EL CHALET ILEGAL DE ASTRID PEREZ (PP) Y DE MIGUEL PALLARÉS (FISCAL JEFE)

10 septiembre, 2011 at 12:29 Deja un comentario

Algunos políticos creen que pueden saltarse las leyes a la torera, pues parece que esta corrupta del PP y el fiscal jefe de Las Palmas no lo va a conseguir. Espero que hagan el mismo despliegue militar que hicieron para desalojar a los vecinos del Cho Vito y que por supuesto les hagan pagar las costas de la demolición y el dejar los terrenos como estaban de su bolsillo, como corresponde por ley a estos destrozadores de nuestro medio natural y que se creían intocables por los cargos que ocupaban. Aparte pienso que deberían inhabilitarlos de todo cargo público para el resto de sus días, pues precisamente estas personas son perfectamente conocedoras de las leyes, para ver si dejan de mamar del bolsillo de todos los ciudadanos de Canarias de una vez por todas.

  • Según artículo publicado en Canarias Ahora el 9 de septiembre de 2011 bajo el título “EN LA URBANIZACIÓN LA BUFONA. La Apmun obliga a derribar parte del chalé de Astrid Pérez”, escrito por Canarias Ahora.

La agencia ha desestimado las alegaciones de la dirigente del PP en Lanzarote y le da un mes para demoler las obras sin licencia.

La Agencia de Protección de Medio Urbano y Natural (Apmun) ha ha dado carpetazo al expediente contra la dirigente del PP en Lanzarote, Astrid Pérez, a quien obliga a demoler algunos de los anexos de su chalé en la urbanización La Bufona, en Arrecife, que se construyeron sin licencia e invadiendo suelo protegido. La última resolución de la Apmun desestima las alegaciones de la consejera del Cabildo y parlamentaria popular y le da un mes para presentar un proyecto de demolición voluntaria.

Según la notificación de la Apmun, Pérez debe echar abajo “muros, piscina de unos 31 metros cuadrados, edificación adosada a lindero y ampliación de vivienda”, ya que estas obras carecían de licencia cuando se llevaron a cabo (en 1999) y se hicieron invadiendo suelo rústico y protegido.

Pese a la prescripción del presunto delito contra la ordenación urbana, la agencia de protección considera inevitable el derribo y, en consonancia con la doctrina del Tribunal Supremo, dictamina que “el restablecimiento mediante la demolición tiene carácter real, produciendo efectos incluso frente a terceros ajenos a la vulneración del ordenamiento jurídico, ya que existe un interés público en el mantenimiento de la ordenación del territorio”. además, señala directamente a Pérez y a su marido como responsable de las obras, admitiendo que “la adquisición en 1999 les otorga la condición de propietarios durante la ejecución”, y añade: “En las fotos de vuelos sucesivos se observan cambios notables en la ocupación de la parcela que nada tiene que ver con lo proyectado, por lo que la obligación de restaurar les afecta, siquiera, de una manera si cabe más plena”.

La líder popular tiene ahora un mes para recurrir esta última resolución, con fecha del 31 de agosto, ante la misma Apmun o dirigirse al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo antes de dos meses.

Diez años dando vueltas

Esta no es la primera justa que afronta el caso. Según la notificación, el 25 de julio del 2000 se requiere al promotor, al constructor y al arquitecto director de la obra la suspensión de los trabajos, que arrancaron en 1997. Se trataba entonces de varias piscinas, muros y diversas obras de acondicionamiento en viviendas de La Bufona. Parte de esas construcciones se realizaron sobre suelo rústico y protegido y además carecían de licencia, pese a haberse otorgado un plazo de tres meses para instar a su legalización.

En 2008 la Apmun determina la ilegalidad del Plan Parcial de La Bufona, es decir, la urbanización prácticamente al completo. Se construyeron 52 viviendas unifamiliares donde se podían autorizar sólo 24; las viviendas tienen más superficie de la autorizada y las licencias se otorgaron al amparo del plan parcial y su modificación cuando estos documentos “no eran reflejo de la realidad territorial”.

Entonces, el demandante fue el propietario de parte de los terrenos invadidos, Gonzalo Murillo, a quien la Justicia dio la razón obligando a demoler parte de las viviendas. Al menos 14 de ellas tienen orden de derribo, entre las que se encuentran la de astrid Pérez y la del fiscal jefe de Las Palmas, Miguel Pallarés.

  • Según artículo publicado en Canarias Ahora el 8 de junio de 2011 bajo el título ” La Apmun ordena la demolición parcial de 14 chalés de La Bufona”, escrito por Saúl García de ACN-PRESS:

Entre los afectados están la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez, y el fiscal de Las Palmas, Miguel Pallarés.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha ordenado la demolición parcial de 14 chalés que se encuentran en la calle Chabusquillo de la urbanización La Bufona, en Arrecife. Las casas se asientan en parte sobre suelo rústico de protección y de valor natural ecológico. En las resoluciones de la Agencia se hace referencia, en todos los casos, a la realización de obras “sin contar con las autorizaciones pertinentes” y se ordena la demolición de esas obras. Los afectados pueden presentar alegaciones en el plazo de quince días.

Dice la Agencia que “realizadas las investigaciones y gestiones pertinentes, ha sido suficientemente constatado que las obras descritas carecen de amparo administrativo alguno” y asegura que son “indudable y manifiestamente ilegalizables” al haberse producido una invasión de suelo rústico de valor natural ecológico. En las resoluciones se dice que la infracción contra la ordenación se encuentra prescrita pero que queda pendiente la reposición de la realidad física alterada. La obligación de restituir esa realidad alterada corresponde al promotor, entendiendo como tal en estos casos al propietario del terreno sobre el que se han hecho las obras.

Entre los propietarios a los que afectan estas resoluciones se encuentra la presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, que ha sido elegida recientemente consejera en el Cabildo y parlamentaria regional. Pérez tendrá que demoler en su casa las obras de acondicionamiento de parcela consistentes en muros, piscina de unos 31 metros, edificación adosada a lindero de unos 55 metros cuadrados, ampliación de la vivienda en unos 11,50 metros cuadrados, así como la pavimentación unos 43 metros del patio trasero que invade suelo rústico.

Otro de los propietarios es Miguel Pallarés, fiscal de la Fiscalía de Las Palmas y ex fiscal coordinador de Lanzarote. La Apmun le ordena la demolición de muros, piscina de 22 metros, una edificación adosada de 40 metros, la ampliación de la vivienda en unos 17 metros, así como la pavimentación de unos 140 metros cuadrados del patio trasero que invade suelo rústico de protección y de valor natural ecológico en un fondo de 18 metros de ancho por el largo de la parcela.

El plan no debió haberse ejecutado

En septiembre de 2008, un informe de la Apmun concluía que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado porque no contaba con la superficie mínima para desarrollarse. Además, se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar sólo 24. Las viviendas tienen más superficie de la autorizada y las licencias se otorgaron al amparo del plan parcial y su modificación cuando estos documentos “no eran reflejo de la realidad territorial”.

En ese informe se asegura que la superficie que ocupan las viviendas no se corresponde con las licencias otorgadas. En el Registro de la propiedad figuran con una extensión de 96 metros cuadrados cuando tienen más de 200. El informe detecta que las casas sufrieron cambios años después de ser adquiridas a la promotora, sin contar con licencia de obra y sobre suelo rústico.

En julio del año 2000 la Agencia decretó la suspensión de las obras, el corte de suministro de luz y agua y el precinto aunque después se siguió construyendo y la urbanización se terminó. Por estos hechos se sigue un procedimiento penal en el Juzgado número 3 de Arrecife por usurpación de terrenos y delitos contra la ordenación del territorio.

En el juzgado

En el procedimiento están imputados el constructor y los promotores de la urbanización, Antonio Caro, Francisco Carmona (empleado municipal y ex encargado del catastro, ya fallecido) y Federico Echevarría, además del ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, que habría firmado las licencias de obra, y la ex alcaldesa María Isabel Déniz, a quien se acusa de prevaricación por no haber procedido a sancionar a los promotores de la urbanización y por, supuestamente, levantar el precinto de las obras. Ambos también están imputados en la operación Unión, y Fernández Camero también lo está en el caso de los hoteles ilegales.

Sobre el plan hay otro procedimiento, ya que el propietario de parte del suelo de ese plan parcial, Gonzalo Murillo, denunció hace más de de diez años la ocupación de sus terrenos por parte de la empresa promotora del plan, Brisa Inversiones. Además, el Tribunal Supremo ha anulado la modificación del plan parcial, por lo que todas las casas de ese plan han quedado fuera de ordenación.

Por otra parte, estas casas, que ocupaban los terrenos de Murillo han estado durante ocho años omitidas de la base de datos del catastro y no pagaban el Impuesto de Bienes Inmuebles. Posteriormente la Dirección Provincial del Catastro cambió el titular del suelo sin que se iniciara ningún expediente y luego el Ministerio de Economía reconoció que esos terrenos de La Bufona se alteraron en el Catastro sin que nadie lo solicitara, anuló la resolución y destituyó al gerente provincial.

Calumnias

La urbanización también ha estado en los juzgados por otros motivos. En marzo de 2009, la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a Gonzalo Murillo a pagar 12.000 euros por un delito de calumnias contra el fiscal Miguel Pallarés, por un artículo publicado en La Voz de Lanzarote en octubre de 2003. En ese artículo, Murillo se quejaba de lo que a su juicio era una paralización del proceso abierto en el año 2000 contra los promotores del plan parcial, que en 2003 aún se encontraba en diligencias previas y, ocho años después, continúa igual.

La Audiencia consideró probado que Murillo achacaba la responsabilidad en la paralización del procedimiento a Pallarés, que entonces era fiscal coordinador de Arrecife y que es sobrino político de Fernández Camero, por entonces secretario municipal. La sentencia decía que Murillo le atribuía un delito de tráfico de influencias o “confabulación entre el secretario del Ayuntamiento para conceder a su sobrino una licencia ilegal”. Durante la vista oral de ese juicio, celebrada en mayo de 2008 en Arrecife, en su declaración Pallarés no recordó a qué persona le había comprado su casa, ni cuánto pagó por ella ni los metros cuadrados que tiene.

El agitador

Además, el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Arrecife dictó el pasado 25 de noviembre un auto por el que ordenaba que se eliminara de la página web elagitador.com la viñeta publicada en enero de 2008 con el título ‘El fiscal mudo’. El auto era consecuencia de la querella interpuesta contra la revista por Pallarés. La viñeta representaba a la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, a Fernández Camero y a Pallarés, caracterizados como los Hermanos Marx y con el título ‘Una tarde en el circo de La Bufona’. El fiscal aparecía caracterizado como Harpo y se le denomina ‘Miguel Callaré, el fiscal mudo’.

La viñeta se realizó a raíz del artículo de opinión publicado unos días antes en ‘La Opinión de Lanzarote’, bajo el título “Y a todas estas, ¿qué hacen los fiscales?”, que ponía de manifiesto la inactividad del Ministerio Fiscal en varios casos de corrupción, entre ellos el de La Bufona.

  • Según artículo publicado en Canarias Ahora el 19 de mayo de 2010 bajo el título ” SE ALTERARON EN EL CATASTRO SIN QUE NADIE LO PIDIERA. El Estado da la razón al dueño de los terrenos de La Bufona”, escrito por Saúl García de ACN-PRESS:

Sobre esta urbanización de Arrecife hay abiertos varios procedimientos judiciales con imputados como la ex alcaldesa María Isabel Déniz.

El Ministerio de Economía y Hacienda ha estimado el recurso presentado por el demandante del caso La Bufona, Gonzalo Murillo, y ha anulado la resolución de la Dirección Provincial del Catastro de enero de 2008 por la que los terrenos de Murillo en Arrecife se inscribían a nombre de otras personas. Ahora, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias le ha dado la razón.

Hay que recordar que sobre esta urbanización pesan varios procedimientos judiciales. Uno de ellos, de tipo penal, se sigue contra los promotores del mismo, Antonio Caro, Francisco Carmona (empleado municipal y ex encargado del catastro, ya fallecido) y Federico Echevarría, por usurpación de terrenos y un delito contra la ordenación del territorio. También están imputados el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero y la ex alcaldesa María Isabel Déniz.

Murillo ha estado pagando entre 4.000 y 6.000 euros anuales de impuestos desde el año 2000 por sus terrenos cuando sobre ellos se habían edificado cerca de una veintena de viviendas, que, por otra parte, han estado omitidas de la base de datos del catastro.

Tras diez años pagando por esos terrenos, en enero de 2008 la Dirección Provincial del Catastro de Las Palmas emite una resolución por la que Murillo desaparece como propietario de los mismos y se pasa a inscribir a los dueños de las viviendas. Además de no pagar, algunas de estas viviendas presentan doble inmatriculación en el catastro e incluso dos escrituras en el Registro de la Propiedad, algo que es completamente anómalo.

Destitución

Tras la reclamación de Murillo, el gerente provincial del catastro fue destituido. Ahora el Ministerio admite que ese cambio de titularidad se hizo sin que hubiera procedimiento, es decir, que nadie lo solicitó y que no existe expediente. Tampoco se dio la oportunidad a Murillo de hacer alegaciones al cambio de titularidad ni se le comunicó previamente. En la resolución se señala que “la Administración no puede actuar en el vacío, sin motivación y sin procedimiento”.

“En el caso presente -señala la resolución- aparecen indicios de la titularidad anterior del interesado y de la alteración catastral producida con cambio de descripción física y jurídica y con atribución de titularidad a nombre de un interesado distinto de quien venía figurando como tal y todo ello sin que se aporte la justificación de haber tenido lugar las actuaciones debidas”.

Plan anulado

Respecto a esta urbanización, el Tribunal Supremo ha anulado la modificación del plan parcial, que ha quedado fuera de ordenación. Además, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) aseguraba en un informe de septiembre de 2008 que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado ya que contaba con al superficie mínima de 50.000 metros cuadrados.

En dicho plan “se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar 24 viviendas unifamiliares aisladas, por lo que se han desvirtuado todos los parámetros urbanísticos de todo el sector”. Las licencias se otorgaron al amparo de los documentos urbanísticos en vigor (plan parcial y modificación del plan parcial) y esos documentos “no eran reflejo de la realidad territorial”.

Según los certificados catastrales, las viviendas cuentan con mayor superficie construida que la autorizada. Además, algunas de ellas, entre las que se encuentra la del ex fiscal coordinador de Lanzarote, el notario otorgante de las escrituras y la actual presidenta del PP de Lanzarote, se encuentran parcialmente construidas sobre suelo rústico.

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