CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN EL ROSARIO. CASO VARADERO

19 agosto, 2011 at 9:26 Deja un comentario

  • Según publica el Foro contra la Incineración en su pagína web  el 12 de mayo de 2009 en el siguiente enlace hay cantidad de información sobre este caso de corrupción urbanística con múltiples enlaces a artículos de periódico que hablan sobre este caso bajo el título “El caso Varadero, así de simple (I)”:

El plan parcial de Varadero es un escándalo porque:

1. El plan parcial se aprobó en 2004 por silencio administrativo cuando la Ley de Moratoria Turística, desde 2001, y la Ley de Directrices, desde 2003,  dejaba bien clarito que se prohibía aprobar planes parciales con suelo catalogado de uso turístico -para hoteles y apartamentos, entiéndase- en el planeamiento general. Es decir, que aunque el plan parcial renunciara al uso turístico, la realidad es que el planeamiento general de El Rosario contemplaba esa posibilidad para Varadero, por lo que la única forma de sacar adelante el plan era modificando el planeamiento general. Así lo advirtió la arquitecta municipal, Ángeles María Brito, en dos informes. No le hicieron caso, por su puesto, y la secretaria municipal, que está imputada en el caso, hizo un informe dando por bueno que bastaba con el plan parcial prohibiera el uso turístico para poderlo aprobar. Para ello se apoyaron en un informe jurídico externo -de un tal Francisco Medina Fernández-Aceytuno, antaño conspicuo socialista y que luego acabaría defendiendo al mismísimo Miguel Zerolo-, un informe que por supuesto decía que sí se podía aprobar así el plan parcial.

2. Esa eliminación del uso turístico en el planeamiento general (entonces Normas Subsidiarias) se  formalizó en 2005, es decir, un año después de que se aprobará el plan de El Varadero. Es decir, que de acuerdo con la referida Ley, sería a partir de entonces cuando el plan parcial tenía que haberse aprobado, pues ya el planeamiento general no preveía uso turístico alguno, y así sí se respetaba la Ley de Directrices.

3. Pero como el Ayuntamiento de El Rosario (Macario, entiéndase) y el promotor se las dieron de muy listos, el plan parcial siguió adelante y punto, por la p…a cara, pese a la manifiesta ilegalidad de la forma en que se aprobó.

4. El caso es que gracias a que el plan parcial se aprobó de esta manera en 2004, osea, de forma ilegal (recuerde el lector lo que la ley de Directrices establecía), se pudo lograr la otra componenda de esta trama: intentar burlar el Plan Insular de Ordenación del Territorio, que protege este suelo por sus valores medioambientales (suelo de protección ambiental 1). A saber: aprobando el plan parcial en 2004 por silencio administrativo lograban retrotraer la aprobación hasta una semana antes de que entrara en vigor el nuevo PIOT. Y pasa que en el PIOT se dice que las áreas de regulación homogénea -el Varadero es una de ellas- donde  hubiera un plan parcial vigente o en ejecución, éste podía seguir adelante, en este caso, urbanizarse. Esta fue la artimaña legal para mantener vivo el plan parcial.

5. Lo realmente increíble es que en 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó un auto en el que suspendió de forma cautelar la tramitación del plan parcial, porque el Gobierno canario, con toda lógica, lo había recurrido. El TSJC dejó claro que el plan parcial vulneraba la Ley de la Moratoria y tenía que adaptarse al PIOT. Luego el Gobierno quitó el recurso y no ejecutó el auto porque el Ayuntamiento había eliminado ya el uso turístico del planeamiento general, pero claro, parece que el Gobierno canario se olvidó de que este trámite se hizo cuando ya el plan parcial estaba aprobado desde hacía mucho tiempo, y así no valía, carajo. Pero, lógicamente, la trama ya estaba bien montadita.

Ni que decir tiene que resulta escandaloso también cómo luego se pasaron por el forro de los mismísimos cojo…..es otras dos sentencias judiciales de 2006 y 2007 -Ayuntamiento y promotor recurrieron el PIOT- que dejaban claro que lo que dice el PIOT va a misa y en el Varadero no se puede urbanizar ni de coña.  Pues bien, después de todo eso la Cotmac aprobó todo como si nada hubiera pasado, y sólo cuando IR-Verdes logró una nueva sentencia anulando el acuerdo del Ayuntamiento por el que se aprobó en 2004 el plan parcial, sólo entonces, algunos de los protagonistas de esta historia se plantearon escapar como pudieran, y ya no les quedó más remedio en el Gobierno canario que revisar de oficio esta barbaridad de expediente.

6. Pues bien, no sé si se lo creerán, pero resulta que en 2002  el plan parcial pasó por la Cotmac y tenía un buen puñado de informes negativos de varias consejerías del Gobierno canario (por lo de la Ley de Moratoria y por el propio PIOT). El alcalde mandó un fax ese año para que el expediente se paralizara, con el fin de poner de acuerdo a las administraciones implicadas (ponerlas de acuerdo, claro, porque había serias diferencias sobre la legalidad de este plan entre el Gobierno canario y el Ayuntamiento). Pero el alcalde, ni corto ni perezoso, lo que hizo fue recurrir el PIOT, o sea, llevar al Cabildo y al Gobierno canario a los tribunales. ¡Vaya forma de poner de acuerdo a las administraciones! Bueno, lo dicho en este párrafo se refiere a la época en que Cabildo y Gobierno cumplieron con su deber. Después cambiaron de idea, es decir, que en la Cotmac se olvidaron de todos estos informes negativos cuando en 2007 aprobaron el nuevo plan general con el plan parcial de El Varadero dentro. Y aquí la Justicia no tendrá más remedio que hincar el diente, porque ya lo advirtió el TSJC en una de sus sentencias sobre este asunto, al decir que le “Llama poderosamente la atención” la actuación de la Cotmac en toda esta historia, permitiendo urbanizar un suelo que protege el PIOT.

Y como colofón, lanzamos una pregunta retórica: ¿CÓMO COÑO SE VA A PODER URBANIZAR UNOS TERRENOS QUE EL PIOT PROTEGE POR SUS VALORES AMBIENTALES?

FUENTE:http://noincineraciontenerife.com/noticias/2434.htm

  • Según artículo publicado en el Día, el 11 de septiembre de 2011 bajo el título “La jueza aprecia claros indicios de prevaricación en el caso Varadero”, escrito por Alvaro Morales:

En un auto contundente y clarificador, en el que se alinea sin ambages con las tesis de la acusación, la magistrada Cristina Guerra mantiene como imputados por un supuesto delito de prevaricación al alcalde de El Rosario, la secretaria local y 5 ediles, y abre la puerta a un juicio tras una polémica que dura 10 años.

Un auto judicial contundente y clarificador cuestiona la labor del alcalde de El Rosario, el socialista Macario Benítez, cinco de sus ediles durante la tramitación de la frustrada urbanización de El Varadero y la secretaria municipal, María Anita Alonso Martínez. La magistrada Cristina Guerra Pérez, del Juzgado número 3 de Santa Cruz de Tenerife, dictó el pasado 21 de julio un auto en el que mantiene como imputados a esos representantes y a la funcionaria al vislumbrar claros indicios de prevaricación, si bien acuerda el “sobreseimiento provisional de la causa” a otros seis imputados.

Los concejales en ese tiempo que, salvo sorpresa inesperada porque prospera el recurso presentado por el gobierno (que insiste en que se trata de cuestiones administrativas), acompañarán a Benítez y la secretaria como acusados en el eventual juicio son Ana Lupe Mora (que sigue como primera teniente de alcalde y, ahora, como consejera insular de Medio Ambiente), Abel Acosta, Andrés Hernández, María Elva Delgado y Laurentino Quintana. Por su parte, los exculpados, de momento, son Ana M. Hernández, Evelio Hernández, Eugenio Marrero, Raquel Delgado, Juan Delgado y Esteban Acosta, al entender la jueza que “de la causa no derivan indicios suficientes del conocimiento del contenido, trascendencia e ilegalidad de la decisión a adoptar”.

En un lenguaje directo y clarificador, la magistrada sostiene que las personas a las que mantiene como imputadas, “puestas de común acuerdo y a sabiendas de la ilegalidad (…), realizaron una serie de actuaciones irregulares para lograr la aprobación de un plan parcial local por silencio positivo con conocimiento pleno y a sabiendas de su ilegalidad y de los evidentes impedimentos legales que habrían impedido su aprobación si se hubiera tramitado conforme a la legalidad vigente”.

La jueza asegura que se aprobó el proyecto conociendo sus consecuencias, mientras que señala que la secretaria “informó de forma favorable” en un documento del 25 de junio de 2002 “en el que realizó una, cuando menos, sorprendente interpretación del artículo 4 de la Ley 6/2001 de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio reconociendo primero la necesidad de suspensión de los planes parciales y admitiendo después que el plan tenía por objeto la ordenación de un suelo de uso residencial turístico, concluyó, sin embargo, que se cumplía con la ley con un argumento inadmisible para cualquier jurista; con la finalidad de que el plan siguiera con su tramitación”.

En esta parte del auto, la magistrada contextualiza los hechos y recuerda que, el 15 de junio de 2001, el constructor y representante legal de la sociedad Amador Díaz Armas SL presentó el plan parcial El Varadero ante el ayuntamiento. El 8 de julio de 2002, la corporación local lo aprueba y solicita informes a diversos organismos, de los que recibió todos menos el de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, “que tenía señalada como fecha para estudiar y elaborar el informe sobre este plan el 27 de noviembre de 2002”.

La magistrada cree que los imputados sabían que la tramitación “se debería suspender de conformidad con el artículo 4.1 de la (citada) Ley, que ordenaba la suspensión (…) de planes parciales cuando el planeamiento general permitiera el uso alojativo turístico en el sector o ámbito correspondiente, como sucedía en el caso de autos”. Además, explica que se aprobó cuando ya estaba en vigor el Plan Insular de Ordenación del Territorio de la Isla (PIOT), “en el que el suelo de autos era calificado como Rústico de Protección Ambiental 1 (laderas y barrancos), lo cual hacía claramente inviable el proyecto urbanizador”. Pese a esto, “los imputados realizaron una serie de actuaciones sucesivas a sabiendas de su ilegalidad”.

El célebre fax a la Cotmac.

Esas irregularidades consistieron, entre otras, en que el alcalde, “fuera del procedimiento legal establecido y coordinado con el promotor, remitió un fax el día 27 de noviembre de 2002 al director general de Ordenación del Territorio interesando expresamente la paralización del expediente (…) que tenía previsto en ese mismo día resolver, dado que, a la vista de los informes previos existentes, podía concluirse que la resolución a emitir iba a ser contraria en todo caso a la aprobación del plan (informes de la dirección general y del jefe del Servicio de la dirección de Infraestructuras Turísticas de Canarias). Consiguió así que la tramitación de ese plan ante la Corporación municipal continuara sin el preceptivo informe de la dirección, lo cual suponía la eliminación de un informe contrario que hubiera impedido o dificultado la aprobación definitiva del mismo”. Según indica, el fax rezaba literalmente: “Solicito la paralización del expediente con el objeto de efectuar un análisis más profundo entre las distintas administraciones. Consecuentemente, el plan se retiró del orden del día de la Cotmac”.

Dos años después, el 21 de abril de 2004, el promotor, “quien conocía todos los problemas en la tramitación y que no había informe de la Cotmac, insta al ayuntamiento la declaración de aprobación definitiva por silencio administrativo (…), sin que el consistorio hiciera en esos dos años las gestiones a las que hizo referencia en el fax. En ese tiempo, el promotor tampoco subsanó las deficiencias advertidas en los informes ni se modificó la normativa, limitándose a impugnar el 18 de diciembre de 2002 ante el orden contencioso ni más ni menos que el PIOT, al conocer claramente que la normativa en vigor era radicalmente desfavorable a sus intereses, extremo advertido en los previos informes técnicos y confirmado finalmente en sentencia del TSJC del 2007”, que anuló “rotundamente” el plan por aprobarse por silencio administrativo. El consistorio también recurrió el PIOT.

Ante esta situación, el auto subraya que la secretaria informó el 23 de junio de 2004 de que se debía acceder al silencio positivo y aprobar definitivamente el plan, informe del que la jueza destaca “no sólo que no haga referencia a que se estaba incumpliendo toda la normativa (…), sino que la secretaria faltó a la verdad cuando señaló, respecto al informe de la Cotmac, que se emitió fuera de plazo, cuando era sabido por todos y obraba en el expediente que fue el fax del alcalde el que impidió la emisión del informe”.

A la secretaria le recrimina también que afirmara “que se habían cumplido los requisitos legales y que no se contenían disposiciones contrarias a la ley y a planes de superior jerarquía, extremos ambos evidentemente inciertos. Además, silenció conscientemente los informes desfavorables conocidos también por el resto de imputados y no advirtió de la obviedad de que el silencio administrativo es un efecto jurídico reconocido por la ley que exige simplemente un reconocimiento por su parte y no una decisión del pleno”.

“Resuelto a aprobarlo”.

Para la jueza, la secretaria “cooperó de manera decisiva al realizar esos informes como experta en el asesoramiento jurídico”. De los ediles imputados, afirma que “estaban al tanto de la tramitación, dificultades y problemas por conculcar la normativa”, mientras que del alcalde, que “estaba resuelto a sacar adelante el plan, pese a todos los impedimentos legales de los que era conocedor”.

Según su criterio, esta actuación fue “injusta y arbitraria”, al adoptar “tan trascendente decisión por silencio, anteponiendo los intereses particulares del promotor, en primer lugar, y los privados del ayuntamiento (…) por encima del interés público superior protegido no solo por la Ley 672001, sino por el PIOT. Es decir, del interés supramunicipal o regional, preferente en todo caso para la regulación del uso del suelo y de la ordenación del sector turístico”

En su opinión, hay “suficientes indicios en la abundante documentación aportada”, informes y declaraciones de los imputados y testigos como para concluir que existe un presunto delito de prevaricación. Se abre así la posibilidad de un juicio a la espera de las conclusiones de la Fiscal Provincial de Medio Ambiente, Inmaculada Violán, y del letrado de la acusación popular (IR-Verdes).

  • Según artículo publicado en el Diario de Avisos el 18 de agosto de 2011 bajo el título “El Supremo mantiene el fallo que declaró ilegal urbanizar Varadero”, escrito por Vicente Pérez.

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la pretensión del promotor del plan parcial de Varadero, Amador Díaz, de que se anulara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dictada en julio de 2007, que declara ilegal el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de El Rosario, adoptado en 2004, por el que se aprobaba la urbanización de mil viviendas en esta zona costera del municipio.

En una sentencia dictada el 27 de junio pasado por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, el Alto Tribunal estatal admite, sin embargo, de forma parcial el recurso interpuesto por el empresario, al entender que el TSJC no se pronunció sobre una de las cuestiones que alegó el promotor para pedir que no se admitiera el recurso de IR-Verdes que dio pie a la anulación del plan parcial. En concreto, la abogada de Amador Díaz sostenía que el acuerdo plenario era meramente confirmatorio de otro anterior, no recurrido, y que daba el visto bueno a esta urbanización por silencio administrativo con efecto en octubre de 2002.

Pero el Supremo viene a ratificar que la “controversia de fondo”, es decir, la ilegalidad del plan parcial de Varadero, porque se le aplicaban la ley de la Moratoria Turística y el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), ya quedó resuelta en la sentencia del TSJC de julio de 2007, dado que se trata de cuestiones “relacionadas con la interpretación y aplicación de disposiciones de derecho autonómico, cuyo examen no puede ser abordado en casación”. Señalan los magistrados de la jurisdicción estatal que “para declarar la inadmisión del recurso [de IR-Verdes] tendríamos que aceptar que hubo aprobación por silencio [del plan parcial], cuando esa es precisamente la cuestión controvertida”.

Y es que el TSJC ya dejó claro, en un auto firme de 2005 y hasta en tres sentencias de 2006 y 2007, que el plan parcial de Varadero fue ilegal desde el primer momento, porque la Ley 6/2001, conocida como de Moratoria, paralizaba su tramitación, al tiempo que el PIOT, que entró en vigor en octubre de 2007, protegió esta costa por sus valores medioambientales como Área de Regulación Homogénea, y por tanto está considerada suelo rústico de protección ambiental 1.

La Compañía Española E. Kirchner, SL, también recurrió, aunque su recurso no lo admitió a trámite el TS.

En la sentencia del Supremo se recuerda que al TSJC le llamó “poderosamente la atención” que la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), presidida por Domingo Berriel, no frenara hasta 2007 este plan parcial, pese a que el PIOT protegía esta franja costera.

Todo este asunto se encuentra ahora en la vía penal por una denuncia de IR-Verdes ratificada por la Fiscalía, una causa abierta en la que están imputados el alcalde y la edil de Urbanismo, Ana Lupe Mora, entre otros concejales y exediles del PSOE, así como la secretaria municipal de la citada Corporación.

En otra publicación del Foro Contra la Incineración titulada “Todo sobre Macario en el Juzgado (I) y (II)” publicada el 20 de febrero de 2009

TODO LO QUE USTED QUISO SABER SOBRE LA COMPARECENCIA DEL ALCALDE DE EL ROSARIO ANTE EL JUEZ POR EL ‘CASO VARADERO’

1. LOS PERIODISTAS

No pudo Macario escurrir el bulto a los medios de comunicación. En el Juzgado le esperaban EL DIA, DIARIO DE AVISOS, CANARIAS7, ACN PRESS, EUROPAPRESS, TVE (que ya es curioso que vaya la tele socialista) y más tarde se vio por allí a una redactora y un cámara de la TELE CANARIA.

2. LOS ACOMPAÑANTES

Iba el alcalde con su abogado, que no sabemos cómo se llama -ahí no atinamos, aunque sale hoy en algunas fotos en la prensa- y el abogado de la secretaria municipal, el famoso Eligio Hernández, ese que fue fiscal general del Estado y tuvo que dejar el cargo porque fue recurrido su nombramiento al no tener méritos suficientes para tan alta misión, y ese que ha salido a defender públicamente al numero dos del PP canario, Manuel Fernández, del vergonzoso episodio de ser consejero de Anfi Tauro mientras como diputado regional también decidía la declaración de interés general de los proyectos turísticos promovidos por esta empresa.

3. LA PENOSA TRAICIÓN A LA SECRETARIA

No vamos en esta web a exculpar ni a culpar a nadie del caso Varadero, pero sí que resulta vomitiva la estrategia del alcalde de desvelar a las primeras de cambio ante los periodistas que la secretaria municipal de El Rosario está también imputada, junto a otros 12 concejales y ex concejales del PSOE. Cuentan que el alcalde lo reveló con cierto aire de satisfacción, pues hasta ahora IR-Verdes, el partido denunciante, con muy buen criterio había optado por no hacer carnaza con la secretaria. Los periodistas, al ver a Eligio Hernández, preguntaron si era él el abogado de Macario, y ni corto ni perezoso el ex fiscal dijo que no, que él venía por la secretaria. Ya se le ve que lo que quieren es culpar a los técnicos, vieja táctica de los politicos imputados.

4. EL MINISTERIO FISCAL NO ACUDE. ¡QUÉ VERGÜENZA!

Uno no acaba de entender muy bien cómo es posible que si la denuncia la formula la Fiscalía, es decir, si esos doce magníficos están imputados por prevaricación y tráfico de influencias por una querella de la Fiscalía, no esté presente el fiscal (o la fiscal) en la comparecencia del principal imputado, el alcalde. Ya pasó lo mismo con la declaración de otro destacado socialista, Jaime González Cejas, en Granadilla, en otra causa penal. ¿Qué pasa aquí? ¿Que los fiscales sólo van cuando el imputado es de CC o PP y no cuando es del PSOE? Yo creo que alguien debería dar pronto una explicación, no sé, por ejemplo que el fiscal o la fiscal estaban de parto, o en cama con paperas, o una disculpa importante, porque no es de recibo esta ausencia.  ¿De cuántas preguntas se libró de responder Macario porque no hubo un fiscal que le interrogara? De todas formas, nos llegan noticias de que el juez cumplió bien su papel. Aún así, ¿por qué no se suspende el juicio si falta el Ministerio Fiscal? Oler, no huele bien esto.

5. EL INTERROGATORIO FUE MÁS BIEN A ELIGIO HERNÁNDEZ, PERO FUERA DEL JUZGADO… YP OR LA PRENSA

Nos cuentan que al salir del Juzgado, el alcalde no se dejó ver ante la prensa, y fue en su lugar Eligio Hernández quien le sacó las castañas del fuego, dando la cara por él. Los periodistas, que llevaban dos horas esperando desde que el imputado entró a declarar, se tuvieron que conformar con la versión del ex fiscal. Y aquí viene lo bueno. Al parecer, el ínclito jurista intentó sentar cátedra ante los periodistas, muy ufano presumiendo de su larga experiencia como abogado, juez, fiscal del Estado… y se le olvidó añadir que socialista de carné. Empezó diciendo, en plan docto, que en este caso no hay delito, porque el Código Penal no tipifica como delito  lo que ha pasado con Varadero, porque no hay informes negativos vinculantes….No contaba el señor Eligio con que algunos de los periodistas que estaban allí se tenían la lección bien aprendida, vamos, que conocían el expediente de El Varadero y toda la sarta de ilegalidades, mentiras e informes que jalonan este plan parcial. Estuvo el hombre casi tres cuartos de hora contestando las preguntas de los periodistas. Alguno le llegó a poner contra las cuerdas, porque a cada reflexión que hacía el ex fiscal del Estado le replicaba el periodista con un dato o pregunta a cual más incisivo e inesperado, y las réplicas del señor Eligio se fueron haciendo cada vez más perifrásticas, llevando el asunto al campo de la teoría del derecho para despistar, y alejándose del expediente administrativo. Yo creo que algún informe de este expediente no se lo han dado al ilustre abogado, porque si no, no hablaría con tanta naturalidad de que en este caso no hay tomate. Y sí que lo hay, don Eligio, más del que usted cree. Otra cosa es que los fiscales no se tomen en serio el asunto. Y ese es otro cantar.

6. LA DECLARACIÓN

No ha trascendido mucho de lo dicho por el alcalde ante el juez, pero algo se va sabiendo por lo publicado en los medios de comunicación. Esto lo vamos a dejar para otra entrega de este serial, porque la historia del Varadero requiere mucho análisis.

6. LOS ARGUMENTOS.

6.1 TODOS LOS INFORMES ERAN POSITIVOS. FALSO.

Yo no sé si los jueces o los fiscales se leen los periódicos, pero creo que en ocasiones tienen que echarles un vistazo, porque si es verdad lo que han publicado, Macario tiene un problema. El alcalde, ante el juez, por lo que ha trascendido -ojo, al parecer no hay secreto de sumario- dijo que aprobó el plan del Varadero porque todos los informes eran positivos, y que así se lo aseguró la secretaria. Bueno, la verdad es que tanto el alcalde como su secretaria saben que eso no es así. Primero, porque en la Cotmac, en 2002,  cuando el plan pasó por primera vez antes de que lo retirara el alcalde vía fax, la urbanización de Varadero tenía unos cuantos informes técnicos en contra, tanto porque le afectaba la Ley de la Moratoria como porque el PIOT dice lo que dice, es decir, que ese suelo de la costa de El Rosario está protegido por sus valores ambientales. Dice que el abogado de la secretaria, el ínclito Eligio Hernández, que estos informes no eran vinculantes, y que por eso no importa que no figuraran en el expediente que se llevó al pleno del Ayuntamiento cuando se aprobó el plan parcial. Bueno, al menos ahora se reconoce que existían esos informes, porque durante mucho tiempo al alcalde se le llenó la boca diciendo eso de que “aquí todos los informes eran positivos sobre el Varadero”. Ahora se han sacado ese argumento de que no eran vinculantes, pero la cosa no se va a zanjar porque Eligio Hernández haya dado con ese argumento, porque habrá que calibrar lo que dicen los informes y luego ya veremos.

6.2 SE OLVIDÓ DE LA ARQUITECTA

Como en todo caso de presunta corrupción, siempre hay un técnico de un Ayuntamiento que les jode el invento. La arquitecta municipal de entonces, Ángeles María Brito, se encargó de advertir de que el procedimiento legal para cumplir con la Ley de la Moratoria era eliminar de las Normas Subsidiarias el suelo turístico que había en el plan parcial, aunque este prohibiera el uso turístico -es decir, hoteles y apartamentos- en esa urbanización. Al parecer, según Eligio Hernández, fue la secretaria la que interpretó otra cosa, pero no hay delito, dice. A saber lo que la secretaria tuvo que aguantar para meterse a interpretar la ley así, pues luego esa interpretación se la echaron abajo los tribunales con contundencia, primero en un auto judicial firme en 2005 -que el Gobierno canario ya se encargó de que no se ejecutara- y luego en la sentencia de 2007 que anuló la aprobación plenaria del plan parcial. También se olvidó el alcalde en su declaración de que los informes de la arquitecta municipal advertían de que el PIOT protegía el Varadero como suelo de protección ambiental 1, dentro de lo que técnicamente se denomina Área de Regulación Homogénea (ARH)  Laderas. Si es usted un lince en esto del PIOT, que está en la página del Cabildo en Internet, busque lo que establece para las ARH de protección ambiental 1 y se quedará de piedra, porque en ese tipo de suelo no se puede mover ni una piedra de una huerta, porque lo enchironan a usted. Y el Cabildo cogiendo malvas, porque fue el que protegió esa zona y luego dijo que, hala, pelillos a la mar, que se urbanice porque ya el plan parcial estaba antes que el PIOT (cosa que, si la  Justicia hace lo que tienen que hacer, se demuestra  que es falsa durante este proceso judicial). Para más inri, el juez debería examinar si estos informes de la arquitecta estaba en el expediente que se llevó en 2004 al pleno, y si el Ayuntamiento lo incluyó en el expediente que mandó al Tribunal Superior de Justicia para los recursos que presentaron el Ayuntamiento y el promotor contra el PIOT. ¿Estaban esos informes? Investíguelo, señor juez, porque la primera vez que se tuvo conocimiento de ellos fue en 2007, cuando la prensa publicó que existían y el alcalde se fue de la lengua en una entrevista diciendo que este plan parcial se había topado con una arquitecta que no paraba de ponerle pegas.

7. ELIGIO SALIO TRASQUILADO

Este tema ya lo abordamos en la primera entrega, pero es que es necesario remarcarlo. Por mucho que fuera a salvar al alcalde públicamente, el ex  fiscal general del Estado salió trasquilado ante los periodistas que le esperaban a él y al alcalde a la salida del Juzgado Número 3 de Santa Cruz de Tenerife el pasado jueves. Entre ellos había algunos bien informados, y, por lo que sabemos, en algunos momentos de la comparecencia del ínclito abogado ante la prensa, don Eligio se fue por los cerros de Úbeda. Respetamos que él diga que el Código Penal no dice que sea delito aprobar algo con informes negativos no vinculantes, o que una secretaria no incurra en delito si informa a favor de un plan parcial, sino si informara a favor de un proyecto o licencia de urbanización con informes negativos…  Eso será cosa de juristas, ahí no nos vamos a meter. Pero es que no es verdad que los técnicos no advirtieran de cómo había que hacer las cosas legalmente, y aún así se hicieron ilegalmente. El ilustre abogado quiso dar la cara por el alcalde, pero no convenció a los periodistas. Porque vamos a ver, don Eligio, si tan claro está que no hay delito en el Código Penal tipificado que encaje con el caso Varadero, ¿cómo explica usted que la Fiscalía haya imputado a trece personas por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en este asunto? Un redactor le hizo esa pregunta, más o menos, y él, según nos cuentan, se quedó pensativo un momento buscando una salida, y salió por peteneras teóricas de jurista, lejos de los predios hermosos de Varadero.

8. LE ENDOSARON TODO A LA SECRETARIA, EL PERIÓDICO EL DIA DIJO LA VERDAD

El periódico El Día publicó al día siguiente que el alcalde le endosó el caso Varadero al a secretaria municipal. Una jornada después, el mismo periódico publicó una noticia, forzado por Macario Benítez, en la que el gobernante socialista negaba que él le hubiera echado la culpa a la secretaria del Ayuntamiento. Pero vamos a ver, don Macario, y don Eligio: fueron ustedes los que revelaron a la prensa, antes de entrar en el Juzgado, que la secretaria municipal está también imputada, un dato que los denunciantes no habían querido desvelar, sin duda porque entienden que para que un técnico informe una cosa muy rara está un político presionándole. Después, por lo que sabemos, el alcalde en su declaración ante el juez sí que dijo que fue la secretaria la que hizo todas las gestiones sobre este plan parcial y la que informó al grupo de gobierno que no había informes negativos, y que por eso siguió adelante con esta urbanización. ¿Eso no es endosarle el muerto a la secretaria municipal?. El periódico El Dia, por lo que uno sabe y lo que ha leído, no dijo ninguna mentira ni manipuló, se limitó a usar un lenguaje periodístico en los titulares.

9. MACARIO SE QUEJA DE UN COMPLÓ MEDIÁTICO-ECOLOGISTA. EN FIN

En la noticia que se vio obligado a publicar El DIA el sábado, en la que el alcalde desmentía la publicada el día anterior por honrados redactores, Macario se quejó de que todo este asunto es un montaje de IR-Verdes y algunos medios de comunicación para desprestigiarle por un mal resultado en las elecciones municipales. Este hombre desvaría, dice disparates, primero, porque IR-Verdes presentó la denuncia antes de las elecciones municipales -luego, lo del mal resultado electoral no tiene sentido-; segundo, porque IR-Verdes logró dos concejales más en esas elecciones de mayo de 2007 y, tercero, porque ningún periódico le dedicó amplios titulares en primera página (El Día un pequeño sumarito inapreciable, Diario de Avisos nada de nada en portada y La Opinión una columnita raquítica diciendo que Macario defendía su inocencia).

  • Según artículo publicado en la estupenda pagina web del Foro contra la incineración el 28 de agosto de 2007 bajo el título de “epicentro en El Rosario”:

MACARIO BENÍTEZ, EN EL PUNTO DE MIRA DEL PSOE TINERFEÑO

Epicentro en El Rosario

Ya la tienen armada de nuevo en el PSOE de Tenerife, y también por un asunto urbanístico que tiene ciertos parecidos con Las Teresitas, o al menos con ciertas veleidades que se dan también en la playa santacrucera. El alcalde de El Rosario es un histórico, Macario Benítez, que mantiene magníficas relaciones dentro y fuera de su partido, el PSC, pero que ha venido a topar con un problemón que podría acabar con su dilatada carrera política. Nos referimos al Plan Parcial de El Varadero, cuyos pormenores ha venido desgranando con mucha pulcritud el periodista Vicente Pérez, del Diario de Avisos , a pesar de lo complicado que es hacer periodismo de investigación en una isla en la que, de repente, se te puede presentar en la Redacción el investigado para repartir lo mismo un cariño que una amenaza. Para que vayan haciendo boca, sepan que el Plan Parcial de El Rosario ha sido parado recientemente por la Consejería de Medio Ambiente después de que en mayo pasado fuera aprobado por la COTMAC, sin percatarse de que hay dos sentencias firmes del TSJC que concluyen que la zona donde don Macario quiere dar bendiciones urbanísticas está protegida por el PIOT de Tenerife.

EL AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO TRATA DE EXPLICARSE

Una arquitecta que tuvo que huir

Como es imposible que haya una ladera famosa a urbanizar sin que otra se ponga en la misma situación, también en El Varadero nos encontramos con un suelo protegido por el PIOT (Protección Ambiental 1) que el alcalde de El Rosario pretende convertir en urbanizable desde el año 2002. Se trata de una pieza de 200.000 metros cuadrados que viene a ser la única sin tocar que queda en el municipio y que es propiedad de Amador Díaz Ramos, S.L., y también aquí, miren por donde, aparece el empresario Antonio Plasencia, el mismo que pincha y corta en Las Teresitas, en esa ocasión de la mano del alcalde santacrucero Miguel Zerolo. Otra concomitancia: el alcalde de El Rosario también está denunciado en la Fiscalía, y por prevaricación y tráfico de influencias. El Ayuntamiento emitió este sábado un comunicado tratando de aclarar la situación pero mucho nos tememos que sin decir toda la verdad y nada más que la verdad. Entre otras cosas porque meten por medio a una arquitecta que tuvo que salir zumbando ante la imposibilidad de hacer su trabajo con la libertad que mandan los manuales de la deontología profesional.

ES LA CONCEJAL DE URBANISMO

Atentos a Ana Lupe Mora

Se le presenta a El Rosario, a su alcalde y al PSOE tinerfeño un otoño caliente porque será en octubre cuando haya de celebrarse algún pleno municipal dando marcha atrás a algunas actuaciones municipales amenazadas por el largo y atravesado brazo de la ley, además de una serie de advertencias muy concretas del Gobierno de Canarias en similares términos. Pero Macario no estará solo en el penar porque dicen que le acompañará la concejal de Urbanismo de su pueblo, Ana Lupe Mora, que trasladaría al grupo socialista en el Cabildo tinerfeño las mismas quimeras que en estos momentos embargan al alcalde Benítez. Y lo de embargo no va con segundas, por mucho que se hable de suculentas hipotecas en la zona de influencia del plan parcial. Fuente: Top Secret Canarias Ahora, 27-08-07.

  • Según artículo escrito por Noé Ramón el 22 de septiembre de 2012 en Canarias Ahora bajo el título ” POR EL DENOMINADO ‘CASO VARADERO. Piden 8 años de inhabilitación para el alcalde de El Rosario”:

La fiscal considera probado que el Ayuntamiento intentó edificar en un área protegida en contra de las directrices del PIOT y de la moratoria turística.

La fiscal para los delitos contra el Medio Ambiente, Inmaculada Violán, considera que el alcalde de El Rosario, Macario Benítez, la concejal de Urbanismo, Ana Guadalupe Mora Padilla y la ex secretaria del Ayuntamiento, María Alonso Martínez, han podido incurrir en un presunto delito de prevaricación urbanística por todos los hechos ocurrido durante la tramitación del Plan Parcial El Varadero.

En su escrito de acusaciones, a cada uno de ellos la Fiscalía pide la imposición de 8 años de inhabilitación para el desempeño de cargo público y la posibilidad de que se reclame la asunción de responsabilidad civil que implicaría que desembolsen de su propio bolsillo todos los daños que pudieran haberse acarreado durante la tramitación del plan parcial.

Sin embargo, Violán exculpa a los concejales que integraban entonces el grupo de gobierno y que votaron a favor del planeamiento al considerar que actuaron simplemente basándose en los informes que les facilitaron los tres acusados. No obstante, todos ellos serán llamados a declarar en calidad de testigos durante el juicio oral que la Fiscal ha pedido que se lleve a cabo. El caso Varadero tiene su origen en la intención del Ayuntamiento desde el año 2001 de llevar a cabo una urbanización residencial y turística en una ladera del municipio en contra de las directrices del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) que protege este entorno.

Benítez viene ocupando el cargo de alcalde desde el año 1983, mientras que Mora Padilla ha sido concejal de Urbanismo y teniente de alcalde a partir de 2001. Por su parte, Alonso Martínez llegó a ocupar el puesto de secretaria municipal. Los hechos tuvieron lugar entre los años 2001 y 2004, período en el que según la Fiscalía todos se pusieron de acuerdo para supuestamente cometer los hechos que ahora los sentarán en el banquillo de los acusados.

Un proyecto de 339.000 metros cuadrados

Fue en 2001 cuando el promotor de la empresa Amador Díaz Ramos SL presentó un proyecto ante el Ayuntamiento que abarcaba casi 339.000 metros cuadrados de suelo que se sitúan al lado de la autopista del sur y cuatro barrancos en las que se localizan seis cuevas. Sin embargo, la documentación presentada resultó incompleta por lo que poco después el empresario tuvo que aportar más documentos sobre las ordenanzas y un estudio económico, además de completar la memoria de ordenación. El proyecto nunca llegó a ser visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (Coac).

Por aquellas fechas se tramitaba también el Plan General de Ordenación (PGO) de El Rosario, aunque el promotor se acogió a que en este sector los usos permitidos eran residencial turístico y la tipología edificatoria residencial colectiva, unifamiliar aislada, apartamentos, bungalows y hoteles. En aquellas fechas las normas subsidiarias efectivamente recogían que este suelo era apto para tener finalidad residencial y turístico.

Sin embargo, en el mes de julio de 2001 entró en vigor la conocida como moratoria turística que pretendía contener y controlar el crecimiento de este sector en el Archipiélago y de hecho ordenaba la suspensión de los planes parciales que tuvieran esta finalidad como era el de El Varadero. La Fiscalía por lo tanto sostiene que en este caso concreto la moratoria turística es de plena aplicación.

Además, en el PIOT se contemplaba esta zona con la clasificación de Area de Regulación Homogénea (ARH) de Protección Ambiental, que impide que albergue ningún tipo de construcción al situarse en barrancos o laderas y así lo acordó la institución insular a finales de 2001, ratifícándolo también a finales del siguiente ejercicio. Sin embargo, según el escrito de la Fiscalía, el Ayuntamiento se opuso a este criterio de la institución insular de proteger esta franja del territorio y mantuvo sus intenciones de urbanizarlo. Así queda en evidencia tanto en las alegaciones que la Corporación local presentó al planeamiento insular como en las distintas versiones que se llevaron a cabo del PGO de El Rosario, todo ello de una manera que la Fiscalía califica de “arbitraria”.

Violán considera probado que tanto el alcalde como la concejal de Urbanismo dieron “órdenes precisas” a la secretaria para que mantuviera el criterio municipal a lo cual esta accedió sin poner ningún tipo de traba ni impedimento. En ningún momento consta que se haya dado cumplimiento a los imperativos legales de informar sobre el contenido del plan parcial a Costas, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias y Cabildo tinerfeño. Tan sólo se remitió una copia a la Dirección General de Urbanismo que fue respondida con la advertencia de que no se estaban cumpliendo con todos los trámites legalmente establecidos.

“Los acusados, conscientes de la imposibilidad de tramitar el Plan Parcial por encontrarse suspendido por mandato legal, actuando con el ánimo de eludir o dilatar todo pronunciamiento expreso en tal sentido, no atendieron en esas fechas al mencionado requerimiento”, indica el escrito de la Fiscalía.

Advertencia de la arquitecta municipal

En 2002 la arquitecta municipal María Ángeles León Brito advirtió que los usos previstos en el avance del Plan General y los del Plan Insular eran incompatibles y por lo tanto pedía que se prohibiera cualquier tipo de intervención que supusiera “una alteración del relieve original del terreno, de los ecosistemas o degradación de sus valores naturales“. Además, la técnica ya advertía que era necesario contar con el parecer del Colegio de Arquitectos.

La Fiscalía considera probado que el alcalde, pese a conocer las indicaciones del PIOT para este ámbito, decidió seguir adelante con el plan parcial. En el caso de la secretaria se la acusa de haber intentado recurrir a argucias en sus informes para solventar los reparos que se imponían desde el Cabildo de manera que en vez de referirse a los apartamentos y bungalows como de uso turístico hablaba de alojamientos no permanentes. Por ello, la Fiscalía la acusa de no haber hecho valer la legalidad sino por el contrario dar el visto bueno a este documento pese a conocer los impedimentos que existían sobre el mismo. La arquitecta municipal, por su parte, respondió este informe advirtiendo de las irregularidades que ya habían reflejado en su primer dictamen. Sin embargo, la Fiscalía considera que el alcalde decidió “imponer su voluntad” acogiéndose a los informes elaborados por la secretaria, ahora acusada.

El planeamiento siguió su curso mientras las distintas administraciones le imponían diversos reparos que sólo en algunas ocasiones eran solventados pero sin que se llegara nunca a eliminar el uso turístico que ya había quedado expresamente prohibido en el PIOT. No obstante, el alcalde cuando remitió en 2001 el plan parcial a la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) ya debió sospechar que no iba a salir adelante por lo que en el último momento solicitó que fuese retirado del orden del día. No consta que el Ayuntamiento realizara ningún otro movimiento para sacar adelante este planeamiento hasta 2004. Mientras el alcalde y su grupo de gobierno decidieron interponer un recurso contencioso administrativo en contra del PIOT que sería luego rechazado.

Nueve días antes de la aprobación definitiva del Plan Insular la promotora pidió que su proyecto fuese aprobado por silencio administrativo. “El alcalde una vez más decidió imponer su voluntad”, indica la fiscal quien relata que entonces encargó un estudio jurídico al abogado, Francisco Medina Aceytuno que era favorable a que el promotor se pudiera acoger al silencio administrativo positivo y otro más de la secretaria municipal ahora acusada. Esta funcionaria consideraba que el Plan Parcial se había aprobado antes de que entrara en vigor el PIOT y que los informes emitidos por las distintas administraciones que habían resultado desfavorables se solicitaron de forma correcta pero se emitieron fuera de plazo.

Por lo tanto en el mes de junio de 2004 la comisión informativa de Urbanismo y el pleno decidieron dar vía libre al Plan Parcial de El Varadero. Este pleno fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que efectivamente decidió anular el acuerdo. La Fiscalía por lo tanto no deja de llamar la atención sobre “la persistente voluntad” de los acusados de extender la trama urbana hacia el sector adyacente a Tabaiba mediante su calificación de suelo como urbanizable incluso una vez que había entrado en vigor el PIOT.

Una actitud que según Violán, “se pone de manifiesto en todas y cada una de las propuestas que fueron recogidas en las distintas versiones del PGO. Una vez remitido el documento a la Cotmac, se decidió proponer la revisión de oficio del planeamiento municipal en relación a El Varadero atendiendo precisamente a la sentencia del TSJC que había anulado el pleno en el que se aprobó el plan parcial. Tres años más tarde la Cotmac dio el visto bueno al PGO pero condicionándolo a que este ámbito se adaptara a lo contenido en el PIOT.

  • Según artículo escrito por Noé Ramón el 23 de septiembre de 2012 en Canarias Ahora bajo el título ” JUICIO POR PRESUNTA PREVARICACIÓN URBANÍSTICA. Un ex alto cargo del Gobierno y 12 concejales de El Rosario, citados a declarar por el ‘caso Varadero’:

Los tres acusados -el alcalde, la edil de Urbanismo y la exsecretaria- aseguran que no comparten la petición de penas de ocho años de inhabilitación.

La fiscal para los Delitos Medioambientales, Inmaculada Violán, ha pedido que durante el juicio que se celebrará por el denominado caso Varadero sean llamados a declarar los acusados por un presunto delito de prevaricación urbanística, el alcalde, Macario Benítez, la concejal de Urbanismo, Ana Guadalupe Mora Padilla y la ex secretaria del Ayuntamiento, María Alonso Martínez.

Para cada uno de ellos la fiscal pide una pena de 8 años de inhabilitación para ejercer cargo público y la asunción de responsabilidad civil. Pero además participarán como testigos los doce concejales del grupo de gobierno que en su momento apoyaron la aprobación del Plan Parcial y que hasta ahora permanecían como imputados. Finalmente la Fiscalía ha decidido retirarle cualquier responsabilidad en los hechos al considerar que únicamente mostraron su voto favorable al planeamiento por las indicaciones que se les ofrecieron por parte del alcalde y la concejal de Urbanismo que ahora también ostenta el cargo de consejera insular en el Cabildo tinerfeño.

Igualmente, serán llamados a declarar en calidad de testigos el ex director general de Ordenación del Territorio y actual gerente de la empresa pública Gesplan, Rafael Castellano Brito, y los funcionarios del Gobierno de Canarias, Marta María Pérez Sánchez y Andrés Manuel de Souza Iglesias. Estos últimos fueron los que en su momento mostraron sus reticencias a la aprobación del Plan Parcial en cuanto iba en contra de las directrices del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) que contemplaba estos más de trescientos mil metros cuadrados como suelo de protección por encontrarse en laderas y barrancos y además ser de aplicación las retricciones de la moratoria turística. Sin embargo, Violán solicita que se sienten en el banquillo de los acusados el alcalde, la concejal y la ex secretaria municipal por haber insistido en llevar a cabo la construcción de más de mil viviendas, hoteles, apartamentos y bungalows con capacidad para casi tres mil personas, pese a los impedimentos que se le imponían desde el Gobierno canario y el Cabildo.

El Plan Parcial se comenzó a tramitar en el año 2001 antes de la aprobación del PIOT y justo cuando se comenzó a aplicar la moratoria turística. Sin embargo, desde el Ayuntamiento se hizo oídos sordos a lo recogido en ambos documentos y se intentó de una forma que la fiscal tacha de “arbitraria” seguir adelante con el planeamiento. La corporación local presentó un recurso contra el PIOT que fue rechazado por los tribunales, que a su vez le dieron la razón a la oposición cuando solicitó que se anulara el pleno en el que se aprobaba el Plan Parcial acogiéndose al silencio administrativo positivo.

Por su parte, los acusados han emitido un comunicado de prensa a través del cual aseguran que no comparten los planteamientos jurídicos de la Fiscalía y las peticiones de penas de inhabilitación. Desde el Ayuntamiento de El Rosario se señala que, respetando para los cargos públicos y la funcionaria de carrera la presunción de inocencia, “todos señalan que actuaron siguiendo lo que marca la legislación vigente, siendo los informes conformes, actuando siempre bajo el imperio de la ley, desde el inicio hasta el final del citado expediente urbanístico”.

Asimismo, indican que queda por celebrar el juicio oral, donde presentaran las argumentaciones y pruebas que preparan sus abogados y que quedará demostrado que todas “las actuaciones se han realizado confome a derecho y que nada de lo planteado se ha hecho con ánimo de quebrantar la ley vigente”.

  • Según artículo publicado el 6 de octubre de 2012 bajo el título “La Fiscalía pide 8 años de inhabilitación para Benítez, Mora y la secretaria local”.

En un escrito del 14 de mayo, aunque difundido a las partes recientemente, el fiscal exonera a otros ediles del PSOE de las imputaciones por el caso Varadero, pero mantiene la acusación de prevaricación contra el alcalde, su número dos y la secretaria municipal, para los que solicita inhabilitación para cargo público.

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife firmó el pasado 14 de mayo un escrito por el que ratifica su acusación de presunta prevaricación y solicita una inhabilitación de ocho años para cargo público contra el alcalde de El Rosario, el socialista Macario Benítez; la primera teniente de alcalde, concejal de Urbanismo y actual consejera de Medio Ambiente en el Cabildo, Ana Lupe Mora, y la secretaria municipal, María Anita Alonso Martínez, por el denominado caso Varadero, que supuso el frustrado intento de urbanizar una zona del litoral del municipio protegida, por ejemplo, por el PIOT.

Con su nuevo pronunciamiento, que, aunque se remonta a mayo, fue entregado a las partes recientemente, el fiscal exonera de toda culpa, de momento, al resto de miembros del gobierno local imputados por este caso, que ha marcado gran parte de la política local desde 2002, con múltiples implicaciones y acusaciones cruzadas.

Así, la Fiscalía pide al juzgado número 3 de la Provincia el sobreseimiento provisional de las actuaciones en lo que respecta a Andrés Manuel Hernández, María Elba Delgado, Abel Lucio Acosta Armas y Laurentino Quintana Estévez “por no resultar de la investigación criminal indicios suficientes de su participación en los hechos, al constar como única intervención de los mismos durante la tramitación del procedimiento administrativo que culminó con la aprobación del Plan Parcial El Varadero en el pleno del 29 de junio de 2004, en la comisión informativa de un día antes y en otra del 18 de diciembre de 2002, celebrada al margen del procedimiento del plan parcial”.

Para el fiscal, estos concejales solo pudieron obrar en consonancia con la información que les facilitaban los tres acusados y por “los informes jurídicos favorables que acompañaban el expediente, sin conocimiento exacto de las diversas vicisitudes por las que atravesó este último, ni de cuál era el alcance de la normativa de aplicación”. En cambio, la Fiscalía considera que el alcalde, Mora y la secretaria sí eran conscientes de las presuntas irregularidades.

El gobierno local continúa pendiente de la resolución del recurso que ha presentado ante la Audiencia Provincial. La acusación, por su parte, confía en que la jueza atienda a sus argumentos y amplíe las imputaciones. A falta de estas resoluciones, lo cierto es que el caso parece cada día más encaminado hacia un juicio oral.

Este escrito se une al contundente y clarificador auto judicial de julio del año pasado, en el que la jueza que llevaba entonces el caso cuestiona la labor del alcalde, la de los cinco ediles citados y la de la secretaria. La magistrada Cristina Guerra Pérez los mantuvo como imputados al vislumbrar claros indicios de prevaricación, si bien acordó el “sobreseimiento provisional de la causa” a otros 6.

En un lenguaje directo, la magistrada sostuvo que los imputados, “puestos de común acuerdo y a sabiendas de la ilegalidad (…), realizaron actuaciones irregulares para aprobar un plan por silencio positivo con conocimiento pleno de su ilegalidad y de los evidentes impedimentos que habrían impedido su aprobación si se hubiera tramitado según la ley”.

La jueza sostiene también que se aprobó el proyecto conociendo sus consecuencias y censura a la secretaria por “informar de forma favorable” el 25 de junio de 2002 realizando “una, cuando menos, sorprendente interpretación del artículo 4 de la Ley 6/2001 de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio, reconociendo primero la necesidad de suspensión de los planes parciales y admitiendo después que el plan tenía por objeto la ordenación de un suelo de uso residencial turístico, concluyó, sin embargo, que se cumplía con la ley con un argumento inadmisible para cualquier jurista; con la finalidad de que el plan siguiera con su tramitación”.

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LADRONES Y ATRACADORES DE TEGUESTE (TENERIFE) CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN S/C DE TENERIFE. CASO LAS TERESITAS Y CASO MAMOTRETO.

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