CASO LIFEBLOOD. CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO CANARIO DE SALUD

25 septiembre, 2011 at 9:56 Deja un comentario

  • Artículo publicado el miércoles 21 de septiembre de 2011 en La Provincia por Borja Valcarce.

Dos de los imputados del caso ´Lifeblood´ declaran ante la juez.La instructora Rosell escuchó al administrador de Lifeblood, Javier Jorcano, y a la exsecretaria del Servicio Canario de la Salud Lourdes Quesada.

La juez titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, tomó ayer declaración a los dos primeros imputados del caso Lifeblood en una jornada que se extendió durante más de ocho horas y en la que las personas citadas judicialmente dijeron esperar al pronunciamiento de la juez para hacer declaraciones.

Fue una jornada maratoniana la que vivieron ayer en los juzgados de la calle Granadera Canaria el administrador único de la empresa Lifeblood, Francisco Javier Jorcano Otero, y la exsecretaria técnica del Servicio Canario de la Salud Lourdes Quesada.

Ellos son dos de los tres imputados en la investigación que tiene como epicentro la advertencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de hemodiálisis de los hospitales Doctor Negrín (Gran Canaria) y Doctor José Molina Orosa (Lanzarote) a la empresa Lifeblood, por 124 millones de euros en cuatro años, designación que ahora se encuentra suspendida a la espera que se aclare el proceso administrativo.

Fue Jorcano el primero en entrar en el despacho de la juez Rosell en torno a las nueve y media de la mañana acompañado de su abogado, Pedro Padilla, y del fiscal anticorrupción desplazado desde Madrid hasta Gran Canaria, Luis Rodríguez Sol.

El representante del Ministerio Público informó, al concluir Jorcano con su testimonio tres horas después, de que no hablaría sobre los delitos advertidos por la juez Rosell: tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y malversación. Asimismo, Rodríguez precisó que, “por respeto a los imputados”, no realizaría ninguna declaración ni valoración sobre lo escuchado en el despacho de la instructora.

Jorcano, por su parte, comentó que declararía ante los medios “a su debido tiempo”. Lourdes Quesada, que había llegado al juzgado pocos minutos antes de las doce, debió esperar hasta la una y media para que la instructora le tomase declaración.

La exsecretaria se encontró con una batería de preguntas que la mantuvo en el despacho durante cuatro horas. Salió de los juzgados a las 17.30 acompañada de su abogada, una letrada del Servicio Canario de la Salud, sin querer hacer declaraciones hasta que, afirmó, “la juez se pronuncie sobre los hechos”.

Las claves del concurso millonario.

Información privilegiada. La juez instructora, María Victoria Rosell, trata de confirmar con las declaraciones de estos días las sospechas sobre si Francisco Javier Jorcano, administrador único de Lifeblood, empresa a la postre adjudicataria del servicio de hemodiálisis de dos hospitales canarios, tuvo en sus manos información privilegiada sobre las condiciones del jugoso concurso millonario.

Cambio en los requisitos. Para que la empresa Lifeblood, sin experiencia alguna en la prestación de los servicios de hemodiálisis, pudiese acceder al concurso que la Consejería de Sanidad había publicado para prestar este servicio, hubo de darse un cambio en el pliego de condiciones del concurso público, de forma que pudiese concurrir una empresa sin experiencia.

El tercer investigado, Javier Artiles, acude hoy ante Rosell.El imputado deberá informar sobre su triple asesoramiento a dos empresas en liza y a Sanidad.

B. V. H. Javier Artiles Camacho, asesor externo del Servicio Canario de la Salud (SCS) hasta poco después de la adjudicación del servicio de hemodiálisis a la empresa Lifeblood, le dará durante la mañana de hoy a la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, su versión de los hechos. Él es el tercero de los imputados llamados a declarar ante la magistrada.

Al parecer, la investigación iniciada por Rosell trata de desentrañar si el abogado actuó como un agente triple que contaba con información privilegiada sobre lo que se cocinaba en el SCS y asesoraba a su vez a Lifeblood y a Baxter, la concesionaria que perdió el servicio. Artiles, que asesoraba en cuestiones jurídicas a la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, dependiente de Sanidad, era, a su vez, adjudicatario de los centros satélite para diálisis del Hospital Insular de Gran Canaria y del de Fuerteventura, como propietario de Avericum. Sin embargo, como ha quedado al descubierto en la investigación, también era el apoderado de la concesionaria del servicio y una de las empresas que pujaban por el mismo contrato: RTS-Baxter.

Su relación con la empresa Lifeblood, que terminó ganando el concurso de 124 millones de euros -ahora suspendido-, se confirmó al desvelarse que fue él quien negoció, en nombre de la sociedad cuyo administrador es Francisco Javier Jorcano, con las entidades bancarias el aval necesario para asumir la adjudicación del concurso meses antes de que esta se produjera. Asimismo, y con esta base, sobre él recae la sospecha de haber maniobrado para que se modificara el pliego de condiciones del concurso público para que pudiese presentarse una empresa sin experiencia en la prestación del servicio de diálisis y que se valorarán de forma inusual los criterios subjetivos. La juez Rosell se prepara hoy para una nueva jornada maratoniana.

  • Según artículo escrito por Borja Valcarce en La Provincia bajo el título “4.000 folios de ´caso Lifeblood´”:

El exdirector del Servicio Canario de la Salud Guillermo Martinón declara este viernes como imputado.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, ya almacena más de 4.000 folios del llamado caso Lifeblood.

En tan solo diez meses de vida, la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de hemodiálisis de dos hospitales canarios a la empresa Lifeblood ya ocupa siete tomos y aumentará de volumen con las declaraciones del exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS), Guillermo Martinón.

La instructora ha citado este viernes, en calidad de imputado, al que fuera responsable de la principal área de Sanidad durante el mandato de la exconsejera, Mercedes Roldós.

Para la citación ha sido determinante la declaración del resto de encartados, en especial la del abogado canario, Alberto Artiles, y la de la exsecretaria general técnica del SCS, Lourdes Quesada.

Artiles reconoció ante la juez Rosell que la esposa de Martinón trabajaba en su despacho; mientras que Quesada argumentó que muchas de las actuaciones que se le atribuían sobre la elaboración del pliego de condiciones y la marcha del concurso de hemodiálisis fueron responsabilidad de Martinón y no de ella. Su declaración es esencial para determinar si se realizan nuevas imputaciones.

Por otra parte, fuentes de la investigación reconocieron que los imputados aún no han presentado ningún tipo de escrito, aunque dan por seguro que la próxima semana las defensas pedirán el archivo de la causa.

Asimismo, el próximo nombramiento de Rosell para una comisión de servicio en la Audiencia Provincial frenará la velocidad a la que se instruye el procedimiento.

Las claves de las imputaciones.

Javier Artiles.

El abogado canario es considerado como el presunto cerebro del caso Lifeblood por su trabajo dentro del Servicio Canario de la Salud (SCS) como asesor externo, la petición de avales bancarios para que la empresa Lifeblood pudiese acceder al concurso de hemodiálisis y su condición de asesor de la concesionaria, Baxter.

Lourdes Quesada.

La exsecretaria general técnica del SCS es considerada como la persona que supuestamente habría modificado el pliego de condiciones del concurso de hemodiálisis

Javier Jorcano.

El administrador único de Lifeblood supuestamente transformó el objeto social de la empresa pocos meses antes de que saliese publicado el concurso que ganó sin tener experiencia.

Guillermo Martinón.

El exdirector del SCS ha sido imputado para que pueda explicar su presunta participación en las bases del concurso de hemodiálisis.

  • Según artículo publicado en La Provincia el 1 de octubre de 2011 bajo el título “Martinón contrató asesorías de Artiles por 100.000 euros”, escrito por Borja Valcarce:

Guillermo Martinón Ribot, exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) imputado en el caso Lifeblood, reconoció ayer ante la juez instructora, María Victoria Rosell, haber contratado al bufete de abogados de Javier Artiles servicios por un total de cien mil euros desde finales del año 2007 a 2010, pero negó haberlo hecho porque su mujer formase parte del despacho del letrado canario.

Artiles, presente en la declaración de Martinón (ejerce su propia defensa), también se encuentra imputado en el procedimiento que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de hemodiálisis de dos hospitales canarios por un montante total de 124 millones de euros en 15 años.

Martinón explicó en sede judicial que el motivo de que contratase los servicios jurídicos de Artiles fue que era el mejor abogado sobre cuestiones sanitarias en Canarias y no porque su esposa hubiese comenzado a trabajar en octubre de 2007 como auxiliar administrativa de su despacho.

El exdirectivo del SCS durante el mandato de la exconsejera de Sanidad Mercedes Roldós defendió que él conocía a Artiles con anterioridad, puesto que el letrado tenía un contrato con la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), sociedad dependiente de Sanidad.

A la pregunta de quién le había dado el pliego de condiciones del concurso de adjudicación de los servicios de hemodiálisis para los hospitales Doctor Negrín (Gran Canaria) y Molina Orosa (Lanzarote), que acabó ganando la empresa Lifeblood, aseguró que había sido Leocadia Palop, la exjefa del Servicio de Nefrología del Hospital Doctor Negrín.

En su momento, Palop argumentó que el pliego lo habían realizado unas funcionarias del SCS y éstas señalaron a la exsecretaria general técnica del SCS, Lourdes Quesada, como su autora.

Sin embargo, la semana pasada, Quesada señaló ante la juez Rosell que fue el propio Martinón quien se lo dio a ella en una memoria USB (pendrive).

Fuentes de la investigación explicaron que tienen la casi certeza de que los criterios de adjudicación los realizó Artiles o alguien de su entorno, ya que una empresa suya, Avericum, es adjudicataria de los centros satélites para diálisis del Hospital Insular de Gran Canaria y del de Fuerteventura, es decir, contaría con personal cualificado para elaborarlos.

Asimismo, los investigadores se muestran casi seguros de que Artiles es Lifeblood y que su amigo, Francisco Javier Jorcano, administrador único de la empresa Lifeblood, sólo fue la persona interpuesta para negociar la adjudicación del concurso de 2010.

Por otro lado, el fiscal anticorrupción, Luis Rodríguez Sol, comentó al finalizar la declaración de Martinón que “no tiene intención de imputar a nadie más”, aunque no quiso entrar a valorar las palabras del exdirectivo del SCS. Sí comentó que “las declaraciones han sido muy largas” y que algunos encartados han dicho que “presentarán un escrito formulando otro tipo de alegaciones”. Esto, junto a la “abundante documentación” que han presentado, obligan a la Fiscalía a tomarse “un tiempo para estudiarla detenidamente”.

Contratos de 18.000 euros.

Servicios. Los contratos jurídicos que recibió Javier Artiles de parte de varias administraciones dependientes de Sanidad, como el Servicio Canario de Salud (SCS) o Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), cuando Guillermo Martinón era director del SCS llegaban a las 18.000 euros por cada uno de ellos.

En definitiva, en este caso empiezan a buscar cabezas de turco a las que endosarle el paquete.

Según artículo publicado en Canarias 7 el 30 de septiembre de 2011 bajo el título “El fiscal del caso Lifeblood no cree que haya más imputaciones”, escrito por Antonio F. de la Gándara:

El representante del Ministerio Público en los interrogatorios que intentan aclarar supuestas irregularidades en la concesión provisional del concurso de 2011 para la prestación del servicio de hemodiálisis en dos hospitales isleños  a la empresa Lifeblood -en la actualidad anulado- se ha mostrado partidario de dar por finalizada la instrucción hoy, tras cuatro horas de interrogatorio al último de los imputados, el ex director del Servicio Canario de Salud Guillermo Martinón.

Luis Rodríguez Sol, miembro de los servicios centrales de la Fiscalía Anticorrupción, informó a los periodistas ante la sede del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria que el Ministerio Público “no tiene intención de alargar más la instrucción”, al ser preguntado sobre si cabría esperar nuevas imputaciones. Apuntó, no obstante, que aún quedaba por tomar declaración a un testigo cuyo nombre no desveló, aunque sí dijo que no creía que esta testifical le hiciera cambiar de parecer. En cualquier caso, matizó que él no es el único fiscal delegado para el proceso, pues comparte el analísis de la diligencia con otro miembro de Anticorrupción que por el momento no se ha desplazado a las islas.  

Hasta el momento, en la causa figuran cuatro imputados: el administrador de Lifeblood Javier Jorcano, la ex secretaria general técnica del Servicio Canario de Salud Lourdes Quesada, el abogado Javier Artiles y el ex director general del SCS Guillermo Martinón.

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MIGUEL CONCEPCIÓN CRÓNICA DE UNA CORRUPCIÓN ANUNCIADA JOSÉ MIGUEL SUAREZ GIL, EMPRESARIO CORRUPTO

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