CASO ROSA, LA CORRUPCIÓN ERRE QUE ERRE EN LANZAROTE

17 noviembre, 2011 at 9:00 Deja un comentario

  • Según artículo escrito por Saul García en Canarias Ahora el 16 de noviembre de 2011 bajo el título “POR OTORGAR LICENCIAS URBANÍSTICAS ‘ILEGALES’. Condenados el secretario y el aparejador del ayuntamiento de Yaiza por prevaricación”

El juez impone al secretario y al aparejador municipales penas cuatro meses de prisión y dos años y un mes de inhabilitación.

El Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife ha condenado al secretario y al aparejador del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé y Pablo Carrasco, a cuatro meses de prisión y dos años y un mes de inhabilitación para su empleo por un delito continuado de prevaricación urbanística. La sentencia se puede recurrir.

El juez considera probado que en los años 1998 y 1999 ambos informaron favorablemente de tres licencias urbanísticas incumpliendo “manifiestamente “con el procedimiento administrativo. En los tres casos, dos en Yaiza y uno en Femés, dieron la licencia para construir viviendas en suelo rústico, cuando las normas lo impedían.

Señala la sentencia que “emitieron sus respectivos informes teniendo perfecto conocimiento de la consideración del suelo en cuestión como rústico y de la exigencia procedimental de la previa calificación territorial del Cabildo de Lanzarote, y de la necesidad de contar en los mismos con autorización previa de la Dirección General de la Vivienda del Gobierno de Canarias “.

El secretario, que actualmente sigue ejerciendo esa función, alegó en el juicio el pasado 18 de octubre a través de su abogado Felipe Fernández Camero, que realizaba los informes a título ilustrativo y que no tenían relevancia jurídica, puesto que no existían funcionarios especializados en materia urbanística en el Ayuntamiento. Sobre el secretario, dice la sentencia que “no cabe la menor duda que dicho acusado emitió tales informes con pleno conocimiento de la posibilidad de que su contenido pudiera estar en frontal oposición con la legislación urbanística aplicable al caso”, al igual que el aparejador.

La condena se les rebaja a ambos por dilaciones indebidas ya que los procedimientos se iniciaron en 2004 y 2005 y se les juzgó el mes pasado “sin que en dicha dilación haya tenido acreditada a tenor del examen de las actuaciones responsabilidad alguna los acusados, pues si bien es cierto que el procedimiento se demoró por no haberse aportado a la causa determinada documental requerida al Ayuntamiento de Yaiza, no ha quedado acreditada la concreta participación de los acusados en dicha demora”.

La sentencia también ordena que se envíe el fallo al Ayuntamiento de Yaiza y a la Agencia de Proteción del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias “a los efectos administrativos oportunos que pudieran corresponder en uno y otro caso”.

Los dos funcionarios también están imputados en el procedimiento que se sigue por las licencias otorgadas a los hoteles ilegales, en el que hay unos 30 imputados. El secretario también fue detenido por al Guardia Civil dentro del caso Unión y se le encontraron 56.000 euros en billetes de 200 en su despacho municipal.

Caso Rosa

El pasado mes de junio, la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgó a Bartolomé y a Carrasco, junto al ex alcalde José Francisco Reyes y a otro miembro de la Oficina técnica municipal, Alfredo Morales, por conceder licencias para nueve casas en Las Breñas en suelo rústico a finales de los años noventa. La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación y además, a Carrasco, le pide cinco años de cárcel por falsedad en documento público. La sentencia aún no se ha emitido.

  • Según artículo escrito por A.F. en La Provincia el jueves 17 de noviembre de 2011 bajo el titulo “El secretario de Yaiza y un técnico, condenados por prevaricación. El juez les impone cuatro meses de cárcel a cada uno y dos años y un mes de inhabilitación por informar a favor para la edificación de dos casas en suelo rústico”:
La juez les acusa de asociación ilícita. Han sido llamados a declarar el secretario municipal y el jefe de la oficina técnica.

El Juzgado de instrucción número 2 de Arrecife, que instruye el caso de los hoteles ilegales en Lanzarote, en el que se investigan las responsabilidades penales por la concesión masiva de licencias ilegales en Yaiza, ha citado a declarar por el delito de asociación ilícita a ocho imputados en el procedimiento judicial, que tendrán que pasar por el Juzgado en diversas fechas de los meses de noviembre y diciembre.

La jueza considera que hay indicios de la existencia de una asociación coordinada entre los imputados para delinquir o para promover delitos en el marco de la concesión de licencias ilegales en la época de José Francisco Reyes (primero con CC y luego con PNL-NC) en la alcaldía de Yaiza. La imputación se produce por la petición de la defensa de la acusación particular, del PSOE.

Dentro de esa asociación ilícita se imputa al propio ex alcalde, al secretario municipal Vicente Bartolomé Fuentes, al jefe de la Oficina técnica, Antonio Lorenzo, al abogado y asesor jurídico del Ayuntamiento Felipe Fernández Camero, a su hija y abogada, Juana Fernández de las Heras, a los empresarios Juan Francisco Rosa, Francisco Armas y al empresario y abogado grancanario Ignacio Díaz de Aguilar.

El primero en pasar por el Juzgado será Antonio Lorenzo, jefe de la Oficina Técnica, que prestará declaración el 7 de noviembre, por su posible participación en delitos de prevaricación urbanística y asociación ilícita.

El 30 de noviembre está previsto que declaren los empresarios Juan Francisco Rosa y Francisco Armas, vinculados a la construcción del puerto deportivo Marina Rubicón. Ambos están imputados por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita.

El secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, comparecerá ante la jueza el 14 de diciembre por la supuesta comisión de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación urbanística y asociación ilícita.

El abogado Ignacio Díaz de Aguilar, relacionado con el plan parcial Playa Blanca, declarado ilegal por la Justicia, está citado también para el 14 de diciembre por su posible participación en los delitos de prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.

También el 14 de diciembre declarará en el Juzgado el letrado Felipe Fernández Camero por su posible participación en los delitos de prevaricación urbanística, malversación de caudales y asociación ilícita. Fernández Camero fue asesor jurídico del Ayuntamiento, al que también defendió en los pleitos interpuestos contra las licencias ilegales.

José Francisco Reyes tendrá que declarar en el Juzgado el 16 de diciembre por cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.

Una de las novedades del caso es la imputación de Juana Fernández de las Heras, hija de Fernández Camero, citada para el 16 de diciembre por el presunto delito de asociación ilícita. Se da la circunstancia de que en este mismo procedimiento judicial ha ejercido de abogada defensora de Reyes. Fue abogada de promotores en los pleitos de las licencias.

Al margen de los ocho imputados que han sido citados por el delito de asociación ilícita, entre otros, también han sido citados Alfredo Morales por prevaricación urbanística, para el 7 de noviembre. El promotor Rafael Lasso, imputado por cohecho, irá el 30 de noviembre. José Rafael Mesa Ferrer está citado para el 16 de diciembre por presunto blanqueo de capitales.

Desconocimiento. En su comparecencia ante el juez Vicente Bartolomé y Pablo Carrasco, declararon que desconocían que debían solicitar informe de compatibilidad al Cabildo de Lanzarote y al Gobierno de Canarias al tratarse de viviendas que se edificarían en suelo rústico. Además, Bartolomé señaló que sus informes “carecían de toda relevancia jurídica” y que los elaboró de forma “meramente ilustrativa” puesto que en el consistorio de Yaiza no existen técnicos especializados en materia urbanística ni tampoco una unidad urbanística administrativa.

| Hoteles ilegales. El secretario de Yaiza y el aparejador están imputados en la causa abierta contra el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes por una supuesta trama de concesión de licencias ilegales para hoteles y viviendas en el municipio.

  • Según artículo escrito por ACN PRESS en Canarias Ahora el 23 de julio de 2011 bajo el título “VISTO PARA SENTENCIA EL JUICIO CONTRA EL EX ALCALDE DE YAIZA. José Francisco Reyes defiende su inocencia”:

La Fiscalía ha solicitado una rebaja en la pena de todos los acusados por dilaciones indebidas.

El juicio contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (PNL-Nueva Canarias), y tres técnicos municipales, ha quedado visto para sentencia a las 15.00 horas de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria. La vista oral se ha llevado a cabo durante el miércoles y jueves en la sección primera de la Audiencia Provincial, presidida por Miguel Ángel Parramón.

La Fiscalía ha solicitado una rebaja en la pena de todos los acusados por dilaciones indebidas, ya que los hechos se remontan el año 1998, pero al ex alcalde le ha solcitado pena de prisión de 14 meses, cuando en principio solicitaba inhabilitación y multa. En caso de que Reyes sea condenado a prisión tendrá que ingresar en la cárcel ya que ya acumula una condena anterior por permitir obras en un restaurante en suelo rústico. A Reyes se le acusa de un delito contra la ordenación del territorio tipificado como prevaricación urbanística.

A los otros tres acusados por el mismo delito -el secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes y otros dos técnicos del Ayuntamiento, Pablo Carrasco y Alfredo Morales- también se les ha rebajado la pena solicitada. Para Fuentes y Morales se pide multa de 17 meses y 15 días a razón de 24 euros por día y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, cuando la multa anterior era de 21 meses y la inhabilitación de nueve años.

A Carrasco se le acusa además de un delito de falsedad documental y la Fiscalía pide cuatro años de prisión, multa de 14 meses y tres años de inhabilitación de empleo o cargo público, cuando la pena solicitada anteriormente era de cinco años de prisión, multa de 16 meses a razón de 24 euros por día e inhabilitación por cinco años. Todas estas rebajas atienden al mismo atenuante de Reyes.

El Ministerio Fiscal ha calificado de “ingeniería jurídica” la estrategia de la defensa de los cuatro acusados al considerar que han colaborado a la hora de diseñarla y que eran “conscientes en todo momento” de que estaban cometiendo una irregularidad premeditada. En esta misma línea, insinúo que los abogados defensores concretaron dicha estrategia para que los acusados fueran “todos a una, como Fuenteovejuna” para que cada una de sus declaraciones no afectara a otros. En respuesta, el abogado de Reyes -Felipe Fernández- afirmó que han actuado bajo el “ejercicio libre e independiente” de su profesión y protestó por la insinuación del fiscal.

Declaraciones de Reyes

Durante la mañana del miércoles comparecía el que fuera alcalde de Yaiza entre 1994 y 2008, Juan Francisco Reyes, quien negó ante el tribunal ser autor del delito que se le imputa.

En sus respuestas al Ministerio Fiscal y a la Defensa, Reyes quiso dejar claro que firmó las licencias de construcción de nueve viviendas en terreno rústico basándose en informes técnicos y jurídicos que no siempre leía. “De la tonga de papeles que me ponían delante”, para firmar “unos los leía y otros no”, declaró.

También negó su participación el técnico municipal Pablo Carrasco que, como Reyes, rechazó tener relación de amistad con el promotor de la obra y haberse reunido con él para planificar sobre el terreno el proyecto de las citadas nueve viviendas.

Ya por la tarde prestaron declaración los acusados Vicente Bartolomé y Alfredo Morales. Según la abogada de este último, Morales “se ha mantenido en sus tesis de que el suelo para el que informó las licencias de segregación tiene consideración de asentamiento rural y en consecuencia, se podían otorgar”.

Por su parte, el cuarto de los acusados, Vicente Bartolomé, ha alegado que “no está dentro de sus funciones emitir informes jurídicos dentro del procedimiento de licencias y que él lo que emitió fue un informe procedimental”, según la misma fuente.

Los hechos

Los hechos se remontan a 1998, cuando según el relato del fiscal, la sociedad Casas Conejeras adquirió un terreno rústico de 12.500 metros entre las localidades de Las Breñas y Femés (Yaiza) “a sabiendas de que el Ayuntamiento de Yaiza autorizaría la construcción de al menos una edificación con destino a vivienda en el lugar”.

La sociedad construyó en ese terreno nueve viviendas unifamiliares con piscina en nueve parcelas independientes y su construcción fue autorizándose a través de licencias de segregación y de obra por decretos del alcalde.

Todas las licencias fueron solicitadas por el administrador de la empresa, Martín Bartolo, excepto una que la pidió su pareja, Elsa Luzardo, mientras que los decretos los firmó Reyes, excepto cuatro que los firmaron José Antonio Rodríguez y Narcisa Peña, como alcaldes en funciones.

Sin embargo, a pesar de las segregaciones, la finca matriz no disminuía de tamaño y continuaba teniendo 12.500 metros cuadrados.

La Fiscalía considera que Reyes sabía que la parcelación urbanística requería de una ordenación pormenorizada pero “se desentendió voluntariamente” de ella. También señala que el ex alcalde sabía que no se podía autorizar las viviendas sin control previo por parte del Gobierno de Canarias o del Cabildo, ya que para autorizar edificaciones en suelo rústico hace falta una calificación territorial que otorga la institución insular. Dos de esos decretos fueron declarados nulos por los tribunales de justicia.

En cuanto al secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, dice la Fiscalía que omitió hacer constar en sus informes jurídicos la necesidad de obtener la calificación territorial del Cabildo. Sin embrago, en el primero de los informes que hizo para esas casas, en mayo de 1998, sí hizo constar que era necesario un informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación.

El arquitecto técnico del Ayuntamiento, Pablo Carrasco, “informó con conciencia y voluntad de no poner ningún inconveniente”, según el Fiscal, ya que consideraba los terrenos para los que se solicitaban las licencias como urbanos solar, cuando eran rústicos, tal y como él mismo reconocía en las licencias de segregación.

Por su parte, el aparejador municipal, Alfredo Morales, según el fiscal, informó varias solicitudes de segregación conforme a un planeamiento municipal que no estaba aprobado definitivamente.

Archivo

La causa tenía otros seis imputados más, para los que el fiscal pide que se archive. Se trata del promotor, Martín Bartolo, y su pareja, Elsa Luzardo, así como el arquitecto Juan Carlos Matallana, el técnico municipal Antonio Fernández y los cargos públicos José Antonio Rodríguez y Narcisa Peña, ambos concejales en la actualidad, el primero del PNL y la segunda de CC.

Reyes, que fue alcalde entre 1994 y 2008, primero con CC y luego con el PNL-Nueva Canarias, ya está condenado a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística por conceder una licencia para un restaurante en suelo rústico.

Además, está imputado en el caso Unión y en el que investiga los hoteles ilegales de Playa Blanca. Por ese procedimiento estuvo en prisión provisional ya que se le acusa de lograr un patrimonio de más de 700.000 euros sin justificar su procedencia. Su mujer y tres de sus hijos también están imputados.

Dos de los tres técnicos que se sentarán en el banquillo continúan ejerciendo en el Ayuntamiento y los tres están imputados por la concesión de licencias ilegales en el procedimiento de los hoteles que investiga el Juzgado número dos de Arrecife.

Además, el secretario Vicente Bartolomé también fue detenido dentro del caso Unión. La Guardia Civil encontró en su despacho del Ayuntamiento un sobre con 56.000 euros en billetes de 100 y de 200.

 
  • Según artículo escrito por ACN PRESS en Canarias Ahora el 7 de enero de 2010 y relacionado con el caso Unión, bajo el título “UNIÓN/ ESTUVO PRESENTE EN EL REGISTRO. El secretario de Yaiza guardaba 56.000 euros en su despacho”:

El secretario de Yaiza, Vicente Fuentes, guardaba el dinero en su despacho. Dice que se trataba de ahorros personales y de honorarios.

El secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, guardaba en una caja de su despacho del Ayuntamiento 56.000 euros en billetes de 100 y 200 dentro de una carpeta azul.

La Guardia Civil se incautó de esa cantidad de dinero en el registro que efectuó el 28 de mayo en el Ayuntamiento sureño. Había un billete de 500, 189 de 100 y 181 de 200 distribuidos en diferentes fajos. Además, en otro sobre del Ayuntamiento había nueve billetes de 500.

El secretario, que se encontraba de viaje, fue llamado para estar presente en el registro y declaró que el dinero era suyo y correspondía a ahorros personales y a honorarios que le paga el abogado Antonio Martinón Armas por sus colaboraciones.

El abogado fue llamado a declarar al día siguiente ante la Guardia Civil en calidad de testigo y señaló que Fuentes le asesora desde hace ocho años urbanísticamente y administrativamente aunque no ha terminado la carrera de Derecho.

Declaró que durante el año pasado le pagó “varios millones de pesetas” y que en los casos en los que colabora van al cincuenta por ciento, que le secretario no emite facturas y que intervino en una reclamación de cantidad de la empresa Horinsa contra el propio Ayuntamiento de la que finalmente se desistió.

Declaración

El 18 de junio el secretario compareció ante el juez en calidad de testigo y con la presencia del Ministerio fiscal. Sólo se le preguntó por la licencia de la casa de Carlos Morales en Puerto Calero. Posteriormente, a Fuentes se le citó como imputado el 27 de octubre pero esa citación se suspendió por problemas técnicos y no se ha vuelto a llevar a cabo.

Durante el registro del Ayuntamiento de Yaiza se informó tanto a la entonces alcaldesa Gladys Acuña (PIL) como al teniente de alcalde Leonardo Rodríguez (CC) de que estaban imputados en el procedimiento.

Documentación

Los agentes registraron los despachos de Rodríguez, Acuña, Fuentes y la oficina técnica. En ese registro preguntaron por varios expedientes, entre ellos los relacionados con el arquitecto Carlos Morales, con el plan parcial Playa Blanca, el Plan General de Ordenación o la estación de servicio Playa Blanca.

También preguntaron por la documentación de la urbanización Costa Roja, de la empresa Inversiones Tinamala, de Estudio Lanzarote, de Juan Francisco Rosa, de Rafael Bello del Castillo y de Honorio Nicolás García Bravo.

  • Según artículo escrito por Ruth Gabilondo para la Voz de Lanzarote el 17 de noviembre de 2011 bajo el título “Una de las casas que autorizaron tiene orden de derribo desde 2005. Yaiza no apartará a los técnicos condenados por un delito continuado de prevaricación y sigue defendiendo su presunción de inocencia”:

El Ayuntamiento de Yaiza no va a apartar de su cargo al secretario del Consistorio, Vicente Bartolomé Fuentes, ni al aparejador de la Oficina Técnica, Pablo Carrasco Cabrera, condenados por un delito continuado de prevaricación urbanística. Pese a que la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife les impone una pena de cuatro meses de prisión y otra de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años y un mes, el Consistorio ha decidido “respaldar a los trabajadores y funcionarios, en aras del principio de presunción de inocencia, hasta que los tribunales no se pronuncien en sentencia firme”. Y es que hay que recordar que contra la sentencia cabe recurso.

Así, el Ayuntamiento no adoptará ninguna medida respecto a ellos, pese a que la sentencia considera probado que los dos técnicos, en al menos dos expedientes, informaron favorablemente a la concesión de licencias para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico, “a sabiendas de que incumplían manifiestamente con el procedimiento administrativo establecido por el ordenamiento urbanístico vigente”.

El Consistorio no ha querido pronunciarse sobre la situación concreta de estos inmuebles, ni sobre las licencias que se concedieron. Según han señalado, lo que se intentará hacer es abrir un “expediente de revisión de esas licencias, para analizarlas una a una y actuar en consecuencia”, pese a que una sentencia las ha declarado irregulares.

Lo único que está haciendo en estos momentos el Ayuntamiento de Yaiza es “gestiones tendentes a que el próximo Plan General recoja todas las construcciones que se encuentran dentro de los núcleos de población del municipio”, según han señalado desde el gabinete de prensa.

Una orden de derribo que nunca se cumplió

Las licencias en las que, según la sentencia, se ha probado su ilegalidad, son las concedidas a Tomas Negrín González, para la construcción de una vivienda unifamiliar en la calle La Vista de Femés, y a Jorge Facundo Reyes Rodríguez, hermano de José Francisco Reyes, para una casa unifamiliar en la plaza San Marcial número 2 de Femés.

Incluso en este último caso, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ordenó en junio de 2005 el “restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada, mediante la demolición de las obras de construcción de la edificación de dos plantas destinadas a vivienda”. La resolución se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). La vivienda, según el Ayuntamiento de Yaiza, “sigue en pie, nunca se derribó, pero está deshabitada”. Al parecer, no tiene ni puertas ni ventanas.

El secretario del Consistorio sureño, Vicente Bartolomé Fuentes, declaró en el juicio que sus informes “carecían de toda relevancia jurídica” y que él los elaboró a título meramente “ilustrativo” por la inexistencia de una unidad urbanística administrativa y porque el Ayuntamiento carecía de funcionarios especializados en esta materia. Al respecto, el Consistorio no ha sabido aclarar este jueves a La Voz si ya cuenta con esta unidad y este personal, ni si son las mismas personas las que siguen emitiendo los informes del Ayuntamiento.

Otras causas pendientes

Ésta es la primera condena contra Vicente Bartolomé Fuentes y Pablo Carrasco, pero ambos tienen otras causas pendientes, incluyendo una que ya fue juzgada y en la que se sentaron en el banquillo junto al ex alcalde, José Francisco Reyes, pero que aún está pendiente de sentencia. En aquel juicio, celebrado el pasado mes de junio, el fiscal pidió ocho años de inhabilitación para Vicente Bartolomé por un presunto delito de prevaricación, mientras que para Pablo Carrasco solicitó cinco años de inhabilitación y cuatro de cárcel, al sumar también un presunto delito de falsedad documental en la concesión de una licencia.

Además, Vicente Bartolomé Fuentes también está imputado por un presunto delito de prevaricación por conceder una licencia que no se ajustaba a la legalidad en el caso de Costa Roja. Asimismo, el secretario del Ayuntamiento de Yaiza está imputado por asociación ilícita, cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación urbanística en el caso “Reyes”, que investiga la existencia de una presunta trama organizada para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. En este caso también está imputado Pablo Carrasco.

Incluso, Bartolomé Fuentes fue detenido en el marco de la Operación “Unión” por un presunto delito de cohecho. Según el informe de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el secretario del Ayuntamiento de Yaiza guardaba 56.000 euros de su propiedad en la caja fuerte de su despacho del Consistorio. Los agentes hallaron en el registro, practicado el 28 de mayo de 2009, esta cantidad de dinero, así como varios documentos oficiales de recaudación, “los cuales presentaban evidentes signos de manipulación”, según el informe de la UCO.

  • Según artículo publicado por Isabel Lusarreta en la Voz de Lanzarote el 17 de noviembre de 2011 bajo el título “Bartolomé y Carrasco apelaron en el juicio a su “desconocimiento”. Licencias concedidas con informes “meramente ilustrativos” y “sin conocimientos jurídicos”:

El juicio y la sentencia contra Vicente Bartolomé Fuentes y Pablo Carrasco Cabrera han puesto también sobre la mesa la forma en la que se concedían las licencias en Yaiza. Y es que ambos técnicos basaron su defensa durante la vista oral en su “desconocimiento” en la materia, pese a que ambos emitían informes previos a la concesión de esas licencias.

En el caso de Bartolomé Fuentes, secretario del Ayuntamiento, llegó a afirmar que sus informes “carecían de toda relevancia jurídica” y que los elaboraba a título meramente “ilustrativo”. Según él, “no existían en el Ayuntamiento funcionarios especializados en materia urbanística ni unidad urbanística administrativa”, por lo que “asumió voluntariamente alguna de las funciones propias de dichos funcionarios”.

En cuanto a Pablo Carrasco, aparejador de la Oficina Técnica, alegó que sus informes eran “meramente técnicos”, ya que “carecía de conocimientos jurídicos en la materia”, y que se limitaba a reflejar “la realidad física de los terrenos”.

Sin embargo, el juez no considera creíble la versión de ambos técnicos y sostiene que, deliberadamente, ambos omitieron información en sus dictámenes. Concretamente, no advirtieron de que no se podía conceder la licencia sin solicitar la calificación territorial al Cabildo de Lanzarote y el permiso de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias, ya que se trataba de suelo rústico.

Entre otras cosas, la sentencia recuerda que el propio ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (que en varias ocasiones ha asegurado que había informes que ni leía, que “no entiende de estas cosas” y que se basaba en lo que le decían los técnicos), declaró durante la instrucción de esta causa que se basaba en los informes “del jurista (el secretario) y del técnico” para conceder licencias, lo que según el juez demuestra que no se trataba de informes “meramente ilustrativos”.

Contradicciones y pura “lógica”

La sentencia también destaca las contradicciones entre lo que los técnicos declararon durante el juicio y lo que habían declarado previamente. Y es que durante la instrucción de esta causa, Bartolomé Fuentes sí dijo que sus informes eran “preceptivos”, mientras no estuviera constituidas unidades jurídicas en las Oficinas técnicas del Ayuntamiento. El juez considera que esa declaración tuvo “una mayor espontaneidad y sinceridad”.

Además, la sentencia subraya que considerando que Bartolomé Fuentes es secretario del Ayuntamiento de Yaiza desde 1981, “las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia obligan a inferir el conocimiento de la normativa urbanística por parte del acusado”.

Respecto a Pablo Carrasco, el juez tampoco se cree su supuesto desconocimiento en la materia y, entre otras cosas, hace referencia a otro expediente de concesión de una licencia, que fue aportado por el Ministerio Fiscal. En ese expediente, aparece un informe de Carrasco en el que sí advertía de la necesidad de pedir al Cabildo un informe de compatibilidad con el PIOT y una autorización a la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias antes de conceder la licencia.

Además, el juez también subraya que en una de las cuatro licencias que originalmente se investigaban en esta causa, y en cuyo expediente también participó Carrasco, el Ayuntamiento de Yaiza llegó a recibir una advertencia del Gobierno canario, diciéndoles que debían pedir autorización para conceder la licencia, por tratarse de suelo rústico.

“Caso Reyes”

El contenido de esta sentencia guarda una estrecha relación con otros procesos abiertos contra técnicos de Yaiza y contra el ex alcalde. Especialmente, con el mayor que se sigue contra ellos, el “caso Reyes”, que investiga la existencia de una presunta trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca.

En esa causa, en la que hay una treintena de imputados, la Fiscalía sostiene que existía una trama organizada entre políticos, técnicos y empresarios, además de abogados que actuaban como asesores y como nexo entre el resto de los imputados, para vulnerar la ley otorgando licencias a cambio de presuntos sobornos.

Según las tesis de la acusación, muchas de esas licencias se concedieron basándose en informes técnicos carentes de contenido, que se emitían para poder justificar la concesión de las licencias, obviando trámites indispensables. Esas licencias se ocultaban incluso al Cabildo, que tuvo que acudir a los tribunales en defensa de la legalidad. El resultado: una treintena de licencias hoteleras declaradas ilegales, además de otras que ahora se están investigando en la vía penal, dentro del “caso Reyes”, como la del puerto deportivo Marina Rubicón.

Según artículo escrito por Isabel Lusarreta el 16 de noviembre de 2011 en la Voz de Lanzarote bajo el título “El fallo les impone dos años de inhabilitación para empleo o cargo público.Condenados el secretario de Yaiza y un técnico a cuatro meses de cárcel por un delito continuado de prevaricación urbanística”:

El Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife ha condenado al secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, y al aparejador de la Oficina Técnica, Pablo Carrasco Cabrera, por un delito continuado de prevaricación urbanística. La sentencia impone a cada uno una pena de cuatro meses de prisión y otra de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años y un mes, así como al pago de las costas del procedimiento.

La sentencia considera probado que los dos técnicos, en al menos dos expedientes, informaron favorablemente a la concesión de licencias para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico, “a sabiendas de que incumplían manifiestamente con el procedimiento administrativo establecido por el ordenamiento urbanístico vigente”.

Una de ellas fue concedida en 1999 a Tomás Negrín González, para construir una vivienda unifamiliar en la calle La Vista de Femés. La otra, a Jorge Facundo Reyes Rodríguez, hermano del ex alcalde, José Francisco Reyes, para realizar una vivienda unifamiliar en la plaza San Marcial de Femés. Además, se investigaba una tercera, aunque en este caso la sentencia sostiene que no se ha podido llegar a la conclusión “de manera indubitada” de que los acusados emitieran informes “injustos” en relación a ese expediente.

En cuanto a las otras dos, el juez considera que no hay dudas. Incluso, en una de ellas, la sentencia subraya que Vicente Bartolomé Fuentes emitió el informe favorable al día siguiente de que la solicitud entrara en el Ayuntamiento. Y lo hizo pese a que en la solicitud que consta en el expediente no hay “indicio alguno para ubicar geográficamente de manera concreta la vivienda que se pretende construir”, ya que “tan sólo se indica que la finca está situada en “Femés s/n”.

Rebaja por dilaciones

En cuanto a las penas impuestas, aunque el fiscal pedía dos años de cárcel y diez de inhabilitación para cada acusado, el juez ha decidido rebajarlas significativamente atendiendo a las “dilaciones indebidas” que ha sufrido el proceso, que se inició contra los acusados en 2004. Entre los motivos del retraso que ha sufrido la causa, la sentencia señala que, entre otras cosas, “el procedimiento se demoró por no haberse aportado a la causa determinada documental requerida al Ayuntamiento de Yaiza”, aunque agrega que “no ha quedado acreditada la concreta participación de los acusados en dicha demora”.

La denuncia que dio lugar a esta causa fue formulada en el año 2000 por el Seprona, al constatar que se estaban construyendo viviendas en suelo calificado como rústico. Inicialmente, en este procedimiento estuvo también imputado el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, así como dos de sus hermanos y varios arquitectos, aunque finalmente se archivaron las actuaciones contra ellos.

Informes meramente “ilustrativos”

Durante el juicio, tanto Bartolomé como Carrasco defendieron su actuación alegando que si no advirtieron de la necesidad de pedir informes de compatibilidad tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias, al tratarse de suelo rústico, fue por desconocimiento y porque advertir de esos requisitos no entraba en sus funciones. Incluso, el secretario, defendido en el juicio por Felipe Fernández Camero, llegó a afirmar que sus informes “carecían de toda relevancia jurídica” y que él los elaboró a título meramente “ilustrativo”, ya que no existían en el Ayuntamiento funcionarios especializados en materia urbanística ni unidad urbanística administrativa.

Sin embargo, el juez considera que ese argumento no sólo no es creíble, sino que choca con la declaración que el propio Bartolomé Fuentes realizó en el Juzgado durante la instrucción de la causa. “Este juzgador no tiene ninguna duda de que los informes emitidos por dicho acusado fueron elaborados con la pretensión de surtir plenos efectos jurídicos”, sostiene la sentencia.

Además, recuerda la declaración del ex alcalde, que en su momento testificó como imputado en relación a la licencia concedida a favor de su hermano, que entendía que no eran necesarios otros dictámenes al tener “un informe favorable del jurista y del técnico”. Según el juez, una afirmación que pone de manifiesto “el carácter jurídico y no meramente ilustrativo de los informes del secretario municipal de Yaiza”.

Otras causas pendientes

Aunque aún cabe recurso contra esta sentencia, el fallo ordena también que se dé traslado de la sentencia al Ayuntamiento de Yaiza y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, “a los efectos administrativos que pudieran corresponder”.

Ambos técnicos continúan trabajando para el Consistorio y ésta es su primera condena, aunque los dos tienen otros procesos penales pendientes, incluyendo uno que ya fue juzgado, y en el que se sentaron en el banquillo junto al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y está pendiente de sentencia. En aquel juicio, celebrado el pasado mes de junio, el fiscal pidió ocho años de inhabilitación para Vicente Bartolomé por un presunto delito de prevaricación, mientras que para Pablo Carrasco solicitó cinco años de inhabilitación y cuatro de cárcel, al sumar también un presunto delito de falsedad documental en la concesión de una licencia.

Además, tanto Bartolomé Fuentes como Carrasco están imputados también en la mayor causa abierta contra el ex alcalde de Yaiza, por la existencia de una presunta trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, fundamentalmente hoteleras y turísticas. Ese proceso, que acaba de crecer con nuevos imputados, todavía está en fase de instrucción.

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CASO AMBULANCIAS. OTRA NUEVA DEL PP, ANTONIO ALARCÓ CORRUPCIÓN EN ACCIÓN (2)

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