CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN S/C DE TENERIFE. CASO LAS TERESITAS Y CASO MAMOTRETO.

19 agosto, 2011 at 11:17 1 comentario

Habrá juicio oral del caso mamotreto. La titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juana María Hernández, ha decidido declarar abierto este proceso que culminará en una vista cuya fecha será señalada en breve.

La magistrada mantiene como acusados a los exconcejales Manuel Parejo, Norberto Plasencia, José Domingo Pastor y Luz Reverón además de a los técnicos, Epifanio Gómez, Loreto Ariz y Candelaria Benítez. Para todos ellos la fiscal de Delitos Medio Ambientales, Inmaculada Violán, pide globalmente 18 años de prisión y el pago de su propio bolsillo de los gastos que acarree el derribo del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas y las indemnizaciones a lar empresa adjudicataria OHL y al arquitecto, Dominique Perrault.

La titular del Juzgado de Instrucción acepta a la petición de la fiscal de celebrar juicio oral al considerar que los hechos “objeto de este procedimiento revisten las características de delitos” contra la Ordenación del Territorio y Prevaricación Urbanística. Ahora sólo resta decidir sobre si se debe solicitar a los acusados que respondan desde estos momentos con su patrimonio por la petición de responsabilidad civil.

El caso mamotreto pasa ya al Juzgado de lo Penal que corresponda después de haber permanecido durante tres años en la fase de instrucción y también en la intermedia, que consistió en la presentación de los escritos de acusación y defensa.

Ahora a los encausados sólo les queda la posibilidad de presentar un escrito de defensa y un recurso de reforma, en este último caso únicamente si se ha incurrido en algún defecto de forma.

Gerencia

El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, forma parte de la lista de testigos que serán llamado a declarar en el transcurso de esta vista oral. En su etapa en la oposición fue uno de los denunciantes de este caso. Ahora al frente de la Gerencia de Urbanismo señala que el auto hecho público ayer, “era lo esperado. Estamos a la expectativa de lo que ocurra”. Bethencourt mantiene la posición del nuevo grupo de gobierno local de derribar este edificio y hacerlo lo antes posible. “Respeto mucho lo que diga la justicia”, indicó el concejal.

En estos momentos hay una sentencia firme que da validez al acuerdo plenario adoptado hace más de un año con los votos del Partido Popular (PP), Partido Socialista Canario-PSOE y Ciudadanos de Santa Cruz para tirar el inmueble. Este acuerdo fue impugnado ante los tribunales por el exalcalde Miguel Zerolo y los once concejales de Coalición Canaria (CC) y del Centro Canario Nacionalista (CCN). Finalmente el magistrado determinó que esta decisión plenaria era válida para llevar a cabo la demolición.

Los hechos que son objeto de este contencioso judicial se remontan a finales del año 2001, momento en el que la Gerencia de Urbanismo aprobó la redacción del proyecto para ordenar el frente de Las Teresitas. Una obra que fue adjudicada al arquitecto francés, Dominique Perrault. Dentro de esta actuación se situaba la construcción de un gran aparcamiento y centro comercial que venía a sustituir al parking gratuito ubicado al lado de la playa.

El proyecto estaba dividido en dos fases diferenciadas de las cuales una parte iba a ser financiada por las instituciones canarias y la otra por la Dirección General de Costas. Fue el Gobierno de canarias, Cabildo y Ayuntamiento los que iniciaron las obras que se correspondían con la desaparición del antiguo campo de fútbol sobre el que se levantó esta edificación con capacidad, en principio, para 272 plazas de aparcamientos.

El inmueble iba a ocupar en su cara frente a la playa tanto la servidumbre de protección propiedad del Gobierno canario como 1.223 metros cuadrados de dominio público de Costas. Nunca se contó con la preceptiva licencia para desarrollar los trabajos sobre los dos ámbitos. En el caso del organismo estatal al final decidió no iniciar los trabajos después de que a mitad de 2007 el Tribunal Supremo anulara la operación de compraventa del los terrenos.

Tras una denuncia interpuesta por la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y el PSOE, la Fiscalía inició unas investigaciones que han concluido con que el edificio “incumplía la normativa urbanística de aplicación y la que de manera inminente entraría en vigor”. Todo ello en cuanto a usos y aprovechamientos de suelo, por contemplar la ocupación de suelo destinado a vía o espacio público y quedar fuera de la línea respecto de la alineación exterior, así como en parámetros relativos a volumen ocupación máxima permitida y en parámetros relativos a la superficie, que tampoco estaba justificada en el proyecto, siempre en relación a las condiciones particulares que la normativa establecía para esta zona”.

Pese a que Costas no acababa de iniciar las obras, el Ayuntamiento decidió seguir con su parte de los trabajos. No fue hasta 2008 cuando se decidió parar la actuación ante la “imposibilidad” de lograr permiso para ocupar el dominio público. Durante estos años ha sido larga la lista de testigos e imputados que han acudido por el Juzgado de Instrucción. Un proceso que acabará ahora con la apertura del juicio oral.

Fuente: http://www.laopinion.es/tenerife/2011/07/02/juez-abre-juicio-caso-mamotreto/355123.html

  • Según artículo escrito por Noe Ramón en Canarias Ahora el 18 de noviembre de 2011 bajo el título “INMINENTE APERTURA DEL JUICIO ORAL. Los acusados del ‘caso mamotreto’ citan como testigos a técnicos de la APMUN y Costas”:

Comparecerán también en calidad de testigos los denunciantes, el exdirector general de Turismo y el actual concejal de Urbanismo de Santa Cruz.

Los acusados por el conocido como caso mamotreto coinciden en llamar a declarar como testigos durante el juicio oral cuya fecha se fijará en breve a técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario y de la Dirección General de Costas.

Igualmente, serán citados funcionarios del Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo, el propio concejal de este organismo autónomo, José Ángel Martín Bethencourt, que fue uno de los denunciantes cuando ocupaba el cargo de portavoz del grupo municipal socialista en el anterior mandato. Otro tanto ocurrirá con Dolores Jutta Redbrow, expresidenta de la Asociación de Amigos de Las Teresitas y del Litoral de Anaga que fue la que denunció en su momento la posible ilegalidad de las obras. Jesús Romero, director general de Ordenación del Territorio y Sebastián Ledesma, exdirector general de Turismo, también serán llamados a declarar en calidad de testigos.

En estos momentos permanecen como acusados los exconcejales de Coalición Canaria (CC) Norberto Plasencia, Luz Reverón, Manuel Parejo y José Domínguez Pastor, así como los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y de Obras, Loreto Ariz, Epifanio Gómez y Candelaria Benítez. A todos ellos el Ministerio Fiscal los acusa de ser responsables de la construcción del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas sin contar con ningún tipo de autorización y de haber invadido terrenos de dominio público.

Los acusados han presentado ya su escrito de conclusiones previa a la apertura del juicio oral. En estos recursos coinciden en alegar que un concejal no puede actuar en la ejecución de una obra pública como promotor, constructor o director de obras. Apuntan que una administración no está obligada a contar con un permiso para hacer obras en terrenos de dominio público ya que este requisito sólo es exigible para los particulares. “Si realmente Costas hubiera considerado que el Ayuntamiento llevó a cabo sin su autorización una construcción en la zona marítimo terrestre, tenía la obligación de iniciar un expediente sancionador por la infracción tipificada”, indican los representantes legales de casi todos los acusados por medio de unos escritos que básicamente son iguales.

El exconcejal de Obras José Domínguez Pastor ha presentado ante los juzgados un informe del arquitecto Damián Quero Castanys, en el que intenta demostrar que la obra cumplió con todos los parabienes desde el punto de vista urbanístico y de la legalidad. No obstante, el propio técnico admite que el proyecto elaborado por el arquitecto francés Dominique Perrault “resulta ahora efectivamente inviable por razón de las incidencias ajenas a su expediente. Pero de lo que se trata en una legalización es de obras, no de proyectos, de obras realizadas sin amparo debido y para lo que está legalmente establecido y regulado un procedimiento específico que parece ineludible seguir antes de declarar inviable la legalización de lo construido”, como se apuntaba en un informe del APNUM.

El arquitecto, que ha sido llamado a declarar en calidad de testigo, sostiene que que los ajustes dimensionales del proyecto “son razonables técnicamente y adecuados al planeamiento general y a la legislación de ordenación territorial”. La actuación se enmarca en la cooperación interadministrativa entre el Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno canario, por un lado y Costas por otro. “No es posible comprender, sin sobresalto, que pueda ser aprobada sólo una fase sin percibir las definiciones del proyecto en la otra, siempre presentes en la documentación. No puede entenderse la pretensión de Costas de que cada fase constituía un proyecto técnico segregado, como si ello le hubiese impedido percibir en la parte o fase municipal las definiciones que afectaban al dominio público. Una de las responsabilidades del organismo estatal es la vigilancia de las actuaciones en la costa”.

El técnico concluye recordando que en Santa Cruz ni la construcción del TEA ni del Auditorio Adán Martín surgieron del Plan General, al contrario que la reurbanización de Las Teresitas que nació de una modificación expresa del PGO. El arquitecto intenta desmontar los argumentos sobre la ilegalidad del aparcamiento apuntando a que esta construcción es subterránea “y como tal no está sometida al cumplimiento de los parámetros urbanísticos que el informe pericial del APMUN y el escrito de la Acusación le reclaman”.

Por su parte, la fiscal para los delitos Medioambientales, Inmaculada Violán, se reafirma en su petición de 18 años de cárcel para los acusados -que oscilan en penas de entre tres y dos años para cada uno de ellos-,que asuman la responsabilidad civil y por lo tanto paguen todos los gastos, incluida la demolición del edificio, y la inhabilitación para ejercer cargo público.

  • Según artículo escrito por Noe Ramón el 16 de noviembre de 2011 bajo el título “LAS TERESITAS / POR OCUPAR LA BATERÍA MILITAR DE SAN ANDRÉS. El TSJC libera a Santa Cruz de pagar 20 millones a Defensa”:

El Ministerio reclamó al Ayuntamiento tras la paralización del proyecto de Perrault al anular el Supremo la compraventa del frente de playa.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una sentencia ya firme por medio de la cual exime al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de abonar alrededor de 20 millones de euros al Ministerio de Defensa por ocupar los terrenos de la batería militar de San Andrés, en la trasera de la playa de Las Teresitas.

En esta parcela de 19.000 metros cuadrados estaba prevista la construcción de un hotel para la cual el arquitecto francés Dominique Perrault había elaborado ya varios bocetos y se preveía que sólo con la explotación de este establecimiento se podía compensar el desembolso de 54 millones de euros por la compra de las parcelas del frente de la playa.

La Gerencia de Urbanismo y el Ejército iniciaron en el año 2006 el desalojo de los militares que aún residían en esta parcela y comenzó unas obras de urbanización, aunque luego tuvo que paralizarlas a la vez que lo hacía en el resto del frente después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara la compra de los terrenos.

En primera instancia el Juzgado de lo Contencioso Administrativo se había puesto del lado de los militares y les reconoció la obligación de ser expropiados e incluso a que se les abonara el 25% en concepto de indemnización.

El Tribunal estimó entonces que el Ayuntamiento habían incurrido en una ocupación ilegal de los terrenos y que la administración local actuó al margen de los procedimientos legalmente establecidos.

Sin embargo, el TSJC considera que el Ministerio intentó en varias ocasiones desprenderse de esta parcela y obtener dinero a cambio.

Además, sostiene que se trata de un sistema de ejecución privado y por lo tanto las indemnizaciones, “en ningún caso” pueden correr a cargo de una administración pública.

El TSJC estima que el Ministerio estaba integrado en la Junta de Compensación desde el mismo momento en el que estos terrenos estaban incluidos dentro del Plan Parcial de Las Teresitas y a partir de la desafectación de este suelo, llevada a cabo en el año 1998.

Mantiene el TSJC, por lo tanto, que Defensa debe reclamar a la Junta y no al Ayuntamiento la indemnización que estime conveniente. Al respecto, se indica que los propietarios que no estén integrados en este organismo no tienen derecho a reclamar una expropiación sino simplemente a que se cambie el sistema de ejecución en caso de que sea imposible, como ocurrió en este caso, llevar a cabo el proyecto ideado: la rehabilitación de la playa.

El valor del suelo en este entorno ronda los 1.000 euros por metro cuadrado para el suelo urbanizable y 600 para las zonas verdes. En principio el Estado reclamó al Ayuntamiento 800.000 euros por la parcela, ante la negativa recibida se optó por acudir a la vía civil desde donde se remitió el asunto a la contencioso-administrativa que ahora ha emitido esta sentencia que sólo podrá ser objeto de recursos extraordinarios.

  • Según artículo escrito por Antonio J. Fernández  en la Opinión de Tenerife el 3 de diciembre de 2011 bajo el título “Zerolo mantuvo un nivel de vida que no cuadra con su dinero. La investigación judicial sostiene que el exalcalde de Santa Cruz dispuso de recursos “de origen desconocido” con los que hizo frente a sus gastos”:

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), mantuvo entre 1998 y 2006 un elevado nivel de vida que no concuerda con los movimientos realizados en ese periodo en sus numerosas cuentas corrientes. Esta es una de las principales conclusiones que puede extraerse de la lectura de los cerca de 21.000 folios del sumario del caso Las Teresitas que aluden a la figura del dirigente nacionalista y que durante esta misma semana han sido entregado a las partes. La causa, en su totalidad, supera los 70.000 folios.

Los investigadores creen que el exmandatario local, al que se le ha retirado la imputación de cohecho por la polémica compraventa de los terrenos situados cerca de la capital santacrucera, dispuso de “fondos de origen desconocido” con los que afrontó el pago de productos básicos durante los años en los que se fraguó el supuesto pelotazo –así lo define la Policía– entre él, varios empresarios de la sociedad tinerfeña y otra pléyade de cargos públicos.

En el sumario, al que ha tenido acceso la opinión de tenerife, se especifica cuál fue el tren de vida del regidor nacionalista hasta que la trama saltó a la luz el 26 de diciembre de 2006, cuando los fiscales anticorrupción, María Farnés y Luis del Río, presentaron una querella por la presunta comisión de los delitos de malversación y prevaricación por cuenta del propio Zerolo; el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo; el edil socialista Emilio José Fresco; el concejal popular José Emilio García Gómez, tres altos cargos del ayuntamiento santacrucero, y los empresarios Antonio Ramón Plasencia e Ignacio González.

Con el paso del tiempo, a algunos les retiraron total o parcialmente las imputaciones, como a Zerolo, al que ya no se le acusa de cohecho porque, según la magistrada Carla Bellini, “del resultado de la investigación patrimonial no ha quedado acreditado que la existencia de indicios permitan concluir que el dinero de procedencia desconocida” gastada por el exalcalde le llegase de Plasencia y González como consecuencia de su intervención en la compra llevada a cabo en Las Teresitas.

Sobre Zerolo, pendiente de disfrutar de la condición de aforado una vez que tome posesión de nuevo como senador el próximo 13 de diciembre, sí que pesan los cargos aún de prevaricación y malversación de caudales públicos.

  • Según artículo escrito por Antonio J. Fernández el 3 de diciembre de 2011 bajo el título ‘Caso Las Teresitas’: se levanta el secreto de sumario. Viajes y coches por doquier. El tren de vida del exalcalde Zerolo experimenta un curioso cambio tras la compraventa de la playa”:

No se observan reintegros de dinero en efectivo (tanto en cajero como en ventanilla) ni gastos en hipermercados mediante tarjeta de crédito”. La frase se repite casi una y otra vez en el auto emitido hace apenas dos semanas por la magistrada instructora del caso Las Teresitas, Carla Bellini, cuando analiza el ritmo de vida del exalcalde Miguel Zerolo y su familia entre los años 1998 y 2006.

La magistrada cree oportuno situar el inicio de su repaso en 1998 porque es en ese momento cuando Zerolo forma parte del consejo de administración de CajaCanarias que concede un crédito a Inversiones Las Teresitas para la compra de los terrenos a la Junta de Compensación. En 1999 se producen las manifestaciones ciudadanas contrarias a que los empresarios tinerfeños intenten construir en el frente de playa, y en 2001 es cuando finalmente se da la polémica compra de los terrrenos por parte del Ayuntamiento santacrucero.

En esos años, los gastos de la familia Zerolo que han sido escrudiñados son de 307.005 pesetas en 1998, 1,43 millones de pesetas en 1999; 1,73 en 2000 y 2,17 en 2001. Curiosamente, en 2002 estos cargos en cuenta bajan considerablemente, pero se disparan en lo que se refiere al consumo en hoteles y viajes. Suponen el 69% del gasto ´fiscalizado´ y eso hace sospechar a los investigadores que de dónde puede estar obteniendo fondos el exregidor para los que se consideran como gastos básicos en la supervivencia de una familia. “La unidad familiar ha tenido que disponer de otros recursos monetarios”, es lo que viene a sentenciar Bellini en el folio 15.072 de la pieza separada número 8 de la causa.

Cuando toca a la puerta el año 2003 los gastos son de 11.992 euros, y el importe total asciende a 16.873 en la anualidad siguiente. El ejercicio de 2004 también resulta placentero para la familia, que se gasta, según consta en las cuentas investigadas con lupa por los agentes, hasta 5.125 euros en restaurantes. El año más fructifero en cuanto a gastos es el de 2006, cuando son 28.712 los computados por viajes, restaurantes, ocio, equipamiento del hogar, estancia en hoteles y retiradas de efectivo en cajeros.

En cuanto a los coches, Belini subraya que se acredita con la investigación patrimonial que los vehículos del imputado y de su familia fueron financiados en parte mediante ingresos en efectivo, cuyo correspondiente reintegro en las cuentas bancarias no se ha identificado y así se hace constar. ¿De dónde salen esos abonos?

Mundo del motor.

La magistrada repara en un total de seis vehículos. Por todos ellos se llegaron a efectuar una quincena larga de pagos que suman alrededor de 30.000 euros y que nunca llegaron a superar los 3.000 euros por abono.

Los regalos también forman parte de la vida del exalcalde. Un informe policial evidencia que en el registro efectuado en un piso de la calle Villalba Hervás aparecen una serie de documentos que indican que desde la empresa Vultesa, perteneciente a la familia del imputado Ignacio González, en el año 2000 se le regaló a Zerolo un joyero de plata valorado en 45.250 pesetas, un jarrón de plata valorado en 49.500 pesetas en el 2001; dos candelabros valorados en 185 euros en 2002 y otras dos lámparas tasadas en 409 euros en el año 2004.

La conclusión final de este ritmo de vida es, para la jueza, clara: “Del análisis de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito se concluye que existen determinados meses en el periodo de tiempo analizado (1998 a 2006) en los que no se aprecia la existencia de cargos de tarjeta ni reintegros en efectivo con los que se pudiera sufragar la necesidad de productos que se consideran cotidianos (alimentación fundamentalmente), lo que parece indicar que el núcleo familiar podría haber contado con dinero en efectivo al margen de sus cuentas bancarias, y que le permitiese sufragar estos gastos, desconociéndose la procedencia de los mismos”.

Es decir, que la instrucción no cree tener aún pruebas de cargo que confirmen que el exalcalde recibió algún tipo de soborno o trato de favor por parte de quienes hicieron de Las Teresitas un negocio de oro.

  •  Según artículo escrito por Pedro Guerra el 3 de diciembre de 2011 bajo el título “Un testigo protegido guía la investigación. La policía contó con la colaboración de un confidente casi desde el principio de la causa”:

A lo largo de toda la investigación del caso Las Teresitas, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife ha contado con información confidencial.

Pero de entre todas ellas, la figura de un testigo protegido ha guiado los movimientos de los investigadores hasta tal punto que, como señala en su informe la Brigada de Blanqueo de Capitales, “muchas de las informaciones confidenciales se corroboraron por lo manifestado por el testigo protegido, en declaración prestada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)”.

En la parte de las conclusiones del informe elaborado por la Comisaría General de Policía Judicial, se asegura que “se detectó una presunta actividad de ennegrecimiento de dinero, mediante el cuál se podrían haber generado unas importantes partidas de dinero B en efectivo”, que la policía cree que “podría haber sido utilizado para realizar las entregas de dinero señaladas por las informaciones confidenciales”. De esta forma, “como consecuencia de la investigación se han detectado tres coincidencias que cuadraban casi a la perfección con lo señalado por el testigo protegido”.

En la primera de la coincidencias y con respecto a uno de los investigados, el periodista Francisco Padrón García, “el informante confidencial (corroborado por el testigo protegido) señalaba que habría recibido 100 millones de pesetas (600.000 euros) por cambiar su línea de opinión en los medios de comunicación con respecto al proyecto de edificación en el frente de playa de Las Teresitas”.

En la segunda coincidencia, el testigo protegido alertó a la policía de un cobro de 120.000 euros por parte de un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Luis de Martín Rodríguez a cambio de su voto a favor de la compra de los terrenos del frente de playa por parte del Ayuntamiento, hecho que fue detectado por la policía en su patrimonio y que Hacienda “no encuentra justificado”.

La tercera coincidencia tiene que ver con otro de los investigados, al que el testigo protegido señala como beneficiario de un pago de 400 millones de pesetas por parte de los empresarios Plasencia y González, propietarios de Inversiones Las Teresitas.

Posteriormente, la Agencia Tributaria constató que dicha persona había recibido “casi cuatro millones de euros de dichos empresarios, sin que por el momento se haya encontrado prestación comercial ni vinculación societaria que justifique dicha transacción”. El testigo apareció casi al principio del caso.

  • Según artículo escrito por J.G.H en La Opinión de Tenerife el 3 de diciembre de 2011 bajo el título “González y Plasencia pasaron a negro 593 millones en seis años. La fiscal no considera probado que haya relación entre esa cantidad y el dinero de origen desconocido manejado por Zerolo”:

De las cuentas bancarias del entorno societario y familiar del empresario Ignacio González Martín salieron 423,2 millones de euros entre 2000 y 2006 sin que los movimientos constaran para Hacienda. En el caso del ámbito del empresario Antonio Plasencia, la cuantía por la misma vía y en el mismo periodo ascendió a 170 millones de euros. En total, 593 millones entre ambos. La brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial estimó posible que existiera “una conexión entre el dinero presuntamente ennegrecido por los González y los Plasencia y la ausencia de gastos de Miguel Zerolo Aguilar”.

Es una posible explicación que los investigadores encontraron al “uso de dinero de procedencia desconocida” que manejó el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo. Sin embargo, la fiscal María Farnés Martínez estima en su informe que “no se ha logrado acreditar de manera cierta e inequívoca” que todos los incrementos patrimoniales de Zerolo y el resto de imputados respondan a entregas de dinero por parte de “Ignacio González y Antonio Plasencia, socios de Inversiones Las Teresitas, Sociedad Limitada”.

La actividad de presunto “ennegrecimiento de dinero”, tal como lo definen los investigadores, de Ignacio González Martín se intensificó entre 2004 y 2006. De hecho, hasta esa fecha la cuantía de las salidas de dinero desde sus empresas sin pasar por la Agencia Tributaria ascendía a 72,5 millones de euros. En los siguientes dos años, se acumularon los restantes 350,6 millones. Llama la atención que solo se declarara el movimiento de 61,9 millones en ese periodo. Es decir, según la investigación, fue a engordar la supuesta Caja B un 466 % más que el dinero declarado.

El grupo de Plasencia tuvo un comportamiento contrario. La mayor concentración de salidas de capital sin declarar fue más intensa entre 2000 y 2003. En esos años abandonaron las cuentas del grupo por la puerta de atrás 102,6 millones de euros, mientras que en los dos años siguientes el flujo se redujo hasta los 67,4 millones. Solo en 2006, desde Inversiones Las Teresitas se constató un descuadre entre el adelgazamiento de las cuentas y lo declarado a Hacienda de 73,2 millones. El 70% lo movió González y el resto Plasencia.

  • Según artículo escrito por Julio Gutierrez en La Opinión de Tenerife el 3 de diciembre de 2011 bajo el título “Los socios de Inversiones Las Teresitas manejaron 25 millones de forma opaca. Plasencia tuvo 16,1 millones de los que se desconoce el origen y el destino en el tiempo que duró la investigación”:

 Ignacio González Martín y Antonio Plasencia, socios de Inversiones Las Teresitas SL, manejaron a título personal durante el tiempo que abarca la investigación judicial 25,1 millones de euros de los que se desconoce su destino, en el caso de gonzález y, también su origen en el caso de su socio. El constructor Plasencia es quien atesoró mayor cantidad de dinero irregular en sus manos, en concreto 16,1 millones. Los nueve millones restantes pasaron por las manos de González.

La fiscal María Farnés Martínez considera acreditado ese manejo de capital a la vista de la investigación de la Policía Nacional. En su escrito detalla con precisión las cantidades que Ignacio González retiró de sus cuentas sin que se se tenga constancia de dónde fueron a parar.

El también presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife sacó de sus cuentas hasta seis millones de euros en el año 2001. Fue este el año en que más dinero en efectivo atesoró en sus manos. Un año después la cuantía se rebajó hasta los 0,8 millones y hasta los 0,4 en 2003.

La fiscal destaca en su escrito las “enormes diferencias entre lo que se paga según el 347”, formulario que se entrega a la Agencia Tributaria, “y lo que, según las cuentas, sale realmente del grupo empresarial”. María Farnés Martínez interpreta que ese descuadre “pone de manifiesto la existencia de unas cantidades que de manera efectiva salen de las cuentas bancarias del grupo empresarial, pero que no se corresponden con los que habrían pagado a terceros”.

El papel moneda que pasó por las manos de González en 2004 creció hasta los 0,6 millones de euros y un año después volvió a superar la barrera del millón de euros (1.031.847).

En cuanto a Antonio Plasencia, la existencia de cantidades es mucho más elevada. La fiscal considera acreditada “la existencia de 16,1 millones de euros que no han sido localizados en las cuentas, y que aun asumiendo un determinado margen de error por las posibles duplicidades existentes en movimientos circulares entre cuenta” de sus distintas empresas “y por el posible principio de unidad de caja, deberían haber entrado o salido” de esas cuentas bancarias. Al no ser así, María Farnés Martínez afirma que el “origen o destino” de dichas sumas de dinero “es desconocido”.

La delegada de la Fiscalía Anticorrupción en la provincia occidental detalla estas prácticas al margen de la vigilancia de la Agencia Tributaria al enumerar las investigaciones que se han practicado.

En concreto, en este caso se intentaba dilucidar si existió el cobro de comisiones por parte de los implicados en el caso Las Teresitas, tal y como había estimado posible la Policía Nacional en varios de sus informes.

  • Según artículo escrito por Pedro Guerra el 3 de diciembre de 2011 en la Opinión de Tenerife bajo el título “La policía, convencida de la existencia de una asociación ilícita. La Brigada de Blanqueo de Capitales señala que un determinado número de personas actuó coordinadamente para cometer hechos presuntamente delictivos”:

Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, perteneciente a la Comisaría General de Policía, con sede en Madrid, explica a la magistrada Carla Bellini que en el caso Las Teresitas “se produjo una asociación ilícita, dado que un determinado grupo de personas actuó coordinadamente para la comisión de unos hechos presuntamente delictivos”, que generaron un pelotazo de 120 millones de euros con la compraventa de los terrenos aledaños a la playa santacrucera.

Según el citado informe, remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el pasado 29 de marzo del presente año y desclasificado ayer junto a más de cincuenta mil folios de la causa, “la consecución de los hechos que han motivado el caso Las Teresitas no ha obedecido a una sucesión fortuita de acontecimientos, sino al desarrollo de un plan preconcebido, en el cual se produjeron modificaciones por causas sobrevenidas, y cuya culminación y éxito solo ha sido posible gracias a la actuación concertada y coordinada de todas las personas participantes”. “Sin dicha actuación coordinada y concertada no se habrían producido los hechos que han motivado la apertura de las presentes diligencias”, escriben los investigadores en uno de los informes finales del caso, que detalla la actuación de cada una de las partes intervinientes en el presunto pelotazo.

Todo se gestó con la constitución de la sociedad mercantil Inversiones Las Teresitas, S.L.,el 24 de junio de 1998, propiedad de los empresarios imputados en la causa Ignacio González y Antonio Plasencia y que utilizó a un hombre de confianza del segundo de ellos, Felipe Manuel Armas Jerónimo, para conseguir un crédito de 33 millones de euros de CajaCanarias con el que comprar los terrenos del frente de playa de Las Teresitas. Ello se hizo “contando además con la información privilegiada de la sentencia del Tribunal Supremo que conllevaría la posible recalificación de los terrenos y su evidente revalorización”, explica la Policía en el citado informe, y con la supuesta colaboración de los responsables de una entidad, que prestan el dinero sin tener ningún tipo de garantías.

A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, “por la oposición de la opinión pública y los medios de comunicación y la posibilidad de que surgiesen recursos y problemas legales, la construcción en el frente de playa se convierte en algo problemático y dificultoso, por lo que se hace necesario plantearse otras alternativas”, explican los investigadores de la Brigada policial.

Y es ahí cuando, de forma completamente coordinada, aparece el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el alcalde Miguel Zerolo a la cabeza, que compra a los empresarios el frente de playa por un valor de 52 millones de euros, que además se hace mediante un convenio urbanístico que recalifica el resto de los terrenos, lo que permite a ILT vender por 92 millones de euros más la otra parte del suelo comprado inicialmente por 33 millones. Un negocio redondo que, según la Policía, permitió a los empresarios “que en siete años consiguieran un beneficio aproximado de 120 millones”.

Una vez desarrollado el negocio, los investigados inician un proceso de presuntos pagos y ocultación de dinero que lleva a la Policía a investigar el patrimonio de una decena de personas, entre las que se encuentra el alcalde Zerolo, varios concejales, banqueros y unos posibles testaferros del alcalde sobre los que, finalmente, no se ha podido acreditar el delito de blanqueo de capitales, pero que podrían ser incluidos dentro de la supuesta asociación ilícita de la que habla la Policía.

La Fiscalía Anticorrupción estudia en estos momentos esa parte de la investigación.

  • Según artículo escrito por Haridian Mederos el 3 de diciembre de 2011 en La Opinión de Tenerife bajo el título “Los tres leales de Zerolo. Luis Rodríguez, Jorge Bethencourt y Lucas Fernández son íntimos del exalcalde y se sospecha que canalizaban sus fondos”:

Diversos informes policiales hacen especial hincapié en la existencia de distintas personas “extremadamente vinculadas” con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y que presuntamente podrían ser utilizadas por él para canalizar el dinero que pudiera haber obtenido como consecuencia de su intervención en la compra que efectúa el Ayuntamiento de las parcelas a Inversiones Las Teresitas. En concreto se trataba de su cuñado, el abogado Luis Rodríguez Muñoz, y los periodistas Jorge Bethencourt González y Lucas Valentín Fernández.

En el caso de Jorge Bethencourt, los investigadores advierten del origen desconocido del dinero utilizado por él para la adquisición de cinco vehículos, ya que no usó préstamos personales ni el dinero salió de las cuentas bancarias analizadas.

En cuanto a Lucas Valentín Fernández, la Policía destaca que tuvo un notable incremento patrimonial desde el año 2001, en que inició sus experiencias empresariales y coincidió con el período en que se produjo la compra de las parcelas por el Ayuntamiento. Dicho incremento se refleja en la adquisición o constitución de varias sociedades con “una progresión importantísima en el volumen de negocio de las mismas”.

En 2007, Fernández pasó a ser el administrador único de cinco sociedades, que poseen hasta cinco locales de oficinas y tres naves industriales, así como dos viviendas adquiridas en 2005.

Por su parte, el cuñado de Zerolo, Luis Rodríguez Muñoz, ha trabajado como letrado externo del Ayuntamiento tinerfeño. La investigación desvela que en 2000, 2001 y 2003 adquirió tres inmuebles sin constituir ningún préstamo hipotecario por un importe global de 411.693,28 euros. La Policía precisa que algunos de dichos pagos no han sido encontrados en el análisis de las cuentas bancarias.

No obstante, la Policía argumenta que debido a la complejidad de la investigación, la existencia de fondos en paraísos fiscales y la envergadura del entramado societario de algunos de los imputados no se han podido acreditar de una manera “cierta e inequívoca” indicios que permitan sustentar de forma “fehaciente que los incrementos patrimoniales” fueran entregados por los implicados, Ignacio González y Antonio Plasencia, socios de Inversiones las Teresitas SL, tras sus actuaciones en la compraventa de las parcelas que realiza el Ayuntamiento a dicha empresa.

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CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN EL ROSARIO. CASO VARADERO SUELDOS DE L@S POLÍTIC@S DEL SAUZAL

1 comentario Add your own

  • 1. Espartaco  |  2 enero, 2013 en 15:46

    Y mientras IG durante los años 2011 y 2012 y ahora 2013 va liquidando las empresas Vultesa, Canesa, Multiruedas, Mesa y Honorio y aprovechando SER INTOCABLE para ir despidiendo con EREs fraudulentos a más de 100 empleados… menuda mafia tenemos en Canarias.

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