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LADRONES Y ATRACADORES DE ARONA (III). PGO DE ARONA

PGO DE ARONA.

El Cabildo de Tenerife asumió algunos aspectos contenidos en el Plan General de Arona (PGO) con los que no estaba de acuerdo, según reconocieron representantes políticos y técnicos en el marco de una reunión extraordinaria de la Comisión de Turismo celebrada en septiembre de 2009, presidida por el entonces responsable del área y vicepresidente primero de la Corporación insular, José Manuel Bermúdez.

Éste, en calidad de representante de dicha administración en la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), participó en la reunión del 20 de diciembre de 2006 en la que fue aprobado parcial y condicionadamente el PGO aronero.

“Bermúdez votó que sí al documento (así se recoge en el acta de esa reunión y, aunque pidió insistente y reiteradamente que se corrigiera, reconoció que no le hicieron caso), a pesar de que el Cabildo condicionaba ese voto positivo a la realización de correcciones en tres grandes superficies de suelo, especialmente”. Ahora quiere echar balones fuera, pero esto es lo que pasa por votar si sin que se corrijan las cosas, que donde dije digo ahora digo Diego. Y este tipo cobraba lo que cobraba en el Cabildo y ahora cobra lo que cobra en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El hombre, debe ser muy inocente sabiendo con quien se juega los cuartos o es que ahora quiera echar balones fuera.

“Una de ellas ocupa 152.080 metros cuadrados en El Fraile, en los que se pretendía autorizar la construcción de hasta 1.064 viviendas al recalificarse gran parte de dicha superficie, que inicialmente era de 87.445 metros cuadrados y que la Cotmac ordenó ampliar hasta la cifra final.”

“En este caso, el Cabildo de Tenerife consideró que la pretensión del Ayuntamiento de Arona no contradecía lo contemplado por el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), pero sí el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (Pteot). Por ello, planteó reparos “acotando” la actuación propuesta.”

“Una situación diferente se vivió en otros dos puntos: Guaza y Guargacho. En esa reunión extraordinaria de la Comisión de Turismo se puso de manifiesto que la Corporación insular sí apoyaba lo planificado por el Ayuntamiento de Arona para ambos casos, pero no su realización en la forma que pretendía aplicarlo la corporación.”

“Juan Luis Viscasillas, jefe del Servicio Técnico de Planes Insulares, fue quien expuso ante la comisión extraordinaria de Turismo la coincidencia del Gobierno insular con la pretensión del Consistorio aronero de planificar el crecimiento de Guargacho y Guaza, pero matizó que “no estábamos de acuerdo con que se produjera a lo largo de la carretera de Guaza a La Galletas y ampliando el frente de la vía que enlaza Guargacho con Las Galletas”.

“Todo ello implicaba la recalificación de una amplia franja de suelo. Viscasillas dejó claro que el Ayuntamiento de Arona defendía la aplicación de esa medida “en virtud de los convenios urbanísticos suscritos”. Es en ese momento en el que el jefe del Servicio adujo que “los técnicos representantes del Cabildo en la Ponencia Técnica (foro en el que se debaten y deciden previamente los asuntos de la Cotmac) asumieron esa postura de forma colegiada”, apoyando así la iniciativa del municipio sureño.”

“Concluyó asegurando que, por tal motivo, el Cabildo emitió finalmente un informe favorable a la clasificación del suelo en estos dos enclaves del municipio aronero.”

Todo un ejemplo de cumplimiento de las leyes por parte de una institución como el Cabildo de Tenerife, que manda a unos incompetentes (Juan Luis Viscasillas y José Manuel Bermudez) a dar el visto bueno en la COTMAC, a unos corruptos que quieren aprobar un PGO especulativo que hace aguas por todos lados y de esta manera con su voto afirmativo legalizaron lo ilegalizable, salvo que un juez diga lo contrario y les haga pagar esto.

23 agosto, 2011 at 19:15 Deja un comentario

LADRONES Y ATRACADORES DE ARONA (II).GASTOS

Según BOP de Santa Cruz de Tenerife del 12 de julio de 2011:

LOS CRISTIANOS.

  • Rehabilitación de las aceras y rotonda de la calle Finlandia, Los Cristianos” lo que se publica a los efectos de dar cumplimiento al artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Arona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Servicios Públicos.

c) Número de expediente: 000001/2011-CNT-CSPO.

2. Objeto del contrato.

Descripción del objeto: acondicionamiento de los aparcamientos y acera, así como la incorporación de nuevos espacios ajardinados, solucionar el drenaje en su intersección con la Avda. La Habana y la renovación de la red de abastecimiento.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

Precio 190.099,55 euros, y 9.504,98 euros IGIC.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2011.

b) Contratista: Jesús Manuel Negrín Fagundo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe o canon de adjudicación: 190.000,00 euros, y 9.500,00 euros IGIC.

 

23 agosto, 2011 at 19:06 Deja un comentario

LADRONES Y ATRACADORES DE ARONA (TENERIFE)

Relación de ladrones y atracadores. Según el BOP de Santa Cruz de Tenerife del 15 de julio de 2011:

José Alberto González Reverón. Alcalde. Cobrará 71.100, 12 euros anuales. Comienza su andadura política en 1991, y en 1995 entra a formar parte como concejal en la candidatura de ATI-MEI. En 2003 es elegido como alcalde de Coalición Canaria y en el 2007 repite alcaldía.

Francisco Jose Niño Rodríguez. Cobrará 60.000 euros anuales. Área de Turismo y Sanidad.

Antonio Luis Sosa Carballo. Cobrará 55.199, 90 euros anuales.  Área de Presidencia y Medio Ambiente. Ámbito Funcional: Residuos, Servicios Públicos de Agua, Playas, Zonas Verdes y Protección del Medio Ambiente y adjunto a la Presidencia.

María Candelaria Padrón González. Cobrará 55.199, 90 euros anuales. Área de Economía, Hacienda y Recursos Humanos. Ámbito Funcional: Intervención, Tesorería, Recaudación, Gestión Tributaria, Presupuestos, Control de Compras, Contratación y Recursos Humanos.

Martina Melo Melo. Cobrará 48.360,06 euros anuales. Área de Vivienda y Concejalía de Zona Oeste. Ámbito Funcional: Política de Suelo, Bolsa de vivienda y Atención al Ciudadano Zona Oeste.

Jesús Ramón García Hernández. Cobrará 48.360, 06 euros anuales. Área de Obras, Infraestructuras  y Mantenimiento. Ámbito Funcional: Obras, Instalaciones Eléctricas, Plan de Barrios, Cementerios y Parques Infantiles.

Marcos Afonso Esquivel. Cobrará 55.199,90 euros anuales. Área de Promoción Económica y Transporte.

Carmelo Manuel García Martín. Cobrará 38.540,04 euros anuales. Área de Urbanismo. Ámbito funcional: Urbanismo, Ordenación y Gestión, Disciplina y Actividades.

Manuel Reverón González. Cobrara 55.199,90 euros anuales. Área de Seguridad, Movilidad Urbana y Fiestas. Ámbito Funcional: Seguridad Ciudadana, Tráfico, Protección Civil, Movilidad Urbana y Fiestas.

Miguel Ángel Méndez Fernández. Cobrará 48.360,06 euros anuales. Área de Cultura y Educación.

Eva Luz Cabrera García. Cobrará 38.540,04 euros anuales. Área de Participación Ciudadana.

Mónica Sierra Fumero. Cobrará 38.540,04 euros anuales. Área de Deportes y Juventud.

Clara María Pérez Pérez. Cobrará 38.540,04 euros. Area de Servicios Sociales.

Personal de confianza o eventual para el mandato 2011-2015.

  • Según BOP de Santa Cruz de Tenerife de 22 de agosto de 2011.

José Antonio Torres Bethencourt. Coordinador de Información perteneciente al Organismo Autónomo de Deportes, con las funciones de relación con los clubes y llevar la información de la agenda deportiva. Percibirá un salario base bruto mensual de 1.424,57 euros y dos pagas extras (c/u.) de 1.424,57 euros.

Según BOP de Santa Cruz de Tenerife de 23 de septiembre de 2011.

  • Jaquelín Domínguez Reverón. Secretaria de Alcaldía, cuyo régimen retributivo mensual es el siguiente: Salario base bruto mensual: 1.425,00 euros. Dos pagas extras (c/u): 1.425,00 euros.
  • Sofía Domínguez Martín. Responsable de Prensa, cuyo régimen retributivo mensual es el siguiente: Salario base bruto mensual: 2.071,42 euros. Dos pagas extras (c/u): 2.071,42 euros.
  • María Desirée Valentín Herrera, Secretaria de Concejalías, cuyo régimen retributivo mensual es el siguiente: Salario base bruto mensual: 1.425,00 euros. Dos pagas extras (c/u): 1.425,00 euros.
  • Herminia Esperanza Tacoronte Sánchez, Secretaria de Concejalías, cuyo régimen retributivo mensual es el siguiente: Salario base bruto mensual: 1.425,00 euros. Dos pagas extras (c/u): 1.425,00 euros.
  • Francisco David Tavío González, Colaborador de la Concejalía de Medio Ambiente, cuyo régimen retributivo mensual es el siguiente: Salario base bruto mensual: 1.425,00 euros. Dos pagas extras (c/u): 1.425,00 euros.

Presidencia de los Organismos Autónomos.

Patronato de Cultura. Miguel Ángel Méndez Fernández.

Patronato de Turismo. Francisco José Niño Rodríguez.

Según BOP de Santa Cruz de Tenerife de 31 de octubre de 2011:

  • Juan Luis Marcelino Barrera. Auxiliar administrativo, cuyo régimen retributivo mensual es el siguiente: Salario base bruto mensual: 1.406,35 euros. Dos pagas extras (c/u): 620,17 euros.

Patronato de Deportes. Mónica Sierra Fumero.

Patronato de Servicios Sociales. Clara María Pérez Pérez.

Noticia arreglada por los asesores de imagen. Nunca digas cuanto cobras sino lo que ahorras en la prensa. Arona vuelve a recortar el gasto y congela los sueldos de sus concejales

El alcalde plantea reducir el número de cargos de confianza en un 70%

Según declaraciones del alcalde al diario la Opinión de Tenerife:

“Congelar los sueldos de los concejales y reducir el número de cargos de confianza en un 70% con respecto al anterior mandato son las primeras medidas de ahorro y contención del gasto que tiene intención de aplicar el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, en su nuevo mandato”.

“De este modo, los trece concejales que integran la mayoría absoluta del gobierno nacionalista en el Ayuntamiento de Arona conservarán los mismos sueldos que en el anterior mandato. El alcalde confirmó ayer que el presupuesto municipal no experimentará ninguna alteración en este sentido, ya que propondrá al pleno el próximo martes la congelación de los salarios de los ediles y la reducción de los cargos de confianza.”

Me pregunto ¿por qué hace esta reducción de cargos de confianza ahora y no la hizo antes si era necesaria porque la crisis que yo sepa no empezó hoy? Es curioso que sólo se diga lo que se va a ahorrar y no las cantidades que cobrarán esos concejales y alcalde a los que solamente se les va a congelar el sueldo.

El Gobierno municipal de Coalición Canaria (CC) mantendrá, asimismo, el mismo número de concejales con dedicación exclusiva. Con estas medidas, que forman parte del plan de austeridad puesto en marcha por el Ayuntamiento de Arona el año pasado, González Reverón busca evitar que su equipo suponga una carga mayor para las arcas locales. Además, ha destacado el hecho de que en 2010, los sueldos de los miembros del Gobierno municipal se redujeron, siguiendo el consejo marcado por la FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias.

Ahorro.

“La propuesta que el alcalde elevará a la próxima sesión plenaria extraordinaria incluye también una reducción del número de cargos de confianza en más de la mitad de los que tuvo en el anterior mandato municipal, lo cual supondrá un importante ahorro para el Ayuntamiento. Asimismo, en el pleno se establecerán las cuantías de las dietas de los miembros de la Corporación que no tendrán dedicación exclusiva.”

“En relación con el plan de austeridad, González Reverón destacó ayer que, además de la congelación de salarios y de la reducción de cargos de confianza, procederá a reducir gastos protocolarios, gastos corrientes, fiestas y ahorro energético. Asimismo, anunció que tiene previsto optimar los recursos de los distintos patronatos municipales, compartiéndolos.”

Sigo sin entender porque todas estas medidas no se tomaron, se supone que un buen gestor público debe siempre intentar que los gastos públicos sean los adecuados y sólo hacer las inversiones de dinero público absolutamente necesarias. Parece con sus declaraciones el alcalde de CC reconocer que se hizo despilfarro de dinero público por no tomar las medidas adecuadas en el momento adecuado.

“Seguiré apostando por la participación ciudadana y por la transparencia en la gestión municipal como bien hemos venido realizando en estos últimos años”, resaltó el alcalde. A su vez, tras subrayar que Arona es el municipio más transparente de Canarias, según la organización Transparencia Internacional España, manifestó su compromiso de continuar siéndolo y de, al mismo tiempo, dar cumplida y detallada cuenta de la situación económica municipal a los ciudadanos.”

FUENTE:

http://www.laopinion.es/tenerife/2011/07/02/arona-vuelve-recortar-gasto-congela-sueldos-concejales/355154.html

La realidad que parece no ver el alcalde de Arona y de la que no habla en los medios de comunicación.

El gobierno aronero de CC estrena el mandato atosigado por condenas indemnizatorias escandalosas, por mobbing contra un trabajador al que habían acusado sin pruebas de pifias económicas y por ilegalidades urbanísticas, ambientales, de contratación y económicas

Servicio de limpieza del municipio de Arona.

“Juegan a las cartas, relatan historias, cuentan chistes, se aburren soberanamente por lo lentas que pasan sus horas de ‘secuestro’ laboral y flipan con lo que les está pasando. Y esto no es nuevo, ¡llevan así desde febrero!, es decir, desde que este servicio adjudicado por 101,6 millones de euros por ocho años (12,7 millones al año) fue asumido por el nuevo adjudicatario. Querer trabajar y no encontrar curro es triste, pero tener curro y no poder trabajar es, cuanto menos, patético (eso sin contar el temor de esos trabajadores a ser despedidos por exceso de plantilla).”

“Primero porque el alcalde, Berto González Reverón, ordenó al anterior concesionario tanto de palabra como vía decretos (Camilo Álvarez Sánchez) sobredimensionar la plantilla por encima de las necesidades del servicio (tal y como refleja la transcripción de las escuchas de mi bestseller favorito: el Caso Arona).”

“Y segundo porque él, su ex querido concejal de Limpieza, Antonio Sosa (sigue siendo concejal, pero ya no es tan querido por Berto), y el resto de su gobierno cocalero se empecinaron en adjudicar este millonario contrato a una empresa que no dispone de los camiones de recogida que hacen falta (a pesar de que la disponibilidad de los vehículos precisos era una condición supuestamente impepinable para poder optar a la adjudicación, o al menos eso es lo que pone el pliego de condiciones del concurso).”

Aparato de propaganda del alcalde.

Radio Arona y Tele Arona, servicios principalmente propagandísticos que el año pasado le costaron 236.000 euritos a las arcas municipales (y ha habido años más caros…). Bueno, es más grave… que le cuestan 236.000 euritos a los servicios sociales y asistenciales de los aroneros, pues tanto la radio ‘municipal’ como el programa de Canal 4 (el de Miguel Concepción) dedicado ‘al municipio’ ¡¡¡¡se costean desde Sociedad de Desarrollo S.A. (ADESA), a través de la que se financian las infraestructuras y recursos sociales y asistenciales!!!!

Algunos pagos que van a tener que hacer los vecinos del municipio de Arona por el desastre de gestión de su Alcalde.

El Ayuntamiento tiene que buscar dinero para pagar unos 15 millones de euros. Unos cientos de miles de euros al que fue el concesionario del servicio municipal de recaudación. Unos miles de euros por la denuncia y las medidas injustificadas contra un empleado de ese servicio acusado de desajustes en las cuentas. Unos cuantos cientos de miles de euros más a la empresa a la que le encargaron el desmonte de suelo rústico en la Cruz del Guanche. Alrededor de 11 millones de euros a tres ex concesionarios (Camilo Alvarez, Chijafe y el tercero me falta por confirmarlo). Y unos dos millones de euros a la propiedad de Zentral Center.

FUENTE:

http://eldigitaldecanarias.net/noticia50820.php

CARGOS DE CONFIANZA. SUELDOS 2006 Y 2010. VEREMOS LOS NUEVOS CAMBIOS.

COLABORADOR DE SEGURIDAD  cobraba 25.000 euros.

SECRETARIA DE CONCEJALÍAS cobraba  20.519,86 euros.

RESPONSABLE DE PRENSA cobraba 32.629,80 euros.

SECRETARIA DE LA CONCEJALÍA DE FIESTAS cobraba 20.300 euros.

OTRO RESPONSABLE DE PRENSA cobraba 32.280,21 euros.

JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA cobraba 32.629,80 euros.

SECRETARIA DE CONCEJALÍAS cobraba 21.000 euros.

Otra SECRETARIA DE CONCEJALÍAS cobraba 21.000 euros.

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE cobraba 39.000,92 euros.

Otra SECRETARIA DE CONCEJALÍAS cobraba 21.000 euros.

COLABORADORA DE LA CONCEJALÍA DE FIESTAS cobraba 24.166,50 euros.

Otra SECRETARIA DE CONCEJALÍAS cobraba 21.000 euros.

SECRETARIA DEL ALCALDE  cobraba 21.000 euros.

COLABORADORA DE LA CONCEJALÍA DE LA ZONA OESTE cobraba 25.200 euros.

COLABORADOR DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE, PLAYAS Y LIMPIEZA cobraba 22.830 euros.

JEFE DEL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO cobraba 32.629,80 euros.

COLABORADOR DEL PLAN DE BARRIOS cobraba 25.200 euros.

SECRETARIA DE ALCALDÍA cobraba 20.850 euros.

COORDINADOR DE LAS OBRAS MUNICIPALES cobraba 39.000,92 euros

FUENTES:

http://blancahari.com/2011/07/01/el-gobierno-aronero-se-congelara-los-sueldos-by-crazy-horse/

https://sede.arona.org/portal/sede/fdes_d4_v10.jsp?contenido=32156&nivel=1400&tipo=6

http://blancahari.com/2011/06/20/al-bertismo-se-le-acabo-el-glamour-primera-parte/

http://blancahari.com/2011/06/20/al-bertismo-se-le-acabo-el-glamour-parte-ii/

http://blancahari.com/2011/06/25/al-bertismo-se-le-acabo-el-glamour-parte-iii/

16 agosto, 2011 at 19:57 Deja un comentario

CASO ARONA

Tener en cuenta que la información no citada expresamente proviene del estupendo blog de denuncia que realiza Blanca Hari y que esto todavía son apuntes para hacer una nota sobre la corrupción urbanística en Arona.

Según artículo publicado en el Diario de Avisos del 31 de julio de 2011, con el título ‘CASO ARONA’ > FIN A LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL. “El juez ve indicios de que el grupo CC-CAN-PP favoreció a empresas” y escrito por Vicente Pérez.

El juez del caso Arona, Nelson Díaz, que ha dictado un auto por el que pone fin a la fase de instrucción, ha seguido varias líneas de investigación que han dado pie a la imputación de 40 personas, incluidos cargos públicos actuales y pasados de cuatro partidos, entre ellos el alcalde, José Alberto González Reverón (CC); Manuel Barrios (edil del CAN), José Luis Delgado (consejero insular del PSOE), Félix Sierra (exconcejal y consejero insular del PP), además de seis técnicos y funcionarios del Ayuntamiento sureño, tres arquitectos, un empresario, dos policías locales y un guardia civil, tal como ya ha informado este diario en días anteriores.

Una de las ramificaciones del caso tiene que ver con la adjudicación de obras (en el auto se citan cerca de 80) para “favorecer” a cuatro empresas fraccionando su importe y no tener así que sacarlas a concurso público, “a pesar de las advertencias de ilegalidad realizadas por el secretario de la corporación municipal y los reparos del interventor de fondos del Ayuntamiento”, según consta en el auto judicial, dictado el pasado 15 de julio y dado a conocer el pasado miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Por tal motivo, el magistrado imputa a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local formada por CC, PP y CAN que votaron a favor de estas adjudicaciones entre 2003 y 2007, al hallar indicios de un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística. En concreto, se trata del alcalde, los citados Sierra y Barrios, así como Daniel Martín (CAN)), Juan José Alayón (CC), Sebastián Martín (CC), José Luis González (CAN) y Alfonso Barroso (CC).

El Juzgado precisa como principales empresas supuestamente beneficiadas a Félix Quemada Nieto SA (se citan en el auto hasta 19 adjudicaciones de obras de asfaltados a esta constructora), Construcciones Ferralla Santana SL (16 contratos de acerado y albañilería), Construcciones Pepe de la Rosa SL (13 adjudicaciones para mantenimiento de obras municipales) y Flores y Plantas del Nordeste SLU (10 adjudicaciones).

En el listado, el juez menciona igualmente expedientes administrativos de aprobación de proyectos de obras y contrataciones a favor de otras empresas, como Galván y González Engineering SL, CAC SCOOPTDA, Raimundo Acosta Ramos, Prefabricados Santa Bárbara, Comerson España SL, Miguel Ángel Grillo, Automotor Canarias, Pedro Luis Darias y el arquitecto Fernando Andrés Pérez.

Este modus operandi, según el auto, consistía en el “sistemático fraccionamiento de contratos y vulneración de la legislación referente al Patrimonio Municipal, e infringiendo así lo dispuesto en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas del año 2000”.

El Juzgado también ha detectado indicios de una trama de cobro de comisiones ilegales de la que formarían parte Félix Sierra (cuando era edil de Urbanismo), Eliseo de la Rosa González (arquitecto municipal) y Roberto de Luis (aparejador municipal), entre otras personas, a quienes se atribuye un delito continuado de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

Según artículo publicado por el periódico el digital de Canarias de 28 de julio de 2011:

El auto del caso Arona hunde aún más la situación política del consejero socialista José Luis Delgado Sánchez que pasa de imputado a acusado

El juez que lo sentará en el banquillo ve indicios probados de tráfico de influencias

La pesadilla acaba de comenzar para el consejero con mayor peso político en el grupo que comanda Aurelio Abreu en el Cabildo y que ha pasado, a pesar de sus esfuerzos y sus recursos, de imputado a acusado y con ello a sentarse en un banquillo de la Audiencia Provincial para intentar defenderse de las acusaciones del magistrado instructor y de las partes que se han personado en este proceso.

José Luis Delgado es el primer político socialista de los últimos años en ser acusado y como tal debería dimitir de su cargo hasta que se solvente este juicio, pero no lo hará, porque mucho depende de su estancia en ese Cabildo y más ahora metido de lleno y con poder. Y está acusado además de un delito de tráfico de influencias, no de prevaricación administrativa, lo que le complica aún más su situación política.

Dice el magistrado en su auto que, “en relación al imputado José Luis Delgado Sánchez ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias, conforme a los siguientes hechos: las diligencias de investigación indican con carácter indiciario que el citado José Luis Delgado Sánchez, por entonces consejero del Cabildo Insular de Tenerife y administrador de la empresa Contel Ingenieros SL junto a su esposa María del Carmen Alfayate Casañas, y siendo dicha empresa la única socia de la empresa Contel Seguridad SL, prevaliéndose de su amistad con el alcalde de Arona José Alberto González Reverón le telefoneó en varias ocasiones solicitando de éste un trato de favor en relación con la adjudicación de un concurso por parte de dicho Ayuntamiento de Arona a favor de la empresa familiar del citado José Luis Delgado Sánchez”.

Precisa que “así se desprende indiciariamente de las conversaciones telefónicas interceptadas entre ambas personas, como la mantenida el 5-3-2008 a las 10´22 horas, y en la que José Luis Delgado Sánchez le dice al alcalde de Arona “si estaban pensando ya en adjudicar el concurso a alguna otra empresa para no perder el tiempo, que le eche una mano porque está fatal de trabajo”, así como en las conversaciones de fecha 6-3-2008 a las 20´37 horas o el 26-3-2008 a las 19´26 horas, en la que este imputado le dice al alcalde José Alberto González Reverón: “te pediré que me eches una mano para ver si lo puedo coger” [el concurso]”.

Por ello, a “José Luis Delgado Sánchez se le acusa de un delito de tráfico de influencias; delitos de los comprendidos en los artículos 14.3 y 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y procede seguir los trámites que establece el Capítulo IV, Título II, Libro IV de dicha Ley Procesal para el Procedimiento Abreviado, por así establecerlo el artículo 779.1.4ª de dicho texto legal”. Alea jacta est.

El juez instructor del caso Arona concluye que hay indicios probados que el alcalde, tres gobernantes y 27 personas más han cometido delitos penales

Berto ha cometido delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias.

Por fiiiiiiin ha terminado la fase de instrucción o investigación del Caso Arona I, esa que arrancó a principios del año 2007. Y, tachan tachaaaaaaan, el juez instructor ha visto indicios suficientes de que el alcalde, Berto González Reverón, tres concejales de su actual equipo de gobierno de Coalición Canaria y 27 personas más han cometido delitos penales y, hablando coloquialmente, ha iniciado el procedimiento de acusación previo al juicio oral.

Siendo fieles a la terminología jurídica, lo que ha ocurrido en la mañana de ayer es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias hizo público que el magistrado Nelson Díaz Frías ha dado prácticamente por terminada la fase de instrucción o investigación, que entiende que hay indicios claros de que el alcalde de Arona, al menos tres gobernantes más y otras 27 personas han cometido delitos penales, por lo que ha emitido un auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado y ha dado traslado del mismo a las acusaciones (Ministerio Fiscal y acusaciones particulares como la de Felipe Campos) para que formulen escrito de acusación y para que soliciten la apertura de juicio oral si así lo estiman oportuno (jeje, también podrían pedir el sobreseimiento de la causa, pero eso no va a pasar ni de coña).

Según el auto del juzgado número dos de Arona, de las diligencias de investigación practicadas ha quedado indiciariamente acreditado los siguientes hechos (copio literalmente):

1.- En relación a los imputados que conformaban la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arona desde 2003 a 2007 (es decir, José Alberto González Reverón, Félix Sierra Melo, Manuel Barrios Rodríguez, Daniel Martín Navarro, Juan José Alayón Beltrán, Sebastián Martín Martín, José Luis González Rodríguez y Alfonso Barroso Armas) la comisión de un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.

2.- En relación al imputado José Alberto González Reverón ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias por las gestiones que hizo y presiones que ejerció valiéndose de su cargo de alcalde del Ayuntamiento de Arona:

A) Para que no ejecutara la orden de demolición que pesaba contra la vivienda de su primo y actual concejal de Seguridad, Manuel Reverón González, había construido en suelo rústico de Los Migueles. En concreto, el auto recoge que el alcalde “trató de influir en su compañera de partido María del Pino de León Hernández, la cual era desde julio de 2007 consejera del Cabildo Insular de Tenerife del área de planificación territorial, a fin de conseguir que la sanción firme impuesta a su amigo, primo hermano por naturaleza y compañero de partido Manuel Reverón González referida a la demolición de su vivienda ilegal en Buzanada (Arona) deviniese inefectiva y no se llevase a la práctica”.

B) Ante el entonces director general de la Cámara de Comercio en Santa Cruz de Tenerife, Vicente Francisco Dorta Antequera, “con el fin de favorecer a su pariente, Carlos Enrique Morales Plasencia“, “conocido entre sus vecinos como Carlos Tacoronte”, para que se le adjudicara la plaza de técnico que ese organismo ofertaba en su delegación del Sur de Tenerife.

C) De las gestiones que hizo con la entonces subinspectora jefa y de la Policía Local aronera (Hortensia García) y presidenta del tribunal calificador de las oposiciones para 10 plazas de policía, para que a Nicanor Valentín Díazse le inflara indebidamente la puntuación de la prueba de habla inglesa y pudiera obtener así una de esas plazas.

D) “Con el fin de favorecer a sus amistades, así como otras personas con las que se sentía comprometido por motivos familiares, sociales o políticos” para que fueran contratadas en empresas concesionarias del Ayuntamiento como la de Limpieza y Recogida de Residuos (Camilo Álvarez Sánchez (CAS) y Clusa en esa época), a cuyo encargado, Ángel Artillo, daba encomiendas e instrucciones sobre a quiénes debía contratar. El auto cita como beneficiados por esos enchufes a “Aníbal, Antonio Suárez o Jairo Hernández Mora y entre las que menciona también en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil, a título meramente ejemplificativo, a un hijo del concejal también imputado en esta causa Alfonso Barroso Armas, a Iván García Rodríguez y su madre, a Candelaria Lesmes Fumero, a Carmen Delia Reverón, a Dácil López o a José Agostoo Fumero Correa, y todo ello, porque tal como el imputado José Alberto González Reverón le dijo Ángel Artillo en las conversaciones telefónicas intervenidas por orden de este Juzgado “son compromisos suyos”.

E) Para favorecer que la hija de María Bettina García Melo y de Kemel Baghdad Milou, fuera admitida en la guardería municipal, infuyendo en Milagros Jesús Suárez Martín (directora de la guardería municipal de Buzanada y trabajadora laboral de ADESA, sociedad municipal del Ayuntamiento de Arona) y en Nizamara Domínguez Gómez (personal laboral adscrita al patronato de Servicios Sociales del Ayuntamiento aronero así como miembro de la Comisión Técnica de Valoración de dicha guardería municipal) para que la referida menor de edad (que es hermana del amigo de un hijo del alcalde) fuese admitida en dicha guardería municipal “a sabiendas de que su madre, María Bettina García Melo, habría presentando en el ayuntamiento un documento de contenido falso relativo a que los padres de la menor Nur no convivían juntos”.

F) Con el fin de favorecer al grupo de empresas Expohoteles And Resorts, del que forma parte la empresa Pirámides de Arona SL (propietaria del Hotel Sir Anthony, sito en calle Luis Díaz de Losada nº 8, de Playa de las Américas, Arona), ya que “siendo perfectamente consciente de la realización de dichas obras de reformado ilegales en el mencionado establecimiento hotelero, no se adoptó en el correspondiente expediente la preceptiva orden de suspensión de las obras conforme a lo establecido por el artículo 176 del TRLOTENC, ni se impartió la orden para su cumplimiento efectivo por el concejal de Urbanismo de dicho consistorio”, Antonio Luis Sosa Carballo. El juez destaca la circunstancia de que el alcalde “obtenía gratuitamente, cuando así lo solicitaba, una habitación en los hoteles de dicho grupo empresarial situados en el sur de Tenerife, y en especial en el hotel Sir Anthony, para el uso privado y reservado del dicho José Alberto González Reverón, llegándosele a facilitar por el entonces delegado de dicho grupo empresarial en el sur de Tenerife, Rafael Estartús Carbó, el acceso a la habitación del hotel “por entradas discretas que no fueran las normales de cualquier huésped”.

G) Con el fin de favorecer a su primo segundo José Antonio González Costa, el cual en junio de 2008 estaba realizando una obra en una casa de su propiedad sita en Calle Real nº 35, de Buzanada (Arona), sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal, el imputado José Alberto González Reverón, teniendo conocimiento de la ilegalidad de dichas obras, dejó de promover las acciones oportunas para sancionar dicha irregularidad administrativa y, en el caso de que así hubiese sido procedente en derecho, ordenar la paralización de las referidas obras ilegales que su primo venía realizando.

H) Para favorecer a los vecinos José Ramón García Martín y Francisco García García, intercediendo ante el policía local Sebastián Fuentes Merino con el fin de influir en dicho agente de la autoridad para que no se ejecutara una multa que había puesto a los primeros.

3.- En relación al imputado Félix Sierra Melo, concejal de Urbanismo en el mandato 1999-2003 y concejal de la Junta de Gobierno en 2003-2007, además de consejero delegado de Sur de Tenerife en el Cabildo de Tenerife durante el pasado mandato 2007-2011 (del Partido Popular), ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de cohecho, tráfico de influencias y de prevaricación. (Casi nada las perlas que le cuelga este auto al ex político playero… Ya le dedicaré un capítulo aparte).

4.- En relación al imputado Elíseo de la Rosa González, ex arquitecto jefe de Urbanismo en el Ayuntamiento de Arona, ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de cohecho, tráfico de influencias y de prevaricación.

5.- En relación al imputado Roberto de Luis Jiménez, aparejador del Ayuntamiento de Arona, ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de cohecho, tráfico de influencias y de prevaricación, así como en su caso un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a funcionario público.

6.- En relación al imputado Arsenio Zamora Toledo ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de cohecho y tráfico de influencias. (Lo de estos tres imputados que pasaron varias semanas en prisión en relación a este caso, no es que de para un capítulo aparte. Xd, esto da para una novela completa…

7.- En relación al imputado Zenón Rodríguez Neris (arquitecto) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de cohecho y tráfico de influencias.

8.- En relación al imputado Antonio Luis Pablo González Tolosa (arquitecto) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de cohecho y tráfico de influencias.

9.- En relación al imputado Jorge Menéndez Díaz (arquitecto) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de cohecho y tráfico de influencias.

10.- En relación al imputado Antonio Luis Sosa Carballo, concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos en el mandato 2007-2011 y actual concejal de Medio Ambiente, ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de prevaricación y tráfico de influencias, así como de otro de malversación de caudales públicos.

11.- En relación al imputado Manuel Reverón González (concejal de Seguridad Ciudadana en el anterior y en actual mandato) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de prevaricación y tráfico de influencias.

12.- En relación a la imputada Clara María Pérez Pérez (concejal de Servicios Sociales en el anterior y en el actual mandato) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de prevaricación y tráfico de influencias.

13.- En relación al imputado Vicente Francisco Dorta Antequera ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.

14.- En relación al imputado Carlos Enrique Morales Plasencia, ex director de la Cámara de Comercio en Santa Cruz de Tenerife, ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.

15.- En relación a la imputada María Gladys Tacoronte Sánchez, (cuñada del alcalde y jefísima de Alcaldía y de la administración paralela (o Ayuntamiento extraoficial o en negro) que articuló el alcalde para canalizar los favores), ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.

16.- En relación al imputado Kemel Bahgdad Miloud (padre de la menor que el alcalde coló en la guardería municipal) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.

17.- En relación a la imputada María Betina García Melo (madre de la citada menor), ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de falsedad documental.

18.- En relación a la imputada Milagros Jesús Suárez Martín (directora de la guardería municipal de Arona) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias y prevaricación.

19.- En relación a la imputada Nizamara Domínguez Gómez, (personal laboral adscrita al patronato de Servicios Sociales del Ayuntamiento aronero así como miembro de la Comisión Técnica de Valoración de dicha guardería municipal) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias y prevaricación.

20.- En relación al imputado José Manuel Rodríguez Rodríguez (entonces cabo del servicio de Información de la Guardia Civil) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.

21.- En relación a la imputada Hortensia María García García (ex subinspectora jefe de la Policía Local de Arona y actual jefa de la Policía Local de Santiago del Teide), ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias y prevaricación.

22.- En relación al imputado Ángel Artillo de Los Ríos (entonces encargado de los servicios municipales de Limpieza y de Jardines, ahora sigue adscrito a este último) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.

23.- En relación al imputado Sebastián Fuentes Merino, Policía Local de Arona, ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.

24.- En relación a la imputada Sandra Esther Chinea Correa, ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.

25.- En relación al imputado José Luis Delgado Sánchez (por entonces consejero de la oposición socialista del Cabildo Insular de Tenerife y administrador de la empresa Contel Ingenieros SL) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.

Según artículo publicado por el periódico el digital de Canarias de 28 de julio de 2011:

El juez Nelsón Díaz Frías apunta en su demoledor auto para juicio oral que el ex consejero del PP en el Cabildo Félix Sierra cobró comisiones ilegales

La Policía Judicial de la Guardia Civil demostró un millonario aumento de patrimonio

Es uno de los treinta imputados que más negro tiene el panorama judicial y sobre el que el auto se detiene con demoledora complacencia y con un interés brutal en determinar todos los indicios que pueden llevar al ex consejero del PP en la anterior legislatura en el Cabildo y hombre fuerte de Cristina Tavío en el Sur de Tenerife, no solamente al banquillo de los acusados, si su abogado es incapaz de desactivar este auto y los escritos de las acusaciones, sino posiblemente la cárcel, dada la gravedad de los indicios apuntados en esta parte del auto del juez decano del juzgado de instrucción número 2 de Arona, antes número 7, donde nacieron las diligencias previas 486/07.

Dice el auto que, “en relación al imputado Félix Sierra Melo ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de cohecho, tráfico de influencias y de prevaricación”, lo que lo lleva al ránking máximo de todos los imputados.

Y lo hace de acuerdo a estos hechos, como que “el citado imputado ostentó el cargo de concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona en la legislatura de 1999-2003, siendo además concejal de Patrimonio de dicho ayuntamiento en la legislatura de 2003-2007. De la exhaustiva investigación patrimonial realizada a Félix Sierra Melo y ordenada por este Juzgado se desprende, tal como concluye la Guardia Civil en su informe patrimonial (folios 19.694 y siguientes de las actuaciones) que “Félix Sierra Melo ha conseguido un incremento patrimonial muy importante entre los años 1999 y 2004… pero a la vista de las sociedades en las que es partícipe tanto él como su esposa, el patrimonio que debe de imputársele es superior… la inmensa mayoría del patrimonio que se le imputa fue obtenido en el período 1999-2004, época en la que estuvo ligado políticamente con el Ayuntamiento de Arona… el aumento patrimonial que ha tenido el investigado [Félix Sierra Melo] en el período 1999-2004 ha sido elevado, aparentemente no acorde con su capacidad económica y por tanto obtenido de forma un tanto sospechosa…” y asimismo, en el informe ampliatorio realizado por la Guardia Civil a raíz de la entrada y registro ordenada por este Juzgado en el domicilio del referido imputado, se concluye por dicho cuerpo policial, después de haberse examinado exhaustivamente la documentación hallada en dicha entrada y registro así como la aportada por el propio imputado que, tal como expone la Guardia Civil en su detallado informe sobre el patrimonio acumulado por Félix Sierra Melo “al disponer de más datos sobre los ingresos y gastos desde 1999 hasta 2007 ambos inclusive, se observa más claramente que el imputado Félix Sierra debe o debía de disponer de ingresos no declarados; dinero que le permitiría, entre otros gastos, afrontar el pago de 45.000 euros en pagarés de la empresa Silama 2000 S. L. como parte de la adquisición del 20% de la finca rústica ya mencionada… Así se observa que estos pagarés fueron abonados a través de ingresos en efectivo… También se observa en la figura del hijo, Luis Sierra Ladrero, que en el año 2007 se le imputan por parte de CNP compañía de seguros, unos gastos de 20.000 euros aproximadamente. Habida cuenta que el hijo no tiene ningún tipo de ingresos conocidos, ni vida laboral, se entiende que esos gastos se hacen frente con los ingresos del imputado y esposa. Esos 20.000 euros revierten en sus cuentas corrientes como recuperados de un Plan de Seguros, por lo que al no haber cargo que justifique esa inversión se sospecha que se constituyó con dinero no declarado… Se concluye por tanto que el matrimonio compuesto por D. Félix Sierra y Dña. Alicia Ladrero deben de haber obtenido ingresos atípicos no declarados por un valor que podría oscilar sobre los 250.000 y 350.000 euros. Con este dinero podrían haber adquirido las propiedades de la sociedad Silama SL y tal vez de Ficsa y Laux SL; también podrían haber sufragado los gastos que se ocasionan para el mantenimiento diario de una familia y poder “ahorrar” los 294.000 euros que declaran tener en fondos de inversión y planes de pensiones”.

Un buen patrimonio

Así, “de la detallada investigación patrimonial realizada al imputado Félix Sierra Melo, su mujer Alicia Ladrero García y los hijos de éstos, así como las sociedades mercantiles de las que son partícipes, se desprende que a raíz de que Félix Sierra Melo ostentase el cargo de concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arona, dicho imputado es propietario, por sí o para su sociedad de gananciales, de los siguientes bienes inmuebles y muebles:

Vivienda en Avenida Chayofita nº 3, Residencial Meseñe, de Los Cristianos, adquirida en 1999.

Parcela urbana en el Plan Parcial El Mojón, de Los Cristianos, adquirida en 2001.

Vivienda sita en Camino San Bartolomé nº 15, de La Laguna, adquirida en 2004.

Plaza de garaje sita en Camino San Bartolomé nº 15, de La Laguna, adquirida en 2004.

Local comercial sito en Centro Comercial Oasis Shopping Center, de Playa de las Américas, adquirido en 2004.

Otro local comercial sito en Centro Comercial Oasis Shopping Center, de Playa de las Américas, adquirido en 2004 y a nombre de la entidad Ficsa y Laux SL (cuya legal representante es Alicia Ladrero García, esposa de este imputado).

Oficina en el edificio Valdés Center, torre A, planta 2, oficina 4, de Los Cristianos, y a nombre de la entidad Ficsa y Laux SL (cuya legal representante es Alicia Ladrero García, esposa de este imputado).

20% de una finca entonces rústica (hoy clasificada como suelo urbanizable sectorizado) situada en Chayofa, Arona, adquirida en 2000 por la empresa Silama 2000 SL (cuya legal representante es actualmente Alicia Ladrero García y en la que el imputado Félix Sierra Melo tiene el 50% de las participaciones sociales). Dicha finca fue adquirida a la entidad Franco Pujol S. L., existiendo indicios racionales para pensar que dicha finca fue adquirida inicialmente por lo que parece ser una “sociedad pantalla” (Silama 2000 SL) fundada por la suegra del imputado Félix Sierra, llamada Alicia García Jiménez, y un concuñado suyo llamado Luis Enrique Malo, de forma que una vez adquirida dicha parcela la referida sociedad pasó a ser comprada por este imputado y su esposa Alicia Ladrero García, la cual es su administradora única desde 2001.

Participaciones en las sociedades Silama 2000 S. L. y Ficsa y Laux SL

A todo ello ha de unirse, tal como recoge la Guardia Civil en su informe patrimonial obrante en autos, la “gran cantidad de ropa y complementos de gran valor y marcas conocidas como Loewe, DKNY, entre otras” cosas y objetos suntuarios que fueron hallados por la Guardia Civil en la entrada y registro que se practicó por orden de este Juzgado en el domicilio familiar de Félix Sierra Melo sito en Calle Pablos Abril nº 1, de Los Cristianos, el día 12 de septiembre de 2008.

Tres vehículos marca Volkswagen Polo, Mitsubishi Montero y Audi A6.

Falló la excusa del tío

Asimismo, “las diligencias de investigación practicadas ponen de manifiesto, con carácter indiciario, que las alegaciones realizadas por el imputado Félix Sierra Melo en sus declaraciones ante este Juzgador para intentar justificar el “sospechoso” incremento de su patrimonio durante los años que ocupó el cargo de concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona, tal como recogen los informes de la Guardia Civil arriba mencionados, no han logrado acreditar convenientemente ni el origen ni la forma en que se adquirió buena parte de dicho patrimonio. Así, y frente a las alegaciones que realizó Félix Sierra Melo en una de las declaraciones que prestó como imputado ante este Juzgado acerca de que un “tío carnal suyo llamado Benito Sierra Melo y que tiene 100 años de edad le ha nombrado heredero universal de sus bienes… y su referido tío desde hace años le da en mano al dicente unos 4.500 euros anuales que su dicho tío percibe por el alquiler de un local que tiene en usufructo vitalicio. Que dicha entrega de dinero se las hace su tío [Benito Sierra Melo] porque el declarante está encargado de cuidarlo” quedarían presuntamente desacreditadas por las investigaciones realizadas por la Guardia Civil en el entorno del referido Benito Sierra Melo, en concreto en relación con la entrevista realizada a Cayetana Leticia Piecho Delgado, cuya abuela Dolores estuvo casada con el citado Benito Sierra Melo, informándose por la referida Cayetana Leticia Piecho a la Guardia Civil actuante que “por humanidad y cariño, y debido al tiempo que estuvo casado con su abuela, se mantuvo el compromiso de seguir abonando el alquiler del local a Benito [Sierra Melo], al objeto de complementar la pensión que recibía esta persona. Que se le abonó la cantidad de 300 euros por este concepto, durante unos ocho o diez años. Que siempre se le entregó el dinero en efectivo a Benito y no a otra persona. Que Benito era una persona muy mayor, de la cual se encargaban entre todos y que se entretenía construyendo nasas de pesca y poco más. Que entre la familia se le atendía, le daban de comer, inclusive su marido René, le adecentaba la casa siempre que lo necesitaba”.

Asimismo, “las diligencias de investigación practicadas en este procedimiento, así como las intervenciones telefónicas realizadas, demuestran con carácter indiciario que hasta los propios familiares cercanos del imputado Félix Sierra Melo, como es el caso de su prima hermana y también concejal del consistorio aronero Marta Melo Melo, mostraban su desasosiego y temor ante la posibilidad de que la realidad y el importe del verdadero patrimonio de Félix Sierra Melo saliese a la luz y pudiese ser averiguado y conocido por este Juzgado, tal como se recoge en la conversación telefónica interceptada entre el imputado José Alberto González Reverón y la citada Marta Melo Melo el día 14-7-2008 a las 21´33 horas (folio 10.198 de las actuaciones) y en la que según informe de la Guardia Civil dichas personas: “vuelven a hablar del tema de la posible propiedad de un local de Felillo (Félix Sierra Melo) en la Milla de Oro [en alusión a la Avenida Las Américas, de Playa de las Américas, Arona]…

Marta: estoy que me muero, te lo juro, ay mi madre, venga.

Berto: como eso sea verdad… como eso sea verdad verás tú… vale… vale”.

Cobro de comisiones

Esta es la peor parte del auto respecto al dirigente popular: “asimismo, de la exhaustiva investigación patrimonial realizada al imputado Félix Sierra Melo y su familia conforme a las conclusiones halladas por la Guardia Civil y que se han expuesto más arriba, existen indicios para presumir que los ingresos dinerarios no declarados por Félix Sierra Melo y que le habrían servido para incrementar de forma “sospechosa” su patrimonio durante su etapa de concejal de Urbanismo aronero podrían presuntamente provenir de las comisiones ilegales que Félix Sierra habría podido estar cobrando, prevaliéndose de su cargo de concejal de Urbanismo y miembro de la Junta de Gobierno local de Arona, conforme a lo declarado en este procedimiento por los testigos José Ramón Ansorena Carrera y José Antonio Molina Luis, este último sobrino carnal del arquitecto técnico del Ayuntamiento de Arona Roberto de Luis Jiménez, el cual declaró ante este Juzgado que su referido tío Roberto de Luis formaba parte de una trama dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios y constructores de Arona a cambio de facilitar la concesión de licencias urbanísticas “bien agilizando los trámites o bien obviando irregularidades e ilegalidades en su concesión”; declarando también ante este Juzgado que “su tío Roberto le comentó en numerosas ocasiones que asimismo pagaba dinero frecuentemente a un concejal llamado Félix Sierra para asegurarse el voto favorable de éste a la hora de votar en la Junta de Gobierno Local sobre la concesión de licencias de obra. Que incluso su tío se jactaba de que a Félix Sierra lo tenía en nómina y que le pagaba medio millón de pesetas cada vez que necesitaba comprar su voto en la Junta de Gobierno Local” y que su tío le enseñó “bolsas con dinero que le acababan de entregar empresarios en pago de dichas comisiones ilegales”.

Por tanto, “de todas las diligencias de investigación practicadas se desprende que indiciariamente, teniendo en cuenta el inusitado patrimonio adquirido por Félix Sierra Melo durante la época en que ocupó el cargo de concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona y las conclusiones que sobre la adquisición de dicho patrimonio ha realizado la Guardia Civil en los informes encargados por este Juzgado, unido a las afirmaciones realizadas por los testigos José Ramón Ansorena Carrera y José Antonio Molina Luis relatando lo que su tío, arquitecto técnico municipal del ayuntamiento de Arona le habría contado en numerosas ocasiones acerca de las comisiones ilegales que cobraba Félix Sierra Melo, constituyen prueba indiciaria suficiente para imputar al citado Félix Sierra Melo un delito continuado de cohecho en concurso con otro de prevaricación como miembro de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arona y por la que presumiblemente habría estado cobrando comisiones ilegales a cambio de votar a favor de la concesión de determinadas licencias urbanísticas”. Todo lo demás ahora es suerte para el acusado y para el acusador.

Según artículo publicado por el periódico El Día del 28 de julio de 2011:

El juez mantiene 30 imputados al concluir las diligencias del caso Arona.

Nelson Díaz Frías puso fin a la instrucción con un auto en el que se incluye al alcalde, José Alberto González, acusado de prevaricación urbanística, tráfico de influencias y prevaricación, y al consejero de Carreteras y Paisaje del Cabildo, José Luis Delgado, por tráfico de influencias, entre otros.

El juez Nelson Díaz Frías emitió el pasado día 15 el auto de incoación de diligencias previas por el que concluye el periodo de instrucción del conocido como caso Arona, manteniendo la imputación a 30 acusados, entre ellos el alcalde, José Alberto González Reverón (CC), y el actual consejero de Carreteras y Paisaje del Cabildo tinerfeño, José Luis Delgado (PSC). El sumario 487/07 se halla en la fase de presentación de escritos por parte de las acusaciones y de las defensas, que es la previa a la celebración del juicio, que se producirá en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

El juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Arona entiende que existen indicios que permiten atribuir a los acusados delitos que podrían suponer la inhabilitación prolongada de algunos de ellos para ejercer cargo público.

En noviembre de 2006 fue cuando el PSC-PSOE de Arona puso en conocimiento de la Fiscalía expedientes que llevaron a ésta a presentar una querella contra la Junta de Gobierno Local del mandato 2003-2007 por los presuntos delitos de prevaricación y prevaricación continuada contra la ordenación del territorio por la adopción de 300 acuerdos, entre enero de 2004 y noviembre de 2006, de concesión de unas 200 licencias urbanísticas que, supuestamente, contaban con advertencia de ilegalidad. A ello sumaron 80 expedientes de contrataciones con informes contrarios.

Según el auto, José Alberto González, alcalde de Arona desde 2003, está acusado de un delito continuado contra la ordenación del territorio en la modalidad de prevaricación urbanística, otro delito continuado de tráfico de influencia y otro de prevaricación.

Manuel Barrios, miembro del gobierno local entre 2003 y 2007 como responsable de Urbanismo, está acusado de prevaricación urbanística; Daniel Martín, entonces concejal de Playas; Juan José Alayón, edil de Jardines; Sebastián Martín, de Hacienda, y otros miembros del grupo de gobierno, como Alfonso Barroso y José Luis González, lo están por prevaricación urbanística; lo mismo que Félix Sierra, quien también aparece acusado de cohecho, de un delito continuado de tráfico de influencias y de un delito continuado de prevaricación.

En el listado se incluye, asimismo, a Eliseo de la Rosa (arquitecto municipal) por cohecho, tráfico de influencias y prevaricación; lo mismo que el otro arquitecto, Roberto de Luis, mientras que al empresario Arsenio Zamora le imputa un delito continuado de cohecho y tráfico de influencias, al igual que a Zenón Rodríguez. Estos últimos fueron incorporados al sumario a través de una grabación realizada por el empresario José Ramón Ansorena, pieza fundamental en el desarrollo de este caso por sus aportaciones.

Otros más.

Este sumario abarca el mandato que acaba de finalizar. De él, se imputan los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, así como de malversación de caudales públicos, a Antonio Sosa (Urbanismo); A Manuel Reverón (Policía), de prevaricación y tráfico de influencias, lo mismo que a Clara María Pérez (Servicios Sociales). El entonces director general de la Cámara de Comercio, Vicente Dorta, está acusado de tráfico de influencias; lo mismo que la secretaria de Alcaldía y excuñada del regente, Gladys Tacoronte. El cabo primero del Grupo de Información de la Guardia Civil de Playa de las Américas José Rodríguez aparece acusado de tráfico de influencias, delito al que el juez suma el de prevaricación a Hortensia García, entonces subinspectora de la Policía Local de Arona y hoy jefa de la de Santiago del Teide. El nombre de Sandra Chinea está vinculado a la acusación de tráfico de influencias siendo trabajadora de La Caixa y mientras mantenía una relación sentimental con el alcalde. La misma acusación se atribuye al consejero insular del PSOE José Luis Delgado, hoy en el gobierno del Cabildo.

Alcalde Imputado con mayoría absoluta.

Ya son cuatro años y medio los transcurridos desde que comenzara el caso Arona, a pesar de lo cual José Alberto González Reverón obtuvo dos mayorías absolutas en las urnas. Que se mantenga su nombre en la lista de los imputados no sorprende, ni tampoco la retahíla de aspectos enumerados por el juez para ello porque ya destacaron en el propio sumario. Sin embargo, sí llama la atención que quien fuera concejal del gobierno local y del insular por el PP, Félix Sierra, aparezca con más imputaciones que el propio alcalde. Asimismo, resaltan sus propiedades inmobiliarias entre el listado amplio que figura en el auto de Nelson Díaz. Los nombres de quienes han formado parte de los dos últimos gobiernos aroneros circulan en las comunicaciones telefónicas intervenidas en estas diligencias entrelazándose en asuntos en los que predominan las influencias políticas hasta para obtener una plaza en una guardería pública. Es más, se refleja la presunta ilegalidad de la vivienda de un concejal haciendo que, incluso, tenga que intervenir y declarar ante el juez una consejera insular por ello. De este potaje no se salvan ni las relaciones personales y pasionales.

Según artículo publicado en el periódico la Provincia del 28 de julio de 2011:

El alcalde de Arona, imputado por prevaricación urbanística

La fase de instrucción del denominado ‘caso Arona’ ha terminado con más de treinta personas imputadas en diversos delitos

El Juzgado de Instrucción número 2 de Arona comunicó ayer el fin de la fase de instrucción del denominado caso Arona en el que se encuentran imputadas un total de treinta personas. Entre ellas se encuentra el alcalde del municipio del sur tinerfeño, José Alberto González Reverón, quien, junto a otros siete miembros que conformaban la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento entre 2003 y 2007, habría cometido presuntamente varios delitos urbanísticos.

En la investigación, llevada a cabo bajo la dirección del juez Nelson Díaz Frías, han quedado demostrados los indicios por los que se imputa al alcalde González Reverón y al resto de miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento: Félix Sierra Melo, Manuel Barrios Rodríguez, Daniel Martín Navarro, Juan José Alayón Beltrán, Sebastián Martín Martín, José Luis González Rodríguez y Alfonso Barroso Armas, la comisión de un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.

En concreto, recoge el auto emitido por el juzgado aronense, en diferentes sesiones de la Junta de Gobierno, entre 2004 y 2006, los imputados “votaron sistemáticamente a favor de la concesión de licencias municipales para la ejecución y reformado de obras, para la demolición y nueva construcción, para la prórroga de licencias o para la concesión de licencias de primera ocupación”. Todo ello con el conocimiento de los “informes desfavorables emitidos por los técnicos juristas del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento” y “la existencia de advertencias de ilegalidad realizadas por el secretario de la corporación”.

En su actuación, y según se desprende del auto de diligencias previas, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arona concedió casi 250 licencias municipales. Además, aprobó 79 proyectos de ejecución de obras y contratación de empresas, a través de contratos de obra menor, “a pesar de las advertencias de ilegalidad realizadas”, una vez más, “por el secretario y los reparos del interventor de Fondos”.

Todos estos expedientes se incoaron de esta forma, se explica en el auto, “para evitar sacar a concurso o licitación pública las obras y favorecer, principalmente, a las empresas Construcciones Pepe de la Rosa S. L., Félix Quemada Nieto S. A., Construcciones Ferralla Santana S.L. y Flores y Plantas del Nordeste S. L. U.”.

Delitos varios

Al alcalde de Arona, asimismo, el juez le imputa también un supuesto delito continuado de tráfico de influencias y de prevaricación, todos ellos recogidos y documentados a través de las conversaciones telefónicas que este mantuvo presuntamente desde 2007, momento en que se inició la investigación judicial, y que fueron intervenidas por orden del juez.

El resto de las personas imputadas en el caso Arona han sido acusadas, según cada caso, por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Con el fin de la fase de instrucción, el juez da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que formulen los respectivos escritos de acusación y calificación de penas de cara a la preparación del juicio oral.

Un regidor que supuestamente favoreció a sus familiares y amigos

El alcalde del Ayuntamiento de Arona, José Alberto González Reverón, favoreció supuestamente a más de ocho personas, entre familiares y amigos, según la investigación recogida en el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 2.

Por estos supuestos favores, el juez le imputa al regidor del municipio tinerfeño sendos delitos continuados de tráfico de influencias y de prevaricación.

En concreto, supuestamente ayudó a su primo hermano ante una multa de 150.000 euros y la demolición de una vivienda ilegal situada en La Montañeta, tras la incoación de un expediente sancionador por parte de la Agencia de Protección del Medio Ambiente.

Asimismo, también son supuestamente suyas las palabras dirigidas al jefe del servicio y contratación de la empresa concesionaria del servicio municipal de recogida de basuras, limpieza de playas, viales y mantenimiento de los jardines de Arona en las que decía: “Las jubilaciones las ves conmigo para ir metiendo [gente]“.

Todo ello, se asegura en el auto, “con el fin de favorecer a sus amistades, así como otras personas con las que se sentía comprometido por motivos familiares, sociales o políticos”. Así, la lista de favores y presiones que supuestamente realizaba se extendía por toda Arona.

Una red muy extensa.

Concejales. Entre las personas imputadas por el juez Nelson Díaz Frías se encuentran, además del alcalde de Arona, concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, de Seguridad Ciudadana y Recursos Huma- nos, y de Servicios Sociales y Sanidad, entre otros.

Otras áreas. También se encuentran imputados un director de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, auxiliares administrativos, personal laboral de los servicios sociales, varios arquitectos, guardias civiles y miembros de la Policía Local.

El ´caso Arona´ se salda de momento con 34 imputados. La lista alude a 12 ediles, técnicos, empresarios, una sargento y un agente de Policía Local.

La instrucción judicial del conocido como Caso Arona se salda de momento con al menos 34 imputados, entre los que figuran responsables políticos, funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Arona, un consejero del Cabildo de Tenerife, técnicos externos al consistorio, miembros de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, empresarios, un cabo de la Guardia Civil, un agente y una sargento de la Policía Local de Arona.

Y todos ellos se reparten imputaciones de más de 70 presuntos delitos que abarcan desde la prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, hasta falsedad documental, omisión del deber de denunciar y cooperación necesaria en delitos como el cohecho.

En el auto firmado por el juez instructor de este caso que arrancó en marzo de 2007 y que ha permanecido el último año y medio bajo secreto de sumario, figuran como imputaciones novedosas que han sido acordadas durante la investigación policial y judicial realizada durante el último año y medio bajo secreto de sumario, las de Carlos Enrique Morales Plasencia, Vicente Dorta Antequera y Pedro González Santiago, todos ellos por presunto tráfico de influencias y prevaricación. Esos mismos delitos se imputan a Kemel Bagdad y María Bettina García Melo (responsables de una inmobiliaria de Los Cristianos), a Nizamara Domínguez Gómez (trabajadora del Patronato de Servicios Sociales) y a Milagros Suárez Martín.

También citados por esos delitos de prevaricación y tráfico de influencias aparecen la sargento de la Policía Local de Arona, Hortensia García, el agente local Sebastián Fuentes, el arquitecto municipal Francisco García Hernández y el encargado del servicio municipal de limpieza Ángel Artillo y Sandra Esther Correa Chinea.

Aurelio Alonso Fumero y Amalia González han sido acusados de tráfico de influencias y falsedad documental y el guardia civil José Manuel Rodríguez de tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir delitos. También figuran como imputados Jorge Menéndez Díaz y Antonio Luis Pablo González Tolosa.

FUENTE: http://www.laopinion.es/tenerife/2009/07/01/tenerife-caso-arona-salda-momento-imputados/229304.html

La existencia de una especie de ayuntamiento paralelo al oficial desde el cual el grupo gobernante de Arona (CC) da respuesta a los deseos y necesidades de la población a través de favores con los que se intenta obtener un rédito electoral es una de las desviaciones de poder que, como resalta la acusación particular del conocido como caso Arona, ha quedado de manifiesto con las comparecencias judiciales de los seis políticos aroneros imputados que han declarado esta semana y, sobre todo, durante la comparecencia de ayer de la secretaria de alcaldía y cuñada del alcalde, Gladys Tacoronte.

Ayer prestaron declaración esta secretaria, el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Reverón, y la edil de Hacienda, Candelaria Padrón, imputados por prevaricación, tráfico de influencias y omisión del deber de denunciar delitos .

“Gladys ha confirmado toda la administración paralela irregular (o ayuntamiento en negro) que ha habido en Arona y toda la red de favores y tejemanejes que ha funcionado en esta alcaldía”, explica desde la acusación particular el letrado Antonio Espinosa. Éste incide en que esa red constata “los tráficos de influencias que se cometen en este ayuntamiento”.

Esa secretaria “es una pieza clave en la gestión irregular de esa alcaldía que hacía de todo y que era como el Corte Inglés de los favores, con infinidad de secciones”, señala.

En relación a esas “secciones de favores”, este periódico ha tenido acceso a documentos que evidencian cómo desde la alcaldía se gestionaba una especie de bolsa de empleo, otra de solicitudes de conexión eléctrica o de agua, de vados o de ayudas sociales, las cuales se resolvían pasando por alto o vulnerando el procedimiento correspondiente y legalmente establecido.

Agrega que Gladys Tacoronte “ha responsabilizado de todo al alcalde” y apunta que ayer en la sala “cuando salían a relucir cuestiones comprometidas, sufría los mismos problemas de memoria que padecen políticos imputados como Antonio Sosa, Clara Pérez, Manolo Reverón o Candelaria Padrón”.

Revelación. La acusación particular destacó que Tacoronte “confirmó un dato relevante para la investigación que termina de ennegrecer la situación del alcalde”. Especificó que ese dato “guarda relación con una revelación que hizo el jueves la concejal Clara Pérez, pero agravando aún más” lo que define como “una oscurísima situación judicial irreversible para el alcalde”.

Sobre la declaración de ayer de los ediles Manuel Reverón y Candelaria Padrón, Espinosa apunta que “como sus compañeros, también intentaron dar otro significado a las palabras” que dijeron mientras sus teléfonos estaban intervenidos, si bien “la segunda es más hábil y en las cuestiones comprometidas por lo menos entra a juego y tira la pelota a córner”.

Contra Reverón han salido a relucir anomalías vinculadas al perdón de la orden de derribo que pesaba sobre su vivienda clandestina y cuestiones vinculadas a multas. Y contra Padrón presuntas anomalías en pagos.

FUENTE: http://www.laopinion.es/tenerife/2009/09/12/caso-arona-destapa-red-favores-tejemanejes/243236.html

El juez Nelson Díaz Frías, actualmente en el Juzgado de Instrucción número 4 de Arona y decano del partido judicial hasta el año 2015, ha solicitado la comisión de servicio al objeto de continuar con el sumario del conocido como “caso Arona”, cuyas diligencias previas instruyó él mismo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7.

En la actualidad, dicha solicitud del magistrado juez está siguiendo el trámite reglamentado, aunque las fuentes consultadas han confirmado el interés de Nelson Díaz por seguir con el caso.

La llegada del juez al Juzgado de Instrucción número 4 de Arona obedece a “razones personales y profesionales” materializándose el cambio a través de un concurso de traslado, al que concurrieron unos 200 jueces de todo el país. Con ello se despeja la existencia de cualquier otra posible causa en el cambio de destino de Nelson Díaz, tal y como se aventuraba en algunos foros del municipio.

La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arona sigue siendo Ana Carolina Díaz tras la separación de este tipo de juzgados del de Instrucción.

http://www.eldia.es/2011-02-11/sur/8-juez-Nelson-Diaz-pide-continuar-instruccion-caso-Arona.htm

El juez del caso Arona llama a declarar como imputados al consejero socialista José Luis Delgado y al marido de la concejala y consejera insular Marilena Domínguez

Nelson Díaz Frías y Fiscalía admiten el escrito presentado por la acusación particular

Un duro golpe al PSC-PSOE de Tenerife. En primer lugar porque es el primer consejero insular socialista que pasa por los juzgados en la historia del grupo y porque José Luis Delgado, ex mano derecha del ex secretario general de José Miguel Fraga, fue un peso pesado en el partido hasta la llegada de Ignacio Viciana, tanto que fue uno de los que sentó a negociar entre los dos sectores y segundo porque el funcionario imputado, alto cargo y personal de confianza del alcalde nacionalista, es marido de la consejera y concejal aronera, Marilena Domínguez, que ve debilitada su posición ante esta temida por ella, imputación que deja igualmente a Paco Santamaría, que estaba en el lado de Delgado en la lucha por el poder orgánico, seriamente tocado, ya que lleva hace semanas apoyando a Domínguez en la lucha por el partido en el municipio.

Las dos imputaciones surgen de la mano de los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa, después que los abogados de la defensa y especialmente el que lleva al alcalde y al resto de imputados, decidieron divulgar las conversaciones telefónicas entre Berto y José Luis Delgado, aunque no todas, a cuenta de un concurso y una posible adjudicación. Pero los dos abogados no solamente enfilaron al consejero, sino que también incluyeron al funcionario, Juan Pedro, responsable de la modernización del Ayuntamiento y que tiene una especial relevancia en el sumario, en concreto en la provisión de una plaza para una mujer, pero que no se iba presuntamente a hacer de manera clara y respetuosa con la ley y los principios de igualdad y oportunidad.

Y el juez ha admitido sus argumentos y los ha mandado a llamar a los dos como imputados, para alborozo de CC, que ve como están implicándose más y más, cargos públicos socialistas. Esta imputación agrava ante el partido la situación del consejero insular, que en su momento se defendió a capa y espada, incluso ante López Aguilar, argumentando su inocencia, que la mantiene a pesar de todo y que sus motivos eran de lo más sanos y normales. Sin embargo lo cierto es que el 28 de enero tendrá que explicar ante el juez todo ese palique indebido y molesto con Berto, al igual que el funcionario municipal, pieza clave en el control del Ayuntamiento por parte del alcalde y sus concejales y especie de asesor para todo.

Los peores temores de sectores del partido en Arona y Santa Cruz se han hecho realidad y habrá que estar a la espera de lo que decidan la Insular y la Regional en el caso de José Luis Delgado, que como consejero insular al igual que Félix Sierra en el PP, ve lastrada su carrera política por el caso Arona. Otra cosa es el caso de la consejera a la que este asunto le afecta indirectamente, pero que no deja de tener su efecto, sobre todo ante el electorado aronero, ya que muchos han pensado en ella como la candidata de consenso para el 2011, pero con este asunto se le complica un poco su futuro.

http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia25673.php

Caso Arona: La acusación asegura que el alcalde reconoce en una cinta que recibe presiones

Arona/ El abogado Felipe Campos, personado en el llamado ‘Caso Arona’ como acusación particular, ha asegurado este viernes que pondrá a disposición del juez que instruye el caso una cinta en la que supuestamente el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, reconoce presiones de empresarios y concejales para redactar el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio.

El alcalde reta a la acusación particular a que entregue la cinta a los medios de comunicación

Campos recordó que en noviembre pasado, el redactor del PGO, Jorge Coderch, “reconoció que lo había redactado de forma irregular a petición de políticos”, supuesto que está denunciado, y que el periodista que lo publicó recibió amenazas de muerte.

Tras este hecho, el abogado dice que aportará de forma inmediata a la investigación una cinta que obra en su poder en la que supuestamente se escucha una conversación del alcalde con algunos vecinos y en las que se podía oír al alcalde admitir que él y algunos concejales decían al redactor “pon esto quita esto”, y que incluso reconoció: “Recibo presiones de los empresarios”.

Para Campos esta nueva prueba es “un reconocimiento definitivo de que el documento del PGO en sí es un delito de prevaricación y lo que parece sorprendente es que a estas alturas ese documento, que está en la Cotmac pendiente de subsanaciones, se esté siquiera planteando que pueda entrar en vigor”.

“No se entiende –añadió – que un documento en el que el propio redactor, el propio alcalde reconocen que está mal hecho y que se han recogido peticiones expresas de los propios concejales pueda regir la vida de un municipio”.

“METE TERRENO”

Otra de las frases que reprodujo el abogado de la cinta, grabada en diciembre del año pasado y en la que supuestamente el alcalde habla con vecinos sobre presiones e irregularidades en la redacción del PGO, fue la petición a Coderch de “mete, mete terreno”.

Además, asegura que en la misma conversación se puede escuchar que cuando se le señalan cosas “atípicas o irracionales” como que se recoja en el PGO un edificio en una parcela de equipamiento el alcalde dice que “cosas de estas hay 200”.

“Hemos pedido que la Cotmac retire el documento y que el juez proceda a la suspensión cautelar del procedimiento”, dijo Campos, así como que “en esta situación de ilegalidad sistemática” va a incorporar 52 nuevas licencias que se han dado recientemente. “Con el absoluto descaro se han dado licencias que están en el caso Arona”, afirmó, en relación a presuntas edificaciones que ocupan zonas de dominio público.

Por último, dice que va a pedir la disolución del Ayuntamiento porque a su juicio “actúa guiado por un designio de absoluta ilegalidad”.

IRREGULARIDADES

El conocido como ‘caso Arona’, del que se ocupa el juez Nelson Díaz Frías, y que mantiene imputada a la anterior junta del gobierno municipal, investiga irregularidades relacionadas con la concesión de licencias entre 2003 y 2007 que obtuvieron informes jurídicos desfavorables y que contaron con el visto bueno de la oficina técnica.

Según ha trascendido, se acusa a la anterior junta de gobierno de supuestos cobros de comisiones a cambio de la concesión de licencias urbanísticas. El caso se inició en 2007 a raíz de una denuncia del PSOE, que motivó una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas ilegalidades contra la ordenación del territorio.

Posteriormente, a raíz de la declaración de un testigo, se procedió a la detención de dos aparejadores, un arquitecto municipal y un empresario, acusados de presuntos delitos de prevaricación y cohecho, aunque fueron puestos en libertad condicional bajo fianza de 80.000 euros.

http://canarias24horas.com/index.php/2009020660932/tenerife/caso-arona-la-acusacion-asegura-que-el-alcalde-reconoce-en-una-cinta-que-recibe-presiones.html

ELDÍA/Tenerife* : La gestión que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Arona sigue en entredicho debido a la presunta trama de corrupción urbanística que se destapó desde hace ya más de dos años, con lo que se ha llamado “caso Arona”.La tranquilidad que había en el ayuntamiento hasta enero de 2007 se vería alterada cuando la Fiscalía Anticorrupción presentaba una querella contra la Junta de Gobierno del pasado mandato, es decir, la del período comprendido entre 2003 y 2007 por los presuntos delitos de prevaricación y prevaricación continuada contra la ordenación del territorio.

En aquellas fechas, a raíz de un pacto de gobierno, la Alcaldía la ostentaba el nacionalista José Alberto González Reverón, que a día de hoy sigue manteniendo este mismo cargo, pero ahora con mayoría absoluta.

La adopción de unos 300 acuerdos, entre enero de 2004 y noviembre de 2006, y que consistían en la concesión de alrededor 200 licencias urbanísticas, que supuestamente, contaban con advertencia de ilegalidad de los servicios jurídicos y de la propia Secretaría fue el principio de la denuncia que presentaría la Fiscalía.

A estos expedientes se suman otros 80 referidos a contrataciones con informes, al parecer, contrarios del departamento de Intervención del Ayuntamiento aronero.

La Fiscalía tiene conocimiento de toda esta situación porque el portavoz del Grupo Municipal Socialista tanto en el pasado mandato como en éste, Francisco García Santamaría, comunica todos estos hechos de presunta corrupción, lo que sucedió en noviembre de 2006.

La denuncia llega al Palacio de Justicia de Arona y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7, cuyo titular es Nelson Díaz Frías, comienza su investigación y que ha derivado, después de dos más de dos años, en nuevas imputaciones a cargos del actual gobierno municipal. Además, de representantes de la Cámara de Comercio.

21 de marzo de 2007.- Efectivos de la Policía Judicial se personaron en el ayuntamiento sureño para recabar la documentación que requería el magistrado Nelson Díaz Frías, sobre los asuntos denunciados por la Fiscalía.

7 de mayo de 2007.- Tan sólo 20 días antes de las elecciones, José Alberto González fue el primero en acudir ante el juez a declarar en calidad de imputado por los presuntos delitos de prevaricación y de prevaricación continuada contra la ordenación del territorio. Ese mismo día declaró Manuel Barrios (CAN), entonces concejal de Urbanismo. En los días sucesivos, hasta el 10 de mayo, lo hicieron los restantes integrantes de la Junta de Gobierno Local del mandato anterior: Daniel Martín (CAN), Félix Sierra (PP), Juan José Alayón (CC), Alfonso Barroso (CC), Sebastián Martín (CC) y José Luis González (CAN).

18 de octubre de 2007.- La maraña que Díaz Frías está desenredando también ha requerido la colaboración de funcionarios municipales. Hasta entonces, todo seguía sujeto a las interpretaciones políticas y de los técnicos especializados.

27 noviembre de 2007.- El juez Nelson Díaz ordenó a la Guardia Civil que le localicen a los representantes legales de diez empresas dedicadas a la construcción y otras actividades, entre las que se encuentran algunas tan conocidas como Gomasper y Marichal Inversiones del Sur, así como a algunos trabajadores municipales, entre los que se menciona a Roberto de Luis Jiménez y Eliseo de la Rosa González.

18 de diciembre de 2007.- La funcionaria Manuela Melo, adscrita al área de Urbanismo, acudió ese día ante el juez porque no pudo hacerlo en su momento. La declaración de esta testigo pasó inadvertida debido a que por la tarde del martes José Ramón Ansorena, de la empresa Proguito S.L., habló y aportó documentación y grabación a Nelson Díaz Frías. Lo que contenían esas aportaciones motivó que el magistrado considerara que había “nuevos hechos delictivos” por los que, esa misma tarde, ordenó y se produjeron las primeras dos detenciones del “caso Arona”: Eliseo de la Rosa, arquitecto municipal que fue acusado de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias; y Arsenio Zamora, empresario acusado de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión, considerándole como “cooperador necesario” para la presunta comisión de los dos primeros delitos que le imputan. Ese día, el juez declara el secreto del sumario y los detenidos entraron en prisión el 21 de diciembre.

20 de diciembre de 2007.- El Pleno de Arona, con los votos a favor de CC y PP, aprueba utilizar fondos públicos para pagar la defensa de los ocho concejales y ex concejales imputados en el “caso Arona”, si bien quien resulte condenado tendrá que devolver el importe de tal defensa al consistorio.

14 de febrero de 2008.- Roberto de Luis, aparejador municipal, y Zenón Rodríguez, arquitecto particular, son detenidos por presunto cohecho y tráfico de influencias, aunque al primero se le añade el supuesto delito de prevaricación. De la Rosa ingresó en prisión sin fianza al día siguiente, mientras que el representante legal de Rodríguez depositó el sábado, día 16, los 80.000 euros en que fue fijada su fianza y salió de la cárcel, si bien ambos volvieron a comparecer ante el juez un día antes.

11 de abril de 2008.- El abogado Felipe Campos, a título personal, presenta en el Juzgado de Guardia de Arona la ampliación de las denuncias del “caso Arona”. El letrado aporta otras 52 que, a su juicio, son “presuntamente delictivas” y que fueron otorgadas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007. La peculiaridad es que 42 fueron concedidas por la Junta de Gobierno Local anterior y las restantes por la del mandato actual.

Noviembre-diciembre 2008.- El redactor del Plan General de Ordenación (PGO), Jorge Coderch, según el contenido de un documento que lo constata, afirmó a un colectivo vecinal que en el planeamiento “hay muchas cosas incluidas porque se las pidió el gobierno municipal”, de lo que dijo tener constancia escrita. Además, en el mismo documento aseguraba que el “99 por ciento de la gestión urbanística es ilegal”.

29 de junio de 2009.- El juez instructor del caso decide levantar el secreto del sumario y se desvela que dos altos cargos de la Cámara de Comercio figuran entre los 28 imputados, que son Pedro González Santiago y Vicente Dorta Antequera, quienes están acusados de presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, igual que el abogado Carlos Enrique Morales. Asimismo, al alcalde, José Alberto González Reverón, se le añaden otros dos presuntos delitos más: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El juez Díaz Frías también decide imputar a cuatro nuevos concejales del actual gobierno nacionalista, concretamente a Antonio Sosa, Clara María Pérez, María Candelaria Padrón y Manuel Reverón. Además, mantiene imputado al edil del PP y consejero delegado del Sur del Cabildo de Tenerife, Félix Sierra.

14 agosto, 2011 at 19:15 2 comentarios


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