DIMAS MARTIN. APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN

14 agosto, 2011 at 18:45 Deja un comentario

Según articulo publicado en Canarias 7 el 12 de septiembre de 2011 bajo el titulo “El fiscal pide sentar a Dimas Martín y a su mujer ante el jurado”, escrito por Antonio F. de la Gándara:

“El fiscal solicita a la juez del caso Unión que forme una pieza separada con las supuestas actividades ilícitas de Dimas para ocultar obras ilegales en una vivienda de su mujer en Los Rostros (Yaiza) y que siente ante el jurado a Martín, a la alcaldesa de Yaiza y al alcalde de Tinajo.”

“La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife la formación de una nueva pieza separada del caso Unión con el fin de sentar ante el jurado popular al ex presidente del Cabildo de Lanzarote Dimas Martín, a su mujer Elena Martín, a la alcaldesa de Yaiza Gladys Acuña, al alcalde de Tinajo Jesús Casimiro Machín, y al teniente de alcalde de Yaiza Leonardo Rodríguez como presuntos autores de delitos contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público, tráfico de influencias y prevaricación (estos últimos, sólo a los funcionarios públicos).”

No creo que haya que poner bajo la responsabilidad de un tribunal popular este tipo de casos, ya que los miembros del jurado popular pueden ser presionados para actúen en favor de los culpables. Esto lo debería resolver un juez, que está en principio más protegido ante las coacciones que pueda sufrir. Y además se debe investigar en profundidad de que el juez no tenga ningún tipo relación con los acusados.

“Según fuentes forenses, las acusaciones –no son las únicos ni los más graves que se presentan contra Martín en el seno del caso unión; de hecho, se le considera el líder y el instigador de la compleja trama delictiva– por los que la Fiscalía entiende que debería crearse una pieza separada para ir desbrozando el macroproceso están relacionado con las obras presuntamente ilegales que Martín promovió en una vivienda a nombre de su mujer situada en el paraje de Yaiza conocido como Los Rostros.”

“En el escrito del fiscal, el Ministerio Público sostiene que, a pesar de que la vivienda y su finca se encuentran en suelo rústico de especial protección, Dimas Martín promovió en la sombra obras para la construcción de una piscina de 30 metros cuadrados, ampliación de tres habitaciones en una edificación ya existente y amurallamiento de parte de la finca sin contar con los preceptivos títulos habilitantes, ni licencia municipal de obras ni calificación territorial.”

“Apunta Anticorrupción que, cuando el Seprona denunció las obras –en marzo de 2009– por su «contradicción frontal con el planeamiento de aplicación, Dimas Martín, «prevaliéndose» de su relación personal con la alcaldesa de Yaiza, «influyó y telefoneó en varias ocasiones al objeto de que le paralizara el expediente sancionador y que, en todo caso, el decreto de paralización por la evidente irregularidad lo redactara de tal forma que no identificara al verdadero titular de la vivienda, ni al promotor de las obras y otros aspectos, todos ellos tendentes a evitar el oportuno expediente sancionador y precinto de las obras».”

“La acusación cree que Gladys Acuña, atendiendo a las peticiones de Dimas Martín, habría «mentido de forma intencionada en la resolución de paralización de la obra, que refirma datos importantes como son el nombre de la constructora o la localización del paraje, con el fin de permitir a Dimas Martín valerse de las irregularidades en el expediente administrativo, logrando así dilatar el procedimiento administrativo sancionador».”

Según Diario de Las Palmas de G.C. del día 31 diciembre de 1999 en el artículo titulado “El juicio aplazado contra Dimas Martín, a mediados de febrero” escrito por C.S.

Se sentará en el banquillo acusado de cohecho por la supuesta compra de un voto en el Ayuntamiento de Arrecife en 1995.

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha fijado para mediados del próximo mes de febrero la vista oral en la que se enjuiciará a Dimas Martín por un delito de cohecho. El político conejero tendrá que responder por la acusación de la supuesta compra -por doce millones. de pesetas- de un voto en el Ayuntamiento de Arrecife en 1995 a un concejal electo del PP. El juicio fue suspendido en octubre pasado.

El caso del voto “comprado” podría costarle a Dimas Martín hasta cinco años de prisión menor y 30 millones de pesetas.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha fijado para el17 y 18 de febrero próximos la vista oral después de que la renuncia a la defensa por parte del letrado que asistía al otro de los acusados, junto a Martín, provocara su aplazamiento este otoño.

Además de Dimas Martín Martín la acusación pública imputa a Juan Carlos Hernández Cabrera también el delito de cohecho. En sus conclusiones el fiscal estima que procede imponer a Dimas Martín la pena de cinco años de prisión menor, una multa de 30 millones de pesetas o tres meses de arresto sustitutorio y la mitad de las costas; frente a los tres años solicitados para Juan Carlos Hernández y la inhabilitación especial para cargo público por un período de ocho años y una multa de igual importe o período de arresto.

Según el escrito de acusación Juan Carlos Hernández Cabrera, concejal electo por el PP,accedió supuestamente a la propuesta de negociación realizada por Martín para despejar el acceso a la alcaldía del candidato de su partido, que se conseguiría con su abstención en el pleno constituyente, celebrado el 17 de junio de 1.995.

A cambio se le ofrecieron presuntamente 12 millones de pesetas que se fraccionarían cada ejercicio anual a razón de 3 millones, una sustanciosa cantidad que se completaría con la retribución de 300 mil pesetas netas mensuales por su cargo de concejal delegado de Tráfico, Policía y Personal. Martín ya fue condenado por sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1.993 por un delito de cohecho a una pena de dos meses de arresto mayor y a inhabilitación especial para cargo público y derecho de sufragio activo y pasivo por seis años y un día. El Supremo dictaría una resolución posterior, el 9 de octubre de 1.996, por la que se declaró cumplida la pena de inhabilitación especial.

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