscribir a su nombre, el 17 de junio de 1998, la sociedad mercantil Inversiones Las Teresitas (ILT) con un capital de 15 millones de pesetas. En realidad, quienes estaban detrás eran Ignacio González y Antonio Plasencia, pero el primero lo utilizó porque era miembro del consejo de administración de CajaCanarias, la misma entidad a la que Inversiones Las Teresitas concedió un crédito de 5.700 millones de pesetas para adquirir los solares de Las Teresitas.

En esa primera misiva, el confidente añade que los empresarios de ILT guardan “información relevante” sobre sus relaciones con políticos, técnicos municipales y periodistas en la sede social de ILT, un piso de la calle de La Rosa, número 4, de la capital tinerfeña. “El relato detallado de la ubicación de estos archivos en la vivienda , así como de cajas fuertes, hace pensar a los investigadores que el informador es una persona con un elevado y directo conocimiento de las actividades de los empresarios”, tal y como reflejan las diligencias.

Cinco meses más tarde, el 20 de abril de 2007, aparece otra carta anónima en la que se advierte de que los empresarios han dado orden de trasladar los archivos del piso de la calle de La Rosa a otro de la calle Villalba Hervás, número 6, también en Santa Cruz y a nombre de la familia González, y añade que Felipe Armas acude a esta última vivienda todas las tardes. Es a partir de esta confesión cuando la Policía Judicial envía a varios equipos de agentes a ambos edificios para ver qué ocurre allí. “Pues efectivamente era así”, señala el informe policial. “Felipe Manuel Armas acude con asiduidad al de Villalba Hervás y adopta unas severísimas medidas de contravigilancia en el itinerario que sigue a pie o en moto hasta el inmueble”.

Los agentes alargan la vigilancia durante varios días, por la mañana y hasta de madrugada. De hecho, la noche del 27 al 28 de abril, localizan a dos mujeres que salen del portal de Villalba Hervás portando archivadores. Hasta que la mañana del 28 se pone en marcha el principal operativo. Desde primera hora hay policías apostados en los alrededores de ambos edificios. En el de la calle de La Rosa observan “un inusual movimiento de personas, las cuales acuden caminando precipitadamente y efectúan múltiples llamadas telefónicas”, según el parte policial. También ven entrar al garaje dos vehículos sospechosos, un BMW de color negro metalizado y un Volswagen granate.

Es en la sede de ILT donde se produce la única detención de la jornada. Los policías se llevan a Pedro P. M. por negarse a entregar la bolsa con documentos que porta en el momento en el que los agentes irrumpen en la entrada del edificio. Pedro P. M. adopta una actitud “provocativa”: “A mí nadie me quita la bolsa”, dice a los policías en tono desafiante. Unas horas después es puesto en libertad.

Pero la principal actuación se produce en el “piso clandestino” de Villalba Hervás. Cuando los agentes acceden a él, Felipe Manuel se encuentra en su interior, frente al ordenador, con la impresora escupiendo papeles. El peón aclara que realiza trabajos de contabilidad y se niega a precisar para quién. Su actitud fue de “total nerviosismo” durante el registro. “Fuma compulsivamente y oculta a los investigadores los motivos que lo llevaron al inmueble”, matiza el informe.

Desde el primer momento, los agentes confirman que se trata de una “oficina clandestina” en la que se desarrolla “una doble contabilidad de las empresas que tendría como finalidad la ocultación de actividades presuntamente ilícitas”. La vivienda no tiene línea telefónica y las cajas con documentos se amontonan en el pasillo y las habitaciones, de tal modo que da la sensación de que las han llevado hasta allí en fechas recientes y de un modo precipitado.

Cabo Verde, EEUU

Se requisan 72.800 documentos.

El llamado Equipo de Auxilio Judicial encuentra papeles sobre movimientos de divisas de la familia González y sus empresas a varios países (Marruecos, Francia, Senegal, Cabo Verde y Estados Unidos). También se hallan facturas de compra-venta de objetos de arte, de colección y de antigüedades por importe de 142.000 dólares, siempre según las diligencias.

También aparece abundante documentación sobre la operación de Las Teresitas y supuestos desvíos de capital hacia el CCN en forma de facturas, partido que lidera Ignacio González Santiago, hijo del imputado Ignacio González Martín. Por ello se abre una pieza separada de investigación que hoy sigue en curso aparte de Las Teresitas.

Este anónimo envía un cuarto escrito. Insiste en la importancia del peón y lo señala como la persona que gestionó todos los asuntos sucios de la compra-venta de los terrenos de la playa. “Estimada Señora Bellini: siguiendo con las referencias del proceso de Las Teresitas, paso a exponerle los siguientes puntos”, escribe en el inicio de la misiva. Detalla que “la persona más débil para el interrogatorio” es Armas, que busquen la recomendación negativa al crédito de ILT de un letrado del Colegio de Abogados de Santa Cruz –cuyo nombre aporta–, que algunas gestiones se hicieron a través de una entidad financiera radicada en Nueva York y que parte de la supuesta evasión de capitales de los González se hizo en Senegal, donde la familia tiene intereses económicos.

Y concluye el confidente: “Nunca hagan públicas estas cartas puesto que mi vida correría peligro. Ustedes desconocen la peligrosidad de lo que estoy haciendo”.

  • Según publica Radio Unión Tenerife en su página web el 9 de diciembre de 2011 bajo el título “Caso las Teresitas: Caso las Teresitas: Lorenzo Olarte:”El Fenómeno” “:

Ignacio González Martín y su hijo Ignacio González Santiago se referían al expresidente del Gobierno canario, Lorenzo Olarte, en tono jocoso como “el fenómeno”, o incluso “viejo” y “al de allá”.

“Nos estamos gastando lo que no está escrito”.  El fichaje de Olarte costó casi 44.000 euros realizados en dos pagos, según pudo constatar la investigación policial. Sin embargo, el concepto que tienen del veterano político no parece ser demasiado positivo.

Lorenzo Olarte:”El Fenómeno”.

Ignacio González Martín y su hijo Ignacio González Santiago se referían al expresidente del Gobierno canario, Lorenzo Olarte, en tono jocoso como “el fenómeno”, o incluso “viejo” y “al de allá”.

En una de las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía entre Nacho y su padre el primero no duda en hablar del veterano político en un tono que resulta un tanto despectivo: “El fenómeno muchacho me tiene loco. Mira montando unas, papá que no te imaginas, es nefasto. En vez de ponerse a hacer campaña que es lo que tiene que hacer, que para eso se le fichó éste se mete en unos rollos en el partido. Está todo el día conspirando con todo el mundo. Es terrible. Pero terrible”. La investigación policial determinó de estas y otras conversaciones que efectivamente la familia González estaba gastando dinero propio en la campaña del Centro Canario Nacionalista (CCN).

De hecho, González Santiago, acaba por confirmarlo:  “Nos estamos gastando lo que no está escrito”.  El fichaje de Olarte costó casi 44.000 euros realizados en dos pagos, según pudo constatar la investigación policial. Sin embargo, el concepto que tienen del veterano político no parece ser demasiado positivo.

 Al respecto, Nacho indica que “es de una madera especial, terrible. Me llama, me cuenta, después me entero de lo que va diciendo por ahí. ¡Una cosa!”. El presidente del CCN parece muy interesado en que Olarte no se inmiscuya en las cuestiones del partido y pide la intermediación de su padre para que le dé instrucciones concretas: “No te ocupes de nada y menos del partido. Tu eres el candidato, tu a disposición, porque si no es imposible”. Especialmente preocupado estaba Nacho con las declaraciones que Olarte hacía en aquella época pidiendo que el Parlamento canario tuviera una sede en Las Palmas de Gan Canaria o con su intención de organizar un macromitin en el Auditorio Alfredo Kraus para presentarse como candidato al Cabildo. “Es que eso cuesta una millonada”, dice Nacho.

Unos días después, también a principios del año 2007, Pedro González, hijo del empresario llama a su padre preocupado por que Olarte “está a punto de tirar la toalla”. Más adelante indica que si “al otro de allá le da por coger las maletas y mandarse a mudar se jodió el invento”.

En otro momento Olarte da indicaciones a Pedro González de cómo conseguir un préstamo al partido sin pasar por una entidad crediticia y asegura que va a contactar con unos amigos suyos en el Tribunal de Cuentas para informarse mejor. “Yo como tengo algunos amigos en el Tribunal de Cuentas de reino, que vigilan esto… desde el presidente, hasta los últimos… no obstante yo llamaré también”, indica el entonces candidato.

De otra de las conversaciones se deduce que Pedro González está gestionando el alquiler de un local para utilizarlo como sede de campaña pero figurando como titular del contrato la empresa CANESA SA, propiedad de su familia. “Ocho meses de alquiler nos lo podemos chupar también si se pone a tiro, dile ocho meses”.

En otras ocasiones los miembros de la familia se refieren a Rosalba, vinculada a la campaña del CCN aunque también trabaja en la Cámara de Comercio que preside Ignacio González Martín. Para que esta trabajadora pueda dedicarse a las labores del partido se ha decidido darle tres meses de vacaciones en la Cámara, “de lo que nadie se va a enterar”. Sin embargo, Rosalba se queja: “es que son… demasiados muertos”, en uno de los momentos otro de los hijos, José González se llega a referir a esta trabajadora como una “descerebrada”, pese a que González Martín la define como “experta en medios”.

Más adelante Pedro González da indicaciones para que el pago en Venezuela de una canción para la campaña se cargue desde su cuenta corriente y no en la del CCN. Arturo Escuder, miembro de Asinca se desplazó en varias ocasiones a Caracas para gestionar este asunto, unos viajes que son costeados por la Cámara de Comercio.

  • Según artículo escrito por Daniel Millet en La Opinión de Tenerife el 13 de diciembre de 2011 bajo el título “La Policía sospecha que González ´lavó´ 1,5 millones con seis empresas. Los investigadores ven indicios de que el empresario pudo cometer un fraude fiscal al blanquear dinero a través de la compra de un inmueble en La Laguna”:
Ignacio González Martín, uno de los empresarios imputados en el caso Las Teresitas y presidente de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña, pudo emplear hasta seis sociedades de la familia para blanquear presuntamente 1,5 millones de euros en el año 2005 procedentes de la compraventa de los terrenos de la playa chicharrera. Esto asegura por lo menos la Policía Judicial en un informe que se encuentra en el sumario de la causa, cuyo secreto se levantó hace dos semanas.
González Martín “pudo haber cometido un delito de fraude fiscal”, siempre según el documento policial, a través de la compra de un inmueble situado en el entorno del aeropuerto de Los Rodeos, en el municipio de La Laguna, denominado Edificio Yanes. Según la escritura, la operación se cerró por un total de 4.207.084 euros, pero “del análisis de la documentación obtenida en esta investigación se desprende un pago adicional en dinero B, que ascendería a la cantidad de 1.502.530”, por lo que el precio total fue de alrededor de 5,7 millones de euros.
Los agentes, asimismo, detectaron que las cantidades utilizadas para los traspasos de esos 1,5 millones del supuesto fraude fiscal procedían de una cuenta de la mercantil Inversiones Las Teresitas SL (ILT), la entidad de la que es socio el mismo Ignacio González Martín y que fue la que vendió los terrenos del frente de playa al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, centro de toda la controversia.
ILT había enviado en total 48,8 millones de euros a otra de las empresas de Ignacio González, Promotora Victoria SL, después de vender varias parcelas de la trasera de la playa de Las Teresitas que quedaron fuera de la operación con el Consistorio.
“Se puede establecer una conexión entre los flujos de dinero recibidos por la venta de los terrenos de Las Teresitas con la cantidad de dinero B utilizada para el pago del Edificio Yanes”, subraya el informe de la Policía Judicial. A los investigadores les llamó la atención que la propia denominación B del pago, propia de un movimiento de lavado de dinero negro, apareciera en los mismos documentos de las empresas de Ignacio González Martín, concretamente los que fueron requisados en el piso franco de la capital tinerfeña tras una intervención de la Policía.
González Martín transfiere primero el dinero ganado en la venta de las parcelas de Las Teresitas a una cuenta de su empresa Promotora Victoria y luego envía los 1,5 millones objeto del presunto fraude a otras seis sociedades de su familia: Multiruedas SL, Promotora Toscal, Igan Inversiones, Mesa y Honorio y Vultesa.
Cheques
El dinero transferido a estas entidades mercantiles sale después mediante cheques emitidos al portador, apenas unos dos o tres días después, con destino al pago B del Edificio Yanes de La Laguna. “Se observa cómo en lugar de transferir el dinero a una sola cuenta de una entidad mercantil, se planifica y se lleva a cabo una maniobra tendente a distraer la observación de la cantidad real transferida por una misma entidad en un mismo día”, concluyen los investigadores.
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