CASO AMBULANCIAS.

14 noviembre, 2011 at 20:23 Deja un comentario

  • Según artículo escrito por Belén Molina en Canarias Ahora el 4 de agosto de 2011 bajo el título “LA EMPRESA SE CONSTITUYÓ COMO UNA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO. Una ONG ligada a CC ganó más de 2.500.000 euros con los centros para menores inmigrantes”:

El presidente de Mundo Nuevo, Juan José Domínguez, y el resto de su equipo directivo se afiliaron a Coalición Canaria en 2002 y 2003.

Mundo Nuevo no deja la gestión de los centros de acogida para menores inmigrantes con los bolsillos vacíos, sino que a finales de 2008 tenía en su haber 2.551.076,02 euros no reembolsados al Gobierno de Canarias, según se desprende de las cuentas entregadas a la autoridad laboral para poder llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por motivos de producción, y que ha conllevado el despido de más de un centenar de trabajadores con solo 20 días por año trabajado.

Según ha podido saber este periódico de fuentes del Comité de Empresa, esos beneficios se han mantenido hasta que el descenso de la llegada de menores en cayucos ha caído a cero en este año, lo que ha animado a la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda a cerrar escalonadamente los “dispositivos de emergencia”. Los últimos dispositivos que quedan son un módulo en La Esperanza, en Tenerife, que se cerrará en septiembre. Quedará abierto, por si acaso hay un repunte en la llegada de menores, el centro de Tegueste, también en Tenerife.

El informe financiero de la empresa de la que es presidente Juan José Domínguez Navarro, afiliado a Coalición Canaria en 2002, revela que en 2008 tuvo unos ingresos de 20.916,459,05 euros (6.995.207,01 más que en 2007). Los gastos, en 2008, ascendieron a 20.909.278,21 euros, lo que apenas deja beneficios, a no ser por las partidas sin explicar de “otros gastos de explotación”, que sumaron 2.987.131,03 euros y “resto”, que ascendió a 160.028,09 euros.

Lo curioso del informe es que Mundo Nuevo tenía 1.059.028,59 euros de beneficios y 1.484.866,59 euros como reserva. Ambas cantidades pasaron al año siguiente a ser reserva, “pero no por ello dejan de ser beneficios” según aclaró a este periódico el economista del Gabinete Técnico de CC OO, José Miguel González.

Una gestión concedida a dedo

La Asociación Solidaria Mundo Nuevo fue inscrita en el Registro de Asociaciones el 24 de noviembre de 2004 como una entidad “benéfico social sin ánimo de lucro” y fue habilitada como entidad colaboradora para la atención integral a los menores a finales de 2005, pero esa habilitación no se hizo oficial mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias hasta el 30 de enero de 2006.

Una semana después de su creación, la Dirección General de Protección al Menor y la Familia adjudicó sin concurso público a Mundo Nuevo la guarda y asistencia de los menores extranjeros no acompañados, tras habilitar cuatro centros de forma urgente, a los que se sumaron otros tres más en los siguientes meses.

La razón oficial que esgrimió Bienestar Social (entonces era Asuntos Sociales) para la adjudicación a dedo de la gestión de los centros era la urgencia provocada por la constante llegada de menores africanos en desamparo, aunque otras fuentes apuntan a lo acertado y oportuno de que toda la junta directiva de Mundo Nuevo esté afiliada a Coalición Canaria.

Así, Juan José Domínguez Navarro se afilió al partido en diciembre de 2002: Antonio Benítez Inglott, su mano derecha, lo hizo poco después, en enero de 2003. José Felipe Santana Rodríguez, Raúl Nieto Gómez y Francisco Rosario Galindo se afiliaron en febrero de ese año. Los cinco constituyeron la junta directiva de Mundo Nuevo y los cinco proceden de Aeromédica, que en la época de Román Rodríguez como presidente del Gobierno canario también gestionó centros para menores extranjeros, aunque el volumen de negocio era entonces sensiblemente inferior.

  • Según artículo escrito por Belén Molina en Canarias Ahora el 9 de agosto de 2011 bajo el título “EL PELOTAZO DE LA ATENCIÓN A LOS MENORES INMIGRANTES. La ONG ligada a CC creó dos empresas paralelas con beneficios millonarios”:

Juncos Canarias, un taller de chapa y pintura de coches, trasvasó a Iscan Transportes Sociosanitarios más de un millón de euros en 2007. Ambas empresas tienen la misma junta directiva que Mundo Nuevo.

La junta directiva de Mundo Nuevo, la ONG ligada a CC que recibió a dedo por parte del Gobierno de Canarias en 2006 el encargo de cuidar y acoger a todos los menores en desamparo llegados en cayucos, además de ganar más de 2.500.000 euros, creó al mismo tiempo otras dos empresas con beneficios millonarios en el tiempo record de dos años y con trasvases de capital de unas a otras.

Juan José Domínguez Navarro, presidente de Mundo Nuevo, y su junta directiva son los mismos que figuran, según el Registro Mercantil, al frente de STS Juncos Canarias, un taller de reparación de automóviles, chapa y pintura que tenía en 2005 una cifra de negocios de 293.500 euros y que en solo dos años había crecido hasta a la nada despreciable suma de 1.808.622 euros. Los beneficios del taller de Domínguez y sus socios pasaron de 37.046 euros en 2005 a 653.570 en 2007.

La junta directiva del negocio de chapa, mecánica, pintura e instalación de kits de manos libres, la integran Juan José Domínguez Navarro, José Felipe Santana Rodríguez, Raúl Nieto Gómez-Rico, Francisco Javier Rosario Galindo y Antonio Vicente Benítez-Inglott Pérez. Los cinco se afiliaron a Coalición Canaria entre finales de 2002 y febrero de 2003. Domínguez Navarro es presidente y los restantes, administradores mancomundados.

Como refleja su mismo portal web, Juncos Canarias o Juncos Automoción, (juncoscanarias.com), se trata de una empresa creada en 2005, pocas semanas después del registro de Mundo Nuevo como asociación benéfica.

No deja de ser llamativo que al mismo tiempo que explota un sitio web como taller de reparación, Juncos Canarias también se publicitase en un portal que recoge servicios de “empresas de la Administración pública”, como “una Sociedad Limitada dedicada al sector de la regulación de actividades sanitarias, educativas, culturales y otros servicios”.

De Juncos a Iscan 

La segunda empresa creada por Domínguez Navarro y sus cuatro mancomunados, al tiempo de que Mundo Nuevo esperaba el pelotazo de los centros de menores inmigrantes, fue Iscan Transportes Sociosanitarios, que desde 2007 aparece como únicamente destinada al transporte en ambulancias.

Iscan arrancó en 2005 con un cero en cifra de negocios y beneficios negativos: -1.682 euros. Al año siguiente les viró el viento a favor y la cifra de negocios ya era de 154.160 euros, con 20.324 euros de beneficios. En 2007, la cifra de negocios fue de 653.570 euros y los beneficios, 36.493 euros.

Su capital social inicial fue de 4.016 euros, pero en 2007 ya tenía un capital inmovilizado en vehículos de transporte sanitario de 1.226.840,43 euros, además de una ampliación de capital de 2.055.875 euros, de los que 1.150.854 procedían del taller de chapa y pintura, tal y como figura en el tomo 1898, página GC-34630 del Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria.

Ambas empresas, Juncos Canarias S.L e Iscan Transportes tienen el mismo domicilio social, la calle Arguineguín número 18 de Las Palmas de Gran Canaria.

Tanto Juan José Domínguez Navarro como sus compañeros de negocios proceden de Aeromédica Canaria S.L., la empresa de transporte aéreo y terrestre sanitario que creó a comienzos a finales del pasado siglo Luis, hermano del entonces presidente del Gobierno, Román Rodríguez.

Juan José Domínguez era en 2001 el director de Aeromédica y acabó con antecendentes penales por intentar coaccionar a los trabajadores de Aeromédica durante una huelga.

  • Según artículo escrito por la redacción de Canarias Ahora el 31 de octubre de 2011 bajo el título “El TSJC anula el concurso de ambulancias de urgencias”:

La sentencia declara a la concesionaria, Iscan, insolvente e inexperta. La adjudicataria recibió en 2009 un lote por 19.274.332,44 euros.

El Tribunal Superior de Justicia canario ha anulado el concurso de ambulancias de urgencias para la zona norte de Gran Canaria, adjudicado en 2009 por una mercantil dependiente de las consejerías de Presidencia y de Sanidad a Iscan Transportes Sociosanitarios, por un montante total de 19.274.332,44 euros.

La sentencia firme a la que ha tenido acceso CANARIAS AHORA deja en evidencia la decisión de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC) de elegir a Iscan, una empresa sin solvencia económica alguna ni experiencia en el sector y relacionada directamente con la ONG Mundo Nuevo, para cubrir los servicios con soportes vitalizados básicos en el norte de Gran Canaria.

Los magistrados de la Sección Primera, con el juez Gómez Cáceres como ponente, dan la razón a una de las concursantes, Aeromédica Canaria SL,  en su denuncia de que Iscan Transportes Sociosanitarios, en el momento de presentarse al concurso de 2008 carecía de acreditación de la preceptiva capacidad de obrar, así como de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Del mismo modo, Iscan vulneraba los preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público por no haber acreditado la suficiente solvencia económica o financiera ni la solvencia técnica o profesional, por carecer también Iscan de capacidad de obrar respecto a la actividad objeto del contrato que sacaba a concurso el departamento dependiente tanto de José Miguel Ruano (Presidencia, CC) como de Mercedes Roldós (Sanidad, PP).

Iscan Transportes Sociosanitarios había ganado su primer concurso en el sector de ambulancias en este lote de urgencias para el norte del Gran Canaria, con una puntuación de 93,76 puntos, quedando en segundo lugar la entidad Tasisa, con 93,50 puntos y Aeromédica en tercera posición, con 90,83 puntos.

En la sentencia, la Sala no entra a valorar las acusaciones de Aeromédica contra Tasisa por presuntos fraude de ley y competencia desleal en su oferta económica, ya que de la contundencia de la probada insolvencia económica e inexperiencia en el sector de la mercantil adjudicataria se decreta la nulidad del concurso con respecto a este lote y del contrato millonario suscrito con Iscan por parte de la Administración pública canaria.

Los concursos de ambulancias del Gobierno de Canarias, divididos en varios lotes y servicios cuyo montante global sobrepasó los 250 millones de euros y adjudicados tardíamente en 2009 para el periodo 2008-2013, suscitaron una gran controversia mediática con acusaciones penales en su momento archivadas por la Fiscalía.

En estos momentos, otra serie de procedimientos por la vía contencioso-administrativo ponen en tela de juicio las asignaciones millonarias de las islas de Tenerife y Gran Canaria.

  • Según el artículo escrito el 14 de noviembre de 2011 por la redacción de Canarias Ahora bajo el título “LA DENUNCIA DEL LOTE DE LA PALMA FUE ARCHIVADA DE MANERA PRECIPITADA Y PREMATURA. La Audiencia ordena investigar delitos de fraude y prevaricación en el concurso de ambulancias”:

Imputados Guillermo Martinón, Lourdes Quesada, Luis Molina y otros seis miembros de la Mesa de Contratación de Gestión Sanitaria de Canarias (GSC).

La Audiencia de Las Palmas ha ordenado reabrir el caso ambulancias, al detectar indicios de delitos penales en la conducta de la Mesa de Contratación formada, entre otros, por el exgerente del Servicio de Salud Guillermo Martínón y la exsecretaria general Lourdes Quesada, durante el mandato en Sanidad de Mercedes Roldós (PP).

En febrero de 2010, ni el Ministerio Público, por medio del fiscal Antonio López, ni el magistrado de Instrucción 2, Rafael Passaro, entendieron que la adjudicación a Ambulancias García Tacoronte de un lote del polémico concurso de ambulancias del Gobierno de Canarias, en concreto el de la isla de La Palma, hubiese supuesto la infracción de delitos penales por parte de los miembros de la Mesa de Contratación, entre ellos también Luis Molina, exgerente de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), como denunció en 2009 la empresa Transportes Sanitarios de La Palma.

La mercantil perjudicada presentó una denuncia por fraude en la contratación y prevaricación contra los integrantes de la Mesa que adjudicó el servicio en 2009, y tras la apertura de diligencias previas, todos los componentes de la misma fueron imputados por el magistrado y prestaron declaración en sede judicial como tales el 27 de enero y el 4 y 12 de febrero de 2010, con el sobreseimiento de la causa y archivo de las actuaciones mediante un auto de 19 de febrero del mismo año, ratificado el 22 de noviembre pasado.

Ahora, como adelantó el sábado Canarias7, la Sección Sexta considera que ante una denuncia tan compleja como la presentada por la mercantil perjudicada no cabe “proceder al sobreseimiento con escuetos argumentos jurídicos que no valoran las numerosas pruebas unidas al procedimiento”, además de considerar “evidente” que de la denuncia “se infieren hechos que, de ser ciertos, serían constitutivos de infracción penal”.

Avales fuera de plazo y sin registrar formalmente

Y todo ello porque en su momento se procedió a adjudicar una concesión administrativa como es el servicio de ambulancias de la isla de La Palma “a una empresa que no reúne los requisitos administrativos de la concesión frente a otra a quien se le deniega la concesión en el concurso público por falta de los requisitos que también faltaban a la adjudicataria”.

Aparte de que este caso concreto también sigue su curso por la vía contencioso-administrativa, como prácticamente el resto de lotes adjudicados por el Gobierno de Canarias y ahora anulado por el TSJC, los presuntos fraude en la contratación y prevaricación que se habrá de investigar a fondo se fundamentarían, según la denuncia de la perjudicada, en su exclusión del concurso por anomalías a la hora de presentar los avales correspondientes, que se permitieron subsanar -aparentemente- a la mercantil adjudicataria.

Se da por acreditado en el auto que en el acta de la Mesa consta que Ambulancias García Tacoronte presentó su aval fuera de plazo, sin fecha y sin el correspondiente número de inscripción en el Registro de Avales. Por su parte, Transportes Sanitarios de La Palma dijo a la Mesa encontrarse “en trámites de gestión” del aval exigido.

Fue entonces cuando Contratación decidió dar el conflictivo plazo de subsanación de errores, tras el cual se excluyó a la empresa denunciante del concurso “por presentar aval fuera de plazo”, quedando como única aspirante García Tacoronte con un aval “sin número de registro de inscripción”. Es por ello que los magistrados de la Audiencia consideran que “si no se admite el aval de un licitador por estar fuera de plazo (por no ajustarse a los requisitos exigidos), tampoco debía admitirse una aval no inscrito en el registro de avales (por no ajustarse a los requisitos exigidos).”

El auto de la Audiencia, fechado el pasado viernes 11 de noviembre, se detiene en especial en la declaración judicial de Lourdes Quesada, que negó que la empresa ganadora hubiese presentado un segundo aval y que el formalizado en su propuesta estaba “constituido dentro del plazo y con las formalidades exigidas”. Sin embargo, los magistrados de la Audiencia se cuestionan en el auto cómo es posible que no se presentara un aval correcto -ya sea el primero o el segundo que los imputados niegan que exista- en el periodo concedido para subsanar esos errores. Según la Audiencia, el aval de la adjudicataria “carecía de registro y eso no fue subsanado”.

“Principio de flexibilidad” solo para uno

Lo que sí deja claro la Sección Sexta provincial es que la Mesa de Contratación decidió aplicar el “principio de flexibilidad” solo a la empresa finalmente adjudicataria, Ambulancias García Tacoronte, algo que debió hacerse a todos los licitadores, circunstancia que los magistrados entienden “que no ocurrió, lo que nos llevaría a pensar en la presunta existencia de un delito de prevaricación administrativa , aunque esto se ha de valorar y concluir una vez que se cuente en este proceso con el expediente administrativo completo que habrá de ser valorado por el instructor”.

Indican los magistrados al respecto de la presunta prevaricación detectada: “Debemos presumir que los componentes de la mesa de contratación eran conocedores de actuar contra derecho, pues todos ellos reconocen que se debía aplicar ese principio de flexibilidad o permisividad, y está claro, al menos a priori, que esa permisividad no se le aplicó al denunciante, frente al adjudicatario a quien sí se le aplicó”.

Entre enero y febrero de 2010 acudieron a declarar en calidad de imputados, aparte de Guillermo Martinón, Lourdes Quesada y Luis Molina, la letrada de Gestión Sanitaria María José Gonzalvez Casanova y secretaria de la Mesa, de cuyas contradicciones entre sus escritos y actuaciones en la Mesa y sus respuestas en sede judicial a la hora de definir el aval de García Tocoronte SL se hace especialmente eco el recurso de Transportes Sanitarios de La Palma SL, ahora admitido por la Audiencia Provincial.

Además, fueron imputados y llamados a declarar los vocales de la Mesa José Trasobares de Dios, Sergio Santana Acosta, Carmelo Duarte Merelo y Francisco Rodríguez Millán, dentro del grupo de denunciados por la mercantil perjudicada, que solicitó, sin éxito, la declaración en sede judicial de la consejera de entonces, Mercedes Roldós (PP).

Actuación del fiscal y acusaciones particulares

La Audiencia entiende que las decisiones de la Fiscalía y del juez, si bien se fundamentaron con argumentos ”correctos y acertados”, fueron, en todo caso, “prematuros”, ya que “muchas son las dudas que nos llevan a concluir que el sobreseimiento ha sido precipitado pues las diligencias que interesó en su día el denunciante son esenciales para el esclarecimiento de los hechos, y las mismas deben ser practicadas”.

Fuentes del sector han asegurado este lunes que en cuanto se reabra el caso en Instrucción 2 tienen intención de personarse como acusación particular contra los miembros de la Mesa que otorgaron un contrato de 18.481.772, 13 euros a una empresa que, además de la “flexibilidad” de la que gozó a la hora de presentar su aval, fue pésimamente puntuada su oferta en el concurso pero obtuvo el servicio al ser la única licitadora en la fase final del mismo, en vez de declararlo desierto como ocurrió con la zona Sur de Tenerife.

  • Según artículo escrito por la redacción de Canarias Ahora el 14 de noviembre de 2011 bajo el título “CASO AMBULANCIAS / SE INVESTIGA EL CONCURSO DE LA PALMA. Sanidad seleccionó a una empresa sin plan organizativo ni medios técnicos adecuados.”:

La denuncia presentada por una empresa de ambulancias que ha acabado con la reapertura del caso por orden de la Audiencia Provincial de Las Palmas incluye una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el concurso del servicio en la isla de La Palma que deja en evidencia la actuación de la Mesa de Contratación.

Ambulancias García Tacoronte, adjudicataria hasta el 31 de diciembre de 2013 de un servicio público cuyo coste supera los 18 millones de euros, no sólo sorteó el requisito obligatorio del aval a la hora de presentarse al concurso, como ha acreditado la Audiencia al ordenar la reapertura del caso, sino que presentó una oferta, ya sin rivales de por medio, pésimamente puntuada por el órgano contratante de Gestión Sanitaria de Canarias (GSC).

Consta en la denuncia de Transportes Sanitarios de La Palma, la mercantil perjudicada por su exclusión del concurso por presentar aparentemente un aval fuera de plazo, que a Ambulancias García Tacoronte no se le concedió ni un solo punto en el apartado plan organizativo de servicios, cuando se entró a valorar su oferta desde la premisa técnica, siendo ya la única que debía analizar la Mesa presidida por Luis Molina, exgerente del GSC.

En el referido apartado, concerniente a Recursos Humanos, Sistema de Gestión y Mejoras Organizativas y Operativas, la adjudicataria no dio pie a ser puntuada al no presentar mejora alguna, ni tampoco ningún plan de formación de personal u organigrama de recursos humanos. En el caso de los medios técnicos (informáticos y de telecomunicaciones) tampoco ofertó mejora, por lo que no obtuvo ni uno de los 15 puntos de este apartado.

La empresa que presta el servicio de ambulancias en la isla de La Palma solo recibió 3 de 15 puntos en el apartado de características mecánicas de los vehículos ofertados: un punto por la potencia de los vehículos y dos puntos por las medidas de seguridad en los mismos, si bien sin aportar la documentación exigida en las bases referentes a la instalación de una camilla con anclaje antivuelco e instalación eléctrica de bajo consumo.

Tampoco aportó la documentación exigida en cuanto a medidas de impacto medioambiental, por lo que obtuvo una calificación de 0 puntos, al tiempo que recibía 10 puntos en los apartados equipamiento técnico-sanitario de los vehículos y oferta económica.

A juicio de la mercantil denunciante de este caso ambulancias en la isla de La Palma, la insuficiente puntuación que recibía la oferta de la única licitadora llevó a la Mesa a puntuar con 30 puntos la mejora que presenta en el apartado Incorporación de un camillero y otros 20 puntos en el de antigüedad de los recursos.

Así, con una calificación final de 73 puntos, se evitó que el concurso de la isla de La Palma quedara desierto, como sucedió en otro lote del concurso de ambulancias, referente al Sur de Tenerife.  La Mesa reseñó en el acta que “dado que únicamente hay un licitador (…) ha de considerarse la misma como la mejor oferta…”.

Denuncias por incumplimientos del servicio

Con posterioridad a la entrada en servicio de Ambulancias García Tacoronte, Transportes Sanitarios de La Palma amplió en su denuncia de julio de 2009 que ahora debe ser investigada con mayor profusión una serie de incumplimientos por parte de la adjudicataria, desde la falta de una sede legal hasta la carencia de todos la documentación obligatoria de los vehículos, pasando por incumplimientos en cuanto a la identificación del personal.

En la denuncia original consta que los vehículos carecen de las tarjetas sanitaria de transporte y de inspección técnica, de permiso de circulación, de seguro, de certificado de desinfección de habitáculo y equipamiento y de libro de reclamaciones, así como de registro de las revisiones de material sanitario, tal y como exigía la empresa pública en los pliegos.

Otro de los incumplimientos denunciados se refiere a las exigencias en las comunicaciones, al no contar con los instrumentos requeridos en los pliegos de condiciones técnicas como son emisoras, emisoras portátiles, sistema de gestión de flota y móvil, entre otros.

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