CORRUPTELAS Y CHANCHULLOS EN EL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA

10 septiembre, 2011 at 11:58 Deja un comentario

  • Según artículo publicado en Canarias Ahora el 9 de septiembre de 2011 bajo el título “IGUAL QUE EL ‘CASO LERENA’ EN SANTA CRUZ DE TENERIFE. Un empresario coló a una empleada suya en el Ayuntamiento de Granadilla” escrito por Belén Molina:

Figuraba como asesora de cultura pero cobraba su sueldo de Juan Italo Lucio Zinícola, supuestamente beneficiado con contratos de esa área.

Aparte de los cuatro técnicos del Ayuntamiento de Granadilla de Abona llamados a testificar este viernes en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de ese partido judicial, una quinta persona fue interrogada en relación a los contratos presuntamente fraudulentos otorgados por la ex concejal de Cultura, Ana María Casimiro Pérez entre 2005 y 2007, años en los que era alcalde el socialista Jaime González Cejas.

Se trata de Mabel Rodríguez Scheifer, empleada de Juan Italo Lucio Zinícola, trabajador autónomo extranjero según Hacienda, dedicado a actividades deportivas, y que supuestamente fue beneficiado con once contratos por un total de 399.802 euros entre 2007 y mayo de 2007.

Como si se tratase de una versión del caso Lerena, ocurrido en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Rodríguez Scheifer tenía su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Granadilla sin vinculación laboral con esa corporación pero con un correo electrónico corporativo, asistentecultura@granadilladeabona.org, dentro de la Concejalía de Cultura, aunque el sueldo se lo abonaba Zinícola.

Zinícola logró 16.200 euros por designación directa de Ana María Casimiro, imputada por dos posibles delitos de prevaricación que investigan el juez y la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Por el procedimiento de negociado sin publicidad logró siete contratos a cargo de los presupuestos de 2005 y 2006 por una cuantía total de 189.900 euros, y mediante concurso público logró que se le asignaran otros dos contratos, también en 2006, por un total de 193.702 euros.

  • Según artículo publicado en Canarias Ahora el 9 de septiembre de 2011 bajo el título de ” EL ‘CASO GRANADILLA’ VUELVE A LOS JUZGADOS. Dos millones de euros en contratos bajo sospecha” escrito por Belén Molina:
Los beneficiados fueron tres empresarios, uno de ellos pareja de la concejal de Cultura entre 2003 y 2007, la imputada por prevaricación Ana María Casimiro Pérez.

El caso Granadilla vuelve a los juzgados este viernes con la toma de declaraciones a cuatro técnicos del Ayuntamiento de esa localidad tinerfeña, cuyo alcalde, Jaime González Cejas (PSC) es investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos en su anterior etapa como primer mandatario municipal y concejal de Urbanismo, de 2003 a 2007.

La toma de declaraciones en el juzgado número 3 de Granadilla de Abona está directamente relacionada con la actuación en el área de cultura de la concejal Ana María Casimiro Pérez, también imputada por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por dos posibles delitos de prevaricación.

Según fuentes judiciales, la Concejalía de Cultura de Granadilla gozó en los ejercicios de 2005, 2006 y hasta mayo de 2007 de abultados presupuestos para gastos en bienes corrientes y servicios de los que se habrían beneficiado siempre los mismos tres empresarios con cerca de dos millones de euros.

En 2005, el presupuesto fue de 1.583.825,62 euros; en 2006 ascendió a 2.364.813,14 euros y hasta mayo de 2007, en que hubo nuevas elecciones municipales, la asignación fue de 2.156.412 euros. De acuerdo con las investigaciones del Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial, a Juan Italo Lucio Zinícola, empresario de actividades deportivas, se le adjudicaron contratos por un total de 399.802 euros y Tanía Poladura Fernández, representante de Asesport Atlántica, obtuvo contratos por un total de 165.000 euros.

El tercer beneficiado es Ernesto Rassi Almet, que mantuvo una relación íntima con la concejal imputada, y que logró contratos por 823.500 euros.

Sin control alguno

El juez quiere indagar en cómo es posible que Zinícola obtuviera mediante adjudicación directa contratos por 4.000 y 12.000 euros entre 2005 y 2006 sin los preceptivos informes que acreditasen que se habían llevado a cabo las actividades contratadas. Lo mismo ocurrió con Rassi Almet, que en 2005 obtuvo una adjudicación directa por 12.000 euros y otros cinco contratos por cuantías entre 5.000 y 11.950 euros, hasta sumar un total de 50.350 euros.

Assesport obtuvo tres contratos por adjudicación directa en 2007 por un total de 31.800 euros.

Más cuantiosos fueron los contratos por el procedimiento de negociado sin publicidad. Zinícola obtuvo así tres contratos en 2005 por un total de 110.000 euros y tres contratos en 2006 que sumaron 79.900. Rassi obtuvo en 2005 dos contratos por un total de 60.000 euros, trece contratos al año siguiente que supusieron 412.300 euros y un último contrato en 2007 por 29.000 euros.

En estos contratos se dan ilegalidades como que no conste en ningún informe técnico la solvencia técnica ni económica de los adjudicatarios, ni certificado de la actividad contratada, ni presupuestos firmados.

En el caso de Rassi, además de las irregularidades antes mencionadas, ni siquiera quedaba acreditado que estuviese capacitado para llevar a cabo las actividades culturales por las que era contratado, ni los pliegos de prescripciones técnicas previos a la aprobación del gasto.

Incluso uno de los contratos cuenta con los reparos de la Intervención Técnica, que advierte que por su cuantía (48.900 euros) debía haberse asignado mediante concurso público.

Assesport, unas veces o directamente su representante Tania Poladura en otras, logró contratos por negociado sin publicidad entre 2005 y 2006 que ascendieron a 164.900 euros, también sin proyectos técnicos, ni garantías de organización y solvencia del adjudicatario, ni demostración de que las actividades contratadas, en efecto, se realizaron.

Zínicola obtuvo además mediante concurso contratos por 193.702 euros en 2006 y Rassi obtuvo un contrato en 2007 por 180.000 euros.

Lo que yo decía, los contratos negociados sin publicidad, son la mejor forma de hacer chanchullos a dedo sin que nadie se entere. Debería la fiscalía anticorrupción investigar la gran cantidad de contratos públicos que se adjudican por este procedimiento, pues estoy segurísimo de que encontraría un montón de irregularidades.

  • Según artículo publicado en Canarias Ahora el 30 de junio de 2011 bajo el título ” EL JUEZ INTERROGA A VARIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO. Un imputado en el ‘caso Granadilla’, en busca y captura”, escrito por Belén Molina:
Se retira la acusación particular que ejercía el consistorio contra González Cejas por malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

El titular del juzgado número 3 de Granadilla de Abona tomó este jueves declaración como testigos a varios de los que fueron técnicos del área de cultura del Ayuntamiento de esa localidad del sur de Tenerife durante la legislatura 2003-2007, durante el mandato de Jaime González Cejas (PSC) como regidor, al que se le acusa de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Este viernes prosigue la ronda de declaraciones.

Ya son once los imputados en esta causa después de que el juez haya ampliado la denuncia a dos empresarios de la empresa Vimédano Beach S.L., a la que González Cejas vendió sus acciones en la inmobiliaria Médano Beach por 57 veces su valor, de forma que amplió su patrimonio en 144.000 euros, según un informe pericial. Uno de esos imputados ya ha declarado y el otro está en busca y captura.

Sin embargo, en su interrogatorio de este jueves a los técnicos municipales, el juez estuvo solo porque la acusación particular que emprendió el propio Ayuntamiento, con Carmen Nieves Gaspar (CC) como alcaldesa, ha sido retirada, una vez que la alcaldía ha vuelto a las manos del propio González Cejas gracias a un pacto con el PP, cuyo concejal Esteban González González apoyo en su momento la denuncia de Gaspar. Hoy, Esteban González es primer teniente de alcalde.

La Fiscalía, que hizo suya la denuncia de Gaspar, no ha participado de la toma de declaraciones a los testigos, que no son sólo técnicos y funcionarios del área de Urbanismo, sino que la instrucción del magistrado se ha ampliado al área de cultura, tras incorporar a la causa parte de una auditoria encargada por Alternativa Sí Se Puede a la empresa externa Ernst&Young, partido que acompañaba a Gaspar en la anterior legislatura y que ahora, en la oposición, también parece descolgarse de la denuncia contra Cejas.

Jaime González Cejas, alcalde y concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, fue imputado cuando dejó el cargo en 2007 por la fiscal delegada en Anticorrupción, María Farnés Martínez. Junto a él fueron imputados su hermano José Antonio González Cejas, que había sido concejal de obras (dos delitos de prevaricación y uno de tráfico de influencias), y toda la Junta de Gobierno de Granadilla por prevaricación.

El motivo de la imputación es que el renombrado alcalde aprobó en diciembre de 2004 el plan parcial para una empresa inmobiliaria de la que era accionista, y seis meses más tarde, el plan provisional, lo que era competencia del Pleno municipal. De esa forma, Médano Beach pudo adjudicar al Ayuntamiento dos parcelas valoradas en 742.484,96 y 184.919,99 euros que, según la denuncia de la Fiscalía, el Ayuntamiento revendió a la misma entidad por un precio muy inferior al del mercado, a 272 euros el metro cuadrado en vez de los 558 euros estipulados en el mercado.

Al hermano del alcalde, José Antonio González Cejas, la Fiscalía le imputa que en 2005 votase en una junta de Gobierno a favor de una concesión de licencia de reformado para primera ocupación de 25 viviendas, local comercial y 25 aparcamientos, concedida a la empresa Evanosur S.L., de la que eran propietarias su esposa y su cuñada.

Cultura y subvenciones cuantiosas.

Si antes era el área de Urbanismo, el de Cultura ahora también ha quedado metido de lleno, La llamada a declarar a funcionarios de esa área se debe a que la investigación de la Guardia Civil señala pagos en subvenciones culturales sospechosos, como una subvención de 120.000 euros a una entidad uruguaya cuando lo máximo en otros ayuntamientos, como el de Santa Cruz de Tenerife, son 15.000 euros.

Aldo Pérez, el abogado que ejerció la acusación particular contra González Cejas y su junta de Gobierno en nombre del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, confirmó a CANARIAS AHORA que el pasado martes le fue notificado que su trabajo se acababa, lo que se esperaba “por pura lógica. El imputado ha vuelto a ser alcalde. Este es un asunto que puede quedar empantanado”, añadió, en referencia a la poca participación activa de la Fiscalía.

  • Según artículo publicado el 6 de junio de 2011 en Canarias Ahora bajo el título ” INCREMENTO SOSPECHOSO. Cejas aumentó su patrimonio en 144.000 euros mientras fue alcalde de Granadilla”, escrito por Belen Molina:

Vendió unas acciones de una inmobiliaria a otra, por 57 veces su valor – Es uno de los dueños de una planta fotovoltaica que le costó 530.000 euros.

Las cuentas bancarias del socialista Jaime González Cejas, investigadas por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil, ponen de relieve un incremento de su patrimonio de 143.463,61 euros entre 2003 y 2007, años en los que fue alcalde de Granadilla de Abona (Tenerife), cargo al que volverá el próximo sábado gracias a un pacto entre el PSOE y el PP.

Esta investigación a instancias del juzgado de Instrucción 3 de Granadilla, es recogida en un informe pericial, también encargado por el órgano judicial, en el que se afirma que este incremento “no proviene de sus ingresos declarados, ya que (…) en sus cuentas personales han existido más salidas de entradas, en conjunto se ha producido un déficit de 36.471,15 euros. Dicho incremento patrimonial proviene básicamente de la venta del 2 por ciento de las acciones de Médano Beach”.

Médano Beach es una entidad mercantil dedicada al negocio inmobiliario, de la que Cejas fue accionista durante su etapa como alcalde, y ese informe pericial, como otros tres de los especialistas de la Guardia Civil, se debe a la instrucción del juzgado 3 de Granadilla de Abona sobre Cejas, al que la Fiscalía Anticorrupción acusa de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.

La causa sigue en fase de instrucción al cabo de cuatro años, sin que el juzgado haya dictado autos ni para el archivo de la misma ni para el inicio de juicio oral, entre otros motivos, porque la Fiscalía no ha movido ficha desde 2009 y no ha calificado los delitos.

57 veces el valor de cada acción

Los informes, sin embargo, están disponibles en kanarileaks.org. El informe pericial sostiene que la venta de las acciones de Cejas a una empresa llamada Vimédano S.L., con lo que está adquiere el 57,30% de Médano Beach, no tendría mayor importancia si no fuera porque las acciones se compraron en 13.222 euros y se vendieron por más de 220.000. Es decir, Vimédano pagó a Cejas 57 veces el valor contable de esas acciones, como él mismo reconoció en su declaración ante el juez.

Todo ello con una intrincada maniobra urbanística por medio, que pese a los informes desfavorables de los técnicos del Ayuntamiento, permitieron a Vimédano construir en una parcela de Médano Beach 118 viviendas donde sólo estaban autorizadas 89.

Negocio fotovoltaico

En ese enriquecimiento sospechoso, el informe pericial no tiene en cuenta la planta fotovoltaica que Jaime González Cejas adquirió en el Instituto de Energías Renovables (ITER), entidad de investigación volcanológica que depende del Cabildo de Tenerife.

Según los informes de los policías judiciales de la Guardia Civil, Cejas recibió entre el 29 de septiembre de 2006 y el 28 de febrero de 2007 seis ingresos de Vimédano S.L. mediante cheques bancarios, cada uno por valor de 31.386,66 euros, lo que hacen un total de 188.319,96 euros que el imputado usó en parte para imposiciones a plazo fijo y en parte para pagar el 9 por ciento de la planta fotovoltaica.

Los intereses de las imposiciones a plazo fijo le sirvieron para nuevas imposiciones.

La planta fotovoltaica para producir 100kw de energía eléctrica pasó a ser copropiedad de CB Asesores Siglo XXI, una asesoría jurídica de la que participa Cejas. Entre CB Asesores y el inminente alcalde de Granadilla pagaron por ella 530.000 euros entre 2005 y 2007. Claro que la Caja Insular de Ahorros de Canarias les concedió un préstamo por 560.000 euros para la adquisición de maquinaria para esa planta.

Cejas también dispone de 20.108,41 euros en títulos de bolsa adquiridos en efectivo; 52.000 en imposiciones a plazo fijo y otros 90.000 euros en otras dos imposiciones a plazo fijo. En 2004 sus únicos ingresos fueron los 53.765,88 euros de su nómina como alcalde de Granadilla, sueldo que fue aumentando progresivamente a 59.426,40 euros en 2005 y 61.705,20 en 2006.

Según artículo publicado en Canarias Ahora el 7 de junio de 2011 bajo el título “POR PREVARICACIÓN, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN. La denuncia contra González Cejas, paralizada en Fiscalía”, escrito por Belén Molina:

Es normal que Fiscalía paralize la denuncia, por el poder judicial no es independiente sino que está en manos del PSOE que tiene que proteger como sea a afiliado, pues el escándalo es de tomo y lomo.

El socialista gobernará Granadilla junto con el PP.- Tras la inactividad del juzgado está el puerto industrial como telón de fondo.

Jaime González Cejas (PSC)  fue nombrado alcalde de de Abona no solo por un pacto entre los socialistas y el Partido Popular con el Puerto de Granadilla como telón de fondo, sino también por la paralización judicial de la causa que se sigue en su contra por malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias entre 2003 y 2007, etapa en que fue alcalde a la par que concejal de urbanismo de ese municipio del sur de Tenerife.

Fuentes judiciales han indicado que al cabo de cuatro años de instrucción, la causa contra Cejas ya debería contar con apertura de juicio oral o haber sido archivada. Junto con Jaime González Cejas, fueron imputados por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife el resto de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento: José Antonio González Cejas (hermano del entonces alcalde y ex concejal de Obras Públicas), por dos delitos de prevaricación y uno de tráfico de influencias; Ana Esther Flores; Nicolás J, Jorge y Ana María Casimiro Pérez, por dos delitos de prevaricación cada uno, y José Alfonso Delgado y Rufino Acosta Álvarez, por un delito de prevaricación respectivamente.

Después de tres años de la toma de declaraciones a los imputados y varios testigos, no sólo el juzgado de Instrucción número 3 de Granadilla de Abona no se ha pronunciado, sino que tampoco hay calificación del Ministerio Fiscal, por lo que algunas fuentes del propio Ayuntamiento no dudan en asegurar que se está dejando morir esta causa.

La denuncia ante el juzgado decano de Granadilla de Abona fue formulada por la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez, sobre la documentación que le hizo llegar la ex alcaldesa, Carmen Nieves Gaspar, cuando ésta estaba en la oposición, entre 2003 y 2007. Es uno de los documentos que figuran en la web de Kanarileaks.org

La acción de Gaspar estuvo apoyada en su día por el concejal del PP, Esteban González, quien este martes, sin embargo, ha apoyado a González Cejas en el pacto firmado entre PSOE y PP para cogobernar ese municipio del sur de Tenerife.

Alcalde, concejal, consejero y accionista

Según la Fiscalía, Jaime González Cejas, además de alcalde y concejal de urbanismo era en 2004 presidente de Grasur S.L, consejero del Polígono Industrial de Granadilla y accionista de Médano Beach Park, una entidad mercantil dedicada a la promoción inmobiliaria. El 22 de ese año, aprobó el plan parcial de Médano Park y seis meses más tarde, el Plan Provisional, lo que debería haber sido competencia del Pleno municipal.

Además, el 14 de julio de 2005 votó en la Junta de Gobierno a favor de una iniciativa de Médano Beach, de tal forma que esta entidad adjudicó al Ayuntamiento una parcela residencial de 2.728 metros cuadrados (3.331 metros cuadrados urbanizables) y el 18,81% de otra parcela para equipamiento comercial, valoradas respectivamente en 742.484,96 y 184.919,99 euros.

Esas mismas parcelas fueron revendidas a Médano Beach por un precio muy inferior: “El valor medio del terreno en esa zona es de 558 euros por metro cuadrado y este terreno se vendió en 272 euros por metro cuadrado”, se afirma en la denuncia.

En cuanto a José Antonio González Cejas, el 28 de octubre de 2005, y siempre según la Fiscalía, votó como concejal de Obras a favor de una concesión de licencia de reformado de proyecto y primera ocupación para 25 viviendas, un local comercial y 26 plazas de aparcamiento. La licencia había sido solicitada por la entidad mercantil Evanosur S.L. propiedad de Francisca Rodríguez Lorenzo y Antonia Rodríguez Lorenzo, esposa y cuñada, respectivamente, del denunciado.

Anuncios

Entry filed under: POLÍTICOS, TENERIFE. Tags: , , .

LADRONES Y ATRACADORES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EL CHALET ILEGAL DE ASTRID PEREZ (PP) Y DE MIGUEL PALLARÉS (FISCAL JEFE)

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Páginas

Entradas recientes

Blog Stats

  • 92,104 hits

A %d blogueros les gusta esto: