LORENZO OLARTE Y LA CORRUPCIÓN.

14 agosto, 2011 at 19:28 Deja un comentario

Rogelio Frade

La investigación ha descubierto conversaciones entre los investigados con Rogelio Frade (exdirector general de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria por Nueva Canarias) mediante las que se intenta “que les adjudiquen diversos contratos, aprovechándose de la relación que tienen”.

Las Palmas de G.C.

Hernández, Barrios y Medina

Se detectaron “conversaciones y reuniones” con los ediles socialistas Néstor Hernández e Inmaculada Medina y Nardy Barrios (Compromiso). En el caso de Barrios, Olarte no quiere que sepa que él está detrás y los contactos los efectúan sus socios. Se pretenden contratos de hasta 1 millón de euros.

Santa Brígida

Lucas Bravo y Amalia Bosch

En Santa Brígida la investigación apunta a que “se intenta” contactar con el alcalde, Lucas Bravo de Laguna (PP), y con la concejal de Urbanismo, Amalia Bosch (Los Verdes), “con la intención de que se les adjudiquen diversos contratos de jardinería” en los que también intervendría el Cabildo.

Teguise

Dimas Martín

“Aparecen conversaciones en las que Olarte pretende influir en el alcalde, José Dimas Martín (PIL). Dicha influencia se pretende llevar a cabo a través del padre del alcalde, Dimas Martín, en aquel momento ingresado en prisión”. El objetivo, “contratos públicos”.

Fuerteventura

Natalia Évora y Mario Cabrera

Los socios de Olarte contactan con la consejera de Medio Ambiente, Natalia Évora. La consejera les habla de adjudicarles el ajardinamiento de una rotonda a cambio de que compren las plantas en un vivero propiedad del presidente del Cabildo, Mario Cabrera (CC).

Tenerife

Ricardo Melchior y Bermúdez

La investigación detectó conversaciones entre Olarte y el presidente del Cabildo tinerfeño, Ricardo Melchior (CC), con el fin de conseguir contratos para una empresa turística de Olarte. “Parece que se produce una reunión con José Bermúdez”, vicepresidente.

La fiscal quiere saber si 11 instituciones firmaron contratos con el ex presidente

Una empresa de Olarte proponía plantar árboles en la capital por más de un millón de euros

Cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura; ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, Mogán, Arucas, Teguise, Tías y Yaiza y además el Consorcio turístico del Sur grancanario. La delegada de la Fiscalía Anticorrupción en Tenerife, María Farnés Martínez, pide al juez que mande oficios a al menos once instituciones públicas de cuatro islas diferentes para verificar si dieron contratos de jardinería a empresas de Lorenzo Olarte después de detectar conversaciones telefónicas en las que éste proponía las adjudicaciones.

Farnés indica que “aunque para la existencia del delito de tráfico de influencias no es necesario que se produzca resultado alguno, entiende el Ministerio Fiscal que deberían solicitarse de cada uno de los organismos públicos ante los cuales los imputados han intentado conseguir la adjudicación de determinados contratos, si efectivamente se llegaron a presentar algunos proyectos por parte de los mismos y si finalmente resultaron adjudicatarios de los mismos”.

Anticorrupción asegura que “constan en las actuaciones determinadas conversaciones que ponen de relieve la existencia de indicios que revelan la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias”.

Las Palmas de Gran Canaria

Según se desprende de las investigaciones llevadas a cabo por la policía, Olarte y sus socios mantienen diferentes conversaciones telefónicas con cargos públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al objeto de intentar conseguir diferentes contratos de jardinería. En algunas conversaciones se detecta cómo los socios de Olarte llegan a decir que “tenemos ventaja por tener a Lorenzo Olarte ahí”, según el escrito de Farnés.

“De las intervenciones telefónicas se desprende que se han producido diversas conversaciones y reuniones con los concejales Néstor Hernández, Inmaculada Medina y Bernarda Barrios”, explica Anticorrupción. Entre los contratos que se han pretendido conseguir destacan: a) Ladera Cruz de Piedra. 600 árboles. Entre 400.000 y un millón de euros. b)Árboles en las calles Viera y Clavijo, González de Fraga, General Bravo y Francisco Gourie. 70.000 euros. c) 400.000 árboles más por un importe de casi 400.000 euros.

También constan conversaciones en las que Olarte pide a Inmaculada Medina que “tratase bien” a su socia, “llegando incluso a darle un regalo que le había traído de China”.

  • Según publicó la Provincia el 14 de julio de 2011:

La ´operación Hubara´ investiga a Olarte por presuntas influencias políticas

La fiscal Anticorrupción pide al juez que verifique si el ex presidente obtuvo adjudicaciones públicas tras las gestiones realizadas con políticos de CC, PP y PSOE que aparecen en los pinchazos telefónicos

La Fiscalía Anticorrupción solicita al juez que se investigue al ex presidente del Gobierno de Canarias Lorenzo Olarte por un presunto tráfico de influencias supuestamente cometido en instituciones de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife gobernadas por CC, PP y PSOE. A partir de datos obtenidos mediante escuchas telefónicas, la Fiscalía quiere que se averigüe si Olarte obtuvo contratos de instituciones públicas gracias a sus influencias políticas con dirigentes de los tres partidos. En su escrito, que ha dado pie a unas diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas, Anticorrupción resalta que el tráfico de influencias es delictivo con independencia de que fructifiquen o no las gestiones efectuadas y pide al Juzgado que verifique si Olarte ofreció contratos a la Administración pública y si el ex presidente resultó finalmente adjudicatario de algún servicio.

Los hechos que han dado pie a esta iniciativa fueron descubiertos por la Policía Judicial de Tenerife en el marco de la operación Hubara sobre la presunta trama de financiación ilegal del Centro Canario Nacionalista (CCN), de la que ha venido informando LA PROVINCIA. Olarte, que fue candidato al Cabildo de Gran Canaria en 2007 por el CCN, tenía las comunicaciones intervenidas, tanto las telefónicas como las de correo electrónico.

Con los datos de las escuchas en sus manos, la delegada de Anticorrupción en Santa Cruz, María Farnés Martínez, emitió un exhaustivo informe a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital tinerfeña, María de Lorenzo Cáceres Farizo, que dirige la operación Hubara. La juez de Santa Cruz, a su vez, dictó un auto de inhibición en favor de los juzgados de Las Palmas y remitió el informe de Anticorrupción acompañado de veinte tomos con las transcripciones de las conversaciones telefónicas intervenidas y los correos electrónicos interceptados. El Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, donde el informe cayó mediante reparto, ha dictado la apertura de diligencias previas y ha decretado secretas las actuaciones.

La policía detectó conversaciones telefónicas en las que Olarte pedía adjudicaciones de contratos públicos relacionados con jardines a numerosos cargos del Archipiélago: “Todos me respetan. Yo puedo aportar abrir puertas como no te imaginas”, decía Olarte en conversaciones y correos electrónicos interceptados por la policía. Farnés pide que se investigue al ex presidente; su hijo, Lorenzo Olarte Lecuona; y su socia en empresas de jardinería, María Luisa Romero Bocillo.

‘Modus operandi’. Según se desprende de la investigación de la Policía Judicial, las tres personas investigadas “mantienen conversaciones con personas que ocupan determinados cargos políticos con la intención de asegurarse la obtención de contratos con determinadas administraciones públicas. Incluso pretenden intervenir en determinados procedimientos negociados, mediante la presentación de tres ofertas de tres empresas distintas, todas ellas bajo el control de Lorenzo Olarte”, explica el informe de la Fiscalía Anticorrupción.

“En una de las sociedades debía figurar abiertamente en el consejo de administración Lorenzo Olarte, con la intención de que la misma fuera desechada por ser él parte interesada; la otra empresa debía presentar una propuesta totalmente inviable con la oferta; y la tercera empresa, en la que Lorenzo Olarte no constaría directamente, sino a través de persona interpuesta, sería la beneficiaria del contrato”, resume la fiscal María Farnés.

“Parece desprenderse que con estas maniobras se pretende hacer ver que los procedimientos negociados no se han visto influenciados por la figura del ex presidente del Gobierno”, concluye Farnés. Ahora, el Juzgado ha de averiguar si hubo finalmente contratos.

El teléfono de Olarte echa humo

Las escuchas realizadas en el marco de la ‘operación Hubara’ que esgrime la Fiscalía apuntan que el

expresidente pidió favores para sus negocios y su familia a Soria (PP), Spínola (PSOE) y Berriel (CC)

El teléfono móvil del expresidente del Gobierno Lorenzo Olarte echa humo a la hora de solicitar a políticos de los tres principales partidos de Canarias favores para su familia y empresas. Al menos esta es la conclusión que se desprende del escrito remitido por la delegada de la Fiscalía Anticorrupción en Santa Cruz a un juzgado de Las Palmas en el que implica al exdirigente centrista en un presunto delito continuado de tráfico de influencias.

En la documentación elaborada por la fiscal Anticorrupción María Farnés aparecen transcritas horas de conversaciones de Olarte con dirigentes del PP, PSC y CC. A todos les pide un trato de favor para sus negocios y todos atienden sus llamadas. Lo que quiere saber ahora Farnés es si además de descolgar el teléfono, los interlocutores de Olarte accedieron a sus ruegos. En las charlas con Olarte aparece el ex vicepresidente del Gobierno y líder del PP, José Manuel Soria, el nuevo consejero socialista de Presidencia y Justicia, Francisco Fernández Spínola, y el consejero de Ordenación del Territorio de CC, Domingo Berriel.

Farnés pide en un minucioso informe que la Justicia investigue si Olarte incurrió en un fraude de subvenciones al usar ayudas públicas para fines “particulares”. Se trata de subvenciones otorgadas por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, que entonces dirigía José Manuel Soria, y de la Cámara de Comercio de Las Palmas.

En la pieza separada abierta a partir de la ‘operación Hubara’ sobre la presunta financiación ilegal del CCN, la fiscal relata que, en apariencia, Soria medió para reducir el reintegro de una subvención mal utilizada por Lorenzo Olarte y después para agilizar el pago de la siguiente. Pero el líder del PP canario no es el único cuyo nombre figura en las conversaciones pinchadas por la policía, que salpica también a cargos públicos del Partido Socialista y de Coalición Canaria. Así, el diputado socialista Francisco Hernández Spínola, recién nombrado consejero autonómico de Justicia, medió presuntamente para que un hermano suyo suavizara una inspección tributaria a una empresa de Olarte. Según el relato de Anticorrupción, otras conversaciones apuntan que Olarte pidió y logró que Domingo Berriel, de Coalición Canaria y entonces consejero de Política Territorial del Gobierno, colocara a su hermano Gonzalo Olarte de responsable turístico de la empresa pública Grafcan por un sueldo de tres mil euros.

La fiscal Anticorrupción informa en el documento de lo ocurrido con subvenciones de las que se benefició Olarte para la Fundación de Integración y Cooperación de Canarias con China (FICC), que supuestamente utiliza para fines particulares. En una auditoría, Hacienda detectó que la subvención a esta fundación correspondiente a 2009 no se usó para los fines por los que fue concedida, lo que provocó un expediente de reintegro al erario público. Los pinchazos policiales del teléfono de Olarte revelan que, una vez solicitada la devolución, Olarte contactó con Soria “al objeto de que dé instrucciones a la directora general de Promoción Económica, Jimena Delgado, para que reduzca la cantidad a devolver”. Delgado remite un correo electrónico a Soria, que éste a su vez reenvía a Olarte, en el que “le dice que acaba de firmar la resolución y que el final no ha podido reducirlo a 3.000 euros, sino que tendrá que reintegrar 6.933 más 268 de intereses de demora. Delgado argumenta que han afinado lo máximo posible, pero que estaba muy mal justificada”.

Agilización de cobros

La fiscal cree que, a pesar de conocer que Olarte supuestamente destinaba las subvenciones a otros fines, Soria agilizó el cobro de otra subvención del año 2010. Así, “al objeto de poder recibir la transferencia de la subvención de 2010”, Olarte remite nuevos correos a Soria: “Es preciso que llames al interventor general, Hernández Bento, con la máxima urgencia…”, “te agradezco tu intervención por si pudiera hacerse efectivo sin aguardar a final del mes”. A ello, Soria responde: “Me intereso de inmediato y de digo algo. Un fuerte abrazo”.

Farnés explica a continuación que “pudiera entenderse que se produce la intermediación del Sr. Soria, toda vez que poco después se produce una llamada de Mari Carmen Hernández Bento, (directora general de Estudios Socio-Económicos del vicepresidente del Gobierno de Canarias, actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y hermana del interventor) a Lorenzo Olarte para decir que ‘el tema tuyo está arreglado. Mañana, ummmm, lo cobran, ¿vale?”.

Además, María Farnés cree que el recién nombrado consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, medió para que un hermano suyo redujera una sanción que, con ocasión de una inspección de Hacienda, se le impuso a una empresa de Olarte, Cantrust.

“Referente a la inspección que la Hacienda canaria está realizando a Cantrust SL”, recoge Anticorrupción en su informe, “se producen diversas conversaciones entre Lorenzo Olarte y Francisco Hernández Spínola (entonces diputado del Parlamento por el Grupo Socialista) con ocasión de una inspección que Hacienda está llevando a cabo a Cantrust y ser precisamente el hermano de dicho diputado el funcionario que la está llevando a cabo, todo ello con la intención de que dicho funcionario tenga conocimiento de que detrás de esa empresa se encuentra Lorenzo Olarte, aunque no aparezca formalmente, dado que le ‘pueden meter ahí un paquete. Además, un año malísimo, pero el que viene es peor”, se recoge en una conversación.

Anticorrupción cree que “las conversaciones fructificaron toda vez que Olarte conversa con Manuel Luis López Alvarado (persona que consta como administrador de Cantrust) y reconoce que ha hablado con Hernández Spínola y con su hermano Pedro, con el cual dice que se ha reunido, y ha alcanzado un acuerdo beneficioso para la sociedad, imponiéndoles la sanción mínima”. Según los pinchazos telefónicos, el hermano de Spínola no pudo hacer más porque “el inspector jefe no le permitía más, pero que lo va a poner todo, en una sanción mínima”.

El informe de la Fiscalía Anticorrupción también se detiene en Domingo Berriel, entonces consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias y que el pasado lunes renovó su cargo: “Olarte contacta con Domingo Berriel Martínez para solicitarle que contrate a su hermano, Gonzalo Olarte”, explica Farnés. “Incluso refiere haber contactado con Paulino Rivero para conseguir un puesto de trabajo para su hermano”.

En otra conversación interceptada por la policía en la operación Hubara, “Gonzalo Olarte le dice a su hermano Lorenzo que tras haber hablado con Berriel, éste la ha dicho que le va a hacer responsable turístico de Grafcan, entidad dependiente de la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, entre tanto salga ‘alguna cosa mejor’, lo que supondrá una nómina mensual de 3.000 euros”.

  • Publicado en La Provincia:

En la información facilitada por la Fiscalía Anticorrupción al Juzgado se relatan los presuntos contactos de Olarte con diferentes instituciones, entre ellas el Cabildo grancanario, los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida o Teguise, así como con las corporaciones insulares de Fuerteventura y Tenerife. Según la Fiscalía, se establece una relación de contactos telefónicos o mediante correo electrónico hasta con once instituciones, por lo que la fiscal quiere saber si finalmente se firmaron contratos con algunas de ellas. Además de Olarte también están siendo investigados su hijo Lorenzo Olarte Lecuona y su socia en empresas de jardinería, María Luisa Romero Bocillo.

  • Según artículo publicado en Canarias Ahora el 15 de julio de 2011:

La trama de presunta financiación ilegal del CCN salpica al veterano político por intentar contratos para una empresa de jardinería.

La operación Hubara da otra vuelta de tuerca. La investigación policial y judicial abierta por la presunta financiación ilegal del CCN presidido por Ignacio González salpìca de lleno al ex presidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Olarte. El que fuera también candidato centrista al Cabildo de Gran Canaria en las elecciones de 2007 aparece en el sumario del caso instruido en el Juzgado 4 de Santa Cruz de Tenerife, como posible autor de un presunto delito de tráfico de influencias, a juicio de la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez.

La juez tinerfeña María de Lorenzo se ha inhibido en favor de un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, Instrucción 6, para que investigue si Olarte ha cometido ese presunto delito, ante diversas instituciones públicas, con el fin de conseguir contratos públicos para una empresa de jardinería de su hijo, Lorenzo Olarte Lecuona, según ha publicado La Provincia.

La investigación del caso Hubara contiene numerosas grabaciones de conversaciones telefónicas de Lorenzo Olarte, en las cuales podría estar intentado influir ante administraciones públicas gobernadas por todos los partidos políticos canarios, para conseguir esos contratos de jardinería.

Aparecen, del otro lado del presunto tráfico de influencias, concejales socialistas de LPGC como Néstor Hernández o Inmaculada Medina, Nardy Barrios, de Compromiso, alcaldes como Lucas Bravo (PP, Santa Brígida), José Dimas Martín (PIL, Teguise), presidentes de cabildos como Ricardo Melchior (CC, Tenerife) o Mario Cabrera (CC, Fuerteventura), el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC) o Rogelio Frade (NC), ex director general de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria.

La fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al Juzgado de Instrucción 6 de LPGC si once instituciones públicas llegaron a firmar contratos con el ex presidente, a través de una empresa que proponía plantar árboles por más de un millón de euros, en concreto en Las Palmas de Gran Canaria. Y opina que el delito de tráfico de influencias no tiene por qué lograr su objetivo último para cometerse.

  • Según artículo publicado en la Provincia el día 16 de julio de 2011:

Las conversaciones de Olarte que ahora Farnés quiere que sean investigadas forman parte de una pieza separada abierta a partir de la ‘operación Hubara’ sobre la presunta financiación ilegal del CCN. En esas conversaciones aparecen el ex vicepresidente del Gobierno y líder del PP, José Manuel Soria, el actual consejero socialista de Presidencia y Justicia, Francisco Fernández Spínola, y el consejero de Ordenación del Territorio, Domingo Berriel.

Con respecto a Soria, el ex consejero de Hacienda pudo haber mediado con la entonces directora general María del Carmen Hernández Bento para reducir el reintegro de una subvención mal utilizada por Olarte y, después, para agilizar el pago de la siguiente, correspondiente al año 2010.

“Causa extrañeza que por parte de la Fiscalía se sorprenda y se considere no adecuado que por parte de la Administración de la Hacienda pública se reclame el reintegro de una subvención destinada a fines distintos para los que se pidió”, sobre todo porque el proceso concluye con el “reintegro ín-tegro” de la misma, señaló Moreno.

En cuanto a la petición de Olarte a Soria para agilizar la subvención del año 2010, el portavoz de Justicia del PP afirmó que debido a la crisis económica “gran parte de empresarios y ciudadanos exigían a las administraciones públicas la agilización de los pagos pendientes”.

El actual consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno canario, Francisco Hernández Spínola, reconoció ayer que recibió una llamada del ex presidente Lorenzo Olarte para concertar una entrevista y ponerle en contacto con un hermano suyo. “Me parecía que era una gestión normal, como funcionario público que soy he recibido muchas llamadas de esa naturaleza y, francamente, ni antes ni ahora le doy la mayor importancia porque sé de la profesionalidad de los funcionarios, que actúan con rigor y cumpliendo la ley”.

Spínola indicó que de la gestión que le pidió el ex presidente del Gobierno -ponerle en contacto con su hermano con motivo de una inspección de Hacienda a una empresa del ex presidente- “el resultado hubiese sido el mismo tanto si me hubiera hecho la llamada como si no”.

El dirigente socialista no se mostró preocupado porque las llamadas de Olarte figuren en un informe de la Fiscalía Anticorrupción para que sean in-vestigadas por la Justicia. “Yo recibo llamadas de esa naturaleza o parecidas muchas, tanto cuando he tenido responsabilidades políticas como cuando he sido funcionario. Haber re-cibido a estas personas en ab-soluto ha supuesto ninguna modificación sobre el papel que como funcionario he realizado, el respeto a la legalidad ha de imperar y siempre he actuado bajo el cumpli-miento de la ley tanto de una forma como de otra”.

Spínola no cree que Lorenzo Olarte se excediera en sus influencias por ser ex presidente: “Se trataba únicamente de concertar una entrevista, yo ni siquiera conocía el contenido de la misma”, asevera el titular de Presidencia y Justicia del Ejecutivo regional.

Por su parte, el consejero de Obras Públicas y Política Territorial, Domingo Berriel, rehusó manifestarse en relación con la aparición de su nombre en el informe de la Fiscalía que pide la investigación judicial de los contactos del ex presidente Olarte con instituciones y cargos públicos. Berriel prefiere que la Justicia continúe con su trabajo sin entrar en más valoraciones. El dirigente majorero aparece junto a nombres como Soria y Hernández Spínola.

  • Según artículo publicado en Canarias Ahora el 19 de julio de 2011:

La Consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, Natalia Évora, ha asegurado a Fuerteventura Ahora no tener constancia de haber tratado con alguna empresa relacionada con el ex presidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Olarte. Sin embargo, ha reconocido que “hablar he hablado con mucha gente”, aunque “no conocía ni que él tuviera una empresa, ni que venían en su nombre”.

Son declaraciones de Évora enmarcadas en la denominada ‘Operación Hubara’, por la que se investiga a Olarte por un presunto tráfico de influencias en distintas Instituciones del Archipiélago gobernadas por Coalición Canaria (CC), el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSC), según hizo público el diario La Provincia.

Este medio situó parte de los hechos en el Cabildo de Fuerteventura, donde indicó que los socios de Olarte contactaron con Évora que “les habla de adjudicarles el ajardinamiento de una rotonda a cambio de que compren las plantas en un vivero propiedad del presidente del Cabildo, Mario Cabrera”.

Évora afirma que los únicos datos que tiene del caso son los que ha podido saber a través de los medios que “no nombran a la empresa en cuestión, así que no sé con quién se mantuvieron las conversaciones”. Tampoco dice conocer la susodicha rotonda y manifiesta sentirse “sorprendida”, porque “aquí llaman empresas a diario”.

Sobre la supuesta compra de plantas en un vivero propiedad de Cabrera, asegura que es falso y que “me imagino que será un error”, porque el presidente insular “no tiene ninguna empresa”. Aunque indica que “no sé de donde viene” esta acusación, la relaciona con que “lo que le decimos a cualquier empresa que quiere instalarse en Fuerteventura es que cuente siempre con las entidades de la Isla, esa es una recomendación que hacemos porque nos interesa que el personal y proveedores sean gente de aquí”.

  • Según extracto de artículo escrito por Borja Valcarce en La Provincia el 2 de diciembre de 2011 bajo el título “Lorenzo Olarte, imputado por tráfico de influencias. El expresidente canario declaró el pasado miércoles”:

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Galván, ha citado a declarar en calidad de imputado al ex presidente del Gobierno de Canarias Lorenzo Olarte por un presunto delito de tráfico de influencias. Según la investigación realizada, Olarte utilizó supuestamente sus influencias políticas en varias instituciones canarias y con dirigentes de los tres partidos para llegar a obtener contratos públicos.

Olarte acudió a los juzgados situados en la calle Granadera Canaria en la mañana del pasado miércoles, donde declaró ante el juez Galván por unos hechos que destapó la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción de Tenerife en el marco de la operación Hubara, la presunta trama de financiación ilegal del Centro Canario Nacionalista (CCN).

Los indicios de la comisión de un presunto delito por parte de Olarte, llevaron a la fiscal delegada de Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, a solicitar a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital tinerfeña, María de Lorenzo Cáceres Farizo, que investigase al ex presidente, todo ello dentro de la operación Hubara que dirige. Sin embargo, dictó un auto de inhibición en favor de los juzgados de Las Palmas y remitió el informe de Anticorrupción acompañado de veinte tomos con las transcripciones de las conversaciones telefónicas intervenidas y los correos electrónicos interceptados.

Fue el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria en el que recayó el informe mediante reparto.

La petición de Farnés solicitaba a la Justicia que investigase si Olarte incurrió en un fraude de subvenciones al usar ayudas públicas para fines “particulares”.

Las conversaciones que el ex presidente del Gobierno mantuvo tuvieron a varios interlocutores. Entre ellas, destacan las mantenidas con el diputado del congreso y líder del PP, José Manuel Soria; el consejero socialista de Presidencia y Justicia, Francisco Fernández, y el consejero de Ordenación del Territorio de CC, Domingo Berriel.

Administraciones implicadas.

En la investigación realizada por la Policía Judicial de Tenerife, siempre según el escrito de la fiscal delegada de Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife María Farnés, se descubrieron contactos telefónicos entre el ex presidente del Gobierno Canaria Lorenzo Olarte, y cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura; ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, Mogán, Arucas, Teguise, Tías y Yaiza y con el Consorcio turístico del sur grancanario.

Hasta un millón de euros.

En las conversaciones que Olarte mantuvo con diversos interlocutores de las administraciones canarias, interceptadas durante la investigación, llegaron a citarse contratos públicos de jardinería por valor de hasta un millón de euros, recogió la fiscal. Las conversaciones intervenidas fueron muchas: con Rogelio Frade, Inmaculada Medina, Néstor Hernández, Nardy Barrios, Lucas Bravo, Amalia Bosch, Dimas Martín, Natalia Évora, Mario Cabrera, Ricardo Melchior y José Bermúdez, entre otros.

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CASO ARONA SUELDOS DE L@S POLITIC@S DE ICOD DE LOS VINOS

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